Pavel Yaved Hernández Flores

Expediente 1690/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1690/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Pavel Yaved Hernández Flores
  • Juez del Juzgado Séptimo de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 363 a 371), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y devuélvanse las constancias que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo en este juicio (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Pavel Yaved Hernández Flores, a través del cual desahoga la vista otorgada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizando diversas manifestaciones; asimismo téngase por recibido el acuse de recepción de notificación electrónica, del cual se advierte que al quejoso antes citado, se le notificó el proveído de trece de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, agréguense a los autos para que surta los efectos legales conducentes y emítase el pronunciamiento respectivo. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la partes en auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 334), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso acudió al presente juicio de amparo, reclamando la interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 35/2015, mediante la cual la autoridad responsable resuelve el recurso de revocación hecho valer por el quejoso en contra del auto de dieciocho de septiembre del citado año y, por tanto, confirma el auto impugnado en el apartado que no acuerda de conformidad la solicitud del quejoso en el sentido de instruir a su empleador para que del total de sus ingresos, aparte de las deducciones legales, se incluyan las relacionadas con el crédito FOVISSSTE, y del restante, se descuente el porcentaje del 20% que dicho juzgador decretó de manera provisional a favor de su acreedora alimentaria. 2. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 141 a 148), este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pavel Yaved Hernández Flores, contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso sexto y para los efectos indicados en la parte final de esta resolución." Los efectos de la referida concesión fueron para que la autoridad responsable la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que reiterara lo que no fue objeto de concesión y considerara que el descuento del crédito FOVISSSTE que justificó el quejoso, es una deducción legal que debe ser excluida de la base salarial porque está destinado a satisfacer necesidades del propio deudor y de sus demás acreedores alimentarios, lo que debería hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional, con lo cual se tendría por cumplido dicho fallo, sin que fuese materia de estudio en el cumplimiento, el mandato al empleador, ni la forma en que se realizan los desgloses, ajustes y cálculo correspondiente. 3. Inconforme con esa determinación, la parte tercero interesada interpuso el recurso de revisión que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el número 112/2018, en el que determinó lo siguiente: "Primero. Se DECLARA INFUNDADO el recurso de revisión adhesiva interpuesto por PAVEL YAVED HERNÁNDEZ FLORES. Segundo. Se MODIFICA la resolución impugnada, por las razones expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria. Tercero. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a PAVEL YAVED HERNÁNDEZ FLORES, contra el acto reclamado del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en la interlocutoria dictada el cuatro de octubre de dos mil diecisiete en el expediente 35/2015, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución." Las consideraciones totales del Tribunal Colegiado para modificar la sentencia recurrida, consistieron en lo siguiente: ".Parte de los agravios expuestos tanto en el recurso principal como en la revisión adhesiva se analizan en conjunto, ya que versan sobre el mismo tema atinente a la aplicación o no al caso a estudio, del criterio aislado II.1o.5 C. que sustentó la sentencia recurrida, y que establece la posibilidad de que lo relativo a las amortizaciones de un crédito de vivienda otorgado por el Estado sean excluidas de la base salarial para la cuantificación de pensiones. En efecto, en la revisión principal se hacen valer los siguientes agravios: En la sentencia de amparo indebidamente se otorgó el amparo solicitado por el quejoso, aun cuando el criterio en que se sustentó tal decisión constituye una tesis aislada no obligatoria, que además resulta contraria a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la de rubro: "ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN." En tal jurisprudencia, de carácter obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se precisó que la base salarial que debe tomarse para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, debe conformarse por la cantidad neta resultante de los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, no las contraídas personal de