Paulo Jenaro Diez Gargari
Expediente 239/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Paulo Jenaro Diez Gargari
- Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Ciudadano Procurador General de la República, Licenciado Luis Alberto Burgos Dreinhofer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en atención a su contenido, téngase por recibido el testimonio de la resolución dictada en el expediente, en sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, resolvió: "PRIMERO. se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se Sobresee en el juicio de amparo ... " En tales condiciones, comuníquese lo anterior a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que una vez que transcurran TRES AÑOS transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no obran documentos originales y que es susceptible de destrucción el expediente principal.
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Por recibido el oficio proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo y además informa que admitió el recurso de revisión.
- Principal
RECURSO DE REVISIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por ********************autorizado del quejoso ******************** en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la determinación dictada el diez de julio dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81 fracción I, Inciso e), 86, 88, 89 y 91, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho recurso, fórmese cuaderno de antecedentes y distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Una vez que las partes sean debidamente notificadas del presente proveído y dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno ........
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veintiocho minutos del diez de julio de dos mil dieciocho; hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que encontrándose en audiencia pública el Juez de Distrito Julio Veredín Sena Velázquez, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido del Secretario de Juzgado Bruno Domínguez Serrano, con quien actúa y da fe de las actuaciones, sin la asistencia personal de las partes, se declara abierta la audiencia ordenada en el juicio de amparo 239/2018, promovido por el quejoso Paulo Jenaro Díez Gargari. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Secretario hace relación y da lectura de las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda y anexos que acompañó (fojas 02 a 21); auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, en el que por una parte se desechó la demanda y por otra se admitió la misma (fojas 22 a 29); informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de los que se advierte que dos negaron el acto y otra aceptó el acto reclamado consistente en: La autorización en definitiva del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016. Lo anterior, se desprende de la siguiente relación: No Orden Autoridad Responsable Certeza Fojas 1 Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Ciudadano Procurador General de la República. Acepta 41 2 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República. Niega 43 y 44 3 Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. Acepta 51 a 61 4 Secretaría Técnica de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. Niega y Acepta 47 y 48 Acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo como terceras interesadas a las personas morales Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Concesionaria Mexiquense Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo (foja 106 a 108); constancias de notificación realizadas a las terceras interesadas personas morales referidas (fojas 110, 113 y 114, respectivamente); proveído de dieciocho de mayo de la anualidad actual, en el que se dejó de tener como tercera interesada a la persona moral Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por los motivos allí precisados (foja 118); y proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que entre otras cosas, se ordenó realizar las notificaciones por lista de la tercera interesada persona moral Concesionaria Mexiquense Sociedad Anónima de Capital Variable, por no haber señalado domicilio para tal efecto en esta Ciudad, dentro del plazo concedido para ello, mediante auto de quince de mayo pasado (fojas 119 y 120). Enseguida, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito con una intervención ministerial, registrada con el número de orden 13917. Atento a lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos la intervención ministerial 185/2018, suscrita por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, a través del cual realiza diversas alegaciones y solicita copia de la sentencia que se emita en el presente asunto. Atento a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en la intervención de mérito, las cuales se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, respecto a la copia que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, expídasele copia certificada de la sentencia, que en su momento, se emita en el presente asunto. Acto seguido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se aperturan los periodos de pruebas y alegatos. PRUEBAS Se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en: Las documentales relativas a: Copia simple del oficio citatorio FDFIN/361/2018 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Acuse de recibo de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, del escrito por el cual interpone recurso de inconformidad en contra de la propuesta de no ejercicio de la acción penal. Así como, las ofrecidas por el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, consistentes en: Las documentales públicas relativas a: Copia certificada de la autorización en definitiva del no ejercicio de la acción penal que obra en la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016. De igual manera, las ofrecidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Diez, de la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (autoridad no responsable), consistentes en: Las documentales públicas relativas a: Copia certificada de diversas actuaciones que obran en la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la ley de la materia; y no habiendo otra prueba que desahogar, se cierra dicha etapa. ALEGATOS Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, con excepción de la parte quejosa, quien mediante escrito recibido en este Juzgado el veintiséis de abril del año actual, realizó diversas alegaciones; de igual manera, el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien mediante intervención 185/2018 recibida en esta data, realizó diversas argumentaciones, las cuales se tienen por hechas de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 124 de la ley de la materia. Con lo anterior y sin que exista alguna promoción pendiente de acordar o recurso por resolver, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia: SENTENCIA V I S T O S, para resolver los autos del Juicio de Amparo 239/2018, promovido por Paulo Jenaro Díez Gargari contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador General de la República y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y turnada al día siguiente a este Juzgado de Distrito, Paulo Jenaro Díez Gargari, promovió juicio de amparo, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador General de la República y otras autoridades. Actos que consideró violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Una vez que se recibió el escrito inicial de demanda, se registró con el número de Juicio de Amparo 239/2018, tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), mediante auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo por el acto señalado como: "Dictamen de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el que se consideró procedente la consulta del no ejercicio de la acción penal propuesta en la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016." Asimismo, en esa data se admitió a trámite por el diverso acto reclamado consistente en: "la autorización en definitiva del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016." Se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, quien no formuló intervención ministerial; asimismo, se emplazó a la parte tercero interesada. Seguido el trámite del presente asunto, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, fue diferida en razón de trámite y en sus fases de pruebas y alegatos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero y 107 de la Ley de Amparo; y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo en materia penal que corresponde a la competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario fijar éstos, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis de la totalidad de las constancias que integran este sumario constitucional, a efecto de atender lo que materialmente se pretende. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia P./J. 40/2000, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, a fin de seguir los lineamientos establecidos en la tesis VI/2004, del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, informes justificados y constancias que obran en este juicio, se advierte que el acto reclamado, lo es: El acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, que autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. EL Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, refiriendo al respecto que autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal UEIDFF/FINM10/149/2016, del dos de febrero de dos mil dieciocho. Lo que se corrobora además, con las constancias que al efecto remitió en apoyo a su informe justificado; relativas a la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, se tiene plenamente probada la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso, las partes no plantean causal de improcedencia y del estudio de los autos no se advierte que se actualice alguna de oficio. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis número II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto establecen: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. I. En otro contexto, bajo estos lineamientos, este Órgano Jurisdiccional Federal advierte de manera oficiosa que, respecto a las autoridades señaladas como responsables Titular y Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliares del Procurador habilitado; ambos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales; asimismo, la Secretaría Técnica de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, todos de la Procuraduría General de la República. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Los artículos transcritos establecen que el juicio de amparo resulta improcedente contra las autoridades responsables que no dictaron, promulgaron, publicaron, ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar el acto reclamado. Y, de las constancias procesales que integran este sumario de amparo, se advierte que las autoridades de referencia al rendir su informe con justificación, negaron y aceptaron el acto que a ellas se les reclama respectivamente en esta instancia constitucional; no obstante, el acto de autoridad reclamado al Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, resultó cierto, tal como se señaló en el apartado de certeza del acto reclamado. En ese sentido, por cuanto hace a los actos atribuidos a las autoridades responsables Titular y Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliares del Procurador habilitado; ambos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales; asimismo, la Secretaría Técnica de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, todos de la Procuraduría General de la República., se actualiza la causa de improcedencia el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se impone el sobreseimiento respecto de las autoridades de mérito, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues como se advierte de autos la autoridad vinculada con el acto reclamado, es el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, al ser la facultada para pronunciar el acto que nos ocupa; esto es, el acuerdo que autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal UEIDFF/FINM10/149/2016, del dos de febrero de dos mil dieciocho, de ahí que resulta inconcuso que dichas autoridades, ministeriales, no puede tener el carácter que pretende darle el quejoso para los efectos del presente asunto, en virtud de que no tiene facultades para emitir el acto que tilda de inconstitucional el solicitante de amparo; sin que se soslaye que la Secretaria Técnica de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, refiriera que era cierto el acto reclamado, relativo el oficio PGR-SEIDF-0156-2018, del dos de febrero de dos mil dieciocho, toda vez que lo revisó y signo; sin embargo, el acto que se reclama es la determinación de esa data que se contiene en el oficio en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.5o.P. J/3, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el rubro: SOBRESEIMIENTO ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. II. Por otra parte, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe justificado, aceptó la emisión del acto reclamado consistente en el acuerdo que autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal UEIDFF/FINM10/149/2016, del dos de febrero de dos mil dieciocho; sin embargo, que advierte que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa Paulo Jenaro Díez Gargari, no tiene interés jurídico o legítimo dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, ya que no sufrió un menoscabo a su esfera jurídica o patrimonio. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone a la letra lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia(.) Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados por la parte quejosa no le causen un perjuicio a su esfera de derechos fundamentales; esto es, cuando la realización de lo aquéllos no impida que aquél ejerza los derechos que la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes secundarias consagran en su favor. El interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En efecto, de acuerdo con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal; 5°, fracción I, 6º, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, pues el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estima violatorio de sus derechos, y lo impugna a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, para la procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) ese interés se vea agraviado, en el entendido de que tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Esto último, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa, como en el caso acontece. Tienen apoyo lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Cabe resaltar que el interés jurídico que asiste a la parte quejosa en un juicio de amparo, requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a ésta; así pues, no se tiene por actualizado el interés jurídico en el juicio de amparo si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si, de existir, no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama; por tanto, resulta indispensable que dicho interés se pruebe plenamente y no se infiera a base de presunciones. Por tanto, quien acude en demanda de amparo argumentando que existe una afectación a un derecho sustantivo debe acreditarse en principio su titularidad; como acontece con el reclamo a la afectación al patrimonio, pues debe acreditarse la identidad de los bienes afectados por el acto de autoridad y aquél cuya propiedad o posesión aduce y en su caso el origen del derecho a su favor el cual deberá ser anterior a la emisión del acto que reclama. Resulta ilustrativo a lo anterior la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por tanto, para que la acción constitucional proceda, no basta la existencia del acto reclamado, pues aun así, pese a que no fuera dubitable el actuar ilegal de la autoridad, si el peticionario de amparo no acredita en forma plena que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados que descansan en un derecho reconocido por la ley, la acción se tornará improcedente. Lo anterior tiene apoyo en el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso. Lo que pone de relieve que para que un gobernado acuda a demandar en la vía constitucional de amparo alguna transgresión a sus derechos fundamentales, es preciso que demuestre la titularidad de los derechos sustantivos que le asisten y que estima violados. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia antes indicada, por las siguientes consideraciones: De las constancias que integran la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, que remitió la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Diez, de la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, se advierte lo siguiente: El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se inició la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, con motivo de la recepción de la similar AP/PGR/DDF/SPE-XV/1857PP/2016, derivada de la denuncia presentada el dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, por Paulo Jenaro Díez Gargari. La agente del Ministerio Público integradora expuso que la indagatoria UEIDFF/FINM10/149/2016, se inició en investigación de los delitos previstos en los artículos 373 y 386 de la Ley del Mercado de Valores; sin embargo, previo análisis de las constancias se determinó que los delitos encuadraban en las hipótesis previstas en los artículos 376 y 383, del ordenamiento precitado. El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, por medio de diversos oficios dirigidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procurador Fiscal de la Federación, Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, Director General Adjunto de Delitos "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, se comunicó la presentación de la denuncia y se solicitó el requisito de procedibilidad, en términos del artículo 388 de la Ley del Mercado de Valores. Seguido el trámite de la indagatoria, el ministerio público integrador, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, determinó la consulta de no ejercicio de la acción penal. Inconforme con ello, el ahora quejoso interpuso recurso de inconformidad. Es por ello que el veintitrés de enero de dos mi dos mil dieciocho, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Electorales, resolvió dicho recurso y determinó autorizar en definitiva el no ejercicio de la acción penal, mismo que constituye el acto reclamado en el presente asunto y en lo que interesa es del tenor siguiente: "C O N S I D E R A N D O. . SEGUNDO.- La indagatoria UEIDFF/FINM10/149/2016, se inició el veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, con motivo de la recepción de la similar AP/PGR/DDF/SPE-XV/1857PP/2016, remitida por Incompetencia en razón de la Especialidad, por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XXX-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la Institución en el Distrito Federal derivada de la denuncia presentada el dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, por Paulo Jenaro Díez Gargari, mediante escrito del dieciocho de febrero del mismo año, a través del cual denunció hechos de los cuales al principio de la presente, se hizo referencia de lo que interesa para la resolución de la consulta en estudio. TERCERO.- La licenciada Elizabeth Morales Juárez agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Diez, de la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, plantea su determinación argumentando que la indagatoria UEIDFF/FINM10/149/2016, se había iniciado en investigación de los delitos previstos en los artículos 373 y 386 de la Ley de Mercado de Valores, sin embargo, previo análisis lógico jurídico de las constancias determinó que los mismos encuadran en los delitos previstos en los artículos 376 y 383 de la misma ley; argumentado al efecto: "los delitos previstos en los artículos 376 y 383 de la Ley del Mercado de Valores, requieren como requisito de procedibilidad el de la petición por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como se establece en el artículo 388 de la citada ley, requisito que no se encuentra satisfecho, no obstante que esta Representación Social de la Federación, mediante los oficios FDFIN/1359/2016 del veintiuno de abril del dos mil dieciséis y FDFIN/3997/2016 del siete de septiembre del dos mil dieciséis solicitó al Director General de Delitos Financieros y Diversos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de acuerdo a sus facultades y atribuciones, manifestara si formula petición respecto a los hechos que dieron origen al presente asunto, por lo que