Paz Olivares Galindo

Expediente 136/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
136/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Paz Olivares Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Estado de Autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, al diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser depurable ya que se negó el amparo solicitado y carece de relevancia documental. Devolución de Anexos Devuélvanse a la Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada Familiar de Toluca México, los anexos que remitió a su informe con justificación, consistentes en: Copias certificadas del toca ********************, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. (en 100 fojas) Copias certificadas del expediente 1298/1993, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. (en 211 fojas) Copias Certificadas del Incidente de ejecución de convenio, derivado del expediente 1298/1993, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. (en 92 fojas) Copias Certificadas del Incidente de ejecución de convenio, derivado del expediente 1298/1993, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. (en 14 fojas). Solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el tercero interesado, mediante el cual, solicita copias simples de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio y autorizando a las personas señaladas para tal efecto. En ese entendido, dígase que deberá estarse a lo acordado en el primer proveído dictado en el presente juicio de amparo; por el que se autorizó a las partes la reproducción de copias fotostáticas, sin que medie petición al respecto, de conformidad con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número ********************; promovido por ********************, por propio derecho, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, reclamando la resolución de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca ********************, por la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, radicó la demanda bajo el número ********************, previa aclaración, por auto de nueve de febrero del año en curso, la admitió a trámite, se dio la intervención legal a la representación social de la adscripción, se requirió el informe de ley, y con fundamento en el artículo 5º, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ******************** y ********************, en su calidad de albacea de la sucesión de ********************. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que se encuentra agregada al expediente electrónico; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 1°, fracción I; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un acto emitido dentro de un juicio del orden civil después de concluido el juicio cuya ejecución se realizará dentro del territorito donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181********************, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así, se obtiene que la parte quejosa reclama de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: La resolución de doce de enero de dos mil veintitrés, en la confirmó la interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintidós, por medio de la cual se declaró improcedente el incidente de ejecución de convenio, dentro del toca ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la Sala responsable consistentes en copia certificada del toca de apelación ******************** del cual se desprende la existencia de la determinación de doce de enero de dos mil veintitrés; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo VI, página 153 y registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Legitimación. Como consideración previa, el suscrito estima necesario precisar que si bien la presente demanda de amparo se promovió por ********************, por propio derecho; del análisis de las constancias del juicio de origen se desprende que la peticionaria del amparo tanto en la tramitación del incidente de ejecución de convenio, como en el toca de apelación, actuó a nombre de la sucesión testamentaria a bienes de ********************; por lo tanto, se considera que en este sumario ********************, actúa en su calidad de cónyuge supérstite y albacea de la sucesión a bienes de ********************; de ahí que sea procedente este juicio constitucional, y por tanto, la legitimación para acudir al juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º,en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este Juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, no se desprende que las partes hayan invocado alguna causa de improcedencia, ni quien ahora resuelve, advierte la actualización de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del juicio de amparo, se estima necesario plasmar los antecedentes del acto reclamado, con base en las constancias que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado -a las cuales se les otorgó valor probatorio- al tenor de lo siguiente: 1. Mediante escrito de ocho de febrero de dos mil veintidós, ********************, en su calidad de cónyuge supérstite y albacea de la sucesión a bienes de ********************, en la vía incidental, solicitó de ******************** y ********************, en su calidad de albacea de la sucesión de ********************, la ejecución de sentencia del convenio de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis derivado del juicio ordinario civil ********************. 