Paulino Gilberto Lagunés Aguirre
Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Paulino Gilberto Lagunés Aguirre
- Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 610/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 251 a 257), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos la constancia de notificación del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, pues no se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada, en términos del numeral 87 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se declaró sin materia el cuaderno accesorio por cuanto hace a los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 33 a 35 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso d), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que Alejandro Gorozpe Huerta -autorizado del quejoso Paulino Gilberto Lagunés Aguirre-, exhibió un billete de depósito -el cual se acordó en proveído de quince de julio de dos mil veintiuno (foja 25 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto)-, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, y el citado peticionario de amparo dio cumplimiento con el requisito impuesto en el auto de siete de julio anterior (fojas 10 a 15 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), esto es: a) Exhibió el billete de depósito N881379 por la cantidad de $481.10 (cuatrocientos ochenta y un pesos 10/100 moneda nacional) mismo que sirvió para reparar posibles perjuicios que pudiera ocasionarle a la parte tercero interesada. Ahora, en las constancias que integran el cuaderno accesorio se advierte la resolución emitida en data de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 33 a 35 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), donde se declaró sin materia el cuaderno accesorio por cuanto hace a los actos reclamados, por lo que no se le causó un perjuicio a la tercera interesada, en ese sentido, el suscrito estima innecesario darle vista a esta última, en los términos señalados en el numeral 156 de la Ley de Amparo. En consecuencia, requiérasele a Paulino Gilberto Lagunés Aguirre, a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, se declararán prescritos los mismos y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de la Tesorería de la Federación. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica al quejoso, el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, que dice: En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 251 a 257), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos la constancia de notificación del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, pues no se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada, en términos del numeral 87 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se declaró sin materia el cuaderno accesorio por cuanto hace a los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 33 a 35 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso d), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que ********************, exhibió un billete de depósito -el cual se acordó en proveído de quince de julio de dos mil veintiuno (foja 25 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto)-, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, y el citado peticionario de amparo dio cumplimiento con el requisito impuesto en el auto de siete de julio anterior (fojas 10 a 15 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), esto es: a) Exhibió el billete de depósito ********************por la cantidad de ******************** mismo que sirvió para reparar posibles perjuicios que pudiera ocasionarle a la parte tercero interesada. Ahora, en las constancias que integran el cuaderno accesorio se advierte la resolución emitida en data de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 33 a 35 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), donde se declaró sin materia el cuaderno accesorio por cuanto hace a los actos reclamados, por lo que no se le causó un perjuicio a la tercera interesada, en ese sentido, el suscrito estima innecesario darle vista a esta última, en los términos señalados en el numeral 156 de la Ley de Amparo. En consecuencia, requiérasele a ********************, a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, se declararán prescritos los mismos y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 610/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, PAULINO GILBERTO LAGUNES AGUIRRE, promovió juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 10 a 14). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 19); fue emplazado al presente juicio la parte tercero interesada Raúl Ávila Rodríguez y/o Germán Delgadillo Silva, en su carácter de endosatarios en procuración de José Luis Altamirano Ortega, por medio de exhorto que fue diligenciado por el personal actuante adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (foja 239); tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado trató de ejecutarse en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo del emplazamiento reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La falta de notificación personal o emplazamiento al proceso, dentro del juicio oral mercantil 15/2021 del índice del Juzgado responsable. Cabe precisar que el quejoso refiere haber tenido conocimiento del acto reclamado el veintitrés de junio de dos mil veintidós. (foja 3) Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Nayarit, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 19) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio oral mercantil 15/2021 de su índice; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que hacen valer las partes y las que de oficio pudieran advertirse en la especie. MARCO NORMATIVO En relación con el acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, al haber dejado de existir la materia del mismo. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. (.)" De la citada porción normativa, se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado y, por ende, ya no puede surtir ningún efecto legal o material, por lo que sería imposible restituir el goce del derecho violado al quejoso, o bien, que la sentencia concesoria no tendría ningún efecto jurídico. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Al respecto, cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí, además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de amparo advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica del quejoso, de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirlo en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirve de apoyo, por sus consideraciones jurídicas, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ahora bien, a efecto de externar las razones que sustentan el criterio del suscrito, es pertinente tomar en cuenta los siguientes: ANTECEDENTES De las constancias mencionadas en la audiencia que precede, destacan los antecedentes que en lo que aquí importa, motivan el presente juicio de amparo: 1.- El Juicio Oral Mercantil 15/2021 fue promovido por Raúl Ávila Rodríguez y/o Germán Delgadillo Silva, en su carácter de endosatarios en procuración de José Luis Altamirano Ortega, en contra del aquí quejoso PAULINO GILBERTO LAGUNES AGUIRRE, a quien demandaron en la vía oral mercantil el pago de la cantidad de $15,488,100.00 (quince millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.) como suerte principal, y demás prestaciones. (fojas 23 a 25) 2.- Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Nayarit, previno a los promoventes para que aclararan la vía en que deseaban promover su demanda (fojas 31 y 32); así mediante escrito fechado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, los endosatarios en procuración de José Luis Altamirano Ortega, desahogaron la prevención efectuada (foja 36); recayendo a dicho ocurso el auto de veintitrés de febrero siguiente, que admitió la demanda propuesta en la vía oral mercantil, y libró exhorto al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin de emplazar a juicio al demandado PAULINO GILBERTO LAGUNES AGUIRRE. (fojas 37 a 39) 3.- Por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido, sin diligenciar, el exhorto librado a efecto de emplazar a juicio al demandado, aquí quejoso. (foja 65) 4.- Mediante escrito fechado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, la parte actora manifestó desconocer algún otro domicilio del demandado, por lo que solicitó se realizara la investigación de mismo por medio de diversas autoridades administrativas (foja 100); el cual fue acordado favorablemente en auto de diecisiete de agosto siguiente. (foja 101) 5.- Luego que las autoridades administrativas informaron que no localizaron domicilio alguno del demandado PAULINO GILBERTO LAGUNES AGUIRRE, en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento a juicio por medio de edictos. (foja 126 a 128) 6.- Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora exhibiendo los ejemplares de las publicaciones de los edictos relativos al emplazamiento a juicio del demandado PAULINO GILBERTO LAGUNES AGUIRRE en términos del escrito fechado el diecisiete de marzo del año en curso. (fojas 139 a 146) 7.- A través del proveído de seis de abril de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia preliminar a que se refiere el artículo 1390 Bis 20 del Código de Comercio (fojas 148 y 149); la cual se llevó en la hora y fecha programada, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia de juicio prevista por el artículo 1390 Bis 22 (fojas 151 a 154). 8.- A las doce horas con quince minutos del veinte de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de juicio, quedando los autos en estado de resolución. (fojas 170 a 175) 9.- Mediante sentencia engrosada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se declaró improcedente la vía mercantil oral intentada, y se dejaron a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente. (fojas 176 a 187) 10.- En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se determinó que la sentencia dictada en el juicio natural, quedó firme por ministerio de ley, al no admitir en su contra recurso ordinario alguno. (foja 243) Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SUBSUNCIÓN En ese orden de ideas, si en la especie se reclama de la autoridad responsable la omisión de emplazar dentro de los autos del juicio oral mercantil 15/2021, empero de las actuaciones del juicio natural se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia que declaró improcedente la vía mercantil oral intentada, y se dejaron a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente; misma que quedó firme por ministerio de ley, al no admitir en su contra recurso ordinario alguno; ello permite tener actualizada la causa de improcedencia invocada, toda vez que aun y cuando subsiste el acto reclamado, lo cierto es que la falta de llamamiento a juicio reclamada, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De manera que no existe mayor litis en la cual participar, por lo que se considera que lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por la peticionaria de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por PAULINO GILBERTO LAGUNES AGUIRRE, contra el acto precisado en el considerando segundo, que atribuye al 1. Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Nayarit, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. (Lo que se notifica por lista de acuerdos a la parte tercero interesada por así ordenarse en autos)
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en Tepic, Nayarit; désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, y provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele informando que dentro del juicio oral mercantil 15/2021 de su índice, ha quedado firme la sentencia dictada el veintitrés de junio pasado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
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