forma voluntaria por él, como es el caso de los pagos por su crédito de vivienda. Atento a la aplicación obligatoria del precitado criterio de la Suprema Corte, el crédito de FOVISSSTE adquirido por el quejoso no puede formar parte de las deducciones excluidas de la base salarial para el pago de alimentos provisionales a favor de su hija. Además, el criterio aislado en el que se sustentó la concesión del amparo es contradictorio, ya que por una parte acepta que los créditos personales no son considerados deducciones de ley, pues considerar lo contrario implicaría justificar que el deudor alimentario adquiera deudas o préstamos con el objeto de eximirse de sus obligaciones por encontrarse en estado de insolvencia; por otra, estima que los créditos de vivienda FOVISSSTE sí pueden ser excluidos con tal carácter, al ser destinados para cubrir el rubro de vivienda. Que aun considerando aplicable la tesis aislada en que se sustentó la decisión recurrida, el juez de amparo debió analizarla cuidadosamente, a fin de advertir que su texto prevé la posibilidad de excluir el descuento por créditos FOVISSSTE de la base salarial alimentaria, solo cuando el bien a que fue destinado cubra el rubro de habitación de los acreedores alimentarios, siendo que en el caso, la hija de los litigantes no reside en dicho inmueble. Atento a que la menor hija de las partes litigantes no habita en el inmueble al que fue aplicado el crédito de vivienda del quejoso, dicha deuda no puede estimarse que cubre el rubro de vivienda y eliminarse del salario base para cuantificar los alimentos provisionales. Por su parte, el quejoso, y adherente, precisa: La tesis aislada que sirvió de sustento para conceder el amparo solicitado no es contraria a la jurisprudencia 114/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ambos criterios son coincidentes en establecer que la base salarial para el cálculo del porcentaje decretado como pensión estará conformada por la cantidad neta resultante a los descuentos que legalmente deban hacerse a la suma bruta devengada por el deudor. Ahora, la tesis de la Corte no enumera ni enlista las deducciones que se deben considerar como legales para el cálculo de pensiones alimenticias, de ahí que el aludido criterio aislado no lo contradice, sino que abunda sobre el tema y establece que por regla general se estiman como tales aquellas fiscales, no los préstamos contraídos personal o voluntariamente. Sin embargo, este último criterio aislado, al analizar las deducciones legales, revela una excepción a la regla general, y concluye que deben estimarse como tales los préstamos del deudor alimentario con los que satisface necesidades de sus acreedores. Contrario a lo sostenido en los agravios de la revisión principal, la tesis aislada en la que se sustentó la concesión del amparo no puede estimarse inaplicable a la solución de la litis constitucional solo por el hecho de no tener el rango de jurisprudencia, cuando la Suprema Corte ha determinado que una decisión sí puede fundarse en criterios aislados, pero con la obligación de que el juzgador establezca su aplicabilidad al caso concreto y precise las razones de porqué se adhiere a él; requisitos con los que cumplió la sentencia recurrida en los términos que se emitió. Expuestos algunos de los argumentos de la revisión principal y adhesiva, este tribunal considera que resultan en parte fundados pero ineficaces para lo pretendido; sin embargo, en suplencia de queja de los intereses de la menor involucrada, se estima oportuno modificar los efectos de la concesión otorgada. Al respecto, es necesario señalar que como lo afirman ambas partes recurrentes, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, solo son de estricta observancia para la solución de asuntos jurisdiccionales, los criterios que conforme a las reglas de su unificación hayan integrado jurisprudencia. Así, para el caso de los juzgados de Distrito, las jurisprudencias que deben guiar de forma obligatoria sus decisiones, serán las integradas por los Tribunales Colegiados de Circuito, el Pleno de Circuito al que pertenecen y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea que funcione en Salas o en Pleno. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 157/2016, determinó que a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado, cuando exista un criterio aislado aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que el Alto Tribunal les ha conferido a ese tipo de precedentes, es dable (no obligatorio) que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional y expliquen los motivos por los que coinciden con él. Consideración sustancial que se materializó en la jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este órgano federal en términos del precitado numeral 217 de la Ley de Amparo, del rubro: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD." Así, el hecho de que un criterio aislado de la Suprema Corte o de un Tribunal Colegiado carezca del rango de