Paulino Osorio Medrano
Expediente 561/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2016
Partes del expediente
- Paulino Osorio Medrano
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso Paulino Osorio Medrano, por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de acordar el escrito a través del cual promovió la demanda que generó el juicio laboral D-370/2015. La omisión de acordar su escrito de revocación. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, se desprende que la referida responsable manifiesta que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en razón de que mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis ese tribunal emitió un auto en el que acordó lo conducente respecto al escrito inicial de demanda de veintidós de abril de dos mil quince dentro del juicio laboral D-370/2015, en el que requirió a la parte quejosa para que precisara quién lo contrató y quién le cubría el salario, asimismo en esa fecha acordó el diverso escrito presentado el cuatro de marzo del año actual, en el que tuvo a Paulino Osorio Medrano revocando cualquier domicilio señalado con anterioridad y nombrando como apoderados de su parte a diversas personas; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el veintidós de abril de dos mil dieciséis. La anterior aseveración se encuentra acreditada con la copia certificada del proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral D-370/2015 y la respectiva constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto a los actos reclamados se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis el tribunal responsable emitió un auto en el que acordó lo conducente respecto al escrito inicial de demanda de veintidós de abril de dos mil quince dentro del juicio laboral D-370/2015, en el que requirió a la parte quejosa para que precisara quién lo contrató y quién le cubría el salario, asimismo en esa fecha acordó el diverso escrito presentado el cuatro de marzo del año actual, en el que tuvo a Paulino Osorio Medrano revocando cualquier domicilio señalado con anterioridad y nombrando como apoderados de su parte a diversas personas; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el veintidós de abril de dos mil dieciséis. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado lo conducente al escrito de demanda presentado el veintidós de abril de dos mil quince y el diverso de cuatro de marzo del año actual cesaron los efectos del retardo del que se duele el peticionario de amparo, pues los efectos de dichos retardos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo relativo a su escrito de demanda de veintidós de abril de dos mil quince y el diverso de cuatro de marzo del año en curso, dentro del expediente laboral D-370/2015, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis la responsable dictó el acuerdo correspondiente, y éste le fue notificado veintidós de abril del año en curso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, si el acto reclamado sólo produce una violación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Se cita en apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 39, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esa tesitura, el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, por el que se previno a la parte quejosa para que precisara quién lo contrató y quién le cubría el salario, no reviste el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, sino sólo produce afectaciones de índole procesal, en tanto que únicamente incide en cuestiones adjetivas. Ello en razón de que el juicio de amparo procede excepcionalmente contra actos que afecte derechos sustantivos, por lo que se estima que por el momento el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, no incide en un derecho sustantivo del quejoso, sino únicamente adjetivo, el cual puede ser reparado con posterioridad. Incluso, en caso de que la resolución que ponga al fin al procedimiento natural sea adversa a los intereses de la parte inconforme, ésta podrá impugnar las violaciones que considere se cometieron en el procedimiento a través del juicio de amparo directo, tal como lo establece el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a su escrito de demanda presentado el veintidós de abril de dos mil quince, y el diverso presentado el cuatro de marzo del año actual, en el que revocó el domicilio para oír y recibir notificaciones que había señalado y nombró diversas personas como apoderados legales, dentro del expediente laboral D-370/2015 se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciocho minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. De igual manera, esta potestad federal estima que resulta improcedente requerir a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo por lo que hace al proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis en el que se acuerda el escrito de demanda relacionado con la omisión reclamada, en razón de que, como se precisó; se estima que dicha determinación únicamente incide en cuestiones adjetivas que en su momento podrían ser reparadas, por lo tanto el juicio de amparo indirecto promovido en contra de tal proveído resultaría improcedente. No es contrario a la anterior determinación el hecho de que la parte quejosa indique que a través del aludido proveído la autoridad responsable retarda el trámite del juicio natural, en tanto que existe criterio reiterado del Máximo Tribunal del País en el sentido de que el retardo en la impartición de justicia que se podría generar por determinados actos positivos por sí solo, no justifica la procedencia del juicio biinstancial el cual procede de forma excepcional contra actos que afecten derechos sustantivos en los términos precisados en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo a lo anterior únicamente por cuanto hace a que el retardo en la impartición de justicia que podría implicar una determinación no forzosamente puede llevar a la procedencia del juicio de amparo indirecto la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593 del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Juez Segundo de lo Penal de Tehuacán, Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas documentales y con las presentadas por el Titular de la Fiscalía General del Estado y del Director General de la Agencia Estatal de Investigación, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de abril de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Paulino Osorio Medrano, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 561/2016; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no solicitó la suspensión de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, la que deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve el oficio que contiene la trascripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, se tendrá como inexistente y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV, de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Dado el planteamiento de la demanda de amparo, se estima que no existe persona tercero interesada; ello en atención a que la parte demandada en el juicio de origen no ha sido emplazada; por tanto, no se surte la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 5 de la Ley de Amparo. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. 8 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 9 PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció ningún medio de prueba. 10 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 11 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 12 RESERVA DE INFORMACIÓN Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes, que se hará pública la sentencia que se dicte en el presente asunto cuando haya causado estado o ejecutoria, y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
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