el doce de agosto del dos mil dieciséis, se recibió el oficio 529-V-DGDF-518-2016, suscrito por el Director General de la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, mediante el cual informó a esta autoridad ministerial que el veintisiete de abril del mismo año, se remitió el duplicado de la indagatoria UEIDFF/FINM10/149/2016, a la Dirección General de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que en caso de considerarlo procedente emitiera Opinión de Delito y concluyera si los hechos en estudio eran posiblemente constitutivos de algún delito contemplado en las leyes financieras. Así mismo, el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se recibió el oficio No. 529-V-DGDFD-281-2017 del doce del mismo mes y año, mediante el cual, el Director General de la Procuraduría Fiscal de la Federación hace del conocimiento de esta Representación Social de la Federación, el contenido del oficio 211-3/23782-GGS/2017 del ocho de mayo del dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Delitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el cual emite opinión y llega a la siguiente conclusión: ".ÚNICA.- En opinión de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, derivado de la valoración jurídica de que fueron objeto las constancias ministeriales que integran el duplicado de la Averiguación Previa número UEIDFF/FINM10/149/2016, se determina que las conductas desplegadas por los inculpados, en atención a su naturaleza y particulares características no materializan los presupuestos típicos a que se refiere el artículo 376 y 383 de la Ley del Mercado de Valores, ni algún otro de los previstos en el Título XIV Capítulo II, de la Ley del Mercado de Valores. Lo anterior, en la inteligencia de que esta opinión se emite en base a las constancias remitidas y se tuvieron a la vista, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes pueden aplicarse, por la comisión de otro u otros delitos." Opinión que fue debidamente ratificada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete por Gamaliel Patiño Martínez, Director General de Delitos y Sanciones de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (lo resaltado es propio). CUARTO.- Por otra parte, la agente del Ministerio Público de la Federación consultante propone el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, respecto de la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, por considerar que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 137, del Código Federal de Procedimientos Penales; en tanto, que el agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador General de la República habilitad, argumentó que los elementos torales de la propia consulta se basaron en la inexistencia del requisito de procedibilidad, luego entonces, se considera que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción VI, del artículo 137, del Código Federal de Procedimientos Penales; de cuyo texto se desprende lo siguiente: "Artículo 137.- El Ministerio Público no ejercitará la acción penal: ... VI. En los demás casos que señalen las leyes." En ese sentido, en necesario verificar el contenido del Acuerdo A/006/92, de tres de abril de mil novecientos noventa y dos, emitido por el Procurador General de la República, que en lo que interesa, establece: "SEGUNDO. En la averiguación previa, el Agente del Ministerio Público Federal consultará el No Ejercicio de la Acción Penal, cuando se presenten los casos siguientes: c) Que no exista querella y se trate de delito perseguible a petición de parte ofendida, o hubiere sido formulada por persona no facultada para ello; " En este orden de ideas, de las constancias que obran en la indagatoria UEIDFF/FINM10/149/2016, se concluye que dentro de la averiguación previa que nos ocupa se investigó la comisión de los delitos previstos y sancionado en el artículo 376 y 383 de la Ley del Mercado de Valores, vigente en la época de los hechos, de cuyo contenido se desprende: Artículo 376.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años, los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos, de un intermediario del mercado de valores, bolsa de valores, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales de valores o emisoras, que cometan cualquiera de las siguientes conductas: I. Omitan registrar en la contabilidad las operaciones efectuadas o alteren los registros contables o aumenten o disminuyan artificialmente los activos, pasivos, cuentas de orden, capital o resultados de las citadas entidades, para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o su registro contable. II. Inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad, o bien, proporcionen datos falsos en los documentos, informes, dictámenes, opiniones, estudios o calificación crediticia, que deban presentarse a la Comisión en cumplimiento de lo previsto en esta Ley. III. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o registros contables o la documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación y con el propósito de ocultar su registro. IV. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, información, documentos o archivos, incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión de la Comisión. V. Destruyan u ordenen se destruyan total o parcialmente, información, documentos o archivos, incluso electrónicos, con el propósito de manipular u ocultar de quienes tengan interés jurídico en conocer los datos o información relevante de la sociedad, que de haberse conocido se hubiere evitado una afectación de hecho o de derecho de la propia entidad, de sus socios o de terceros. VI. Presenten a la Comisión documentos o información falsa o alterada con el objeto de ocultar su verdadero contenido o contexto, o bien, asienten o declaren ante ésta hechos falsos. Artículo 383.- Serán sancionadas con prisión de uno a cinco años, las personas que: I. Difundan por sí o a través de un tercero, información falsa sobre valores, o bien, respecto de la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora, a través de prospectos de colocación, suplementos, folletos, reportes, revelación de eventos relevantes y demás documentos informativos y, en general, de cualquier medio masivo de comunicación. II. Oculte u omita revelar información o eventos relevantes, que en términos de este ordenamiento legal deban ser divulgados al público o a los accionistas o tenedores de valores, salvo que se haya diferido su divulgación en los términos de esta Ley. (Este texto estuvo vigente hasta el mes de enero del dos mil catorce, pues con las reformas, la penalidad aumentó, por lo que de aplicarse, se haría en beneficio del indiciado) Por consiguiente, y dado que los delitos que se investigan requieren necesariamente como requisito de procedibilidad el que se formule por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual debe estar precedida por una opinión emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; acorde al contenido del artículo 388 de la Ley del Mercado de Valores, que a la letra establece: "Artículo 388.