jurisprudencia, de manera alguna implica que su contenido no pueda fundar una sentencia de amparo, pues no existe disposición legal que prohíba a los juzgadores federales que ante la inexistencia de una jurisprudencia que defina el punto a discusión, puedan orientar su criterio a tal tipo de precedentes, si el caso analizado en ellos es análogo al que se juzga. Sentado lo anterior, como se precisó en párrafos previos, la litis constitucional ventilada en el juicio de amparo biinstancial del que deriva el presente recurso (que es materia además de agravios), se vincula con establecer si el pago de un crédito FOVISSSTE de vivienda es de aquellas deducciones que pueden descartarse de la base salarial para cuantificar el descuento que debe realizarse por concepto de pensión alimenticia provisional, o tiene el carácter de aquellas que no pueden excluirse. Atento a ello, la solución de dicho punto a discusión debe fundarse de forma previa, en la jurisprudencia que exista al respecto, que aborde el tema a estudio y en caso de no existir criterio obligatorio, podrá sustentarse en criterios aislados emitidos al respecto, con el deber de señalar los motivos por los que se adhiere a ellos. En ese orden, contrario a lo manifestado en los agravios de la revisión principal, este órgano federal estima que el criterio jurisprudencial 1a./J. 114/2005, del epígrafe: "ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODASAQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN." a que hace referencia en sus agravios, no resolvía el punto a discusión y, por ende, su falta de cita en la sentencia recurrida no genera transgresión al numeral 217 de la Ley de Amparo. Se considera así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2005-PS, que originó la jurisprudencia en comento, precisó que la materia a estudio consistía en dilucidar si las pensiones alimenticias fijadas con base en las percepciones mensuales del deudor alimentario, debían tomar en cuenta las percepciones extraordinarias que obtuviera como producto de su trabajo. Así, indicó que para fijar la pensión alimenticia, se deben considerar las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás remuneraciones entregadas al obligado alimentario con motivo del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a su patrimonio, con independencia de que sean ordinarias o extraordinarias. En ese orden, la jurisprudencia cuya falta de observancia se aduce en la revisión principal solo abordó el tema atinente a si las percepciones extraordinarias del deudor alimentario deben considerarse dentro de la base salarial para la cuantificación de alimentos a su cargo, sin ocuparse o resolver el tema litigioso en el juicio de amparo de origen, relativo a cuáles son las deducciones salariales que deben o pueden descontarse de dicha base de cuantificación, por afectar los ingresos brutos. Por tanto, lo infundado de los agravios de la revisión principal deriva de que contrario a lo alegado en ellos, la jurisprudencial 1a./J. 114/2005, cuya falta aplicación se controvierte, no cobra aplicación a la solución del asunto, ya que no abordó el de los descuentos que deben excluirse de la base salarial para cuantificar una pensión alimenticia. De ahí que también resulte infundado que el contenido de la referida jurisprudencia obligatoria sea contrario al criterio aislado II.1o.5 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, del rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEDUCCIONES QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EN LA BASE SALARIAL QUE SIRVE PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DECRETADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", que sustentó la concesión del amparo recurrido. Es así, porque el texto de la tesis aislada permite advertir que el criterio sustentado en ella, parte de las consideraciones de la precitada jurisprudencia de la Primera Sala, en considerar para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia está conformada, en primer orden, por los ingresos totales (ordinarios y extraordinarios) del deudor alimentario, denominados suma bruta devengada. Sin embargo, amplía su estudio y extiende sus pronunciamientos sobre un tema no abordado en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, atinente a los descuentos que legalmente se restan a la cantidad bruta de los ingresos para obtener finalmente la denominada neta, que constituye la base salarial para la fijación de alimentos. Además, establece de forma específica, que los descuentos personales del deudor alimentario, derivados de un préstamo otorgado por un organismo gubernamental para adquirir una vivienda en donde reside él o los acreedores alimentarios, podrán excluirse de la base salarial para la cuantificación de la pensión a su cargo, si el inmueble al que son aplicados cumple con el elemento habitación para sí o para sus acreedores. Aspectos tales que revelan, en concordancia con lo expuesto en los agravios de la