Paulino Flores Romero

Expediente 2546/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2546/2014
Año
2014
Actuaciones
15
Última actuación
11/06/2015

Partes del expediente

  • Paulino Flores Romero
  • APOLONIA ROMERO CARRILLO y Otros.
  • Apolonia Romero Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de junio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos, asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, toda vez que la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de las actuaciones que emanan de la carpeta de control JCC/109/2013; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable la copia certificada de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de ocho de mayo del año en curso, se dio vista a las partes, con el oficio del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de febrero de dos mil quince, dictada por Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en el segundo punto resolutivo, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, en contra la determinación del nueve de octubre de dos mil catorce, en el sentido de imponer prisión preventiva a los quejosos por un plazo de doce meses, así como el auto de vinculación a proceso del trece de octubre de dos mil catorce, ambos dictados en la causa penal JCC/109/2013, del índice del Juzgado de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, precisando los efectos siguientes: ".VIII. DECISIÓN. 121. Por otra parte, dado lo fundado de los conceptos de violación analizados bajo la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia del trece de octubre de dos mil catorce y, en su lugar, inmediatamente proceda a citar a las partes a fin de que, dentro del plazo constitucional previsto para tal efecto, celebre nuevamente esa audiencia y, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución pudiendo ser en el mismo sentido o en otro siempre que, fundada y motivadamente: a) Precise con toda claridad que en el presente caso no fue una acción de carácter agrario la que se ejercitó, sino una de naturaleza penal para determinar la responsabilidad de los imputados y, en su caso, sancionarlos conforme al código punitivo, quedando incólume el derecho agrario que a aquéllos pudiera asistir para poseer el inmueble en cuestión y, consecuentemente, a fin de dar certeza en la resolución que determine la situación jurídica de los imputados, ahora quejosos, se concentre en exponer argumentos que acrediten la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que lo cometieron o participaron en su comisión; b) Exponga con toda claridad qué elementos probatorios generaron la certeza y convicción necesarios para concluir que el tópico relativo a la identidad del bien inmueble objeto de la imputación estaba suficientemente acreditado; c) Que en la nueva resolución la juzgadora no se limite a la enunciación genérica de los datos de la carpeta de investigación, sino que los justifique y pondere de forma pormenorizada, exponiendo de manera particular el alcance y peso de cada uno de los datos de investigación, estableciendo cómo se acredita con cada uno, tanto la existencia del hecho ilícito, como la posible participación de los imputados en la ocupación del bien inmueble denominado Temicalco, que se ubica en la población de San Andrés Cuautempan, municipio de Tlayacapan, Morelos, cuya propiedad dijeron acreditar las víctimas en términos del instrumento notarial trece mil ochocientos sesenta y dos, del treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos, pues tratándose de la vinculación a proceso se deben satisfacer plenamente los estándares que exige la Constitución Federal, a saber: la existencia de un hecho calificado por la ley penal como delito y la existencia de datos que permitan establecer la posible participación del imputado, sin obviar que la carga probatoria de estos extremos corresponde al ministerio público. d) En relación con la acreditación de las agravantes del tipo penal que nos ocupa, la juzgadora deberá explicar con suficiente amplitud qué se desprende del peritaje en criminalística de campo del cinco de junio de dos mil trece, de qué técnica se valió el perito para su realización, además de relatar la forma en que aquél se constituyó en el predio y los medios que lo condujeron a arribar a las conclusiones que emitió. Adicionalmente, deberá considerar que la fiscalía refirió que las víctimas habrían realizado diversas construcciones en el bien inmueble objeto del despojo con el propósito de tener un lugar donde permanecer durante los fines de semana o puentes vacacionales, además de que se exhibieron diversos recibos de pago de consumo de energía eléctrica respecto del predio objeto de la imputación. Por lo tanto, deberá ponderar esas cuestiones antes de determinar si efectivamente el bien inmueble objeto del despojo está o no situado en una zona despoblada. En otro aspecto, en cuanto a la actualización de la diversa calificativa relativa a que la acción de despojo se realice por tres o más personas, deberá tomar en consideración que no se recabó el testimonio de Elpidio Díaz Tlaltipa; además, deberá ponderar el conjunto de circunstancias que se suscitaron en la comisión de ilícito y no sólo el número de personas que supuestamente habrían intervenido en ella, pues únicamente a partir de una apreciación completa de la mecánica delictiva, será factible ponderar si