Paulo Javier Rodríguez Cantellano
Expediente 1189/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Paulo Javier Rodríguez Cantellano
- Jorge Armando Avendaño Arellanes (Defensor)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Puebla, Puebla, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO DE CONSTANCIAS DE JUSTIFICACIÓN Agréguese a sus autos el oficio del VÍCTOR ABRAHAM SILVIA SAVIÑÓN LÓPEZ, JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN TEPEACA, PUEBLA, recibido vía correo electrónico, visto su contenido, téngasele acusando recibo respecto de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.
- Principal
Puebla, Puebla, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés REMITEN TESTIMONIO DE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de agosto del año en curso, dictada dentro recurso de revisión número R-146/2023, el expediente de amparo número 1189/2022 y dos discos ópticos en formato DVD, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió confirmó la sentencia emitida por este juzgado, por la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es CONSERVABLE de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. 2. Incidente de suspensión. En relación al cuaderno incidental, es CONSERVABLE de conformidad con el arábigo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo general aludido, pues se concedió la medida cautelar solicitada en forma definitiva, debiéndose conservar en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 8, fracción II. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la jueza de Control con sede en Tepeaca, Puebla, los dos discos versátiles digitales que acompañó como justificante; en ese sentido, se le requiere para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en términos con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE
- Principal
Puebla, Puebla, a dos de mayo de dos mil veintitrés. INTERPONE REVISIÓN VS SENTENCIA Agréguese a los autos el escrito signado por *** abogado autorizando en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ***, misma que fue recibida de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, atento al contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de abril del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE, y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO, POR OFICIO VÍA ELECTRÓNICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AUTORIDAD TERCERA INTERESADA Y ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1189/2022, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, recibida en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ********************, por conducto de su defensor particular ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que atribuyó al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Puebla. Dicho acto lo hizo consistir en el siguiente: -La resolución de uno de octubre de dos mil veintidós dictada en la carpeta judicial administrativa ********************, por la cual resolvió en forma negativa el sobreseimiento de la causa. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró el escrito de demanda con el número 1189/2022, la admitió a trámite, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación de esta adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró conforme al cuerpo de acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado la tiene para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción y se reclama un acto de naturaleza penal, de tal suerte que se actualiza la competencia territorial y material. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que el quejoso reclama en esta vía constitucional al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Puebla, lo siguiente: - La resolución de uno de octubre de dos mil veintidós dictada en la carpeta judicial administrativa ********************, que niega el sobreseimiento de la causa. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Puebla, en apoyo a su informe justificado con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, pues de su contenido se advierte que el uno de octubre de dos mil veintidós en la carpeta judicial administrativa ******************** de su índice, desechó el sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa del aquí quejoso. CUARTO. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta deficiencia que deba ser suplida en su favor en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la Materia. Para estimarlo así, es necesario precisar que el artículo 328 de Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el sobreseimiento de la causa es la resolución a través de la cual se pone fin al procedimiento respecto del imputado y la cual hace las veces de sentencia absolutoria, impidiendo que se realice una nueva investigación respecto del mismo hecho y hace que cesen los efectos de las medidas cautelares que en su caso se hubiesen decretado. Así mismo, el diverso 327 del mismo ordenamiento legal prevé que el Ministerio Público, el imputado o su defensor pueden solicitar el sobreseimiento de la causa ante el órgano jurisdiccional correspondiente en los supuestos siguientes: - El hecho no se cometió o cometido éste no constituye delito. - Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. - El imputado esté exento de responsabilidad penal. - Agotada la investigación la representación social no cuente con elementos suficientes para fundar su acusación - Se extinguiera la acción penal. - Se derogue el delito. - El hecho imputado haya sido materia de otro proceso penal en el que se dictó sentencia firme al imputado. - Muerte del imputado. Así, una vez recibida la solicitud el órgano jurisdiccional la notificará a las partes, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente, la cual tendrá verificativo dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin que sea necesaria para llevar a cabo la citada audiencia la comparecencia de la víctima y del imputado. También los artículos 329 y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que el sobreseimiento puede ser total o parcial, es total cuando se decreta por todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado en particular, en este último caso se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o imputados a los que no beneficie aquel. El juez de control al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento podrá rechazarla o bien decretar el mismo, incluso por distintos motivos al que se le planteó y en el supuesto de que la víctima u ofendido se opongan, debe pronunciarse con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa, en el caso de que se admitan las objeciones de la víctima u ofendido se denegará la solicitud de sobreseimiento y en el supuesto de que no medie oposición se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el uno de octubre de dos mil veintidós en la continuación de la audiencia de vinculación a proceso en la carpeta judicial administrativa ******************** del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Puebla, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por considerar que probablemente intervino en el hecho con apariencia del delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado por los artículos 252 y 253, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla. Así, en la misma audiencia la defensa del aquí quejoso solicitó el sobreseimiento de la casusa al estimar que se actualizaba lo previsto en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, pues refirió que se vinculó a proceso al imputado por el hecho con apariencia de delito de falsificación de documento por haber plasmado su firma en un instrumento notarial respecto de la compraventa de un inmueble denominado como ********************, actualmente calle ******************** número ********************del Conjunto Habitacional Chapulco, número 1333********************de la ********************, de la Colonia ********************, dado que no obra dato de prueba que acreditara la existencia de dicho inmueble; y, si bien fue vinculado conforme a lo previsto en los artículos 252 y 253, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, dicho ordenamiento en el artículo 251 establece los requisitos para que la actividad de falsificación de documentos se considere delictiva, requisitos que no fueron reunidos, ya que en el cuadro fáctico y auto de vinculación a proceso no se advirtió la obtención de lucro o provecho alguno, además no se causó daño alguno al no haberse acreditado la existencia del inmueble, ni se inscribió la escritura en el registro público (22:41:38 a 22:45:14 horas del DVD 2). Previo ejercicio de réplica y contrarréplica que realizaron las partes, el juez del proceso resolvió que el auto de vinculación a proceso se dictó por la conducta típica prevista en el artículo 253 del Código Penal en el Estado de Puebla, en su modalidad de uso de documento falso (sic), en tanto que la defensa sustentó su petición en el diverso 251 del citado ordenamiento legal, mismo que guarda estrecha relación con la falsificación de documentos en general, pues de su contenido se advierte que a efecto de que la que la falsificación de documentos sea una conducta punible se requiere que concurran los requisitos previstos en dicho numeral; sin embargo, la responsable aseveró que el hecho con apariencia de delito no es el de falsificación de documento en general, sino una de sus modalidades, prevista en el artículo 252 y 253, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla. Señaló la responsable que la defensa no incorporó información novedosa para que prosperara su pretensión, pues únicamente hizo aseveraciones de argumentos que ya fueron ventilados en el auto de vinculación a proceso, máxime que si en el caso hubiera sido aplicable lo previsto en el articulo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, se hubiera realizado pronunciamiento al respecto, razón por lo cual no resultaba procedente el incidente de sobreseimiento (23:13:00 a 23:14:39 horas del DVD 2). Determinación que constituye al acto reclamado. Al respecto, se advierte que el acto reclamado satisface los requisitos legales para su emisión, pues se realizó conforme a las reglas previstas para ello en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, una vez que fue efectuada la solicitud de sobreseimiento, el juez en la audiencia de uno de octubre de dos mil veintidós otorgó oportunidad a la defensa para que expusiera los motivos y fundamentos de su pretensión, posteriormente brindó oportunidad al representante social para ejercer su derecho de réplica, consecuentemente a la defensa para que realizara contrarréplica; y finalmente pronunció la resolución correspondiente; de ahí que el mismo se hubiera emitido conforme el procedimiento establecido para ello. En esa tesitura, asiste razón al juez del proceso al referir que no era procedente decretar el sobreseimiento, pues como lo precisó, el quejoso fundó su solicitud en el artículo 251 del Código Penal para el Estado de Puebla; y si bien el quejoso refirió que en el cuadro fáctico y auto de vinculación a proceso no se hizo referencia a que el imputado hubiera obtenido beneficio alguno en su favor, además de que no se acreditó la existencia del inmueble objeto de la escritura pública, ni se realizó inscripción alguna en el Registro Público; lo cierto es que el auto de vinculación a proceso decretado en contra del impetrante se ocupó del hecho con apariencia de delito de falsificación de documentos en general previsto y sancionado por los artículos 253, fracción II, 252 del Código Penal del Estado de Puebla; no así, por la conducta prevista en el diverso 251 de dicho ordenamiento legal. En efecto, lo anterior es así debido a que la conducta delictiva que hace alusión el quejoso prevista en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, difiere de la establecida en los numerales 252 y 253, fracción II del mismo ordenamiento legal, para afirmarlo así es necesario transcribir el primero de los preceptos en cita, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 251 Para que la falsificación de documentos sea delictiva, se necesita que concurran los requisitos siguientes: I. Que el falsario saque o se proponga sacar algún provecho para sí o para otro o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a otra persona; II.- Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado, a un Municipio o a un particular, en sus bienes, persona, integridad, honor y dignidad; III. Que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquélla en cuyo nombre se hizo el documento". De tal precepto se obtiene como requisitos para que la conducta típica de falsificación de documento sea punible, que el falsario saque o se proponga sacar algún provecho para sí o para otro; o bien, cause perjuicio a la sociedad, Estado u otra persona; que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, Estado, Municipio o particular, en sus bienes, persona, integridad, honor y dignidad; y, que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio a cuyo nombre se hizo el documento. En tanto, los artículos 252 y 253, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, en los cuales se sustentó la conducta atribuida al imputado, son del contenido siguiente: "Artículo 252 El delito de falsificación de documentos privados se sancionará con prisión de uno a cincos años y multa de diez a quinientas Unidades de Medida y Actualización. Cuando se trate de un documento público, se sancionará con prisión de dos a ocho años de prisión y multa de doscientas a mil Unidades de Medida y Actualización. Artículo 253 Incurrirán también en las sanciones señaladas en el artículo que antecede: II. El Notario o cualquier funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o dé fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos;" De tales preceptos se advierte una modalidad diversa de la conducta del hecho con apariencia de delito de falsificación de documento, cuyos elementos requieren que el Notario o cualquier funcionario en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o dé fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos. Así, de la confrontación de dichos numerales se advierte que las conductas típicas previstas en dichos preceptos difieren entre sí, es decir, la primera requiere que el falsario obtenga un lucro o provecho en perjuicio de la sociedad, Estado, Municipio o persona y, que la falsificación se realice sin consentimiento de la persona a quien se perjudique; en tanto la segunda requiere que un Notario expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o dé fe de lo que no consta en protocolos o documentos. De ahí que como lo consideró la responsable, la pretensión de la defensa se fundó en un precepto legal -artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla- que no fue objeto de estudio para adecuar la conducta típica del hecho atribuido al imputado, por lo cual no era posible establecer que tal precepto guardara estrecha relación con el hecho en estudio; pues como lo refirió, el delito en cuestión, si bien es el de falsificación de documento, lo cierto es que se está ante una de sus modalidades, misma que no encuadra en lo previsto en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, pues en el caso lo es la establecida en el artículo 252 y 253 fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, preceptos legales que para calificar la conducta típica no requieren la obtención de un lucro, si no únicamente que un notario certifique hechos que no sean ciertos, o bien, de fe de lo que no obra en protocolos o documentos. Por tanto es ajustado a derecho que el