revisión adhesiva y contrario a lo alegado en los argumentos del recurso principal, que no existía jurisprudencia de observancia obligatoria sobre el punto a discusión en la demanda de amparo, por lo que el referido criterio aislado sí podía servir de guía (siempre que el juez de amparo lo compartiera) para emitir la decisión sobre constitucionalidad del acto reclamado. Ello, pues además este órgano federal coincide (con los argumentos de la revisión adhesiva y por ende con la sentencia recurrida) en su aplicación a la solución del juicio de amparo, ya que fija las hipótesis en las que las amortizaciones liquidadas por el quejoso (recurrente adherente) por un crédito de vivienda pueden ser excluidas de la base salarial para cuantificar la pensión a su cargo. Lo anterior porque los razonamientos emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en el amparo directo 693/2013 de su índice, que dieron origen al criterio aislado en cita, fueron sustancialmente: - El juzgador, al determinar el monto de una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, pues deben procurarse situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. - La base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario. - Por regla general, solo pueden formar parte de las deducciones excluidas de la base salarial alimentaria, aquellas realizadas por imperativo legal, como las fiscales, no las contraídas personal y voluntariamente por el deudor alimentario, como son las provenientes del pago de préstamos personales o de vivienda. - Considerar lo contrario, implicaría justificar que el deudor alimentario adquiriera deudas, con el objeto de que se le exima de sus obligaciones alimentarias por encontrarse en un estado de insolvencia. - Sin embargo, deben considerarse como excepción a dicha regla general los casos en que los préstamos están destinados a satisfacer necesidades del propio deudor o de los acreedores alimentarios, porque en esos supuestos debe atenderse a la causa que originó la solicitud de cantidades a terceros por parte del deudor, a fin de establecer si deben o no quedar excluidas de la base alimentaria las sumas correspondientes a tales préstamos. - Acorde al principio de que los alimentos deben ser proporcionados conforme a la capacidad económica del deudor, cuando está cubriendo un préstamo otorgado por un organismo gubernamental para adquirir la vivienda en donde habitan los acreedores alimentarios, de tal suerte que el deudor con ese inmueble cumple con uno de los elementos de los alimentos, como es la habitación, debe estimarse que dicho préstamo queda excluido de la base salarial alimentaria. - Asimismo, tomando en cuenta el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. XC/2010, para calcular el porcentaje que debe pagarse por pensión alimenticia debe excluirse el referido crédito, siempre y cuando exista la certeza de que el crédito fue destinado a adquirir la vivienda en que actualmente habita el deudor alimentario; porque en el pago de una pensión deben considerarse dos derechos: I) A la vivienda digna del deudor y II) A percibir alimentos los hijos. Argumentos con los cuales coincide este órgano federal, pues de conformidad con los numerales 4.13526 y 4.13827 del Código Civil del Estado de México (vigentes al momento en que inició la contienda familiar), los alimentos, aun los provisionales, deben ser proporcionados de acuerdo con la capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien deba recibirlo, los cuales deben comprender todo lo que sea necesario para el sustento, habitación, vestido, atención médica y hospitalaria; incluyendo proporcionar algún oficio, arte o profesión. Ello impone que la fijación de alimentos debe cubrir el elemento habitación de los acreedores alimentarios, en la forma en que los requieren, lo cual excluye de manera directa, que exista una doble condena sobre ese rubro. Entonces, si un crédito personal de vivienda adquirido por el deudor alimentario satisface el tema de vivienda de los acreedores alimentarios, porque aquellos viven en el predio, es ajustado al principio de proporcionalidad que las amortizaciones de dicha deuda se excluyan de la base salarial para contabilizar el porcentaje de alimentos a que fue condenado cubrir. Lo anterior, pues no puede estimarse jurídicamente proporcional que el rubro de vivienda de los acreedores se incluya dentro del porcentaje provisional fijado a cargo del deudor, y también en aquellas deducciones no excluibles de la base salarial para su conversión en dinero, pues ello genera materialmente una doble imposición pecuniaria por el mismo concepto de habitación. Circunstancia similar acontece cuando el inmueble al que se aplicó el crédito de vivienda es destinado como habitación por el acreedor alimentario, ya que atento al principio de proporcionalidad de los alimentos, sustentado tanto en las necesidades del acreedor como en las posibilidades del deudor, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que