2. De dicha incidencia correspondió conocer al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, quien lo admitió y lo substanció en sus etapas procesales, donde mediante interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintidós, resolvió: "PRIMERO. La actora incidentista ******************** en su calidad de cónyuge supérstite y albacea de la sucesión a bienes de ********************, no acreditó los elementos de su acción que intentó en contra de los demandados incidentistas ******************** y ********************, en su carácter de albacea de ********************, se constituyeron en rebeldía, por vía de consecuencia. SEGUNDO. Se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas. (.)". 3. Mediante escrito de treinta de junio de dos mil veintidós, ********************, en su calidad de cónyuge supérstite y albacea de la sucesión a bienes de ********************, interpuso recurso de apelación en contra de la anterior determinación, por lo que el dos de agosto de dos mil veintidós, el Magistrado Samanero de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo registró con el número ******************** y desechó el medio de impugnación dada su extemporaneidad, merced a que conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México abrogado, la justiciable presentó su medio de impugnación fuera del plazo de tres días establecido en tal legislación. 4. Inconforme con ello, la peticionaria del amparo interpuso recurso de revocación, por lo que mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se confirmó el auto recurrido. 5. Contra la anterior determinación, la parte quejosa promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, que lo radicó con el número ********************, y en sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se otorgó la protección constitucional, para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera una resolución en la que declarara que era procedente el recurso de apelación hecho valer. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el doce de enero de dos mil veintitrés, la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México confirmó la determinación interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintidós, declaró la improcedencia del incidente de ejecución de convenio de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, por no exigirlo algún precepto de la ley en cita, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al peticionario de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. En primer lugar, este juzgador considera oportuno destacar el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, conforme a lo siguiente: Principio de legalidad. Atendiendo a los conceptos de violación expuestos por los quejosos, debemos decir que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". De la anterior premisa constitucional se advierte, que para la emisión de todo acto de autoridad deben concurrir tres requisitos, los cuales a saber son: 1. Un mandamiento escrito; 2. Que sea emitido por autoridad competente; y, 3. Que dicho acto se encuentre debidamente fundado y motivado. Por lo que hace al primero de los incisos mencionados tiene como propósito, que el gobernado tenga la certeza de la existencia del acto, la autoridad que lo emite y su contenido. Respecto al segundo elemento, se refiere a que el acto de molestia sea emitido por autoridad que tenga dentro de sus atribuciones las facultades de dictar un acto como el que se le reclama. Y, por lo que hace al último de los incisos citados, establece como obligación que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, por lo que es necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, configurándose con ello las hipótesis normativas. En efecto, el artículo transcrito en su párrafo primero, consagra la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, lo que significa, respectivamente, que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general que prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y que exprese las circunstancias y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. Tiene aplicación, la jurisprudencia 260, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 175, del Tomo VI, con número de registro 394216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Solución del caso. Con base en ello, este juzgador estima conveniente tener en cuenta las consideraciones torales del acto reclamado, emitido el doce de enero de dos mil veintitrés, que confirmó la determinación interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la cual declaró infundados los agravios hecho valer contra la interlocutoria que declaró la improcedencia del incidente de ejecución de convenio de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, donde la autoridad responsable consideró: a. Después de precisar la naturaleza jurídica y alcances del contrato de transacción conforme a la ejecutoria de la contradicción de tesis 79/1998 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2000 con título: "TRANSACCIÓN, CONTRATO DE. TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA Y ES PROCEDENTE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO", así como la definición del contrato de transacción establecido en los Códigos Civiles del Estado de México, tanto abrogado como vigente, en los preceptos 2796, 2805, 2811, 2813 y los diversos 7.1148, 7.1156, 7.1162 y 7.1164, respectivamente, los cuales reconocen su eficacia, y prevén la posibilidad de pedir su nulidad o rescisión, concluyó que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, pudiendo solicitar su ejecución en la vía de apremio; ello porque cuando las partes realizan tal acuerdo de voluntades se encuentran conformes con los términos presentados porque existe certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos ya definidos en esa transacción, de ahí que sus efectos se consideren cosa juzgada, lo que no podía ser materia de modificación, y excepcionalmente, porque aunque estuviera aprobado judicialmente, podría ser rescindida y anulada de la misma manera que un contrato, pero siempre conforme a la ley. b. En ese sentido, en el asunto sometido a consideración de la responsable procedió a tener en consideración los antecedentes del juicio de origen, con base en lo siguiente: Que ******************** reclamó la nulidad absoluta del contrato de compraventa de cinco de febrero de mil novecientos ochenta y tres, celebrado entre ********************, como comprador y ********************, como vendedor, respecto de dos inmuebles ubicados en el municipio de ********************, Estado de México, de ******************** y ******************** metros cuadrados respectivamente; y en consecuencia, solicitó la nulidad de la inmatriculación administrativa identificada como ********************, la cual tuvo como base el contrato impugnado, y la nulidad de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Que dentro de ese procedimiento, al momento de dar contestación ********************, negó la procedencia de las prestaciones reclamadas, en virtud de que el contrato de mil novecientos ochenta y tres cumplía con las formalidades requeridas; y por tanto, la inmatriculación administrativa que tramitó, debía subsistir por ser legal. Adicionalmente, afirmó que diverso contrato de compraventa exhibido por el accionante, de quince de enero de mil novecientos setenta, era falso, por lo que solicitó dar vista al agente del Ministerio Público adscrito. Que durante la tramitación del procedimiento falleció ********************; por lo que ******************** en su calidad de albacea de su sucesión, se apersonó al juicio en representación de la parte demandada. Que el dos de abril de mil novecientos noventa y siete, las partes exhibieron dos convenios con fechas trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco y veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente. Que respecto del primer acuerdo de voluntades, el demandado se allanó a la demanda y manifestó su consentimiento para que se ordenara la cancelación de la inscripción a su favor en el Registro Público de la Propiedad, respecto del primer inmueble objeto del contrato de compraventa materia de litis; a su vez, el actor reconoció que el segundo inmueble le correspondía a su hermano, desistiéndose de las prestaciones de nulidad de contrato y de la inmatriculación. Y respecto al segundo convenio, las partes acordaron la división del "********************" en dos fracciones por una línea que parte de oriente a poniente, adjudicándose en propiedad y posesión la porción norte al finado ********************, incluyendo el casco del rancho, los muebles e implementos agrícolas que se encontraran dentro del mismo, así como los predios "********************" y "********************"; y por otra parte, la porción sur del "********************" se le adjudicaba a ********************. Que en dicho convenio el accionante se comprometió a entregar a su contrario la cantidad de $******************** (******************** pesos ******************** moneda nacional), para sufragar los gastos erogados en el diverso juicio ********************, firmándose el pagaré correspondiente para garantizar el pago. Que ambas partes aceptaron realizar de conformidad y sin ningún requerimiento judicial, los acuerdos o convenios necesarios para escriturar los bienes asignados en el convenio. Y finalmente que el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, las partes ratificaron los convenios ante la presencia judicial, por lo que en ese mismo acto se elevaron a la categoría de sentencia ejecutoriada. Acto seguido, mediante proveído veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, se ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad, a efecto de ordenar la cancelación de la inmatriculación a nombre de ********************, a que se refería el primer convenio descrito, lo cual fue cumplido por la autoridad registral como constaba a foja 175. c. En ese sentido, dentro del acto reclamado, la Sala responsable precisó que resultaba evidente que lo acordado en el primer convenio fue cumplido, ya que a petición expresa de las partes se canceló la inmatriculación administrativa inscrita a nombre del demandado. Sin embargo, en la incidencia sometida a análisis, se desprendía que la sucesión a bienes de ********************, por conducto de su albacea, solicitaba la ejecución del acuerdo contenido en el segundo convenio, consistente en la división del "********************" en dos partes iguales, así como la entrega de los inmuebles denominados "********************" y "********************", la escrituración de los predios y el pago de la cantidad de $******************** (******************** pesos ******************** moneda nacional). d. Consecuentemente, fueron infundados los agravios vertidos por la recurrente en el recurso de apelación, merced a que si bien el convenio debidamente aprobado por la autoridad jurisdiccional, surtía efectos entre las partes como si se tratara de sentencia ejecutoriada y debe estarse a lo pactado; también era verdad que el juez debía atender los datos allegados al expediente; ello porque para el cumplimiento del convenio, la autoridad no debe salirse, sin más, a las afirmaciones de las partes, como lo pretendía la apelante; pues era necesario atender las constancias que integraban el expediente, ya que la ejecución de sentencias forma parte de su función jurisdiccional, siendo