- Los delitos previstos en esta Ley únicamente se perseguirán a petición de la Secretaría, previa opinión de la Comisión; salvo tratándose de los delitos previstos en los artículos 375, 377, 384 y 386 de esta Ley, en cuyo caso las víctimas, ofendidos o los titulares de las cuentas de que se traten, también podrán formular directamente la querella. Tratándose del delito previsto en el artículo 386 del presente ordenamiento legal, únicamente podrá perseguirse por querella de las víctimas u ofendidos que sean titulares de al menos treinta y tres por ciento del capital social de la sociedad anónima promotora de inversión bursátil o sociedad anónima bursátil afectada, o bien, a petición de la Secretaría, previa opinión de la Comisión, siempre que así lo soliciten las víctimas u ofendidos que sean titulares de al menos el diez por ciento del capital social de la sociedad de que se trate...." En este sentido, y a efecto de satisfacer los requisitos de legalidad exigidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que requieren que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, así como el que se satisfaga la querella de un hecho que la ley señale como delito, la agente del Ministerio Público de la Federación mediante oficios FDFIN/1359/2016, del veintiuno de abril del dos mil dieciséis y FDFIN/3997/2016, del siete de septiembre del mismo año, solicitó al Director General de Delitos Financieros y Diversos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de acuerdo a sus facultades y atribuciones, manifestara si formulaba petición en la presente indagatoria y en respuesta a ello, el Director General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, mediante oficio 529-V-DGDFD-281-2017, del doce de mayo del dos mil diecisiete, hizo del conocimiento el oficio 211-3/23782-GGS/2017, del ocho de mayo del dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Delitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el cual emite opinión y llegó a la siguiente conclusión: ".ÚNICA.- En opinión de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, derivado de la valoración jurídica de que fueron objeto las constancias ministeriales que integran el duplicado de la Averiguación Previa número UEIDFF/FINM10/149/2016, se determina que las conductas desplegadas por los inculpados, en atención a su naturaleza y particulares características no materializan los presupuestos típicos a que se refiere el artículo 376 y 383 de la Ley del Mercado de Valores, ni algún otro de los previstos en el Título XIV Capítulo II, de la Ley del Mercado de Valores. Lo anterior, en la inteligencia de que esta opinión se emite en base a las constancias remitidas y se tuvieron a la vista, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes pueden aplicarse, por la comisión de otro u otros delitos.". Conclusión, ratificada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante comparecencia del Director General de Delitos y Sanciones de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que si bien es cierto el Director General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, no se pronunció expresamente sobre el hecho de que no iba a formular el requisito de procedibilidad, también lo es, que no indicó que se reservaba su derecho para hacerlo, pues lo único que hizo fue hacer un comunicado sin haberse pronunciado al respecto, sabiendo que tenía su derecho y no lo ejerció. Sirve de apoyo la siguiente tesis. "QUERELLA. CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, POR LO QUE ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO. La nueva integración de este órgano colegiado abandona la postura sostenida en la jurisprudencia consultable a fojas 331 y siguiente, Tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "QUERELLA, ESTUDIO IMPROCEDENTE DE LA, EN EL AMPARO DIRECTO.", que parte de dos razonamientos fundamentales para vedar el estudio de la querella en el amparo directo, que en esencia son: a) el hecho de que no constituye una violación contra las leyes que regulan el procedimiento; y, b) que tal cuestión sólo es reclamable por la vía de amparo indirecto. Ciertamente, en principio y contrario a lo anterior, conviene destacar que el artículo 158 de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo uniinstancial cuando se reclaman, entre otras, sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, respecto de las cuales no procede recurso ordinario por el que puedan ser revocadas o modificadas, sea que la violación se cometa en ellas o que, efectuada en el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. A su vez, el diverso 160 de la normatividad en cita, precisa algunos supuestos en los cuales, tratándose de juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento de manera que esa infracción afecte las defensas del quejoso; sin embargo, las fracciones que conforman tal precepto legal no abarcan todos los casos en que, ocurridas éstas, pueden ser materia de estudio en el amparo directo, ya que en la última de sus fracciones que es la XVII, se estiman como tales las que, a juicio de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, sean análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, según el caso. De igual forma, los artículos 110 y 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua establecen ciertos supuestos en los que es necesaria la querella de la persona ofendida o de sus representantes, y sin ella no podrá procederse contra los responsables lo que, desde luego, la convierte en un requisito de procedibilidad, pues necesariamente habrá de satisfacerse para que el agente del Ministerio Público pueda ejercer la acción penal. Por ello, la falta de querella o sus deficiencias no sólo afectan la legalidad de la orden de aprehensión o del auto de formal prisión, como se afirmó en la jurisprudencia en cuestión, sino también la de la sentencia condenatoria que se dicte, ya que sin la previa satisfacción de tal requisito de procedibilidad, no debe instruirse proceso al presunto responsable y, por ende, tales determinaciones, en sus diversas facetas, sin duda implican una transgresión a sus garantías individuales si se carece de tal querella o si ésta se encuentra deficientemente formulada, en los casos en que sea necesaria; por tal motivo, si al pronunciarse sentencia en la causa, sea en primera o segunda instancia, es factible analizar lo relativo al citado requisito de procedibilidad, es claro que tal cuestión igualmente puede ser motivo de estudio en el amparo directo, a través de las garantías contenidas en los artículos 14, párrafo segundo y 16, segundo párrafo, de la Constitución; en cuanto a la primera, porque la averiguación previa forma parte de un todo que es el proceso penal, cuya sustanciación habrá de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, y respecto