Paulita Genoveva Ramos Barajas

Expediente 778/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
778/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • Paulita Genoveva Ramos Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 87 a 89), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de trece de agosto de la presente anualidad (foja 90) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 31 a 47), se determinó conceder a Paulita Genoveva Ramos Barajas el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que causó ejecutoria a través del auto de diecisiete de junio del año en que se actúa (fojas 57 a 58). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 87 a 89), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veinticuatro de julio del presente año realizó una transferencia bancaria SPEI a la impetrante valiosa por $17,502.07 (diecisiete mil quinientos dos pesos con siete centavos moneda nacional) (foja 88); asimismo, remitió las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de marzo del presente año (foja 11), y que se realizó la devolución mediante la transferencia bancaria precisada en el párrafo anterior el veinticuatro de julio del año en que se actúa, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes junio entre el mes de febrero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue de 103.299 y para el mes de febrero del presente año fue de 103.079, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: **Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $3.00 (tres pesos moneda nacional) por concepto de comisión bancaria respecto de la cantidad de $17,467.80 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos moneda nacional), lo que da como resultado el importe de $17,464.80 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.0206), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $17,464.80 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $17, 502.07 (diecisiete mil quinientos dos pesos con siete centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $37.27 (treinta y siete pesos con veintisiete centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 87 a 89), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de trece de agosto de la presente anualidad (foja 90) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 31 a 47), se determinó conceder a Paulita Genoveva Ramos Barajas el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que causó ejecutoria a través del auto de diecisiete de junio del año en que se actúa (fojas 57 a 58). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 87 a 89), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veinticuatro de julio del presente año realizó una transferencia bancaria SPEI a la impetrante valiosa por $17,502.07 (diecisiete mil quinientos dos pesos con siete centavos moneda nacional) (foja 88); asimismo, remitió las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de marzo del presente año (foja 11), y que se realizó la devolución mediante la transferencia bancaria precisada en el párrafo anterior el veinticuatro de julio del año en que se actúa, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes junio entre el mes de febrero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue de 103.299 y para el mes de febrero del presente año fue de 103.079, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: **Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $3.00 (tres pesos moneda nacional) por concepto de comisión bancaria respecto de la cantidad de $17,467.80 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos moneda nacional), lo que da como resultado el importe de $17,464.80 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.0206), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $17,464.80 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $17, 502.07 (diecisiete mil quinientos dos pesos con siete centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $37.27 (treinta y siete pesos con veintisiete centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado presentado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa haber dado cumplimiento total al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos adjuntos, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual aduce haber dado cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio de garantías; sin embargo, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debió comprobar la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la ley citada.

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