Paulino Santana Lopez
Expediente 1461/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1461/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 04/04/2016
Partes del expediente
- Paulino Santana Lopez
- Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca Con Residencia En Almoloya de Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de su numera 2, se agrega a los presentes autos la constancia de notificación personal de cuenta, por medio de la cual Paulino Santana López, en su carácter de quejoso, realiza las manifestaciones siguientes: "Si ratifico el decestimeinto del juicio (sic)." En ese tenor, tomando en consideración que los asuntos de esta naturaleza, sólo pueden seguirse a instancia de parte agraviada y ante la manifestación expresa de dicho quejoso, se le tiene por desistido del juicio constitucional en que se actúa. En la inteligencia que al haber expresado dicho justiciable su voluntad a desistirse del presente juicio, ante presencia judicial; esto es, ante el fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. En tal virtud, al haberse consentido expresamente por el referido promovente del amparo, el desistimiento decretado en este asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por la Segunda Sala, visible en la página 687, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Así como la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 527, tomo XI, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO. RETRACTACIÓN IMPROCEDENTE SI AQUÉL FUE PREVIAMENTE RATIFICADO ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. La facultad irrestricta que tiene el quejoso para desistir de su demanda de garantías se basa en el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, además de ser él quien puede exigir a los órganos judiciales que la impartan, su protección contra cualquier ley o acto de autoridad que lo lesione en su esfera jurídica, también es quien puede renunciar voluntariamente a que se le otorgue dicha protección. En ese tenor, si el quejoso, haciendo uso de esa facultad, desiste de su demanda de amparo, ratificando su voluntad en ese sentido ante el órgano jurisdiccional correspondiente, no puede surtir efectos un acto posterior de retractación de ese desistimiento, pues éste causó estado por su sola ratificación, actualizándose en dichas circunstancias la indudable y manifiesta causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, relacionado con el artículo 145 del mismo ordenamiento legal." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que mediante sentencia dictada el veintinueve de marzo del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo, por los motivos y argumentos esgrimidos en la misma, toda vez que el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 63, fracción I, circunstancia que puede operar en cualquier etapa del procedimiento, a pesar de que se haya externado ante el órgano jurisdiccional con posterioridad a la fecha en que éste hubiera dictado el fallo correspondiente e incluso, a que en contra de tal sentencia se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril del 2000, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En tal virtud, al haberse consentido expresamente por el referido promovente del amparo, el sobreseimiento decretado en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado analógica y supletoriamente, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por la Segunda Sala, visible en la página 687, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Así como la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 527, tomo XI, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO. RETRACTACIÓN IMPROCEDENTE SI AQUÉL FUE PREVIAMENTE RATIFICADO ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. La facultad irrestricta que tiene el quejoso para desistir de su demanda de garantías se basa en el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, además de ser él quien puede exigir a los órganos judiciales que la impartan, su protección contra cualquier ley o acto de autoridad que lo lesione en su esfera jurídica, también es quien puede renunciar voluntariamente a que se le otorgue dicha protección. En ese tenor, si el quejoso, haciendo uso de esa facultad, desiste de su demanda de amparo, ratificando su voluntad en ese sentido ante el órgano jurisdiccional correspondiente, no puede surtir efectos un acto posterior de retractación de ese desistimiento, pues éste causó estado por su sola ratificación, actualizándose en dichas circunstancias la indudable y manifiesta causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, relacionado con el artículo 145 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, hágase la devolución de las constancias que remitió el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistentes en copia certificada de la carpeta administrativa 343/2015, y dos discos certificados, previo desglose, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por el autorizado del quejoso Paulino Santana López, por medio del cual se desiste del presente juicio de amparo y pide la ratificación del quejoso; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales conducentes. En relación a su contenido, con apoyo en el artículo 6, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que en el acto de la notificación o en el plazo de tres días ratifique el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado y se continuará con el procedimiento respectivo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 119/06, sustentada por el Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." (S.J.F. y su Gaceta, 9ª Época, materia común, Tomo XXIV, Agosto de 2006; pág. 295) Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos: para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1461/2015, promovido por Paulino Santana López, contra actos del Juez De Control Del Distrito Judicial De Toluca Con Residencia En Almoloya De Juárez y otra autoridad, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Paulino Santana López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: III. Autoridades Responsables. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca Con Residencia en Almoloya de Juárez. Director del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. IV Acto Reclamado. La negativa del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con Residencia en Almoloya de Juárez, de emitir el acuerdo del pronunciamiento de su libertad. SEGUNDO. El quejoso señaló como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16, párrafo segundo y quinto, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Previa aclaración por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil quince (fojas 15 y 16), se admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, dio intervención al Representante Social Federal de la adscripción; fijo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y por auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, este juzgado de Distrito y considerando que en autos de este sumario ya se habían agotados los medios de búsqueda y localización del domicilio del tercero interesado Brian Cruz Salgado, ordenó su emplazamiento por medio de edictos a costas de la parte quejosa en términos de la fracción III, del artículo 27, inciso b) de la Ley de Amparo, así después de diversos diferimientos la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto de una autoridad que tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial del juzgado y se considera que es de los señalados como de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, atendiendo a la tesis P. VI/2004 emitida por el tribunal Pleno, visible en la página 255 del tomo XIX, abril de 2004, materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Por lo que debe precisarse, que el quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables, la negativa del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, de emitir el acuerdo del pronunciamiento de su libertad, pues refiere que se le negó la misma. TERCERO. El Director del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó la existencia del acto reclamado (foja 42 de autos). Concerniente a la negativa que hacen la autoridad responsable, en relación al acto reclamado, la misma no quedó desvirtuada por el quejoso ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó el informe rendido por las responsable, por lo tanto, es de establecerse que éste surte efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante de amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido, por ende, se sobresee respecto del acto atribuido a dicha responsable, en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2º. J/20 (Registro IUS 227634), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página seiscientos veintisiete, IV, Segunda Parte- 2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Por su parte, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, tal aseveración se desvirtúa, pues del contenido de su informe se advierte la existencia del acto tildado de inconstitucional, lo anterior pues la autoridad responsable manifiesta: ".En fecha nueve de septiembre del año en curso, el quejoso Paulino Santana López, presentó escrito en el que solicitaba su libertad en términos de los ordinales 1, 16, 23 y 133 del Pacto Federal, en razón de que ya ha sido juzgado y sentenciado por el delito de ROBO AGRAVADO, y que se repite una vez más el juicio y en su momento procesal la sentencia, por el mismo delito y que el violatorio del precepto Constitucional 23, por lo que el juez de juicio oral que conoce de su causa penal está obligado a realizar el pronunciamiento con respecto a los derechos humanos y a los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano es parte. A dicha petición le recayó un acuerdo en fecha nueve de septiembre del año en curso, en el que, se proveyó que, las apreciaciones del inculpado ya fueron valoradas en su momento por el juez en turno mediante el auto de vinculación a proceso, y que, por ende solo pueden ser recurribles a través de los medios de impugnación correspondientes pues este unitario, no puede calificar las determinaciones de un homólogo, no obstante lo anterior se dejaron a salvo sus derechos." Lo cual evidencia la certeza del acto reclamado a la autoridad indicada en líneas precedentes, en conformidad con la tesis aislada publicada en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, que expresa: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo, lo aleguen las partes o no, por así establecerlo el artículo 62, in fine, de la ley de la materia, y por ser ello una cuestión de orden público y de conformidad por analogía con la jurisprudencia 814 que se consulta en la página 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el sumario siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tópico, cabe precisar que este juzgador federal advierte oficiosamente, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b, 27 fracción III inciso b y 5, fracción III, inciso b, del propio ordenamiento que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." ARTÍCULO 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: (.) b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. "ARTICULO 27.- (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "ARTICULO 5o. (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario" Ahora, en auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se pusieron a disposición del quejoso los edictos, a fin de emplazar a juicio al tercero interesado Brian Cruz Salgado, así mediante comparecencia de ocho de febrero del año curso, el autorizado del quejoso recogió los edictos en mención, y mediante escritos presentados ante este juzgado el quince y veintiséis de febrero ambos de dos mil dieciséis, exhibió la publicación de estos; sin embargo, no siguió los lineamientos que establecen los artículos 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como por el artículo 27, fracción III, incisos b) de la ley de la materia, púes únicamente publicó los edictos en la Gaceta del Gobierno del Estado del Gobierno del Estado de México y en el periódico "El Sol de Toluca"; no así en el Diario Oficial de la Federación, tal y como quedó precisado en auto de cuatro de febrero del año en curso; atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó; en consecuencia se SOBRESEE el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo artículos 63, fracción V, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b, 