Paulino Zavala Reyes
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Paulino Zavala Reyes
Actuaciones
- Principal
"... Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
- Principal
"... Visto el escrito de demanda de amparo presentado por *****, personalidad que acredita con la escritura pública *******, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, se acuerda: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 621/2021-I-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los preceptos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos intermedios dictados en fase de ejecución de sentencia que no sean la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, puesto que las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, podrán hacerse valer al controvertir la decisión final. Así, por última resolución se entiende que es, indistintamente: a) Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) La que ordena el archivo definitivo del expediente; o bien, d) La que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura, en tratándose de procedimientos de remate. Ahora bien, a efecto de ubicar la fase procesal en que ocurrieron los actos reclamados, conviene destacar que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, destacó los siguientes antecedentes: Del escrito de demanda, así como de las ilustraciones que anteceden, se advierte que la parte quejosa se duele de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio laboral 249/2012, del índice de la Junta Especial Número Cuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la cual la citada responsable declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte aquí quejosa en contra de los actos de ejecución llevados en el juicio de origen, consistentes en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, practicada por la actuaria adscrita a la junta número catorce del Distrito Federal el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, actuación que se dictó en etapa de ejecución del laudo, la cual, no es última resolución en el procedimiento respectivo, en virtud de que se entendería como última resolución aquellas que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; la que ordena el archivo definitivo del expediente; o bien, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura, en tratándose de procedimientos de remate. Lo anterior, pues si bien la diligencia de embargo reclamada afecta el derecho sustantivo de propiedad de la parte quejosa; lo cierto es, que esa afectación está encaminada a cumplir con la condena al pago de diversas prestaciones establecidas en el laudo de origen, por lo que es incuestionable que no es ajeno a la cosa juzgada. De tal manera, resulta claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero, del numeral 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el diverso precepto 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en c**************, de esta ciudad, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, ****, por no contar con dicho registro..."
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