Paulo Miguel Luna Anicama
Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/04/2023
Partes del expediente
- Paulo Miguel Luna Anicama
- Nemias Eleazar Arroyo Melendrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Téngase por recibido únicamente para efectos de control, el oficio enviado por la Subdirectora de Naturalizaciones y Resoluciones de Readmisión, Encargada de la Subdirección de lo Contencioso, en el Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; toda vez que, en acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, entre otras cuestiones, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de (1) ************************** Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación secretarial que antecede, se hizo constar que el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, entabló comunicación telefónica con (a) ********************, promovente de la demanda de amparo en favor de (1) ********************; en la que hizo saber los motivos y circunstancias particulares por los cuales se desiste del sumario constitucional respecto al mencionado quejoso. Desistimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, téngase al promovente por desistido de la demanda de amparo presentada en favor de (1) ********************, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Lo que es acorde a una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 de la constitución federal. No presentada. Ahora, dado que el desistimiento ocurrió antes de se admitiera la demanda de amparo respecto a (1) ********************; en consecuencia, se tiene por no presentada la misma. Oficio. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio presentado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, respecto de las constancias necesarias para resolver el presente juicio. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las documentales que adjuntaron las autoridades responsables a su informe. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes Sobresee fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los quejosos (2) ********************, y (3) ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "[.] III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Titular encargado(a) de la Estación Migratoria con domicilio en (.) Mexicali, Baja California. 2. Instituto Nacional de Migración con domicilio en (.)Mexicali, Baja California. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1.- Se les reclaman a las autoridades responsables la ilegal privación de la libertad, aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria del quejoso, así como la omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2.- La orden de deportación o el retorno asistido que la responsable pretende emitir en contra de los quejosos, así como el traslado de los quejosos de una entidad a otra. 3.- La incomunicación perpetrada en contra de los quejosos por parte de los agentes adscritos a la autoridad responsable. 4.- La discriminación sufrida por parte de los quejosos con motivo de su origen étnico o nacional, de acuerdo con lo establecido por nuestra carta magna, en su artículo primero constitucional, vulnerándosele los derechos humanos reconocidos por la misma. [.]" Ahora, los quejosos se duelen en el presente contradictorio de la privación de su libertad, aseguramiento, alojamiento y detención en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo de los procedimientos administrativos migratorios correspondientes, los cuales puede concluir con su deportación, expulsión, retorno asistido o "por razones humanitarias" al país de origen. Por su parte, de la constancias enviadas por la autoridad oficiante, se advierte que el uno de febrero de dos mil veintitrés -con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el veintiuno de enero de dos mil veintitrés-, se autorizó a los quejosos (2) ********************, y (3) ******************** la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que los dejaron en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada a los quejosos, ya que se les otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con diez minutos del ocho de mayo de dos mil veintitrés. Se dejan sin efectos la suspensión de plano decretada. Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obran en autos las constancias necesarias a efecto de estar en aptitud de resolver el expediente en que se actúa; lo anterior, pues las autoridades responsables Titular Encargado de la Estación Migratoria e Instituto Nacional de Migración, ambas con residencia en esta ciudad, fueron omisas en rendir sus respectivos informes justificados, no obstante estar notificadas según se advierte del acuse obrante en autos. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables para que, dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado las constancias que sustentan el acto reclamado, toda vez que se estiman necesarias para la debida resolución del presente asunto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del ocho de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Autoridad informa gestiones sobre cumplimiento. Téngasele a la citada autoridad remitiendo las actuaciones e informando las gestiones que han realizado para dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Subsisten apercibimientos. En la inteligencia de que continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, para el caso de que la autoridad vinculada no cumpla en sus términos con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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