Paulo Hanhausen Brunel

Expediente 448/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Paulo Hanhausen Brunel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, proveniente del Juzgado Vigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveniente de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  3. Principal

    *CITATORIO.- Se ordena notificar al tercero interesado el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, así como la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, que en lo conducente dicen: "En la Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación realizada al tercero interesado, respecto de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte; en esas condiciones, túrnese el citatorio correspondiente con los insertos necesarios al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio señalado por dicho tercero interesado, ubicado en: *********, en esta ciudad, y previo cercioramiento de que allí puede ser localizado, proceda a realizar la notificación de la referida sentencia y el presente proveído, inclusive en días y horas inhábiles. Por otra parte, agréguese el oficio proveniente de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y como los solicita, hágase de su conocimiento que el veintiocho de febrero de dos mil veinte se dictó sentencia, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 5 y 6 del considerando segundo, por las razones apuntadas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 1 y 2 del considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 3 y 4 del considerando segundo de esta sentencia, para los efectos indicados en el diverso octavo del propio fallo." Asimismo, infórmese a la oficiante que dicho fallo aún no queda firme, pues como se advierte de lo acordado en líneas que anteceden, se ordenó su notificación al tercero interesado. Designación de nuevo titular. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso." "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 448/2019-II, promovido por *********, contra actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. (.) QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, en el presente juicio, respecto de los actos reclamados siguientes: -Resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Toca 591/2019/57, que confirmó el auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se dejó sin efectos el auto de treinta y uno de enero de ese año, en el que no se tuvieron por rendidas las cuentas de administración, y en su lugar, respecto al escrito a través del cual ********* desahogó la vista con las cuentas rendidas por el albacea, se remitió al diverso auto de dieciocho de enero del año mencionado, en el que se tuvieron por rendidas las cuentas de administración de la sucesión a bienes de *********, y se ordenó dar vista a los coherederos, para que manifestarán lo que a su derecho correspondiera. - Resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Toca 592/2019/58, que confirmó el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, en el que no se acordó de conformidad lo solicitado por el quejoso para que se deje sin materia el incidente de oposición a las cuentas rendidas por el albacea. Se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Los actos cuya ejecución es de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 3ª./J.43 29/89, de la Octava época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, que literalmente establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por otra parte, los artículos 785, 786, 787 y 788, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, disponen lo siguientes: "Artículo 785. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I.- El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II.- Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III.- Lo relativo al nombramiento, no aceptación o remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV.- Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o (sic) de tutores; V.- Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos." "Artículo 786. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I.- El inventario provisional del interventor; II.- El inventario y avalúo que forme el albacea; III.- Los incidentes que se promuevan; IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo." "Artículo 787. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; III.- La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal." "Artículo 788. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I.- El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.- El proyecto de partición de los bienes; III.- Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV.- Los arreglos relativos; V.- Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.- Lo relativo a la aplicación de los bienes." De las anteriores normas, se advierte que un juicio sucesorio comprenderá de cuatro etapas, que son: 1. La primera sección se llamará de sucesión, la que comprenderá el testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; lo relativo al nombramiento, no aceptación o remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. 2. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá el inventario provisional del interventor; el inventario y avalúo que forme el albacea; los incidentes que se promuevan; la resolución sobre el inventario y avalúo. 