necesario resolver sobre su cumplimiento con base en los datos aportados al juicio. Tal cuestión porque era el juez que conoció del asunto quien contaba con atribuciones para ejecutar las sentencias ejecutoriadas y convenios celebrados en juicio, al ser quien conoce sobre las circunstancias de los hechos y las personas, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.157, 2.158, 2.160 y 2.167 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente en la entidad. e. Con base en ello, la Sala indicó que, para la ejecución de un convenio, era importante atender a los datos allegados al juicio y no nada más al contenido del acuerdo, ya que considerar lo contrario implicaría que cualquier juez pueda ejecutar la transacción, pasando por alto que la ley procesal sólo reconoce esa atribución a quien conoció del asunto en primera instancia, para lo cual consideró aplicable la tesis IV.2o.C.12 C (10a.), con rubro: "CONVENIO JUDICIAL ELEVADO A LA CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA. EL JUEZ DEBE RESOLVER SU CUMPLIMIENTO CONFORME A LO PACTADO EN ÉL Y EN LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)". f. Ello sin que pasara desapercibido que mediante convenio de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, visible a fojas 153 a 156 del expediente, las partes acordaron la partición y adjudicación del predio conocido como "********************", inmueble que no fue materia de la controversia planteada, pues ésta versó sobre la nulidad del contrato de compraventa de cinco de febrero de mil novecientos ochenta y tres, celebrado entre ******************** y ********************, respecto de dos inmuebles ubicados en el municipio de ********************, Estado de México, de ******************** y ******************** metros cuadrados respectivamente, así como la nulidad de la inmatriculación administrativa ******************** y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, porque de las constancias de autos con valor de prueba plena en términos de lo dispuesto en el artículo 1.350 del Código de Procedimientos Civiles, no se observaron datos relativos a la existencia del "********************", de los predios conocidos como "********************" y "********************", de su ubicación, medidas colindancias, ni de la titularidad del dominio de dichos bienes en favor del obligado ******************** o de la sucesión a bienes de ********************. g. Por tanto, la autoridad responsable compartió la interlocutoria combatida en el sentido de que no era posible la ejecución del convenio porque de autos no se desprendían los datos que acreditaran la existencia, características y propiedad del inmueble cuya partición se reclamaba por efecto del convenio antes mencionado. h. Aunado a ello, porque cobraba relevancia que al plantear el incidente, la actora no proporcionó datos necesarios para ejecutar el convenio, sino que se limitó a reclamar el cumplimiento del contrato de transacción de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, concretamente, la escrituración de la fracción que le corresponde del "********************", con una superficie total de ******************** hectáreas, inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Tenango del valle, bajo el asiento 28, foja 29 vuelta y 30 frente, volumen III, de la sección primera de veinte de mayo de mil novecientos treinta y siete; pero sin aportar los documentos que sustentaran la existencia y propiedad de dicho inmueble. i. Con base en ello, la autoridad responsable consideró que era evidente que el convenio materia de ejecución no sólo se refería a la declaración y reconocimiento de derechos litigiosos, pues también contenía el traslado de bienes ajenos a la discusión, lo que obligaba a acudir a las constancias de autos para obtener información relativa al inmueble; no obstante, al no desprenderse del expediente los datos necesarios que permitieran ejecutar la transacción, ni haber sido aportados por la promovente, era acertado declarar improcedente el incidente. j. Adicionó que, ello no desconocía la fuerza vinculatoria del convenio de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, ratificado y aprobado el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, sino únicamente que no se aportaron los elementos necesarios para materializar el acuerdo celebrado, por lo que no era factible su ejecución en los términos planteados por la incidentista. k. Indicó que no escapaba de su atención lo aducido por la actora incidentista en relación a que los documentos correspondientes se encontraban en poder de su contrario, sin embargo, eran cuestiones novedosas que no fueron mencionadas en el incidente ni informadas al juez en forma previa al dictado de interlocutoria recurrida, por lo que éste no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, ni de requerir a la contraparte la exhibición de dichas documentales. l. Sin que pasara desapercibido que la incidentista sucesión a bienes de ********************, estaba apersonada dentro del expediente ********************, relativo al juicio sucesorio a bienes de ********************, radicado ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango, del Valle, Estado de México, donde incluso, se encontraba reconocida como coheredera, según se desprendía del escrito incidental y de las constancias anexas; en consecuencia, la promovente estaba en posibilidad de obtener copias certificadas de los documentos relativos al "********************". m. Aunado a ello, fueron infundados los agravios encaminados a evidenciar que el juez debió proceder a la partición y división de conformidad con los artículos 703, 711 y 713 del Código de Procedimientos Civiles abrogado, redactados en términos similares a los numerales 2.167, 2.175, 2.176, 2.178, 2.179 y 2.180 de la legislación procesal en vigor, en razón de que no se tenía certeza sobre la existencia de dicho inmueble, características y propiedad. n. En ese sentido, respecto del agravio relativo a la inobservancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1º constitucional, contrario a lo que pretendía la recurrente, no significaba la eliminación de toda formalidad o requisito, ni constituye un presupuesto para pasar por alto las disposiciones legislativas sino por el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos en juego, para que las partes en conflicto tengan la misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial efectiva debe entenderse como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Hasta aquí las consideraciones del acto reclamado. Por su parte, la peticionaria del amparo en sus conceptos de violación aduce que, el acto reclamado vulnera sus derechos de seguridad jurídica y legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, merced a que en los convenios de transacción resulta relevante que se dé cumplimiento a las formalidades de la ley, esto es, que se notifique al demandado dicha cuestión, dado que sin ese requisito no es posible analizar la aprobación del convenio judicial, el cual tiene por objeto dar por terminado el juicio para elevarlo a la categoría de cosa juzgada. De ahí que le causa agravio el razonamiento de la responsable donde aduce que la apelación no es una renovación de la instancia, por lo que no podía realizarse un nuevo estudio de todos los puntos litigiosos, ni examinar las pruebas aportadas para determinar su valor, puesto que la materia del recurso aludido se limita a analizar la resolución impugnada a la luz de los agravios que viertan las partes; sin embargo, dicho criterio afecta la igualdad de las partes, ya que en el caso los demandados incidentistas se les subsanó su rebeldía al no dar contestación al incidente de ejecución de sentencia, no obstante de que se les notificó personalmente, aunado a ello, porque en el juicio principal es la parte actora quien tiene conocimiento de la existencia del mismo. En ese sentido, considera que es ilegal el argumento de la Sala donde indicó que debía hacerse alusión a la ejecutoria de la contradicción de tesis 79/1998 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País donde se explicó que la transacción es un contrato consensual bilateral, a título oneroso, cuyo objeto es poner fin a un litigio ya existente y prevenir otro; empero, el juicio ordinario civil tramitado en primera instancia se substanció conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México abrogado, siendo que el incidente de ejecución de sentencia se hizo atendiendo a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, por ende, la responsable debió realizar su estudio con base en la primera codificación aludida. Así, ante la ausencia de reenvió por parte del Ad quem, debió de reasumir jurisdicción para analizar el incidente de ejecución de convenio en la forma en que se tramitó en el juzgado de origen, sin que ello implique la suplencia de la queja. La parte quejosa afirma que le irroga perjuicio el razonamiento del acto reclamado donde se establece que los agravios fueron infundados porque si bien el convenio debidamente aprobado por la autoridad jurisdiccional surte efectos entre las partes como si se tratara de sentencia ejecutoriada y que debe estarse a lo pactado, también era verdad que el juez debía atender a los datos allegados en el expediente, y por tanto para el cumplimiento del convenio, el Juez no podía excederse respecto de las afirmaciones de las partes, ello con base en los artículos 2.157, 2.158. 2.160 y 2.167 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente. Lo anterior lo dice porque al haberse tomado en consideración dicha legislación, atenta contra el principio de dirección del proceso, contenido en el precepto 1.138 del código adjetivo de la materia y fuero, desde la admisión de la apelación, debió analizarlo conforme a la codificación abrogada; puesto que si el juez fue quien omitió llevar a cabo la substanciación del incidente de ejecución conforme al código abrogado, la Sala tenía la obligación de tomar las medidas para subsanar tal omisión y al no haberlo hecho en ese sentido, atentó contra los principios de igualdad y legalidad. En consecuencia, estima que se debió analizar el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada y resolver su cumplimiento con base en los datos allegados en el expediente, es decir, se debía constreñir a las afirmaciones del actor y demandado o del ejecutante y ejecutada, con base en los artículos 705, 711 y 713 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México abrogado, el cual señala que el plazo el cumplimiento, atendiendo a las circunstancias del hecho y de las personas. Aunado a ello, porque el convenio refiere sobre la división de una cosa común, sin dar las bases para ello, debe convocarse a una junta para que los interesados ante la presencia judicial, determinen las bases de la partición o se designe a un partido y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el Juez designe a la persona que habrá de hacer la partición; acto seguido, presentado el plan de partición, quedará en la secretaría a la vista de los interesados, y el juez mandará a hacer las adjudicaciones y extender las hijuelas con una breve relación de los antecedentes respectivos; y finalmente, se deberá entregar el inmueble y ponerse en posesión del actor, practicando