27 y 5, ambos fracción III, inciso b, todos de la Ley de Amparo; así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues una de las formalidades que reviste el juicio de amparo es el emplazamiento a juicio del tercero interesado, a quien deberá llamársele a juicio de manera personal; por tanto, es claro que se deberán efectuar las gestiones relativas a efecto de localizar su domicilio, y para el caso de no poder obtenerlo, su llamamiento se hará por medio de edictos a costa del quejoso, esto último atendiendo a que constituye una carga procesal del peticionario de amparo; por tanto, si éste no comparece al local del Órgano de Control Constitucional a recoger los edictos, no paga su publicación, y publicarlos en los términos establecidos en los artículos 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como por el artículo 27, fracción III, incisos b) de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto. Por ello, como se acredita de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa éste Juzgador agotó las medidas necesarias para la localización del tercero interesado Brian Cruz Salgado, sin obtener resultados favorables, pues en primer término se requirió al quejoso a fin de que proporcionara el domicilio del citado tercero. El trece de noviembre de dos mil quince, se giraron oficios al Gerencia de la empresa Teléfonos de México, a la Vocalía en el Estado de México, dependiente del Registro Federal de Electores, al administrador de Servicios al Contribuyente dependiente de la Administración Local de Recaudación de Toluca dependiente del Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estado de México, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Estado de México, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de México, al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, la Secretaría de Trasporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal y al Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de investigar el último domicilio del tercero interesado sin haberse obtenido resultados favorables. Ahora bien, este juzgado el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, requirió a la quejosa para que compareciera al local de éste Juzgado a recoger y acreditar la publicación, o en su defecto manifestar y acreditar la imposibilidad jurídica para realizar el pago correspondiente, de los edictos dentro del plazo de treinta días, a que surtiera efectos la legal notificación, bajo apercibimiento de que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en este juicio. Por lo que, mediante comparecencia ocho de febrero de dos mil dieciséis, el autorizado de la parte quejosa Paulino Santana López, compareció a recoger los mismos. Seguidamente mediante escritos registrados con números de folio 3103 y 4093, la parte quejosa exhibió únicamente la publicación de los edictos realizadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y "El Sol de Toluca", sin que el quejoso haya exhibido la totalidad de las publicaciones de los edictos ordenados; en consecuencia, -como ya se indicó en la certificación que se levantó en la audiencia que antecede-, luego entonces, procede el sobreseimiento en la presente determinación de conformidad con el artículo 63, fracción V, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 26, fracción I, inciso b, 27 y 5, ambos fracción III, inciso b, todos de la Ley de Amparo; así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 64/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de catorce de junio de dos mil dos, que resolvió la contradicción de tesis 16/200O-PL, el veinticuatro de mayo del año que cursa, cuyo rubro y contenido señalan: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos o costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al árbitro de una de las partes, en este caso del quejoso.". De igual forma sirve de apoyo la tesis XVII.1o.C.T.18 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1320, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA)".No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad". Sin que lo establecido en la presente determinación contravenga lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, aportada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; dado que pese haber tenido la oportunidad debida, no acreditó que su imposibilidad para exhibir los edictos en cuestión atendiera a la falta de capacidad económica; sino que solamente demuestra la conducta contumaz desplegada en relación al requerimiento planteado; lo que, como ya se dijo, indefectiblemente conlleva a la actualización de la causa de improcedencia en que se basó la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 61, fracción XXIII, 63, fracción V y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1461/2015, promovido por *****, contra los actos y autoridades especificados en los considerandos expuestos en esta sentencia, por las razones y términos expuestos en los considerandos tercero y último de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, secretario que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que por auto de cuatro de febrero del año en curso, se ordenó emplazar al tercero interesado Brian Cruz Salgado, por edictos a costa del quejoso y que a la fecha no ha exhibido la totalidad de las publicaciones en los términos precisados en proveído de cuatro de febrero de la presente anualidad (foja 96). Por tanto, a fin de dar oportunidad a que se cumpla lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, son fijadas las doce horas con veinticinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, para su verificativo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción a este Juzgado Federal al Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312)
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Paulina Esparza Manrique1349/2016
- Paulina Esparza Manrique1350/2016
- Paulina Gaytan Navarro608/2021
- Paulina Martínez Vargas1046/2018
- Paulina Pamela Guzmán García484/2022
- Paulina Rico Domínguez1198/2022
- Paulino Santana López801/2015
- Paulino Santana López1211/2015
- Paulino Vargas Romero875/2020
- Paulo Cesar Acevedo Ugalde612/2017
- Paulo César Acevedo Ugalde1904/2017
- Paz Conde Meza436/2021