la acción de despojo se realizó por tres o más personas y si todas ellas realizaron acciones tendentes a la realización del hecho imponible. En el entendido que una vez hecho lo anterior, la juez responsable deberá determinar si la decisión que asuma en cuanto a la actualización de las agravantes del delito de despojo, repercute o no en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva del nueve de octubre de dos mil catorce. e) En caso contrario, y de insistir en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, la juez responsable deberá abstenerse de decretar su imposición en cualquiera de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1 de la Constitución Federal, específicamente la relativa a la condición social de los quejosos. Además, antes de determinar su imposición, deberá considerar que los quejosos sí comparecieron a otras diligencias, a saber, el seis de mayo de dos mil trece y el dieciséis de enero de dos mil catorce; consecuentemente, deberá evaluar esos antecedentes a fin de determinar si efectivamente se podría concluir que tienen la intención de sustraerse a la acción de la justicia." Por auto de veinticuatro de marzo del dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante oficios recibidos el veintisiete y treinta de marzo del año en curso, informó que dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de trece de octubre de dos mil catorce, asimismo, señaló las diez horas con cinco minutos del veintisiete de marzo de dos mil quince, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso, asimismo, el veintisiete de marzo del año en curso, procedió a la cancelación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el nueve de octubre de dos mil catorce, ordenando decretar la inmediata libertad a favor de Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, única y exclusivamente por cuanto a la causa penal que se ocupa, sin perjuicio de que pueda permanecer en reclusión por proceso diverso a disposición de distinta autoridad judicial, ello en virtud, de que por la naturaleza ya no fue solicitada diversa medida cautelar por la fiscalía; remitiendo disco óptico en formato DVD que contiene la resolución de vinculación a proceso. Asimismo, el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante oficios recibido el diez de abril y ocho de mayo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de marzo del año en curso, dictada en la causa penal JCC/109/2013, así como de la resolución de veintisiete de marzo del año en curso, dictada con motivo de la medida cautelar impuesta a los quejosos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: El Juez responsable dictó resolución el veintisiete de marzo del año en curso, dentro de la causa penal JCC/109/2013, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en contra de la determinación emitida el nueve de octubre de dos mil catorce, en el sentido de la medida cautelar impuesta a los quejosos, así como del auto de vinculación a proceso decretado el trece de octubre del dos mil catorce, en la que precisó que mediante auto de veinticinco de marzo del año en curso, se dejó sin efecto legal alguno el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia del trece de octubre de dos mil catorce, asimismo, procedió a citar a las partes a fin de que, dentro del plazo constitucional, celebrara nuevamente esa audiencia y dictara una nueva resolución, asimismo se pronunciara respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva decretada mediante determinación de nueve de octubre de dos mil catorce, por un plazo de doce meses, por lo tanto procedió a resolver sobre la medida cautelar. En la que precisó que una vez escuchados los intervinientes y declarado cerrado de debate, tomando en consideración las manifestaciones vertidas por la Representación social en el sentido de que insiste en su petición de que se imponga como medida cautelar la establecida en el numeral 177, fracción I, del Código Procesal Penal aplicable, relativa a la prisión preventiva, el Juez procedió a resolver que reunidos los requisitos de procedencia que exige el ordinar 177 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento de la comisión del hecho delictivo, han quedado colmadas dichas exigencias por lo que determinó que a su criterio es infundada la petición de cautela solicitada por la Agente del Ministerio Público, en el sentido de que se imponga como medida cautelar la establecida en el numeral 177, fracción I, del Código Procesal Penal aplicable, relativa a la prisión preventiva, pues dicha cautela atenta en contra del principio de presunción de inocencia y se estaría ante una pena anticipada; por tanto, toda vez que el Agente del Ministerio Público dejó de insistir respecto a la petición de la prisión preventiva y al no haber solicitado otra medida cautelar diversa, procedió a realizar la cancelación de la medida cautelar decretada el nueve de octubre de dos mil catorce, consistente en la prisión preventiva que le fuera impuesta a Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, única y exclusivamente por cuanto a la causa penal que se ocupó, sin perjuicio de que pudiera permanecer en reclusión por proceso diverso o a disposición de distinta autoridad, asimismo, ordenó mandar oficio al Centro de Reinserción Social de Cuautla, Morelos, para su conocimiento. Por otra parte, dictó resolución el veintisiete