de la segunda, por exigir la querella como requisito previo al acto de molestia en materia penal, siempre que no exista una resolución que decida ese punto antes del dictado de la sentencia definitiva, pues en ese caso daría lugar a su impugnación a través del ejercicio de la acción constitucional en la vía indirecta, por existir una resolución que, emitida dentro del procedimiento, fue contraria a los intereses del quejoso y que, en ese tenor, pudiera ser analizada por el Juez de Distrito previamente al pronunciamiento de la sentencia definitiva. Considerar lo contrario, implicaría que las deficiencias de la querella o su ausencia sólo pueden combatirse al reclamar la orden de aprehensión o el auto de formal procesamiento, surgiendo en esa medida y en perjuicio del sentenciado una presunción de validez no prevista en la ley, en aquellos casos en los que exista tal irregularidad, además de que en momento alguno debe perderse de vista que a favor del inculpado prevalece la suplencia de su queja deficiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que, aun sin agravio ante la autoridad común, o sin concepto de violación en el amparo, el estudio de la querella debe realizarse de manera oficiosa, más tratándose de un requisito de procedibilidad indispensable para fincar el juicio de reproche." En virtud de lo anterior, no se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad para que la Representante Social de la Federación pueda en consecuencia ejercer acción penal, por tanto, se actualiza el supuesto de la fracción VI del artículo 137, del Código Federal de Procedimientos Penales. QUINTO.- Cabe precisar que en el artículo 4, fracción I, Apartado A, inciso t), de la Ley Orgánica de la procuraduría General de la República, en relación con los artículos 2, fracción VIII, y 133, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, se establece la obligación por parte de la Representación Social de la Federación, de notificar de manera personal al denunciante, querellante, víctima u ofendido, su determinación de consultar el No Ejercicio de la Acción Penal, así como el término de quince días que tiene para inconformarse por escrito, mismo que comenzará a computarse a partir de haberse realizado la notificación, preceptos legales que en lo que interesa a continuación se trascriben: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República "ARTÍCULO 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende: A.- En la averiguación previa: . t).- Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u ofendido." Código Federal de Procedimientos Penales: "Artículo 2.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales. En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público: . VIII.- Acordar y notificar personalmente al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquellos formulen;." "ARTÍCULO 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por lo que se hubiere presentado querella, el denunciante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal." En cumplimiento a dichos preceptos legales, la autoridad ministerial, mediante cédula notificó la consulta de No Ejercicio de la Acción Penal, al denunciante Paulo Jenaro Díez Gargari el uno de diciembre del dos mil diecisiete, y se le hizo del conocimiento que contaba con un término de quince días hábiles para el efecto de que, de ser el caso, se inconformara de la misma, término que transcurrió, para entonces el veinte de diciembre del mismo año, recibir escrito de inconformidad. Ahora bien a efecto, de abordar el estudio de los mismos y si estos resultan o no procedentes, por cuestiones de método acorde a su redacción se procederá a analizar por argumento el escrito de inconformidad presentado por Paulo Jenaro Diez Gargari, para enseguida argumentar si le asiste o no la razón, tomando en consideración desde luego las constancias que obran en actuaciones, la consulta propuesta por la agente del Ministerio Público de la Federación integradora, y el dictamen elaborado por el agente del Ministerio Público de la Federación habilitado como Auxiliar del Procurador General de la República. Respecto al Primer Argumento, tenemos que manifiesta lo siguiente: ".En cuanto a la falta de requisito de procedibilidad, consistente en la petición por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exigido por el artículo 388 de la Ley del Mercado de Valores...afirma la Agente del Ministerial que si bien es cierto la Secretaría no se pronunció expresamente respecto de la petición que se le planteó, también lo es que del hacer conocimiento de esa representación social el contenido de la opinión de no delito del Director General de Delitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se puede tener por formulada la petición y en consecuencia no se tiene cubierto el requisito de procedibilidad. Esta consideración es ilegal: NO existe en la presente averiguación previa la negativa en forma expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no querer formular petición por los hechos denunciados. Si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una opinión en sentido negativo, ello es totalmente independiente de la manifestación y/o solicitud de querella -o no querella- de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La petición de persecución del delito pro (SIC) parte de la Secretaría no deriva ni depende de la opinión que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son dos actos jurídicos distintos e independientes entre sí, de naturaleza y consecuencias jurídicas diferentes Al respecto se considera que no le asiste la razón al inconforme debido a que los delitos que se investigan requieren necesariamente que sea cubierto el requisito de procedibilidad y tal como lo dispone el artículo 388 de la Ley del Mercado de Valores, en los siguientes términos: Artículo 388.- Los delitos previstos en esta Ley únicamente se perseguirán a petición de la Secretaría, previa opinión de la Comisión; salvo tratándose de los delitos previstos en los artículos 375, 377, 384 y 386 de esta Ley, en cuyo caso las víctimas o los ofendidos también podrán formular directamente la querella. Por lo que si bien es cierto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también resulta ser cierto que dicha dependencia gubernamental por su grado de especialización, es quien puede aportar los elementos técnicos necesarios para que dicha dependencia del Ejecutivo Federal pueda tener conocimiento del delito y del delincuente, al proporcionarle los informes o dictámenes, así como las pruebas necesarias; luego entonces, para formar el requisito de procedibilidad, lo debe hacer a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación y el órgano competente para ello, de acuerdo con su reglamento es la Subprocuradora Fiscal Federal de Investigaciones, de acuerdo con su reglamento interno y si dicha Subprocuraduría a través del Director General de Delitos