juez estableciera que no es necesario que concurran los requisitos previstos en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, para acreditar el hecho con apariencia de delito por el cual se vinculó a proceso al imputado. Así mismo, correctamente refirió la responsable que la defensa no hizo alusión a información novedosa a efecto de hacer procedente el sobreseimiento de la causa que solicitó, pues como lo señaló, únicamente se constriñó a realizar manifestaciones relativas a los datos de prueba que fueron analizados al momento de dictar el auto de vinculación a proceso, pues no se advierte que en momento alguno éste hubiera referido si se actualizaba alguno de los supuestos previstos en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues únicamente soslayó en referir que no se acreditaron los elementos previstos en articulo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, precepto legal distinto que prevé el hecho con apariencia de delito que le fue imputado. A mayor abundamiento cabe señalar que la pretensión de la defensa del quejoso se basó en el hecho imputado y en la clasificación realizada por el juez de control, es decir, a su consideración existe atipicidad porque no se colmó la existencia de ciertos hechos para actualizar el hecho con apariencia de delito de falsificación de documentos previsto u sancionado en los artículos 252 y 253, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla. Sin embargo, esa pretensión lo que en realidad cuestiona es la propia determinación adoptada en el auto de vinculación a proceso, lo cual no es propio de la solicitud de sobreseimiento, pues a través de este incidente no es posible analizar el auto de vinculación a procedimiento, sino en su caso analizar si se surte alguno de los requisitos que al efecto establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ver si se actualizaba el sobreseimiento de la causa. De ahí que sea ajustado a derecho que el Juez responsable concluyera que no resultaba procedente el incidente de sobreseimiento solicitado. Enseguida se analizan los conceptos de violación, expuestos por la parte quejosa. El quejoso arguye que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio lo previsto en el artículo 1 constitucional. Al respecto, no asiste razón a la parte quejosa, porque del análisis del acto reclamado no se advierte de forma alguna que la responsable hubiera desconocido en su perjuicio alguno de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte conforme lo previsto en su artículo 1 constitucional, pues en la especie respetó, protegió y garantizó la tutela de los derechos fundamentales del aquí quejoso atento a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; ya que no se advierte que el imputado hubiera sido objeto de discriminación de género, edad, capacidad, condición social, salud, religión o preferencias; o bien, de algún acto tendente a menoscabar su dignidad humana. Por otra parte, el quejoso refiere que se viola en su perjuicio de debido proceso previsto en los artículos 14 y 1********************constitucionales. Al respecto no asiste razón a la parte quejosa al argüir tales violaciones, para estimarlo así es necesario señalar que el debido proceso legal permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva en condiciones de igualdad procesal, como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En el caso, el acto reclamado cumple con lo dispuesto en los artículos 14 y 1********************constitucionales, pues la parte quejosa reclamó la resolución de uno de octubre de dos mil veintidós que declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento de la causa que se sigue en su contra por el hecho con apariencia del delito de falsificación de documentos en general, previsto y sancionado por los artículos 252 y 253, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla. Además, no se advierte que se haya dado efecto retroactivo a ley alguna en su perjuicio. Así mismo, atento a reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, se encuentran satisfechas las formalidades previstas en los artículos 327 a 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el caso el juez permitió a la defensa solicitar el sobreseimiento de la causa durante la audiencia de vinculación a proceso, dio la oportunidad de exponer los motivos y fundamentos de su pretensión, otorgó la palabra al Ministerio Público y posteriormente a la defensa para que ejercieran su derecho de réplica y contrarréplica y finalmente resolvió conforme a derecho. También, el acto reclamado satisface el diverso requisito de fundamentación y motivación exigido, ya que el juez invocó los artículos aplicables al caso en concreto, expuso las razones y consideraciones en que sustentó la improcedencia del sobreseimiento solicitado. Tampoco asiste razón al quejoso al argüir que la responsable transgredió en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. Esto, porque no se advierte que en el caso se hubiera realizado señalamiento alguno en su contra que lo calificara planamente como culpable de la comisión del hecho que se le imputó, y mucho menos la existencia de alguna circunstancia que hubiera incidido de forma negativa en su trato. Además, no se