Paulo Josefat Enríquez Chafino
Expediente 633/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Paulo Josefat Enríquez Chafino
- Presidente Municipal de Janos, Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, da cuenta al licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos del juicio de amparo 633/2021-III-A; lo anterior a fin de que tenga a bien determinar lo conducente. Conste.CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del acuerdo que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese y cúmplase.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, como se advierte del escrito de demanda presentada el trece de agosto de dos mil veintiuno, por el quejoso PAULO JOSEFAT ENQIQUEZ CHAFINO, en la que se reclama a la autoridad responsable Presidencia Municipal de Janos Chihuahua y otras autoridades, residentes en Janos, Chihuahua, que no le han dado contestación o acordado el oficio remitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje número OF- JLCA/NCG/132/2021, relativo al expediente número 1/21/0040, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, recibido por la Presidencia Municipal de Janos, Chihuahua, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se remite el expediente laboral mencionado anteriormente por motivo de incompetencia. En efecto, por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes con justificación y se difirió la audiencia constitucional el dieciséis de noviembre y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno por no estar debidamente integrado este expediente, sin embargo, por auto de once de enero de dos mil veintidós se recibieron constancias que remitió la autoridad, H. Ayuntamiento de Janos Chihuahua, a través de su representante licenciado Ever Adrian Estrada Rico, a través de la cuales se desprende que remite copia certificada del acuerdo de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, publicado el veintinueve de diciembre de ese mismo año, dictado en el expediente 02/2021, así como copia del auto de radicación y del acta constitutiva del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Janos. Ahora, a juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la detención, posible deportación y la incomunicación y privación de la libertad por virtud del alojamiento en una estación migratoria de que fueron objeto, así como la falta de instauración de un procedimiento migratorio. En relación con lo anterior, como se advierte de las constancias de autos, las autoridades responsables han dado contestación y acordado el oficio remitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje número OF- JLCA/NCG/132/2021, relativo al expediente número 1/21/0040 de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, recibido por la Presidencia Municipal de Janos, Chihuahua, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se remitió el expediente laboral mencionado anteriormente por motivo de incompetencia, el cual se radicó y se constituyó el Tribunal de Arbitraje. De ahí, que es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, porque con esa actuación se destruyeron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, opera la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de garantías. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, para que tuviera verificativo a las DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, por las razones expresadas en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
- Principal
quejoso: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, como se advierte del escrito de demanda presentada el trece de agosto de dos mil veintiuno, por el quejoso PAULO JOSEFAT ENQIQUEZ CHAFINO, en la que se reclama a la autoridad responsable Presidencia Municipal de Janos Chihuahua y otras autoridades, residentes en Janos, Chihuahua, que no le han dado contestación o acordado el oficio remitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje número OF- JLCA/NCG/132/2021, relativo al expediente número 1/21/0040, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, recibido por la Presidencia Municipal de Janos, Chihuahua, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se remite el expediente laboral mencionado anteriormente por motivo de incompetencia. En efecto, por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes con justificación y se difirió la audiencia constitucional el dieciséis de noviembre y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno por no estar debidamente integrado este expediente, sin embargo, por auto de once de enero de dos mil veintidós se recibieron constancias que remitió la autoridad, H. Ayuntamiento de Janos Chihuahua, a través de su representante licenciado Ever Adrian Estrada Rico, a través de la cuales se desprende que remite copia certificada del acuerdo de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, publicado el veintinueve de diciembre de ese mismo año, dictado en el expediente 02/2021, así como copia del auto de radicación y del acta constitutiva del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Janos. Ahora, a juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la detención, posible deportación y la incomunicación y privación de la libertad por virtud del alojamiento en una estación migratoria de que fueron objeto, así como la falta de instauración de un procedimiento migratorio. En relación con lo anterior, como se advierte de las constancias de autos, las autoridades responsables han dado contestación y acordado el oficio remitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje número OF- JLCA/NCG/132/2021, relativo al expediente número 1/21/0040 de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, recibido por la Presidencia Municipal de Janos, Chihuahua, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se remitió el expediente laboral mencionado anteriormente por motivo de incompetencia, el cual se radicó y se constituyó el Tribunal de Arbitraje. De ahí, que es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, porque con esa actuación se destruyeron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, opera la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de garantías. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, para que tuviera verificativo a las DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, por las razones expresadas en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. A sus autos para que obren como legalmente corresponda copia de los oficios de cuenta. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración el contenido de los oficios 1/2022, de fecha tres de febrero de dos mil veintidós, signado electrónicamente por la Maestra María Guadalupe Contreras Jurado, Coordinadora de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito residente en la localidad y del diverso 02/2022, suscrito de manera conjunta por la Coordinadora de Jueces de Distrito del Decimoséptimo Circuito y Coordinador de Magistrados del Decimoséptimo Circuito, a través de los cuales hacen del conocimiento del Maestro Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Ciudad de México, la suspensión de labores de los días tres y cuatro de febrero de dos mil veintidós, respecto a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residentes en la localidad (por inclemencia del tiempo -nevadas-), y toda vez que de los mismos se desprende que se determinó que no se celebrarían sesiones, audiencias, ni correrían plazos procesales, con excepción de los asuntos urgentes que deberían tramitarse por este juzgado que está de guardia alta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción II, Ley Federal del Trabajo, se precisa que el día siete de febrero del año en curso, se declaró inhábil por disposición de la Ley, razón por la cual se provee hasta el día de hoy. Además de que se tiene que, en el presente asunto, la audiencia constitucional se encontraba señalada para las quince horas con treinta minutos del día siete de febrero de dos mil veintidós (día que por disposición de la ley, está considerado como inhábil), ha lugar a reprogramar la fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual en su lugar se indican las DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la mencionada audiencia de ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
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