Paulino Longinos Gómez (promovente)
Expediente 350/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Paulino Longinos Gómez (promovente)
- Rajender Kumar Y Mahavir
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio con evidencia criptográfica de la firma electrónica de la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, se solicita copia certificada de diversas constancias; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa e infórmese la imposibilidad que se tiene para atender lo solicitado, en razón de que los autos originales se remitieron al Juzgado Decimoquinto de Distrito en la misma materia y sede, toda vez que se trata de un asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 230/2021-I de su índice, promovido por Paulino Lónginos Gómez en nombre y representación de Rajender Kumar y Mahavir, en virtud de que el órgano judicial oficiante se declaró incompetente para conocer de los actos reclamados consistentes en el rechazo y/o retorno asistido, y/o privación de la libertad derivado de un procedimiento migratorio, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 350/2021- II. Acúsese recibo de estilo. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada, y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo únicamente respecto del acto reclamado consistente en el rechazo y/o retorno asistido, y/o privación de la libertad derivado de un procedimiento migratorio. Atento a lo solicitado por el juzgado oficiante, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el????????????? procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) Ahora bien, de la demanda de cuenta se advierte que se señaló como actos reclamados los siguientes: Asimismo, el Juzgado oficiante se declaró incompetente para conocer de los actos reclamados materia de este juicio consistente en los siguientes (actos reclamados en este juicio de amparo). En ese sentido, este juzgado considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por las siguientes consideraciones: Al respecto, los artículos 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". De lo anterior, se advierte que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de instar la acción constitucional por la parte agraviada, es decir, podrá promoverse únicamente por la persona a quien perjudique el acto reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, en el entendido que el quejoso podrá hacerlo por sí, por conducto de su representante legal, apoderado, defensor o cualquier otra persona en los términos en que expresamente la ley de la materia lo permita. En el caso, la persona Paulino Lónginos Gómez, quien promueve en favor de los quejosos manifiesta en su escrito de demanda que son de nacionalidad india, que se encontraban en un viaje en tránsito, y que al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se le prohibió el ingreso a territorio nacional, asimismo se llevaron a cabo diversos actos señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 15 de la Ley de Amparo y señaló que sería inminente el rechazo y/o retorno de los aquí quejosos a su país de origen. Por lo anterior, Paulino Lónginos Gómez, promovió en favor de Rajender Kumar y Mahavir, juicio de amparo del que correspondió conocer al Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y el veintinueve de marzo pasado, se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer de los actos consistentes en el rechazo y/o retorno asistido y/o privación de la libertad derivado de un procedimiento migratorio de los aquí quejosos. Así las cosas, resulta evidente que en el caso no se trata de un asunto que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que no es factible considerar que la demanda de amparo pueda ser promovida por diversa persona de los quejosos. Sobre esto último, conviene citar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 y 126 de la ley de la materia, que en lo que interesa establecen: "Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)" "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)" Así, de dichos preceptos se obtiene que cuando el amparista se encuentra imposibilitado para promover el amparo puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3. Incomunicación; 4. Deportación o expulsión; 5. Proscripción o destierro; 6. Extradición; 7. Desaparición forzada de personas; 8. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9. La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De esta forma, para que sea procedente la promoción del juicio en nombre de los quejosos, como en el caso concreto, debe actualizarse alguno de dichos supuestos y que además, el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo por sí, por lo que si en el particular los quejosos no se encuentran en ninguno de los supuestos mencionados, es evidente la improcedencia de la acción constitucional de amparo. En el caso, si bien los quejosos también reclamaron actos que si encuadran en las hipótesis antes descritas, el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ya se encuentra conociendo de los mismos, como se acredita en autos, y se declaró legalmente incompetente para conocer únicamente respecte del acto reclamado consistente en el rechazo y/o retorno asistido, y/o privación de la libertad derivado de un procedimiento migratorio, por tratarse de actos independientes y de distinta naturaleza, a la hipótesis de excepción prevista por la Ley de Amparo no se surte en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AL SER EL PRIMERO UN ACTO QUE PUEDE ESTUDIARSE INDEPENDIENTE A LA LUZ DE LA MATERIA QUE LO RIGE, PUEDE DIVIDIRSE AQUÉLLA SIN AFECTAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA QUE SU CONSTITUCIONALIDAD SEA ANALIZADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo. Esta interpretación obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encontraban fuertemente ligados entre sí; sin embargo, cuando el citado libelo contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse de manera autónoma, no opera esa regla y sí es factible que su análisis se efectúe separadamente, máxime si éstos son de diversas materias en las que, por especialización, deben conocer juzgadores con la competencia en la rama de que se trate. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y en su demanda de amparo indirecto reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, de acuerdo con el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Migración, aquél jurídicamente se encuentra fuera del territorio nacional, lo cual implica que no pueda considerarse que en virtud de ello esté incomunicado, detenido y menos aún privado de su libertad; por tanto, el mencionado rechazo, al ser un acto que puede estudiarse independiente a la luz de la materia que lo rige (administrativa), puede dividirse la demanda sin afectar la continencia de la causa, para el efecto de que la constitucionalidad de ese acto, sea analizada por un Juez de Distrito de dicha especialidad; sin perjuicio de que uno en materia penal conozca respecto de los demás actos de incomunicación, detención y privación de la libertad. Registro digital: 2011853, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.1o.P.30 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2889, Tipo: Aislada. En efecto, el acto reclamado en el presente asunto, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 15 de la Ley de la materia, porque el rechazo por parte de la autoridad migratoria no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y en consecuencia, se requiere que la demanda de amparo sea promovida por la parte agraviada en el presente asunto. En apoyo a lo anterior se cita, por analogía, la jurisprudencia número PC.I.P. J/28 P (10a.), que es del tenor literal siguiente: ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable. Expuesto lo anterior, si en el caso concreto, la demanda de amparo se encuentra signada por Paulino Lónginos Gómez, por consiguiente carece de la firma de la parte directa agraviada. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. En esta tesitura, si la demanda es promovida por Paulino Lónginos Gómez en nombre y representación de Rajender Kumar y Mahavir, se concluye que quien lo hace en su nombre, carece de legitimación para ello. Al respecto, se impone destacar que de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, presupuesto procesal indispensable para la procedencia de la acción constitucional, esto es, el acreditamiento pleno de la legitimatio ad procesum del agraviado, que puede efectuar por cualquier medio de prueba, por lo que se determina que en el caso concreto, no es suficiente que Paulino Lónginos Gómez, firmara la demanda de amparo, toda vez que la instancia constitucional sólo puede promoverla la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su persona, en sus derechos, en su familia, en su domicilio o en su patrimonio y dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita expresamente, cumpliendo con los requisitos que amerite cada supuesto, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su apoderado. En mérito de lo anterior, se advierte que Paulino Lónginos Gómez, no se encuentra legitimado para promover el juicio en que se actúa, puesto que en todo caso, es a los quejosos a quienes les afecta el acto reclamado, y quienes, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, podrán promover, en este caso, la demanda de amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse; de manera que es inconcuso que sólo Rajender Kumar y Mahavir podrán promover la demanda que se pretende, su representante legal o su apoderado. En consecuencia, dado que el promovente carece de legitimación procesal activa para instar esta vía, pues un principio del juicio de amparo es que sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, y al no actualizarse hipótesis alguna de representación prevista en la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6°, de la ley de la materia, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 272 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, de rubro: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.. Lo anterior no implica que a los quejosos se les deje en estado de indefensión, toda vez que si bien es cierto el artículo 15 de la Ley de Amparo, señala que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya citados, y los agraviados se encuentren imposibilitados para promover la demanda de amparo, cualquier persona podrá hacerlo en su nombre y se requerirá al agraviado para que en el término de tres días, la ratifique, también lo es que de las constancias que integran el juicio de amparo 231/2021-I del índice del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que obran en copia certificada, en específico de las constancias de notificación de los quejosos relativas al proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, por el que se les concedió la suspensión de plano solicitada, se desprende que los quejosos Rajender Kumar y Mahavir, ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por Paulino Lónginos Gómez, y hecho lo anterior, mediante acuerdo de veintinueve de marzo pasado, el Juzgado declinante admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos previstos por el artículo 22 de la Constitución General de la República y el diverso 15 de la Ley de la materia, de ahí que no se deja en estado de indefensión a los quejosos puesto que un órgano de amparo se encuentra conociendo de los actos ubicados en el supuesto urgencia. Sin que en el caso, el hecho que los quejosos hayan ratificado la demanda de amparo promovida en su nombre y representación por Paulino Lónginos Gómez sea suficiente para subsanar dicha falta de legitimación del promovente, puesto que se reitera, al no encontrarse los actos aquí controvertidos en los supuestos de excepción antes descritos, no es factible sustanciar la demanda de amparo promovida por una persona que carece de legitimación procesal activa. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autorizan en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; téngase como forma especial y expedita de contacto para entablar comunicaciones no procesales con la parte quejosa el correo electrónico que señala, en el entendido que únicamente se tomará en consideración en caso de ser necesario entablar alguna comunicación de ese tipo, conforme a lo dispuesto en dicho Acuerdo General. Se hace de su conocimiento, que toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la parte quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Avenida Balderas, número 39 (treinta y nueve) quinto piso, interior B-2 (letra b guion dos) Colonia Centro, código postal 06000 (seis mil) Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de cinco de marzo de dos mil veintiuno, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad por la parte quejosa y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Subtesorero de Administración Tributaria, a través del cual, realiza diversa manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de mérito únicamente para que obre como corresponda, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de cinco de marzo del año que transcurre, este órgano jurisdiccional declaró cumplido el fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- Paulina Moro Bañuelos847/2017
- Paulina Revilla Castillo1595/2018
- Paulino Baruch Culebro695/2020
- Paulino Baruch Culebro1685/2014
- Paulino Carrasco Santiago1744/2022
- Paulino García Carrillo1486/2019
- Paulino Quinteros Juarez408/2019
- Paulo César Meneses Tapia1362/2015
- Paulo Colunga Martínez1179/2018
- Paulo Germán Escalante Palacios1381/2018
- Paulo Martínez Brachet1785/2016
- Paulo Martínez Brachet y Otros.1090/2016