advierte la existencia de circunstancia alguna que alterara la determinación emitida por la responsable, o bien, incidiera en su proceder. En esa tesitura, el acto reclamado no vulnera el principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, pues hasta este momento, en el particular, se han cumplido con los requisitos legales exigidos en la normatividad aplicable. Por otra parte, el quejoso arguye que no se satisficieron los requisitos previstos en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, en virtud de que la responsable no se hizo cargo de establecer el lucro que obtuvo el activo ni justificó el daño probable ocasionado, ni se evidenció que existiera el inmueble identificado como ********************, actualmente calle ******************** número ********************del Conjunto Habitacional Chapulco, número 1333********************de la ********************, de la Colonia ********************, respecto del cual se expidió la escritura pública tildada de falsa; máxime que el ministerio público afirmó que el lucro no fue señalado en el cuadro fáctico y que el hecho se cometió en agravio de ********************, por lo cual no se actualizaron los requisitos exigidos para acreditar la existencia del delito de falsificación de documento previsto en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla; con lo cual se trasgredió el principio de legalidad y exacta aplicación de la norma. No asiste razón al quejoso al argüir tales motivos de disenso, debido a que como correctamente lo precisó la responsable la conducta atribuida al quejoso no exigía como requisito para su existencia, como lo pretende hacer notar el solicitante de amparo, que se hubiera obtenido determinado lucro, o bien, se hubiera causado afectación alguna a terceros; esto ya que el hecho materia de estudio por el cual se le vinculó a proceso corresponde a una de las modalidades del delito de falsificación de documento, es decir la conducta prevista en los artículos 252 y 253, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, la cual, como se ha dejado de manifiesto exige como elementos que un Notario Público expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o bien, dé fe de lo que no consta en protocolos o registros; no así que con un documento falso hubiera obtenido un beneficio o lucro. Por lo anterior, resulta evidente que no se transgredió el principio de legalidad y exacta aplicación de la norma, pues la responsable citó los preceptos aplicables al caso en concreto, además precisó los motivos y razones por los cuales no era posible establecer que el hecho por el cual se le vinculó a proceso exigiera diversos requisitos a los a los previstos en los artículos 252 y 253, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla. Tal es así que la responsable destacó que no era de observarse lo previsto en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla, pues la conducta por la cual se vinculó a proceso al imputado es la de falsificación de documento en una de sus diversas modalidades, esto es la prevista en los artículos 252 y 253, fracción II del mismo ordenamiento legal, tipo penal que no requiere la obtención de un lucro en perjuicio de terceros o bien, que deba acreditarse la existencia de determinado inmueble. Esto, debido a que la conducta generadora de la causa penal requiere como elementos que un Notario Público, como en el caso, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o bien, dé fe de lo que no consta en protocolos o documentos. Además, no se advierte que la parte quejosa hubiera aportado diversos elementos o datos de prueba que hicieran patente que respecto del hecho imputado al quejoso, se actualizaba alguno de los supuestos previstos en el artículo 327 de Código Nacional de Procedimientos Penales; pues únicamente argumentó en referir que no se acreditaron los elementos previstos en artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla; esto conforme a los datos de prueba analizados al momento de dictarse el auto de vinculación a proceso. En esa tesitura es necesario precisar que la responsable está impedida para revalorar los datos de prueba que en su momento fueron expuestos en la vinculación a proceso y para sustentar la solicitud de sobreseimiento, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los antecedentes de investigación y elementos de convicción aportados y desahogados en la audiencia de vinculación a proceso que sirvieron de sustento para su dictado, carecen de valor para sustentar una resolución diversa. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación sin que en el caso se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso respecto de la resolución de uno de octubre de dos mil veintidós dictada en la carpeta judicial administrativa ********************. QUINTO.- PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 65, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Puebla, consistente en la resolución de uno de octubre de dos mil veintidós decretada en la carpeta judicial administrativa ********************; conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA, PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.
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