tiene este último para con sus hijos, no debe llegar al extremo de desconocer otros derechos humanos reconocidos a su favor. En efecto, la capacidad real del deudor alimentario debe entenderse como el resultante de restar a sus ingresos totales, sus egresos pecuniarios tanto legalmente obligatorios, como aquellos necesarios para su subsistencia, como es el caso del rubro de habitación, que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la tesis aislada 2a. XC/201028 puede válidamente cubrirse, sin afectar el derecho alimentario de sus acreedores, a través de los créditos hipotecarios concedidos por el Estado. Por lo expuesto, este tribunal federal comparte el referido criterio aislado, en cuanto a la facultad que tiene el juzgador y no el empleador del obligado, de eliminar de la base salarial para cuantificar una pensión alimenticia, las amortizaciones por un crédito de vivienda otorgado por el Estado al obligado alimentario, no por ser una deducción legal, sino para cumplir con los principios de proporcionalidad (binomio capacidad-necesidad) de los alimentos, y de no duplicación de su pago. Atento a lo cual, lo infundado de los agravios de la revisión principal (y parte de lo fundado de la adhesión) también estriba en que se coincide con el pronunciamiento de la sentencia de amparo, en cuanto a que corresponde a la autoridad judicial y no al empleador, establecer si deben o no quedar excluidas las sumas del préstamo de vivienda del obligado alimentario de la base para cuantificar las pensiones a su cargo, según se esté en el caso de la proporcionalidad o no duplicación de alimentos. Sin embargo, en suplencia de queja de los agravios de la revisión principal, por estar involucrados derechos de una menor, no se coincide con lo relativo a que la exclusión del crédito de vivienda que solicita el quejoso de la base salarial para obtener cuantitativamente la pensión provisional a su cargo, tenga el carácter de una deducción legal. Es así, pues como quedó de manifiesto en párrafos previos, dicha exclusión de crédito no resulta procedente porque fuera un descuento de ley, sino que se permite para protege sustancialmente el principio alimentario de proporcionalidad. Por otra parte, tampoco se comparte la afirmación de la sentencia recurrida, atinente a que las documentales allegadas al escrito de petición inicial del quejoso, en concreto con las impresiones de sus recibos justificó que se le realizaba una deducción por concepto de préstamo FOVISSSTE que debía ser excluida de la base salarial para obtener cuantitativamente la pensión provisional a su cargo, por haberlo destinado a satisfacer sus necesidades y las de sus acreedores alimentarios. Se dice lo anterior, atento a que en el acto reclamado no se hizo pronunciamiento especifico del valor probatorio que revestían los medios de prueba exhibidos ante la responsable para acreditar la aludida exclusión salarial. De ahí que el juez de Distrito no estaba en posibilidad de analizar la eficacia convictiva de dichos medios de prueba y estimar que las impresiones de recibos de nómina del quejoso, exhibidas ante la responsable acreditaban una deducción por concepto de préstamo FOVISSSTE a su cargo. Tampoco contaba con las facultades decisorias para establecer que el crédito de vivienda del quejoso debía ser excluida de la base salarial, para obtener cuantitativamente la pensión provisional a su cargo por haberlo destinado a satisfacer sus necesidades y las de sus diversos acreedores. En efecto, la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado sustancialmente determinó: - El recurrente sí solicitaba la modificación de la medida provisional de alimentos. - Correspondía a su empleador establecer las deducciones legales que se excluían de la base salarial para cuantificar alimentos, no al juez familiar, quien carecía de competencia jurisdiccional para determinarlo. - No había sido indebidamente analizado el oficio de su empleador, que contenía un desglose de sus percepciones y deducciones, pues de él no se advertía que fuera considerado como deducción legal el concepto de préstamo y seguro FOVISSSTE. - No cobraban aplicación en el asunto a resolver, los criterios citados en los agravios sobre la obtención por parte del deudor alimentario de un crédito de vivienda y habitación para él y sus acreedores alimentarios, porque la menor involucrada en juicio no habitaba en el domicilio que afirmaba el obligado pagar a través de un préstamo FOVISSSTE. - Una vez descontadas las dos pensiones alimenticias aplicadas al salario del recurrente (una de ellas era la controvertida en el juicio de origen) y que ascendían a un ochenta por ciento (80%) del total de sus percepciones le restaba la cantidad de tres mil doscientos veinte pesos con cuarenta y tres centavos ($3,220.43) para atender sus necesidades básicas, de las cuales, el rubro de habitación ya estaba cubierto, pues afirmó habitar con su esposa y dos hijos diversos. - El deudor alimentario