Paulo Ramírez Torres
Expediente 423/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Guillermina Torres Chávez Hita
- Paulo Ramírez Torres
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto. ... archívese este juicio como concluido. ... este expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo que signa Javier Ochoa Zaldo, quien dice promover en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es, en su carácter de abogado patrono de María Guillermina Torres Chávez Hita, tutriz definitiva de un menor de edad de identidad reservada, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia de Xalapa Enriquez, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 423/2016. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Nueva Ley de Amparo, mismo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, el suscrito estima que la demanda de amparo promovida por Javier Ochoa Zaldo, quien dice promover en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es, en su carácter de abogado patrono de María Guillermina Torres Chávez Hita, tutriz definitiva de un menor de edad de identidad reservada, deviene improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, y 6° de la Ley de Amparo vigente, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Dicha fracción establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones precedentes, de manera que este apartado da sustento y apoyo a la improcedencia legal y derivada de la jurisprudencia, mismas que pueden obtenerse de la Ley de Amparo, de la Constitución General de la República, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como se desprende del dispositivo citado, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Salvaguardando dos principios fundamentales que rigen el juicio de amparo: a) instancia de parte agraviada; y b) agravio personal y directo. En relación con lo anterior, el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, la existencia de un agravio personal y directo, implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de garantías, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. En ese orden de ideas, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos del quejoso. Por su parte, el artículo 11, de la Nueva Ley de Amparo, establece: "Artículo 11.Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." De ello se advierte que si bien el citado dispositivo prevé que cuando quien comparezca tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida para todos los efectos legales, también lo es que, atendiendo al principio de que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, conforme lo estipulado en los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Carta Magna, deviene inconcuso que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, es decir, porque el juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo. Congruente con ello, sólo los directamente afectados están legitimados para promover el amparo contra resoluciones judiciales, ya que el artículo 11 de la Ley de la materia no contempla que el abogado patrono tenga facultades para promover el juicio de amparo, sino sólo para que en el trámite de éste se le reconozca la personalidad que tiene registrada ante la responsable, es decir, no puede estimarse que se satisfaga el principio de instancia de parte agraviada. Ahora bien, en el caso se observa de la lectura de la demanda de amparo que Javier Ochoa Zaldo, promovió el presente juicio de amparo en su calidad de abogado patrono de María Guillermina Torres Chávez Hita, tutriz definitiva de un menor de edad de identidad reservada -en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz- personalidad que dice tener reconocida en los autos del Juicio Ordinario Civil, Restitución de Guarda y Custodia número 193/2016 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa de Enríquez, con sede en esta ciudad, y donde la hoy directa quejosa solicitó se dictara una nueva medida provisional precautoria, como consecuencia de diversos hechos supervinientes, a fin que el menor de edad de identidad reservada quedara bajo su depósito provisional, y donde el juez responsable emitió un auto ordenando dar vista a la parte actora en el juicio natural -aquí tercero interesada- por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, acordando la promoción de referencia en la audiencia celebrada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, donde ordenó tomar en consideración las manifestaciones vertidas por la parte actora en el momento procesal oportuno, esto es, al resolver sobre la medida provisional precautoria solicitada, en términos del artículo 98 del citado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, e inconforme con ello, Javier Ochoa Zaldo, en su carácter de abogado patrono de María Guillermina Torres Chávez Hita, intenta promover juicio de amparo indirecto; sin embargo, atento al marco jurídico precisado con antelación, debe estimarse que tal profesionista no cumple con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues la personalidad que tiene reconocida legalmente ante la responsable es la de un abogado patrono, pero éste no cuenta con las atribuciones para promover un juicio de amparo, representando a su autorizante, como lo pretende hacer ver. Esto es así, pues el contenido del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, debe interpretarse apegándose a las reglas del juicio de garantías, especialmente, al principio de instancia de parte agraviada y, bajo esa premisa, el abogado patrono, si bien es cierto que puede realizar cualquier acto tendente a asegurar una adecuada defensa de los intereses del quejoso, una vez admitido el juicio, también lo es que esa amplitud no puede llegar a la facultad de realizar cualquier acto en su nombre como ocurre en la vía ordinaria ya que, tratándose del juicio de amparo, su participación debe estar conforme a las disposiciones de la Ley de la materia, en el sentido que el ejercicio de