Financieros y Diversos fue quien hizo del conocimiento de la Representante Social de la Federación el oficio 211-3/23782-GGS/2017, del ocho de mayo del dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Delitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el cual emite opinión en el sentido de que los hechos denunciados "no materializan los presupuestos típicos a que se refiere el artículo 376 y 383 de la Ley del Mercado de Valores, ni algún otro de los previstos en el Título XIV Capítulo II, de la Ley del Mercado de Valores". Ello implica que quien puede y está facultado para formular querella no lo hizo y tampoco manifestó su deseo de hacerlo. Por lo que hace al Segundo Argumento, indica: En cuanto a la atipicidad por falta de adecuación de la conducta denunciadas, con el tipo penal previsto en los artículos 367 y 383 de la Ley del Mercado de Valores y por inexistencia de un elemento que integra la descripción típica del delito, se expone lo siguiente: En su propuesta de no ejercicio de la acción penal, la agente ministerial concluye que no se desprende que Concesionaria Mexiquense, S. A. de C.V., y OHL MÉXICO, S. A. DE C.V., haya realizado alguna de las conductas descritas en algún tipo penal de la Ley del Mercado de Valores, toda vez que de las constancias que integran la averiguación previa (consistentes, entre otras, en el evento relevante difundido públicamente por OHL MÉXICO, por conducto de la Bolsa Mexicana de Valores, el 25 de octubre de 2015, la notificación de inicio de procedimientos administrativos y de sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra de OHL MEXICO y CONCESIONARIA OHL,, los estados financieros de OHL que fueron auditados por DELOITTTE y la oferta pública a certificados bursátiles de Concesionaria OHL el 29 de agosto de 2014), se concluye que la naturaleza contable diversa de dichas constancias, impide que puedan ser equiparables, tratándose de soportes contables distintos, por lo que no se acredita que dicha empresa hayan (sic), proporcionado datos falsos en los documentos, informes, dictámenes presentados. Esta afirmación o lo poco que de ella se entiende constituye una apreciación personal objetiva de la agente ministerial carente de fundamentación y motivación, pues esta última en ningún momento realizó una valoración lógica-jurídica y sistemática de todos y cada uno de los elementos de prueba obrantes en el expediente que integra la presente averiguación previa y que la llevaron a emitir aquella conclusión, sino que se limitó a enlistar de manera resumida las pruebas que obran en la presente indagatoria sin siquiera entrar al estudio de valoración jurídica de las mismas. Contrario a lo que afirma la Agente del Ministerio Público de la Federación, las pruebas que el suscrito aporte a lo largo de esta investigación sí acreditan que la persona moral denominada CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. y la persona moral denominada OHL MÉXICO, SAB DE C.V., difundieron a través de la Bolsa Mexicana de Valores, información falsa respecto de sus ingresos y utilidades, así como respecto de sus activos y capital contable, entre otros, con lo que indujeron a error público inversionista en los términos expuestos en mi denuncia inicial y posteriores ampliaciones. Al respecto, se considera que parcialmente le asiste la razón, pues aun cuando los argumentos respecto de los elementos de los tipos penales en cuestión son acertados a la fecha no existe evidencia de que se hubiera inducido a un error del público inversionista, cabe indicar que para el caso que nos ocupa no resulta necesario el demostrar acreditados los elementos de los delitos en estudio, dado que no se cuenta con el requisito de procedibilidad por parte de la autoridad que puede ejercer tal derecho, luego entonces, el dicho del denunciante carece de validez para la impugnación de la consulta, pues únicamente puso en conocimiento de la Representación Social de la Federación hechos posiblemente delictivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: QUERELLANTE. SU FALTA DE PERSONALIDAD NO ES IMPUGNABLE EN LA VÍA INCIDENTAL. La falta de personalidad del querellante es un requisito de procedibilidad que debe ser analizado por el juzgador natural o por el superior jerárquico, en su caso, ya sea al momento de dictarse la orden de aprehensión, el auto de formal prisión o la sentencia correspondiente; por tanto, no debe ventilarse y decidirse en la vía incidental, como incidente no especificado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. En consecuencia, es desestimar por inoperantes las manifestaciones que a manera de inconformidad realiza el denunciante. Sirva de apoyo a tal consideración, en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en la tesis de jurisprudencia 2o. J/1, con número de registro 2010038, visible en la página 1683, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.- De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. Así como la jurisprudencia emitida en la 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Octubre de 2004; Pág. 2355, cuyo contenido se desprende: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES SOBRE DESISTIMIENTO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CARECE DEL MISMO EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO. Si bien es cierto que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la impugnación por vía jurisdiccional de las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y el artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de garantías ante el Juez de Distrito, cuando el acto reclamado sea una de esas determinaciones, también lo es que no en todos los supuestos el denunciante tiene interés jurídico para promover el referido juicio toda vez que para ello se requiere que con tal determinación de la autoridad responsable se afecte su esfera jurídica, supuesto que sólo se actualiza cuando tiene el carácter de víctima u ofendido por el delito, por lo que de no ser así, el juicio de amparo es improcedente de conformidad con la fracción V del artículo 73 de la ley de la materia al carecer de interés jurídico para promoverlo en relación con el numeral 80 de la citada ley, al señalar que la sentencia concesoria tiene por efecto restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, lo cual se traduciría en resultados reales y objetivos, ya que no es función del juicio constitucional el mero esclarecimiento de problemas teóricos o hipotéticos, además de que, de acuerdo con el principio de relatividad, si dicha sentencia sólo beneficia al quejoso, el presupuesto necesario es que se afecte su esfera de derechos con el acto de autoridad." Por lo expuesto, es de reiterar la procedencia de la consulta de no ejercicio de la acción penal planteada por la agente del Ministerio Público de la Federación investigadora en la averiguación previa averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016. SEXTO. Ante esto se concluye que la Representante Social de la Federación, se encuentra impedida para consignar la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, de conformidad con lo establecido por la fracción VI, del artículo 137, del Código Federal de Procedimientos Penales, que en lo conducente precisa: "El Ministerio Público no ejercitará la acción penal: VI. En los demás casos que señalen las leyes;". Por tanto es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO.- Se autoriza en definitiva el No Ejercicio de la Acción Penal, de la indagatoria UEIDFF/FINM10/149/2016, con base en los razonamientos y fundamentos emitidos en el apartado de los considerandos que antecede, de conformidad en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. SEGUNDO.- Remítase la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, integrada como sigue: TOMO I constante de 1101 fojas útiles, TOMO II constante 278 fojas útiles, así como ANEXO I constante de 279 fojas útiles y ANEXO II constante de 1529 fojas útiles; así como el dictamen y la presente autorización, al agente del Ministerio Público de la Federación Investigador, quien deberá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al denunciante, la presente resolución en términos de Ley." De los antecedentes del acto reclamado antes precisados, se advierte que el Subrpocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales; al estimar que no se acreditó el requisito de procedibilidad respecto de los delitos denunciados, de conformidad con el artículo 388 de la Ley del Mercado de Valores, el cual refiere que los delitos previsto en esa normatividad únicamente se perseguirá a petición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; institución que no formuló querella, no obstante se habérsele hecho de su conocimiento mediante oficio 6736/2016. Así, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en el acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, que autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa UEIDFF/FINM10/149/2016, no le puede causar perjuicio alguno, pues de las constancias de referencia se advierte que el quejoso presentó su denuncia con motivo de delitos contemplados en los artículos 376 y 383 de la Ley del Mercado de Valores; sin embargo, la investigación que se inste respecto de dichos ilícitos, deberá necesariamente contar con el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículos 388 del mismo ordenamiento, lo que no aconteció. En ese sentido al no contar con el requisito necesario consistente en la querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los hechos no podría repararle perjuicio al quejoso y razón por lo que no tiene interés jurídico. Tan es así, que cuando el quejoso denunció, el ente ministerial integrador, el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, por medio de diversos oficios dirigidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procurador Fiscal de la Federación, Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, Director General Adjunto de Delitos "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, les comunicó la presentación de la denuncia y solicitó el requisito de procedibilidad, en términos del artículo 388 de la Ley del Mercado de Valores. Así, el quejoso no demostró tener interés jurídico en el presente juicio de amparo, el cual es un presupuesto indispensable para su procedencia del juicio de amparo. Tal como lo sustenta la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Así como la tesis 1503, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. De acuerdo con los artículos 107, fracción I constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, y si en el caso el promovente no demostró esa circunstancia, es legal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, independientemente de que, por sí sola, manifieste que es causante del impuesto que se impugna en el juicio. El interés jurídico debe estar fehacientemente probado sin que, por tanto, pueda establecerse en forma presuntiva, según lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal; consecuentemente, no es factible estimar que la quejosa acreditó su interés jurídico aduciendo que sería absurdo pensar lo contrario cuando espontáneamente ha manifestado ser causante del impuesto que reclama, ya que ello equivaldría a aceptar un interés jurídico presuntivo. Cabe precisar que conforme al artículo 6º y la fracción XII del artículo 61, interpretada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a la parte quejosa y no al Juez de Distrito. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. Por consiguiente, la insatisfacción de ese requisito impide a este órgano de control constitucional examinar el fondo del asunto así como los conceptos de violación, al no haberse acreditado su interés jurídico, ni tampoco se advierte tal circunstancia de las constancias de las que deriva el acto reclamado. Bajo ese contexto, al no haberse demostrado el interés jurídico que asiste a la parte quejosa para promover este juicio de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de esa misma ley, lo procedente en el caso es sobreseer el presente juicio de amparo. Se sustenta lo anterior, en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, cuyo tenor literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO, SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE. La falta de comprobación del interés jurídico para promover el amparo, que se deriva de que no se llega a demostrar ser titular del derecho o estar en la situación de hecho, no provoca la negativa del amparo, ya que esto depende, no de la inexistencia del derecho o del hecho referidos, sino de que, aun cuando ellos existan, su afectación no sea violatoria de garantías constitucionales. De lo que resulta que, cuando ocurre aquella falta de comprobación, es inútil entrar al estudio de la ilegalidad del acto impugnado, el cual de ninguna manera afecta el interés jurídico de la supuesta agraviada, y lo procedente es sobreseer con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. QUINTO. Protección de datos personales. En otro orden de ideas, pese a que las partes no se opusieron expresamente a que se publicaran su nombre y datos personales, de oficio este juzgado ordena la protección de tales datos; por lo que la presente sentencia se encontrará a disposición del público para su consulta, pero con la supresión de los datos personales, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Paulo Jenaro Díez Gargari, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se tienen protegidos los datos personales de las partes de acuerdo a lo determinado en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez de Distrito Julio Veredín Sena Velázquez, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario, Bruno Domínguez Serrano con quien actúa y da fe de las actuaciones. Doy fe.
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