3. La tercera sección se llamará de administración y contendrá todo lo relativo a la administración; las cuentas, su glosa y calificación y la comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal. 4. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; el proyecto de partición de los bienes; los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; los arreglos relativos; las resoluciones sobre los proyectos mencionados y lo relativo a la aplicación de los bienes. Por otra parte, algunos tribunales colegiados, han establecido que las diversas secciones integrantes de un juicio sucesorio tienen un objeto especial y se resuelven por separado; por ello, en esta clase de juicios no existe una sentencia definitiva (salvo la referente a la adjudicación de bienes) que abarque todo el procedimiento, por tanto, lo resuelto en una de esas secciones, a fin de estar en posibilidad legal de que se reparen las omisiones o violaciones cometidas, deben impugnarse en amparo indirecto, cuando se concluya dicha etapa, por tratarse de actos en el juicio, cuya ejecución no es de imposible reparación. Así se desprende de la tesis aislada, visible en la página 1025, Tomo III, Marzo de 1996, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUCESIONES, RESOLUCIONES EN LAS. PROCEDENCIA DEL AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Las diversas secciones integrantes de un juicio sucesorio tienen un objeto especial y se resuelven por separado; por ello, lo resuelto en los incidentes de nulidad de actuaciones y de petición de herencia hechos valer en una de esas secciones no puede alegarse como violación a las leyes del procedimiento en el amparo directo que llegare a promoverse en contra de la sentencia definitiva en términos del artículo 107, fracciones V y VI, constitucional, puesto que en esta clase de juicios no existe una sentencia definitiva (salvo la referente a la adjudicación de bienes) que abarque todo el procedimiento y por ende no cabe la posibilidad legal de que se reparen las omisiones o violaciones cometidas en el curso del juicio de que se trata. Así, tales resoluciones han de impugnarse en amparo indirecto ante Juez de Distrito, por tratarse de actos en el juicio, cuya ejecución es de imposible reparación previstos por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia." También se desprende de la tesis aislada visible en la página 2258, Tomo XXXIV, Julio de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL. El juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que se integra de cuatro etapas (independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado) que se encuentran contenidas en los artículos 785, 786, 787 y 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales, incluso, pueden iniciarse simultáneamente, tal como lo establece el artículo 784 de dicha legislación procesal, de no existir impedimento jurídico alguno. Las secciones primera, segunda y tercera no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida esa etapa, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio universal sucesorio (son impugnables, una vez cumplido el principio de definitividad, en amparo indirecto), sino que esto acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición y adjudicación de los bienes e, indudablemente, para que proceda su pronunciamiento, es requisito necesario que se encuentren concluidas las secciones que le preceden, dado que dicha sentencia definitiva parte de la base de que fueron superadas las cuestiones concernientes a la validez del testamento y la declaración de los herederos, la aprobación de los inventarios y avalúos de los bienes integrantes de la masa hereditaria y la administración de bienes. En consecuencia, los conceptos de violación que se expresan en un juicio de amparo directo deben tener relación con la cuarta sección y no con las otras tres secciones, ya que lo determinado en éstas no es materia de examen en ese juicio." En la especie, las resoluciones de diez de abril de dos mil diecinueve, dictadas en los Tocas 591/2019/57 y 592/2019/58, en las que se confirmaron los autos dictados en la sección tercera, relativa a la rendición de cuentas del albacea, en los que se dejó sin efectos el auto en el que no se habían aprobado las cuentas y se regularizó el procedimiento para que el escrito presentado por el diverso heredero **********, en el que desahogó la vista con las cuentas rendidas se estuviera al auto en el que se tuvieron por rendidas las cuentas y se negó dejar sin materia el incidente de oposición a las cuentas rendidas por el albacea promovido por el quejoso, pues su petición la había fundado en el auto que se dejó sin efectos; no constituyen actos que tengan una ejecución de imposible reparación, ya que no tienen como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Lo anterior es así, pues será hasta que se concluya la sección tercera, relativa a la administración, cuando, a través del recurso correspondiente, en el que se impugne esa determinación y, posteriormente, a través del juicio de amparo indirecto, este en posibilidad legal de combatir las resoluciones reclamadas, introduciéndolas como violación procesal acontecidas en dicha tercera sección. De ahí que se afirme, que lo que combate tiene naturaleza intraprocesal y, por ello, no afecta en ninguna forma sus derechos sustantivos constitucionales, pues solo producen efectos de carácter formal o adjetivo, ya que, únicamente, incide en el curso natural de la tercera etapa del juicio natural, pues será hasta que se dicte la resolución que la concluya, en la que en todo caso le pueda causar agravio a su esfera jurídica. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, registro 2006338, que literalmente establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En esas condiciones, las resoluciones que constituyen los actos reclamados en estudio, sólo producen efectos de carácter intraprocesal que no afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no está en juego ningún derecho humano reconocido en la Constitución ni en los tratados internacionales en los que México es parte. Además, existe la posibilidad de que la sentencia que posteriormente dicte el Juez en el proceso de origen, relativa a la tercera sección, sea favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso de que dicha determinación fuera adversa a los intereses de la parte impetrante, estará en condiciones de hacer valer lo que hoy reclama a través del medio de impugnación correspondiente y eventualmente en el juicio de amparo como violación procesal; razones por las que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Consecuentemente, toda vez que las resoluciones reclamadas tiene naturaleza intraprocesal, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Así, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, lo procedente será SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La declaración de sobreseimiento se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman, porque su ilegalidad se hace depender del acto ordenador y no se combate por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 647, visible en el Tomo VI, página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Así, al no advertirse diversa causa de improcedencia que se actualice o se haga valer, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación, respecto a los diversos actos reclamados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En sus conceptos de violación la parte quejosa aduce, en esencia, lo siguiente: RESPECTO AL TOCA 479/2019/53 1. La resolución carece de la debida fundamentación y motivación, porque el hecho de que se haya interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la que se removió al anterior albacea de su cargo y se fijó fecha para celebrar la audiencia de junta de herederos para designar albacea, no implicaba que debía conocer de la fecha fijada, toda vez que se debió cumplir con los artículos 790 y 791 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México. 2. Agrega que el artículo 805 del código adjetivo indicado, aplica para el caso de que se esté desarrollando un juicio intestamentario, pero no para un juicio testamentario, pues dicho numeral se encuentra inmerso en el capítulo III, de la Sección Primera, de los Intestados, por lo que es incuestionable que se debió notificar personalmente la fecha de la junta mencionada. RESPECTO AL TOCA 481/2019/55 1. La autoridad responsable no se adentró en la forma en que se calculó el monto de la garantía de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para que el albacea garantizará su encargo, pues se concretó a indicar que el auto impugnado se dictó con los parámetros señalados por ***********, en el escrito que presentó el quince de noviembre de dos mil quince, pero no indicó qué tomó en consideración para fijarla por esa cantidad. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación respecto a la resolución dictada en el Toca 479/2019/53. El concepto de violación identificado con el número 1) es INFUNDADO, porque contrariamente a lo manifestado por el quejoso, en el caso, no se debían observar los artículos 790 y 791 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, por lo siguiente. Los artículos mencionados establecen lo siguiente: "Artículo 790. El que promueva el juicio de testamentaría debe de presentar el testamento del difunto. El juez sin más trámite lo tendrá por radicado y en el mismo auto convocará a los interesados a una junta para que si hubiere albacea nombrado en el testamento se les dé a conocer y si no lo hubiere procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en los artículos 1,682, 1683, 1,684 y 1,688 del Código Civil." "Artículo 791. La junta se verificará dentro de los ocho días siguientes a la citación si la mayoría de los herederos reside en el lugar del juicio. Si la mayoría residiere fuera del lugar del juicio, el juez señalará el plazo que crea prudente atendidas las distancias. La citación se hará por cédula o correo certificado." De los artículos anteriores, se advierten las normas que establecen que quien promueva el juicio de testamentaría debe de presentar el testamento del difunto, una vez radicada se convocará a los interesados a una junta, para que si hubiere albacea nombrado en el testamento se les dé a conocer y si no lo hubiere procedan a elegirlo, dicha junta se verificará dentro de los ocho días siguientes a la citación, si la mayoría de los herederos reside en el lugar del juicio; esa citación se hará por cédula o correo certificado. Como se dijo, en el momento procesal en que se fijó fecha para celebrar la junta de herederos para designar nuevo