la acción no puede transferirse a una persona distinta del quejoso o a su representante legal. Congruente con ello, a la luz del principio de instancia de parte agraviada, que rige el juicio de amparo, el abogado patrono queda subordinado a lo dispuesto en los artículos 107 constitucional y 6° de la Ley de Amparo, en los cuales, en primer lugar, se precisa que el juicio de amparo sólo puede instarse por el titular de un derecho violentado o su representante legal y, en segundo, se encomienda a ese representante a actuar como si éste hubiere recibido el agravio personal y directo, dando cabida únicamente a estos últimos la promoción del juicio de amparo, cuestión que, como ya se ha mencionado, no se configura tratándose del abogado patrono, pues sus atribuciones son similares a las de un autorizado, pero no alcanzan a la sustitución de decisiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Es exactamente aplicable al caso, la Jurisprudencia PC.VII. J/1 C (10a), sustentada por el Pleno del Séptimo Circuito, visible en la página un mil ciento setenta y siete, del Libro 6, Tomo II, Mayo de dos mi catorce, Décima Época, al resolver la Contradicción de tesis 2/2013, de rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo." En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, que analizada junto con el diverso cardinal 113, de la Ley de Amparo vigente, conduce a concluir que lo que procede es desechar la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Finalmente, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Algunas de las tesis a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la Nueva Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgado la tesis jurisprudencial que invoca en su escrito de demanda la parte promovente, puesto que no es aplicable al caso concreto en virtud de que interpreta un artículo de diversa legislación aplicable para el entonces Distrito Federal, y en el caso particular existe jurisprudencia del pleno del Séptimo Circuito que interpreta precisamente el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Nueva Ley de Amparo, el que señala en su escrito de demanda, y por autorizados de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Marco Antonio Ochoa Cházaro, Javier Ochoa Zaldo, Claudia Iveth Vásquez Téllez, Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez y Rafael Luis Pérez Cuellar, y con las restricciones que indica dicho precepto a Virgilio Tanús Namnum, Jesús Alejandro Pérez Esquivel y Christian Alberto Pérez Hernández, el primero de los nombrados, en razón que de la certificación secretarial hecha con antelación, se advierte que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva esta juzgado, ni tampoco acreditó contar con ella, y por cuanto hace a los restantes, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las cinco copias que anexó la parte promovente a su escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Visto; agréguese el oficio signado conjuntamente por las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de las constancias con las que se acredita que el quejoso Juan Laguna Riojas, fue dejado en libertad el cuatro de marzo del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/10448/2016 por medio del cual el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, autorizó el egreso del quejoso a fin de dejarlo en inmediata libertad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en esta ciudad, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Laguna Riojas, en los siguientes términos: ".en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, a efecto de restituir al quejoso en el goce del derecho violado, se concede el amparo para el efecto de que el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, lugar donde se encuentra interno el quejoso: Adopte las medidas necesarias para que se practique la cirugía que fue ordenada en la nota médica de uno de octubre de dos mil quince (foja 36). Para lo cual la autoridad responsable deberá informar al Juzgado auxiliado una vez que quede firme este fallo, haber otorgado siquiera las medidas tendientes para la programación de la intervención quirúrgica de referencia a efecto de estar en posibilidades de acreditar que efectivamente se practicará la cirugía." Toda vez que tal sentencia no fue recurrida por las partes, causó ejecutoria en proveído de quince de marzo pasado, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables adscritas al mencionado Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz (fojas 106 y 107). En mérito de lo anterior y, tomando en cuenta las copias certificadas que allegaron las autoridades oficiantes, a las cuales de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se concede pleno valor probatorio, de las que se advierte que el aquí quejoso Juan Laguna Riojas, el cuatro de marzo del año en curso, egresó por libertad del citado centro de reclusión; por tanto, ya no es materialmente posible para las responsables restituir al quejoso en el goce de los derechos constitucionales violados. En consecuencia, no es posible pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que a la fecha resultaría ocioso examinar actos que ya no están surtiendo efectos dado que el quejoso no se encuentra más bajo el imperio de las autoridades responsables; en consecuencia, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector emitido en este juicio, pues ya no es posible jurídicamente cumplirlo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, del ordenamiento legal en cita, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Gírense oficios a las responsables, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de este fecha, debiendo conservar del expediente principal únicamente la demanda y la sentencia. Notifíquese y por lista de acuerdos al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Luz María García Bautista, Secretaria que autoriza y da fe.
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