era una persona capaz de emplearse en una o más actividades, pues tenía la edad de treinta y siete años y no se advertía que estuviera incapacitado o impedido física o mentalmente para asumir cabalmente sus obligaciones alimentarias con cada uno de sus acreedores. Como se advierte, el acto reclamado no se ocupó de la valoración de los medios de prueba exhibidos ante su potestad para acreditar la exclusión salarial solicitada con base en que habitaba el bien al que se aplicó su crédito FOVISSSTE, lo cual impedía emitir un pronunciamiento sobre su eficacia en la instancia constitucional. Es así, pues el numeral 75 de la Ley de Amparo prevé que las sentencias que se dicten en los juicios regulados bajo esa norma, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. De dicho enunciado normativo se obtiene el principio judicial de que los Tribunales Federales no pueden sustituirse, al resolver en amparo, a la autoridad responsable y ratificar o revocar el sentido de una resolución reclamada, con apoyo en argumentos que aquélla no tuvo en cuenta, ya que de hacerlo, se convertirían en tribunales de plena jurisdicción y desvirtuarían el espíritu de control de legalidad según la Constitución y de acuerdo con la ley reglamentaria del juicio de amparo. Lo anterior ha sido materia de pronunciamiento por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio 1a. I/2017 (10a.), de rubro: "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." En tal criterio sustancialmente se determinó que por regla general, ante la falta de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquella para determinar por si´ el sentido de la eventual decisión, ya que los principios de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos. De lo anterior se puede obtener el imperativo legal y jurisprudencial atinente a que una autoridad de amparo no puede sustituirse válidamente (ni en suplencia de queja) a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, en virtud de que carece de plenitud de jurisdicción y porque el examen que realiza de los actos reclamados está constreñido a verificar si éstos se conforman a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Lo anterior cobra mayor relevancia, si como en el asunto a estudio, para determinar la procedencia de la exclusión de crédito de vivienda de la base salarial de alimentos provisionales (bajo los lineamientos previamente expuestos), era indispensable determinar, entre otros aspectos relevantes: - Si se acreditó o no la existencia y fecha en que se adquirió dicho préstamo de vivienda alegado por el quejoso. - Si esa data de adquisición de crédito era o no anterior al inicio de la contienda de alimentos. - La identificación o no del inmueble al que fue destinado el crédito FOVISSSTE del deudor alimentario. - La demostración o no de las personas que hacían uso del inmueble materia del crédito. - Si el uso o destino que se le daba al inmueble materia del crédito de vivienda permite excluir sus amortizaciones de la base salarial para cuantificación de pensión provisional, atento al principio de proporcionalidad o al de no duplicidad en su pago. En ese orden, el resolverse en la instancia constitucional indirecta cuestiones jurídicas planteadas por las partes que solo compete dilucidar a la responsable, no solo se privaría de la posibilidad de experimentación interpretativa que privilegia nuestro sistema federal en los distintos poderes judiciales locales, sino que las partes no podrían oponerse en otra instancia posterior a esas decisiones. Por tanto, en suplencia de queja de los agravios de la revisión principal, si en términos generales los jueces de amparo no pueden sustituirse a las autoridades responsables en las funciones que les son propias, como es la valoración de los medios de prueba allegados ante la responsable, cuya falta de estudio se advierte en el acto reclamado, impone a este tribunal federal, con fundamento en la fracción VI del numeral 93 de la Ley de Amparo, modificar los efectos del amparo otorgado en la sentencia recurrida, para que, conforme a lo expuesto en la presente resolución, en su lugar queden de la siguiente forma: a) La autoridad responsable Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, deje sin efectos la resolución de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 35/2015 de su índice. b) En su lugar emita otra resolución en la que, con base en la tesis aislada II.1o.5 C (sustento de las pretensiones del entonces recurrente), considere que sí cuenta con facultades decisorias para decretar procedente la exclusión, respecto de la base salarial para cuantificar la pensión provisional a cargo del quejoso, del importe que paga por crédito FOVISSSTE, al ser ello pertinente para cumplir con la proporcionalidad de los alimentos, o en su caso no incurrir en exceso o duplicación de su pago. c) Luego, también con sustento en la tesis aislada II.1o.5 C, analice las pruebas desahogadas en el juicio familiar, que estime