Paulino Poot Sima
Expediente 952/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Paulino Poot Sima
- Paulino Poot Sima y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho Vista la razón de cuenta que inmediatamente antecede, agréguese a este expediente el memorial suscrito por Paulino Poot Sima, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda; y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, al no existir impedimento legal alguno, devuélvase los documentos solicitados, previa copia certificada y recibo que se deje en autos, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a este cuaderno provisional el escrito de Alberto Reyes Carrillo, quien se ostenta tercero interesado en el juicio de amparo 1464/2010-II, promovido por Carlos Augusto Castillo Vázquez, con el que solicita la cancelación de la nota jurídica sobre el folio electrónico 84558 que corresponde al predio marcado con el número trescientos cinco de la calle treinta y uno, de la Ciudad y Municipio de Izamal, Yucatán, que refiere se ordenó mediante oficio 56892 de trece de diciembre de dos mil diez. Ahora, toda vez que mediante acta de destrucción de expedientes de once de mayo de dos mil dieciséis, se advierte que el juicio de amparo 1464/2010, fue destruido de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Diciembre de 2012; no existe asunto pendiente que resolverse en dicho juicio de garantías. Por lo anterior, comuníquese mediante oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, lo anterior para que proceda conforme a sus facultades, en razón de que como se dijo no existe asunto pendiente que tramitarse en el citado juicio de amparo, respecto el folio electrónico 84558, que corresponde al predio marcado con el número trescientos cinco de la calle treinta y uno, de la Ciudad y Municipio de Izamal, Yucatán. Únicamente por lo que hace a la tramitación del juicio de amparo 1464/2010, por lo que no tendrá el alcance de cancelar diversa anotación registral. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
V. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Paulino Poot Sima, en contra de los actos que reclama a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y otra autoridad, la cual fue exhibida con diez copias y tres anexos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el presente caso se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promovió Paulino Poot Sima, en contra de los actos que reclama a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y otra autoridad. En efecto, en la especie la parte quejosa reclama la admisión, autorización, registro e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado, de la escritura pública de donación de uno de marzo de dos mil dieciocho, otorgada por Víctor Manuel Paat Kinil o Víctor Manuel Pat Kinil y Eumelia Alcocer Cupul, a favor de Félix Marcial Paat Alcocer, respecto del predio número ciento sesenta y ocho letra C, de la calle veintiuno, de la colonia San Francisco, de la localidad y municipio de Chemax, Yucatán, pasada ante la fe del Notario Público Número Dieciséis del Estado de Yucatán, la cual quedó registrada con el número de inscripción 2329448 y folio electrónico del predio 43673; y su ejecución material. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia del Juicio Constitucional, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en vigor, por las razones que a continuación se exponen: Dada la interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que lo que la parte quejosa pretende al promover este juicio, es obtener la protección constitucional a fin de que la autoridad registral responsable soslaye la referida inscripción de la donación otorgada por Víctor Manuel Paat Kinil o Víctor Manuel Pat Kinil y Eumelia Alcocer Cupul en favor de Félix Marcial Paat Alcocer, para que de esa forma estar en aptitud de inscribir la compraventa otorgada a su favor por Neftalí Taygett Paat Alcocer, mediante contrato privado de compraventa de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del abogado Gustavo A. Monforte Luján, Titular de la Notaría Pública número Cuarenta y Ocho del Estado de Yucatán, respecto del predio número ciento sesenta y ocho letra C, de la calle veintiuno, de la colonia San Francisco, de la localidad y municipio de Chemax, Yucatán, con reconocimiento de adeudo; extremos que permiten evidenciar la existencia de un conflicto entre particulares (que son el quejoso, la vendedora y quien recibió conforme a la donación que aparece inscrita el predio antes mencionado). Al respecto, el artículo 2191 del Código Civil del Estado de Yucatán, en lo que interesa establece: "Artículo 2191. Las inscripciones o anotaciones únicamente pueden cancelarse por consentimiento de los otorgantes del acto o convenio que conste en el título o documento inscrito o anotado o por decisión judicial." Por su parte, el artículo 89, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en lo conducente dispone: "Artículo 89. Para decretar la cancelación de un registro, o la rectificación de actas del estado civil, es competente el Juez del lugar en donde estuviere ubicado el Registro.". En virtud de lo anterior, este Juzgador Constitucional considera que el quejoso, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió promover ante la autoridad del fuero común el juicio correspondiente, en el que ejercitara la acción civil prevista por el artículo 2191 del código sustantivo civil del Estado, a fin de que sea el Juez del fuero común quien determine si procede o no la invalidación de la señalada inscripción registral y demás consecuencias; de ahí que al no hacerlo, es incuestionable que en el caso se configuró la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en vigor. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del Juicio Constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es claro entonces, que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (como son los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Yucatán) se establece un determinado procedimiento para dirimir un conflicto entre particulares; es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el caso se estén imputando los actos a ciertas autoridades, como son la Directora y el Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues como ya se dijo en líneas precedentes, en el fondo lo que pretende el quejoso es que se dirima un conflicto suscitado entre él, la vendedora y quien adquirió a través de la donación cuya inscripción se reclama, el predio a que se ha hecho referencia. En esta hipótesis, en el juicio natural que se pueda llegar a promover con el propósito de nulificar la inscripción de tal donación, las autoridades en cita deben ser oídas, teniendo obligación legal de acatar lo que se resuelva en la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse. Lo anterior, sin perjuicio de que los particulares interesados puedan promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva que solucione la apuntada controversia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 388, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197412, que informa: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Así como la tesis XI.2o.96 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1423, del Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190803, que establece: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda promovida por Paulino Poot Sima, contra los actos que reclama de la Directora y el Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y por autorizado en los términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Jesús Efraín Alonzo Carrillo, y en los términos restringidos a los que alude el citado numeral a Efraím Saavedra Gamboa; lo anterior, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretenda ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrá realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de su autorizante. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe.
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