Paulino Moreno Ortiz y Otros.

Expediente 1771/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1771/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Paulino Moreno Ortiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, realizara lo siguiente: Desahogue la audiencia incidental de reconocimiento de beneficiarios señalada para el quince de marzo de dos mil veintitrés. En el término de tres días posteriores a ello, emita la resolución interlocutoria de dicho procedimiento. Consecuentemente, mediante auto de uno de junio de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. II. Trámites de la responsable. La autoridad responsable por oficio 6220/2023 de cinco de junio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintitrés emitida en el expediente laboral 115/2008, en el que designó como beneficiaria a Ana María Palacios Salazar de las prestaciones que deriven del expediente laboral del finado Paulino Moreno Ortiz. III. Vista y notificaciones. Mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo en mención, descritos en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses legales conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgadora acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó vía electrónica a la parte quejosa el nueve de junio de dos mil veintitrés. IV. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el quince de marzo de dos mil veintitrés, resolvió en definitiva la incidencia planteada dentro del juicio laboral de origen; colmando con ello los efectos precisados en la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. VI. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido acuerdo general, el expediente principal es conservable dado que se concedió la protección constitucional. Por tanto, una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, el presente expediente deberá transferirse íntegramente al depósito documental que designe el Área coordinadora de archivos. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de uno de junio de dos mil veintitrés, remite copia certificada del desahogo de la audiencia incidental de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, en el que se designó como beneficiaria a ******************** y ordenó continuar con el procedimiento. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo ******************** de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: Desahogue la audiencia incidental de reconocimiento de beneficiarios señalada para el quince de marzo de dos mil veintitrés. En el término de tres días posteriores a ello, emita la resolución interlocutoria de dicho procedimiento. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Finalmente, se precisa que si bien no obra en auto el acuse de recibo del oficio 5547/2023, dirigido al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cochoapa, Guerrero, el mismo resulta innecesario toda vez que la presente ejecutoria beneficia a las partes a la luz del artículo 17 de la Constitución Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia en el presente juicio de amparo sin que a la fecha obre en autos el acuse de recibo del oficio 5547/2023 de la misma fecha mediante el cual se le notifica la resolución de mérito al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cochoapa, Guerrero, no obstante que fue depositada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, como se advierte de la factura que obra agregada en el expediente electrónico. Luego, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se requirió al Encargado de la Administración postal para que informara el destino que dio a la pieza postal que ampara el oficio antes indicado, sin que a la fecha haya desahogado tal requerimiento, no obstante estar debidamente notificado desde el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa; requiérase por segunda ocasión al Encargado de la Administración Postal, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino que dio a las pieza postal que ampara el oficio antes indicado a consignación del tercero interesado o informe el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Apercíbase al Encargado de la Administración Postal, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 246 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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