Paulino Juvenal Reynoso Ávila

Expediente 655/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
655/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
  • Paulino Juvenal Reynoso Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, y la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra de la determinación de veintiuno de junio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de conservación, en términos del artículo 17 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional; asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de conservación, de conformidad con el artículo 17 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso b), toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente de suspensión, permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y transcurrida esa temporalidad se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, devuélvanse a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Estado de México las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, así como con motivo su informe relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo cual, mediante proveído de uno de junio de la presente anualidad, se recibió el ocurso signado por el quejoso Paulino Juvenal Reynoso Ávila, con el que realizó manifestaciones en ese sentido; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria. En principio, es de puntualizarse que los actos reclamados se hicieron consistir en: a) El acuerdo de inicio e instauración del procedimiento administrativo seguido en el expediente SS/CHJ/PS/129/2021, por el que se pretende separar al quejoso de su cargo. b) El oficio 20600005SUAGIJ/00836/2022, por el que se le notificó al quejoso su garantía de audiencia respecto del procedimiento seguido en su contra. c) La inconstitucionalidad de los artículos 152, apartado B, fracción IX; 158, fracción I; 160, 161, 166, 170, 171, 172 y 173 de la Ley de Seguridad del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de septiembre dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Paulino Juvenal Reynoso Ávila, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; y, 2. Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, pero con plenitud de jurisdicción, pronuncie una nueva resolución debidamente fundada y motivada; la cual podrá ser en el mismo o diverso sentido que la anterior, pero subsanando las deficiencias que se le ha indicado." Así, por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Luego por determinación de siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo, para la sustanciación del referido medio de impugnación; después por diverso proveído de ocho de noviembre del año pasado, el quejoso Paulino Juvenal Reynoso Ávila, interpuso recurso de revisión adhesiva contra la sentencia de veintiocho de septiembre pasado; y se ordenó remitir el original de ese ocurso en alcance al diverso 16037/2022 de este registro, con el que se ordenó remitir los autos originales de este juicio de amparo con motivo del recurso de revisión en comento, al citado Tribunal Colegiado en Turno. Así por auto de veintitrés de noviembre pasado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusó recibo de las constancias que se le remitieron a fin de sustanciar el recurso de revisión de referencia, el cual registró bajo el amparo en revisión 728/2022 de su estadística. Luego, el doce de abril del año en curso, la Actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitió el testimonio de la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, pronunciada por dicho Órgano Colegiado, dentro del recurso de revisión 728/2022 de su índice, en el que determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida". "SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Paulino Juvenal Reynoso Ávila, por el acto y autoridad, precisados en el resultando primero de esta sentencia, para los efectos precisados en el último considerando de la resolución dictada en el juicio de amparo. "TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Paulino Juvenal Reynoso Ávila.". Motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la citada ejecutoria. Posteriormente, el quince de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio con terminación 03868/2023, suscrito por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mediante el cual, remitió copias certificadas con las que acreditó el cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa, de las cuales realizó pronunciamiento al respecto. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, subsanó la deficiencias indicadas en la sentencia amparadora, es decir, la responsable procedió a fundar y motivar la nueva determinación dictada en cumplimiento, con los preceptos legales y motivaciones suficientes para acreditar la personalidad de los signantes de la misma, como integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, lo que incluso apoyó con los pies de página que alude y se observan de su resolución. En ese sentido, la integración de la autoridad responsable, se encuentra debidamente fundada y motivada en los términos que fue requerido en la sentencia de amparo, pues efectivamente la integración actual de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se sostiene, entre otras disposiciones, en el acuerdo 002/2011, del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, mismo que fue modificado por diverso acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis, en el que se establece que ésta se integrará por el Titular de la Unidad de Análisis Criminal (en su carácter de presidente), por el Director General de Asuntos Jurídicos (en su carácter de secretario), por el Director General de Inteligencia e Investigación para la Prevención del Delito, por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito, por el Director General de Prevención y Readaptación Social, por el Director General de Administración y Servicios, y por el Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales (todos los últimos en su carácter de vocales), acuerdo éste último, que en lo conducente fue transcrito en la determinación reclamada, y que fue además publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el trece de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, no fue omisa la responsable en justificar la sustitución del Director General de Administración y Servicios y del Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales, pues sus cargos fueron modificados en su denominación, como se justificó en el Decreto 244 de la LIX Legislatura del Estado de México, por el cual la Comisión Estatal de Seguridad se transforma en la Secretaría de Seguridad, y el Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad, de las que se advierte que el Oficial Mayor y la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales, asumieron las funciones de las previamente citadas en el presente párrafo. Por lo cual, se encuentra debidamente justificado que la determinación materia de estudio sea emitida y signada por el Titular de la Unidad de Análisis Criminal, por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el Titular de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención, por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, por el Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y por el Titular de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." No se desatienden las manifestaciones del quejoso en el sentido de que no se dio cumplimiento a la sentencia amparante, mismas que fueron acordadas el uno de junio de la anualidad; sin embargo, son inatendibles, pues por una parte el quejoso indicó que no se advertía que las responsables hubieran dejado sin efecto el acto reclamado en el presente sumario, lo que se encuentra evidenciado en el presente juicio que sí aconteció; y las restantes fueron para indicar que el nuevo acto ya había sido materia de denuncia de repetición del acto reclamado, pero indicó que no tenía conocimiento de su contenido, lo cual, de igual manera es inatendible en la presente determinación, pues el quince de mayo de la anualidad cursante, se le dio vista mediante notificación personal con las constancias de cumplimiento remitidas por la responsable, y