conducentes, a fin de establecer de forma fundada y motivada, si resultan o no eficaces para determinar en su caso la exclusión del multicitado préstamo de vivienda de la base salarial para la cuantificación de la tasa de alimentos provisionales, ya sea por el principio de proporcionalidad de los alimentos, o del relativo a que no exista doble condena de su pago. Hecho lo cual, resuelva lo que estime pertinente en los aspectos que cuente con libertad y plenitud de jurisdicción. En consecuencia, al ser procedente otorgar el amparo solicitado para que la responsable reexamine las pruebas aportadas ante ella y determine si es o no procedente la petición solicitada por el quejoso, se estima que no es factible el estudio de los restantes agravios y conceptos de violación vinculados con la demostración ante la responsable del uso de vivienda que el quejoso le destinaba al bien materia de su crédito FOVISSSTE, porque su examen y decisión dependerá de lo que determine la responsable en cumplimiento al fallo protector. Con relación a este punto se invoca la tesis III.3o.C.53 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que este órgano federal comparte, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN EL QUE SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Si uno de los conceptos de violación se estima fundado debido a la incongruencia de la sentencia reclamada, al haber incurrido la responsable en la omisión de estudiar la totalidad de los agravios expresados por el inconforme, resulta innecesario hacer el estudio de los restantes conceptos que tienden al fondo del negocio, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo, la autoridad federal sustituiría a la responsable, lo que no es permitido por virtud de que los tribunales federales no son revisores de dicha autoridad. Por lo expuesto y fundado, se (.)." 4. Mediante oficio 2112/2018 (foja 216), presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el trece de julio de dos mil dieciocho, el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México remitió copia certificada del proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, en el que dejó sin efectos la resolución de revocación emitida el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, con lo cual, en su momento atendió el inciso a) de los efectos indicados en la ejecutoria en comento (foja 217). 5. A través del oficio 2218/2018 (foja 223), presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el siete de agosto del año en curso, la autoridad responsable remitió copia certificada de la interlocutoria de dos de agosto del presente año, en la que determinó que sí contaba con las facultades legales para pronunciarse respecto de lo solicitado por Pavel Yaved Hernández Flores, con lo cual, en su momento se estableció que observaba el inciso b) de los efectos indicados en la referida ejecutoria de amparo, así como el inciso c), pues llevó a cabo el análisis de las pruebas en las que el demandado apoyó su solicitud. Sin embargo, este órgano jurisdiccional consideró que en forma excesiva el Juez responsable determinó requerir al ocursante, ahora quejoso, para que exhibiera los medios de prueba que acreditaran la existencia del crédito FOVISSSTE, así como copia certificada de los documentos que en copia adjuntó a su promoción. Razón por la cual, en proveído de treinta de agosto del año en curso, se declaró que la sentencia dictada en este juicio, se cumplió con excesos; y, se requirió al Juez responsable para que dejara insubsistente la resolución de dos de agosto de dos mil dieciocho, y observara puntualmente los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 112/2018. 6. Mediante oficio 2600/2018 (foja 325), presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México remitió copia certificada del proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que dejó sin efectos la resolución de revocación emitida el dos de agosto de dos mil dieciocho, con lo cual atendió el inciso a) de los efectos indicados en la ejecutoria en comento. Así como copia certificada de la resolución dictada en esa fecha, en la cual se aprecia que consideró que contaba con facultades legales para pronunciarse respecto de lo solicitado por Pavel Yaved Hernández Flores, con lo cual observó el inciso b) de los efectos indicados en la referida ejecutoria de amparo; y, en lo relativo al análisis de las pruebas en las que el demandado apoyó su solicitud, el Juez responsable destacó que ese ejercicio lo efectuaba en plenitud de jurisdicción, agregando que el quejoso adjuntó a su promoción 12645/2017, impresión de comprobante de pagos, copia de credencial para votar con fotografía, constancia de Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz, impresión de estado de cuenta, original de respuesta, firmada por el Administrador Regional de Xalapa Veracruz y copia de escritura número 47687, incluido apéndice, los cuales concluyó que acreditaban que Pavel Yaved Hernández Flores vivía en el domicilio señalado desde hace varios años, en compañía de su esposa y sus hijos, así como las percepciones y deducciones del ocursante, pero no justificaban el crédito FOVISSSTE, aunado a que los demás documentos adjuntos a la promoción que originó el medio de defensa, no formaban prueba suficiente de su contenido por tratarse de copias simples e impresiones que no tenían de por medio el aval de los órganos públicos facultados para expedirlos de modo certificado. Razón por la cual denegó lo pedido por Pavel Yaved Hernández Flores, ya que estimó que no acreditó el crédito que dijo adquirió con la institución pública denominada FOVISSSTE, con lo cual, observó el inciso c) de los efectos indicados en la ejecutoria en comento. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos en sus érminos por la responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". No pasa inadvertido para este juzgador, que mediante promoción 17829, recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el doce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 348), la parte tercero interesada haya realizado diversas manifestaciones sustancialmente en el sentido que de ningún modo la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo porque no dejó insubsistente la interlocutoria de dos de agosto, porque resultaba indispensable que para dar cumplimiento dictara otra interlocutoria, no un auto; y, porque había considerado pruebas que no obraban en autos al momento en que se interpuso el juicio de amparo que se cumplimenta. Lo anterior es así porque contrario a lo señalado por la tercero interesada, de autos se aprecia que la autoridad responsable sí dejó insubsistente la interlocutoria de dos de agosto del año en curso y dictó una nueva interlocutoria en la que valoró los documentos adjuntos a la promoción que originó ese medio de defensa (fojas 327 y 328 a 332); de ahí que no asista razón a la tercero interesada al afirmar que no fue así, máxime que ni siquiera precisa cuáles son las nuevas pruebas que a su juicio, en forma indebida tuvo en cuenta la autoridad responsable al emitir la determinación con la que cumplió la sentencia de amparo. De igual forma, no se desatienden las manifestaciones vertidas por el quejoso Pavel Yaved Hernández Flores, en el sentido que el Juez de origen no acató la disposición del tribunal colegiado porque es omiso en ponderar los derechos de los menores de edad a quienes afecta la resolución; ello es así porque del análisis integral de la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 112/2018, no se aprecia que haya sido materia de la concesión, que el Juez responsable debiese actuar en el sentido que señala el impetrante, pues si bien dicho órgano colegiado realizó un pronunciamiento respecto al interés superior de la menor vinculada con la determinación, a partir de los alimentos provisionales; esa circunstancia únicamente fue para sustentar el sentido de su resolución, no así para determinar la forma en que debía actuar el Juez responsable, tan es así que al respecto precisó: "Expuestos algunos de los argumentos de la revisión principal y adhesiva, este tribunal considera que resultan en parte fundados pero ineficaces para lo pretendido; sin embargo, en suplencia de queja de los intereses de la menor involucrada, se estima oportuno modificar los efectos de la concesión otorgada.". [Lo resaltado es nuestro] En este orden de ideas, no asiste razón a la partes al afirmar que la autoridad responsable incumplió con los efectos del fallo protector, en términos de lo precisado por el mencionado órgano colegiado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibidos los acuses de recepción de notificación electrónica, de los cuales se advierte que al quejoso Pavel Yaved Hernández Flores, se le notificaron los proveídos de siete y diez de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, agréguense a los autos para que obren como corresponda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el escrito de cuenta signado por la tercero interesada Silvia Sosa López por derecho propio y en representación de su menor hija, a través del cual desahoga la vista otorgada el siete de septiemre de dos mil dieciocho, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizando diversas manifestaciones. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes y considérense al realizar el análisis respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; diez de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito signado por la tercero interesada Silvia Sosa López, por derecho propio y en representación de su menor hija, a través del cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, dígase a la promovente que se esté a lo ordenado en proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 334), a través del cual se le dio vista para que manifestara lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

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