Paz Armando Alonso Rios
Expediente 1560/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1560/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Paz Armando Alonso Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las trece horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, presente en audiencia pública Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Julieta Elena Martínez Trejo, Secretaria que autoriza y da fe procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos y da nueva cuenta a la Jueza: con la demanda de amparo suscrita por Paz Armando Alonso Ríos y con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en esta ciudad. De igual manera, la Secretaria certifica se notificó la radicación de la demanda de amparo a la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. A lo anterior, la Jueza acuerda: téngase por hecha la relación de autos, para los efectos legales a que hubiere lugar. Enseguida, se abre el periodo probatorio, la Secretaria da nueva cuenta con las documentales allegadas por la quejosa y las diversas remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado. Así, la Jueza acuerda: con apoyo en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, las constancias antes descritas, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su naturaleza jurídica; además, que se tomarán en consideración más adelante. Al no haber pruebas pendientes por desahogar, se cierra la presente etapa procesal. Luego, se da apertura a la fase de alegatos, la Secretaria da cuenta con los formulados por el Fiscal de la Federación adscrito. A lo que la Jueza acuerda: en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de referencia, mismos que serán tomados en consideración al resolver lo correspondiente. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que la Jueza procede a dictar la siguiente: SENTENCIA:Visto, para resolver, el juicio de amparo 1560/2023, promovido por Paz Armando Alonso Ríos; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Paz Armando Alonso Ríos, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra un acto del Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, que estimó violatorio de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se precisarán en el apartado correspondiente. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió con el número 1560/2023; y seguido el juicio por su cauce legal, ha sido celebrada la audiencia constitucional, de conformidad con el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución y la demanda se turnó a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De una interpretación integral del escrito de demanda y en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de acordar los escritos de diez y dieciséis, ambos de agosto de dos mil veintitrés, dentro en el juicio laboral 227/E08/2013. En la inteligencia que los actos reclamados se precisan de esa manera, en atención a que aún y cuando la parte quejosa se duela de que el Presidente de la Junta responsable vulnera sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no se pueden analizar los actos tal y como los señaló textualmente en su demanda, puesto que, dichos actos se encuentran dentro de la solicitud realizada en los escritos de diez y dieciséis, ambos de agosto de dos mil veintitrés; además de que con independencia que deriva de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, actuaciones sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, que derivó en la jurisprudencia 15/2011, cuyo rubro dice "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA". Además, este Juzgado de Distrito está impedido para analizar omisiones futuras originadas con posterioridad a la presentación de la demanda, pues es competencia exclusiva de los tribunales ordinarios el velar porque sus determinaciones se cumplan, conforme lo establecen las leyes que rijan la materia; lo anterior, toda vez que no corresponde al órgano de control constitucional, en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, ni en el modo de llevarlos a su puro y debido efecto, correspondiéndole estrictamente, velar para que tales decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución. Aunado a que el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, establece que la acción de ejecución de laudo prescribe en dos años, de ahí que es imprescindible que los trabajadores continúen con el seguimiento de la ejecución hasta su finalización, pues conceder el amparo para efecto que la autoridad responsable adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, nulificaría la figura jurídica de la prescripción en ejecución del laudo. De ese modo, si la parte quejosa elevó una petición a la responsable para el efecto de que se despachara ejecución del laudo, y no le ha recaído proveído al respecto, esa circunstancia es la que, en todo caso, legitima a la parte quejosa para incoar la acción constitucional contra la pasividad de la responsable de pronunciarse, toda vez que, como ya se dijo, la omisión reclamada se sitúa en la etapa ejecutiva de un laudo, en la cual las actuaciones se encuentran sujetas a impulso de la parte que obtuvo un fallo favorable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su existencia; por tanto, se tienen como ciertos. Sirve de apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, Página 7, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado.". Además, la existencia del acto impugnado se corrobora con las documentales que al efecto exhibió el citado funcionario y, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Tiene aplicación el criterio jurisprudencial número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Materia Común, correspondiente a la Quinta Época, con rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por lo señalado, no cabe duda en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, resultando conducente ahora ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad al estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la propia normatividad, conforme a la cual el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo; procede decretar el SOBRESEMIENTO en el presente juicio de amparo. Porción normativa que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En efecto, de los artículos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera el acto ya no agravia a la parte quejosa. Lo anterior se advierte, con las constancias remitidas por la autoridad responsable consistente en copia certificada de los autos de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual acordó de conformidad las pretensiones de la parte actora, contenidas en sus escritos de diez y dieciséis, ambos de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 227/E08/2013, de su índice; por tanto, es de concluirse que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Bajo ese contexto, se advierte es inconcuso, la violación constitucional reclamada por la parte quejosa quedó sin efecto; de ahí, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual se estudia de oficio por tratarse de una cuestión de orden público. Al respecto, quien resuelve estima que las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada, y se dio fin a la inactividad procesal atribuida a la autoridad responsable; puesto ante todo, ha quedado demostrado se dio fin a la dilación motivó del presente juicio de amparo. Lo anterior, se sostiene en la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, visible en la página treinta y ocho, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por último, no se atenderá los alegatos formulados por el Fiscal Revisor Titular de la Agencia adscrita en Materia de Amparo a este Juzgado, ya que no integra la litis constitucional y en consecuencia, no existe obligación de analizar las argumentaciones ahí vertidas, en términos de los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.27/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 14, del Tomo 80, Agosto de 1994, a la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205449, cuyo rubro es: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Paz Armando Alonso Ríos, contra el acto que reclamó de la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue posible llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto, señalada para las trece horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que mediante la Circular 28/2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro del mes y año actual, motivo por el cual se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; ello, derivado que la mayoría de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, optaron en ese sentido, con motivo de las manifestaciones desplegadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. El Acuerdo asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, consecuentemente, mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes. Y retroactivamente declaró inhábiles el dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre del año en curso, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias ya celebradas subsistirían su validez. Luego, el mismo Pleno del Cuerpo Colegiado, en diversa Circular 29/2023, del veinticinco de octubre de do mil veintitrés, en torno los comunicados del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, donde se informó entre otras cosas, haber tomado la decisión de prolongar el "paro nacional" hasta el próximo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se retomaría de manera regular las actividades laborales en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, a partir del treinta de octubre actual. Bajo ese contexto, dicho órgano colegiado, determinó los titulares en el ejercicio de la facultad inmersa en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, deberán preservar el referido principio de continuidad de la función; sin embargo, dadas las condiciones prevalecientes en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, las cuales deben analizarse atendiendo a su particular situación, podrán declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la federación para atender casos urgentes en términos de las recientes circulares SGP/02/2023 y 28/2023. Con la precisión de que el Consejo tomará conocimiento de la decisión de los titulares, sin afectación para quienes ejerzan su derecho a manifestarse. Entonces, por Aviso de suspensión de plazos y términos procesales, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados así como del Coordinador de Juezas y Jueces, todos de Decimonoveno Circuito, residentes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hicieron del conocimiento haber decretado la suspensión labores del veinticinco al veintinueve de mes y año en curso, sin transcurrir los plazos procesales. Como se ve, el treinta de octubre de los corrientes, este Juzgado de Distrito retoma de manera regular las actividades laborales En base a lo anterior, cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
se advierte la voluminosidad de las constancias del presente sumario; por tanto, a efecto de un mejor manejo del expediente para su trámite y consulta, con fundamento en los artículos 63 y 64 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se ordena el cierre del tomo uno y la apertura del consecutivo segundo, debiendo certificar al inicio del nuevo tomo el número de...
- Principal
...Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado rindiendo su informe justificado y acompañando copia certificada de diversas constancias, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. ...
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