todas las diligencias que solicite el interesado; y para el caso de no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia, se despachará ejecución por la cantidad que señale el actor que pueda ser moderada prudentemente por el juez, sin perjuicio de que se oponga al monto el deudor. De lo que se colige que, el código procesal civil abrogado en todo momento otorga al demandado incidentista para que manifieste lo que a sus intereses legales convengan respecto de la partición del inmueble que se pactó en la transacción, y por tanto, el juez debió poner inmediatamente en posesión de la misma al actor, practicando las diligencias conducentes para tales efectos. Máxime que al demandado incidentista se le notificó personalmente del incidente de ejecución de sentencia, aunado a que no contestó los hechos por lo que respecto de su silencio debe atenderse a lo establecido en el artículo 599 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México abrogado, con lo cual quedaba plenamente probado que firmó el convenio de transacción el cual debe entenderse como válido y existente, es decir que al no oponer excepciones, como el de pedir la nulidad o la rescisión del acuerdo de voluntades, ha de considerarse como válido de conformidad con los diversos preceptos legales 2802, 2805, 2807, 2808, 2809, 2******************** y 2811 del mismo código procesal. Adicionalmente, porque de las constancias del escrito de demanda inicial, como de las copias certificadas del convenio judicial se hace referencia al expediente ********************, de lo que debe advertirse la confesión ficta, la cual produce el efecto de una presunción, cuando no exista prueba que lo contradiga, en términos de los artículos 267, 268 y 390 del Código Procesal Civil abrogado. Por tanto, en los términos de los preceptos anteriores, la facultad del juez primigenio de analizar la transacción que se elevó a sentencia ejecutoriada, y determinar su cumplimiento con base en los datos allegados por las partes en los autos del expediente, cuando se habla de datos, debe recordarse que tanto en la demanda inicial de ejecución de sentencia como en las copias del convenio, se hace en la primera mención a la contra parte ********************, ahora demandado incidentista, de la existencia del expediente ******************** radicado en el mismo órgano jurisdiccional relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, de ahí que sea parte de la función jurisdiccional resolver sobre su cumplimiento conforme a lo pactado en el convenio judicial, y de las constancias que integran el expediente y datos allegados por las partes. Todo lo anterior, porque el cumplimiento del convenio judicial tiene su sustento en el artículo 17 constitucional, a fin de no vulnerar el derecho a la posibilidad de ejecutar las decisiones tomadas en los procesos jurisdiccionales, de ahí que las partes actualmente se encuentren en condiciones de cumplir con lo pactado en el acuerdo de voluntades, además de que no obra excepción que afecte o que se contravenga el orden público. La parte quejosa sostiene que el término recíprocas concesiones que señala el artículo 2796 del Código de Procedimientos Civiles abogado indica la preexistencia de una relación jurídica en que las partes ya se otorgaron derechos y obligaciones, donde al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que estos convencios de transacciones deben reunir las carácteristicas siguientes: a) La existencia de una relación jurídica previa, litigiosa o controvertida sobre derechos dudosos; b) la intervención de los contratantes de terminar el litigio o eliminar la controversia que ha surgido o pudiese surgir; y c) que ambas partes se hagan reciprócas concesiones. Sobre la reciprocidad de las concesiones, es básico en el convenio judicial, dado que éste no puede surgir cuando existe ventaja desmedida en algunas partes, siendo que en el caso, no existe prelación desmedida entre los firmantes. Finalmente, argumenta que cuenta con el derecho a que se le administre justicia por parte de los tribunales, de manera pronta, completa e imparcial, ya que con la emisión del acto reclamado se obstaculiza el curso de la ejecución del convenio. Tales disconformidades por un lado son fundadas pero insuficientes, y por otro, infundadas e inoperantes, por las razones siguientes. En primer lugar, el argumento donde la quejosa aduce que si los demandados incidentistas no contestaron la incidencia, el juez de primera instancia les subsanó su rebeldía al no dar contestación al incidente de ejecución de sentencia, no obstante de que se les notificó personalmente, aunado a ello, porque en el juicio principal es la parte actora quien tiene conocimiento de la existencia del mismo, es fundado pero insuficiente. Ello es así, porque es verdad que de conformidad con el artículo 599 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México abrogado, dispone que el silencio y las evasivas harán que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia, lo cual puede constituirse como un silencio omisivo, lo que da lugar a tener por acreditada la afirmación de los hechos, como es que quedaba plenamente probado que firmó el convenio de transacción el cual debe entenderse como válido y existente, y que al no oponer excepciones, como pedir la nulidad o la rescisión del acuerdo de voluntades, ha de considerarse como válido; sin embargo, es insuficiente, puesto que la circunstancia de que se tengan por ciertos los hechos que plasmó la actora incidentista dentro de su incidente de ejecución de convenio, no da lugar a que se deban tener por acreditados los extremos de su pretensión ya que tenía la obligación de precisar todos los datos para poder ejecutar el acuerdo de voluntades respecto del predio materia de litigio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 36/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 197386, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 147, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "SILENCIO QUE SE GUARDA EN RELACIÓN CON HECHOS QUE PERJUDICAN. PARA IDENTIFICARSE COMO UN ACTO JURÍDICO PROCESAL OMISIVO, SE REQUIERE QUE ASÍ LO DISPONGA LA LEY. El silencio humano que se guarda en relación con hechos que perjudican fuera de juicio es inexpresivo cuando surge aisladamente, porque por sí solo no forma un consentimiento tácito, pues éste engendra una manifestación de voluntad y aquél no manifiesta nada; sin embargo, existen ocasiones en que la inacción del sujeto se efectúa de tal manera que parece que el que guarda silencio acepta la proposición que se le hace; esto se configura cuando el consentimiento resulta de hechos que acompañan al silencio y que le dan una significación que no tiene por sí mismo. En el contexto de la actividad jurisdiccional, el silencio es elocuente y puede generar consecuencias que gravitan, de un modo diverso, sobre las afirmaciones de los hechos formulados por el adversario, a las que se contraponga, en virtud que dentro de la dinámica jurisdiccional de la justicia la inexpresividad es casi siempre imposible, porque el proceso constituye una unidad sistematizadora, además correlacionada, que se regula y organiza sobre la base del conocimiento pleno de la actividad que antecede, lo que, al excluir la idea de ignorancia, como sinónimo de información recibida, posibilita establecer una relación constante, así como necesaria entre el momento de ese silencio, con las etapas procesales que le preceden y que están destinadas a recibirlo; empero, dicho silencio, para poderlo identificar como un acto jurídico procesal omisivo, requiere que una norma lo establezca como tal y determine sus consecuencias para el orden jurídico; es decir, la ley debe asignar una interpretación a la omisión, fijándole consecuencias a la inactividad del interesado, que constriñen al juzgador a estimar admitido el hecho respecto del cual guardó silencio la parte a quien perjudique la afirmación vertida por su contrario, no obstante que se le enteró formalmente para contradecirlo. Sin embargo, dichos efectos no se desprenden como consecuencia necesaria ante el silencio de la parte condenada en la planilla de liquidación que presentó la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, de conformidad al artículo 1348 del Código de Comercio, en cuanto dispone que se le dé vista con la liquidación propuesta, por el término de tres días, y si nada expusiere, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación. En efecto, no se puede arribar a la conclusión de que si el condenado guarda silencio respecto de la planilla que exhibió la parte que obtuvo, sufra como consecuencia jurídica la necesaria aprobación en sus términos, porque ese apartado del precepto permite varias interpretaciones, como sería también, la de aprobar la liquidación por la suma que arroje, ajustada a las partidas debidamente aprobadas y justificadas, de tal suerte que, si la disposición en relación con el aspecto que se examina es ambigua, entonces opera el principio general de derecho que reza: "donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir". Por otro lado, es infundado el concepto de violación donde la peticionaria del amparo aduce que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, puesto que en el caso, como se pudo observar la autoridad responsable precisó con la debida puntualidad los fundamentos aplicables al caso, como era la legislación civil, tanto abrogada como vigente, asimismo, indicó que en el caso, debía confirmarse la determinación que declaró improcedente el incidente de ejecución de convenio, habida cuenta que, la actora incidentista no indicó cuáles eran los datos necesarios para poder identificar el bien materia de la litis. Consecuentemente, es infundada la disconformidad donde aduce que la responsable no aplicó la ley correcta dentro del incidente, como era la legislación procesal civil abrogada, pues contrario a ello, de la lectura del acto reclamado, se puede vislumbrar que la Sala plasmó ambos códigos, tanto el abrogado como el vigente, para sustentar sus consideraciones, los cuales son similares en sus disposiciones, por ende, no se afectaron los derechos de la peticionaria del amparo. Asimismo, es infundado el argumento donde aduce que es ilegal que no se haya realizado un nuevo estudio de todos los puntos litigiosos, ni se examinaran las pruebas aportadas para determinar su valor, lo que afecta la igualdad de las partes, puesto que la responsable se encontraba obligada a reasumir jurisdicción. Lo anterior, porque contrario a lo referido por la quejosa el recurso de apelación no constituye una renovación de la primera instancia, ya que la materia de la litis se circunscribe a confrontar los agravios hechos valer con la decisión tomada por el primigenio, por lo que era necesario que se combatieran todos los puntos litigiosos para que la autoridad estuviera en posibilidad de estudiarlos puntalmente, sin que se advierta alguna transgresión a los derechos fundamentales de la justiciable. Robustece lo expuesto en lo conducente, la jurisprudencia I.8o.C. J/17 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 1242, Novena Época, con número de registro 181793, del rubro y texto siguientes "APELACIÓN. NO ES UNA RENOVACIÓN DE LA INSTANCIA. El recurso de apelación no es una renovación de la instancia, de tal manera que el tribunal de alzada no puede realizar un nuevo análisis de todos los puntos materia de la litis natural, ni puede examinar las pruebas aportadas por las partes para determinar su valor legal, sino que conforme a lo dispuesto por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, de tal manera que el examen del ad quem sólo se limita a la sentencia apelada, a la luz de los razonamientos jurídicos que realice la parte apelante en sus agravios y, si los motivos de inconformidad son expuestos en forma deficiente, la autoridad revisora no puede suplir su deficiencia, atento al principio de estricto derecho que rige al recurso de apelación en materia civil." En ese sentido, es inoperante el argumento donde refiere que tanto en la demanda inicial de ejecución de sentencia como en las copias del convenio, se hace mención de los datos, pues se advierte el nombre de su contraparte como es ********************, ahora demandado incidentista, también de la existencia del expediente ******************** radicado en el mismo órgano jurisdiccional relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************; de ahí que sea parte de la función jurisdiccional resolver sobre su cumplimiento conforme a lo pactado en el convenio judicial, y de las constancias que integran el expediente y datos allegados por las partes. Sin embargo, no combate frontalmente el argumento principal del acto reclamado, como es que no era posible la ejecución del convenio porque de autos no se desprendían los datos que acrediten la existencia, características y propiedad del inmueble cuya partición se reclamaba por efecto del convenio de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis. Lo anterior, porque era indispensable que se destruyera el razonamiento toral de la autoridad responsable ya que la improcedencia del incidente radicó en que la actora indicentista no precisó los datos necesarios para poder ejecutar el convenio, pues como lo adujo el juez natural la actora incidentista no proporcionó elementos que patentizaran el derecho de propiedad de los inmuebles denominados "********************", "********************" y "********************" a nombre de la persona obligada ********************, la sucesión a bienes de ********************, ni tampoco del albacea ********************, ni mucho menos obraba prueba de la existencia de esos bienes inmuebles, al no existir los certificados de inscripción, ni título alguno que identificara su ubicación, superficie, medidas y colindancias, ni tampoco el proyecto de división conforme a lo pactado, a través de un levantamiento topográfico, que patentizará cada una de las dos partes en que se convino se dividiría el rancho. De ahí que, si la parte quejosa se limita a referir cuestiones que respecto a la aplicación indebida de la legislación procesal dentro del incidente, o lo que debía hacer el juez dentro del incidente para poder ejecutar el convenio de transacción era convocar a una junta con los interesados, para seguir lo establecido en la ley, y resolverse con base en las constancias allegadas en el juicio, se estima que los conceptos de violación son inoperantes al no combatir las consideraciones del acto reclamado, pues no indicó por qué esos datos sí eran suficientes para declarar procedente el incidente, y los que adujo el juez de origen no eran necesarios para poder ejecutar el convenio; lo anterior, porque nos encontrarnos en una materia de estricto derecho no es posible suplir la deficiencia de la queja. En tal virtud, dado que no se controvirtieron todas las razones que sustentan el fallo reclamado, resultan inoperantes los conceptos de violación en examen, y en consecuencia deben seguir rigiendo las consideraciones emitidas en el acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 159947, Décima Época, Materias(s): Común, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 731, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. Asimismo, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 166748, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 77, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con título y contenido: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Y finalmente sirve de apoyo la tesis aislada 2a. LXV/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164181, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 447, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada". Por tanto, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación, sin que exista queja qué suplir, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra la resolución de doce de enero de dos mil veintitrés, dentro del toca ********************, atribuida a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por las razones expuestos en el considerando último de la presente sentencia. ***

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio remitido por la autoridad responsable Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Pruebas En ese orden, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba del Magistrado Presidente oficiante las documentales que adjunta; dada su naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional; fórmense los anexos respectivos por separado. Diferimiento anticipado Para permitir que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en líneas anteriores, la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de marzo de este año, se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las diez horas del trece de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo. **

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