por otra parte, no se puede analizar lo denunciado respecto de la repetición del acto reclamado, pues esto únicamente compete a la incidencia correspondiente. Por lo tanto, previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Rafael Becerra Lozano, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo cual, mediante proveído de uno de junio de la presente anualidad, se recibió el ocurso signado por el quejoso Paulino Juvenal Reynoso Ávila, con el que realizó manifestaciones en ese sentido; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria. En principio, es de puntualizarse que los actos reclamados se hicieron consistir en: a) El acuerdo de inicio e instauración del procedimiento administrativo seguido en el expediente SS/CHJ/PS/129/2021, por el que se pretende separar al quejoso de su cargo. b) El oficio 20600005SUAGIJ/00836/2022, por el que se le notificó al quejoso su garantía de audiencia respecto del procedimiento seguido en su contra. c) La inconstitucionalidad de los artículos 152, apartado B, fracción IX; 158, fracción I; 160, 161, 166, 170, 171, 172 y 173 de la Ley de Seguridad del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de septiembre dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Paulino Juvenal Reynoso Ávila, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; y, 2. Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, pero con plenitud de jurisdicción, pronuncie una nueva resolución debidamente fundada y motivada; la cual podrá ser en el mismo o diverso sentido que la anterior, pero subsanando las deficiencias que se le ha indicado." Así, por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Luego por determinación de siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo, para la sustanciación del referido medio de impugnación; después por diverso proveído de ocho de noviembre del año pasado, el quejoso Paulino Juvenal Reynoso Ávila, interpuso recurso de revisión adhesiva contra la sentencia de veintiocho de septiembre pasado; y se ordenó remitir el original de ese ocurso en alcance al diverso 16037/2022 de este registro, con el que se ordenó remitir los autos originales de este juicio de amparo con motivo del recurso de revisión en comento, al citado Tribunal Colegiado en Turno. Así por auto de veintitrés de noviembre pasado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusó recibo de las constancias que se le remitieron a fin de sustanciar el recurso de revisión de referencia, el cual registró bajo el amparo en revisión 728/2022 de su estadística. Luego, el doce de abril del año en curso, la Actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitió el testimonio de la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, pronunciada por dicho Órgano Colegiado, dentro del recurso de revisión 728/2022 de su índice, en el que determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida". "SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Paulino Juvenal Reynoso Ávila, por el acto y autoridad, precisados en el resultando primero de esta sentencia, para los efectos precisados en el último considerando de la resolución dictada en el juicio de amparo. "TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Paulino Juvenal Reynoso Ávila.". Motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la citada ejecutoria. Posteriormente, el quince de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio con terminación 03868/2023, suscrito por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mediante el cual, remitió copias certificadas con las que acreditó el cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa, de las cuales realizó pronunciamiento al respecto. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, subsanó la deficiencias indicadas en la sentencia amparadora, es decir, la responsable procedió a fundar y motivar la nueva determinación dictada en cumplimiento, con los preceptos legales y motivaciones suficientes para acreditar la personalidad de los signantes de la misma, como integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, lo que incluso apoyó con los pies de página que alude y se observan de su resolución. En ese sentido, la integración de la autoridad responsable, se encuentra debidamente fundada y motivada en los términos que fue requerido en la sentencia de amparo, pues efectivamente la integración actual de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se sostiene, entre otras disposiciones, en el acuerdo 002/2011, del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, mismo que fue modificado por diverso acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis, en el que se establece que ésta se integrará por el Titular de la Unidad de Análisis Criminal (en su carácter de presidente), por el Director General de Asuntos Jurídicos (en su carácter de secretario), por el Director General de Inteligencia e Investigación para la Prevención del Delito, por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito, por el Director General de Prevención y Readaptación Social, por el Director General de Administración y Servicios, y por el Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales (todos los últimos en su carácter de vocales), acuerdo éste último, que en lo conducente fue transcrito en la determinación reclamada, y que fue además publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el trece de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, no fue omisa la responsable en justificar la sustitución del Director General de Administración y Servicios y del Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales, pues sus cargos fueron modificados en su denominación, como se justificó en el Decreto 244 de la LIX Legislatura del Estado de México, por el cual la Comisión Estatal de Seguridad se transforma en la Secretaría de Seguridad, y el Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad, de las que se advierte que el Oficial Mayor y la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales, asumieron las funciones de las previamente citadas en el presente párrafo. Por lo cual, se encuentra debidamente justificado que la determinación materia de estudio sea emitida y signada por el Titular de la Unidad de Análisis Criminal, por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el Titular de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención, por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, por el Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y por el Titular de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." No se desatienden las manifestaciones del quejoso en el sentido de que no se dio cumplimiento a la sentencia amparante, mismas que fueron acordadas el uno de junio de la anualidad; sin embargo, son inatendibles, pues por una parte el quejoso indicó que no se advertía que las responsables hubieran dejado sin efecto el acto reclamado en el presente sumario, lo que se encuentra evidenciado en el presente juicio que sí aconteció; y las restantes fueron para indicar que el nuevo acto ya había sido materia de denuncia de repetición del acto reclamado, pero indicó que no tenía conocimiento de su contenido, lo cual, de igual manera es inatendible en la presente determinación, pues el quince de mayo de la anualidad cursante, se le dio vista mediante notificación personal con las constancias de cumplimiento remitidas por la responsable, y por otra parte, no se puede analizar lo denunciado respecto de la repetición del acto reclamado, pues esto únicamente compete a la incidencia correspondiente. Por lo tanto, previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Rafael Becerra Lozano, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver en los autos del incidente de repetición del acto reclamado derivado del juicio de amparo 655/2022-II, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 67 y 199 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundado el incidente de repetición del acto presentada por el quejoso ********************, por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente determinación. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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