albacea, no eran aplicables los artículos que refiere el quejoso en su concepto de violación, porque las formalidades contenidas en esos numerales, corresponden para el inicio de una sucesión testamentario, lo que se estima es de observancia obligatoria, pues se trata de la primera notificación a los interesados para que comparezcan a juicio. Lo que en el momento procesal de la sucesión no acontece. Ello es así, porque la fecha para celebrar la audiencia mencionada, se fijó en la interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de remoción de albacea del cargo que desempeñaba en ese entonces **********, por lo que al haberse declarado fundado, en el resolutivo tercero, se fijaron las diez horas del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, para su verificativo. Por tanto, los artículos 790 y 791 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no son aplicables, pues como se evidenció, no se trataba de la primera notificación a partir de la radicación de la sucesión testamentaria, sino se fijó la fecha en la interlocutoria de una remoción de albacea. Por otra parte, el concepto de violación identificado con el número 2) es INOPERANTE por insuficiente, dado que no se controvierte la consideración TORAL que funda la resolución reclamada, consistente en que ************, tenía pleno conocimiento de la fecha en que sería celebrada la audiencia para designar nuevo albacea, porque en la interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de remoción de albacea, se fijó, y el apelante interpuso recurso de apelación en contra de esa interlocutoria, el que se resolvió en la resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el Toca 2311/2018/48. Es así, porque la quejosa, en su motivo de reproche, solo se concretó a indicar, que el artículo 805 del código adjetivo indicado, aplica para el caso de que se esté desarrollando un juicio intestamentario, pero no para un juicio testamentario, pues dicho numeral se encuentra inmerso en el capítulo III, de la Sección Primera, de los Intestados, por lo que es incuestionable que se debió notificar personalmente la fecha de la junta mencionada. Como se ve, con el concepto de violación formulado por la parte quejosa no se combate la consideración toral del auto reclamado, consistente en que sí tenía conocimiento de la fecha que se fijó para la celebración de la audiencia para designar nuevo albacea, porque interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria en donde se fijó esa fecha. En esas condiciones, tal deficiencia en el concepto de violación tiene como efecto que se deje intocado tal argumento y, como es suficiente para sustentar el sentido de auto reclamado, el concepto de violación es INOPERANTE, pues ningún caso práctico conduciría estudiarlo si no podría llevar a la concesión de la protección constitucional. En apoyo se cita, la jurisprudencia I.6o.C. J/20, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 25, número 86, Febrero de 1995, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 209202, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste". En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ***********, contra el acto de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución dictada el diez de abril de dos mil diecinueve, en el Toca 479/2019/53. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1153, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de Décima Época, con registro 2020924, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o "incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo filial o el estado civil de alguna persona.". La negativa de mérito debe hacerse extensiva al acto que se reclama a la autoridad ejecutora Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, toda vez que se hace depender del acto ordenador y no fue impugnado por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Dicha negativa también debe hacerse extensiva respecto a la diversa resolución reclamada de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada en el Toca 480/2019/54, ya que no se impugna por vicios propios, porque si bien en la demanda de amparo, se advierte que sí formuló concepto de violación en su contra, lo relevante es que con base a la lectura realizada a éste, se desprende que es el mismo que se formuló contra la resolución dictada en el Toca 479/2019/53. Además, de que refirió que la aceptación del cargo de albacea se encontraba viciada, porque no fue notificada de forma personal la fecha para la celebración de la audiencia para designar nuevo albacea, por lo que se debe observar la máxima que establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no impugna que la aceptación del cargo de albacea no cumplió con alguna formalidad, para considerar que sí se impugna por vicios propios. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación respecto a la resolución dictada en el Toca 481/2019/55. El concepto de violación identificado con el número 1) es INOPERANTE por insuficiente, dado que no se controvierte una de las consideraciones torales que fundan la resolución reclamada, consistente en que existe un solo bien inmueble que forma parte del acervo hereditario, el cual se encuentra en posesión de terceras personas, por lo que el albacea, con relación a su encargo, únicamente debe dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1706 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México. Es así, porque la quejosa, en su motivo de reproche, solo se concretó a indicar, que la autoridad responsable en la resolución reclamada no se adentró en la forma en que se calculó el monto de la garantía de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para que el albacea garantizará su encargo, pues se concretó a indicar que el auto impugnado se dictó con los parámetros señalados por ************, en el escrito que presentó el quince de noviembre de dos mil quince, pero no indicó qué tomó en consideración para fijarla por esa cantidad. Como se ve, con el concepto de violación formulado por la parte quejosa, no se combate una de las consideraciones torales de la resolución reclamada, consistente en que solo existe un inmueble que forma parte del acervo hereditario, el que se encuentra en posesión de terceras personas, por lo que el albacea solo debe cumplir con lo establecido en el artículo 1706, del código sustantivo civil de esta Ciudad de México. En esas condiciones, tal deficiencia en el concepto de violación tiene como efecto que se deje intocado tal argumento y, como es suficiente para sustentar el sentido de auto reclamado, el concepto de violación es INOPERANTE, pues ningún caso práctico conduciría estudiarlo si no podría llevar a la concesión de la protección constitucional. En apoyo se cita, la jurisprudencia I.6o.C. J/20, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 25, número 86, Febrero de 1995, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 209202, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste". En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a *********, contra el acto de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución dictada el diez de abril de dos mil diecinueve, en el Toca 481/2019/55. La negativa de mérito debe hacerse extensiva al acto que se reclama a la autoridad ejecutora Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, toda vez que se hace depender del acto ordenador y no fue impugnado por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Dicha negativa también debe hacerse extensiva respecto a la diversa resolución reclamada de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada en el Toca 482/2019/56, ya que no se impugna por vicios propios, porque si bien en la demanda de amparo, se advierte que sí formuló concepto de violación en su contra, lo relevante es que con base a la lectura realizada a éste, se desprende que en esencia es el mismo que se formuló contra la resolución dictada en el Toca 481/2019/55. Además, de que refirió que el discernimiento del cargo de albacea se realizó con base en una cantidad en la que nunca que expresaron los parámetros que se tomaron en consideración para fijarla en $20,000.00 (veinte mil pesos 0/100 moneda nacional), pero no impugna que el discernimiento del cargo de albacea no haya cumplido con alguna formalidad, para considerar que sí se impugna por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 5 y 6 del considerando segundo, por las razones apuntadas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 1 y 2 del considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 3 y 4 del considerando segundo de esta sentencia, para los efectos indicados en el diverso octavo del propio fallo."

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación realizada al tercero interesado *****************, respecto de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte; en esas condiciones, túrnese el citatorio correspondiente con los insertos necesarios al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio señalado por dicho tercero interesado, ubicado en: *******************, y previo cercioramiento de que allí puede ser localizado, proceda a realizar la notificación de la referida sentencia y el presente proveído, inclusive en días y horas inhábiles. Por otra parte, agréguese el oficio proveniente de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y como los solicita, hágase de su conocimiento que el veintiocho de febrero de dos mil veinte se dictó sentencia, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****************, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 5 y 6 del considerando segundo, por las razones apuntadas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **************, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 1 y 2 del considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *****************, contra los actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, precisados en los numerales 3 y 4 del considerando segundo de esta sentencia, para los efectos indicados en el diverso octavo del propio fallo." Asimismo, infórmese a la oficiante que dicho fallo aún no queda firme, pues como se advierte de lo acordado en líneas que anteceden, se ordenó su notificación al tercero interesado *************. Designación de nuevo titular. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. NOTIFÍQUESE por oficio a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, personalmente al tercero interesado ****************, y por lista a las demás partes, con excepción de la diversa autoridad responsable.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,657 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano