Paz Mendoza Cervantes

Expediente 268/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
268/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Paz Mendoza Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, trece de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado auto que decretó sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 30 a 34), en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y ********************. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión. Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto a los actos reclamados, tanto en la suspensión provisional como definitiva. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Devolución de documentos. Asimismo, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Por otra parte, téngase a la citada autoridad, remitiendo original de acuse de recibo del oficio OF/DET/XXVIIASJ/121/2019, de doce del mes y año en curso, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del informe que rinde la autoridad responsable, así como del contenido de las constancias que remite la misma, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de contestación al escrito de trece de febrero de dos mil diecinueve, presentado ante la autoridad responsable el catorce siguiente. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en la falta de dar contestación al escrito de trece de febrero de dos mil diecinueve, presentado ante la autoridad responsable el catorce siguiente; ello, al tomar en cuenta que esta autoridad debe delimitarse en función de la omisión reclamada. Y, de la constancia remitida por el Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, se advierte que la parte quejosa asentó la leyenda "Recibí documento Paz Mendoza Cervantes 12/Abril/2019" así como una firma, documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, cuyo contenido establece lo siguiente: "OF/DET/XXVll/ASJ/121/2019. 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019. C. PAZ MENDOZA CERVANES (sic). ACREDITADA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. P R E S E N T E. En contestación a su solicitud de fecha trece de febrero del 2019, recibido por la ventanilla única de la Delegación del Infonavit en Tlaxcala, informo a usted lo siguiente: Respecto a su caso número 501771301, le informo a usted que este se encuentra cerrado, en el sentido de que es improcedente la liberación del crédito por invalidez, ya que el inicio de la invalides es anterior a la fecha del otorgamiento de crédito. Sin otro particular, aprovecho el medio para enviar un cordial saludo. A t e n t a m e n t e LIC. JUAN ANTONIO VIVEROS ROSAS GERENTE JURÍDICO DELEGACIÓN XXVII-TLAXCALA" Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de la constancia antes relacionada se evidencia que la omisión reclamada por la quejosa dejó de existir, pues la autoridad responsable emitió la contestación correspondiente a lo peticionado por la quejosa en el escrito de trece de febrero de dos mil diecinueve, presentado el catorce siguiente, el cual notificó el doce de abril de dos mil diecinueve (foja 29). En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una omisión, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Finalmente, no pasa inadvertido que si bien la quejosa Paz Mendoza Cervantes reclamó del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de esta entidad, la falta de contestación a su escrito, -respecto del cual ya se dio contestación-; lo cierto es que, sobre esta última no procede darle vista para que amplíe su demanda de amparo, tomando en consideración que su petición se refiere a las facultades ejercidas por el propio Instituto; en consecuencia, si dicha respuesta no es conforme a las pretensiones de la referida quejosa, deberá acudir a las instancias correspondientes, de acuerdo a la ley que lo rige. Se invoca como apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 93/2018 (10a.) de la Décima Época, consultable en la página 1021, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, con registro 2017817 Materia Constitucional, Común, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve) -foja 8 vuelta-, por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el alegato ministerial 262/2019 del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos; asimismo, respecto a la copia certificada que solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que se dicte la sentencia definitiva, expídasele la misma.

  4. Incidental

    RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa Paz Mendoza Cervantes, por la autoridad precisada en el considerando tercero y por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta interlocutoria.

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