de marzo del dos mil quince dentro de la causa penal JCC/109/2013, en la que procedió a dictar una nueva resolución de vinculación a proceso, en observancia al fallo protector. Señalando que cerrado el debate, una vez que escuchó la exposición sintética del Fiscal, así como las argumentaciones de la Defensa, el Juez procedió a resolver con relación a la vinculación a proceso que se instruye en contra de los imputados Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, por su probable participación en la comisión del hecho delictivo por el cual la Representación Social formuló imputación denominado Despojo Agravado, por realizarse en lugar despoblado, el cual se encuentra previsto y sancionado en los artículos 184, fracción II y 185 párrafo segundo del Código Penal en vigor, cometido en agravio de Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco. Asimismo, precisó que en cumplimiento a los principios que rigen el Sistema Acusatorio adversarial y conforme a los antecedentes a través de los cuales el fiscal solicitó la vinculación a proceso en contra de los imputados Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, por su probable participación en la comisión del antisocial por el cual la fiscalía formulo imputación denominado Despojo Agravado, por realizarse en lugar despoblado, el cual se encuentra previsto y sancionado en los artículos 184, fracción II y 185 párrafo segundo del Código Penal en vigor, cometido en agravio de Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco. Realizó la aclaración que el artículo 184 de la ley sustantiva en la materia infiere que comete el hecho ilícito de Despojo, el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo engañando a este; disponga de un inmueble que ha recibido a título de depositario judicial; ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida el disfrute de uno o de otro; ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que lesionen los derechos del ocupante; altere términos o linderos del predio o cualquier clase de señales o mojoneras destinadas a fijar los límites de los predios contiguos, tanto de dominio público como de propiedad particular; desvíe o haga uso de las aguas propias o ajenas, en los casos en que la ley no lo permita, o haga uso de un derecho real sobre aguas que no le pertenezcan; o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del usuario de dichas aguas; a quien se les impondrá prisión de seis a diez años y de doscientos ochenta días de multa; por otra parte, el artículo 185 de la Codificación invocada con antelación, dispone que se incrementará hasta en una mitad las sanciones aplicables conforme al artículo 184, cuando el despojo se realice por tres o más personas, o con empleo de violencia, o se cometa en lugar despoblado. Precisó que los elementos estructurales del hecho delictivo de Despojo agravado, son los siguientes: A) QUE EL ACTIVO OCUPE UN INMUEBLE AJENO, HAGA USO DE ÉL O IMPIDE EL DISFRUTE DEL MISMO. B) QUE ESA OCUPACIÓN LA HAGA SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN TENGA DERECHO A OTORGARLO O ENGAÑANDO A ESTE. Como agravante en la comisión de la antisocial que se ocupó, es que esa ocupación, uso impedimento que se lleve a cabo por tres o más personas bueno un lugar despoblado. Estimo que se encuentra acreditado el hecho delictivo de DESPOJO, por el cual la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso, análisis que se hará de manera conjunta, toda vez que era necesario que en el sistema de justicia penal, acreditar los elementos objetivos normativos y subjetivos, ya que en la especie sólo debe atenderse al hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, tomando en cuenta para ello en el grado de racionalidad para estimar si se justifican o no los elementos del hecho, considerando ese luego el principio de legalidad, los datos expuestos por el Fiscal, y la ponderación de los mismos. Asimismo, precisó que se encuentra debidamente acreditados los elementos del hecho antijurídico a estudio, esto es, "que los activos ocuparon un inmueble ajeno, hicieron uso de ella, impidieron el disfrute del mismo, sin el consentimiento de quien tenía derecho otorgarlo"; lo anterior se justifica en principio, con los antecedentes relativos a las declaraciones rendidas por los pasivos Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, cuatro de marzo de dos mil trece y veintiocho de febrero de dos mil trece, datos de prueba y convicción que valoró atendiendo los principios de la lógica sana crítica y máximas de la experiencia, en términos de lo establecido en los artículos 23 y 335, del Código de Procedimientos Penales en vigor, a los cuales les otorgó el carácter de indicios incriminatorios, y de los que se advierte que los pasivos son propietarios y poseedores del bien inmueble ubicado en el poblado de San Andrés Cuauhtempan, conocido (Temicalco) localizado en la carretera Tlayacapan, Totolapan sin número del Municipio de Tlayacapan, Morelos, con las medidas y colinda nacías siguientes: al norte en 81.00 ochenta y un metros y colinda con barranca, al oriente en cinco tramos de 18.00 dieciocho metros, más 36.00 treinta y seis metros y colinda con Pedro Odon, mas 18.00 dieciocho metros, más 66.00 sesenta y seis metros, más 15.00 quince metros y colinda con Carmela Robles, al sur en tres tramos de 35.00 treinta y cinco metros, 38.00 treinta y ocho metros, 50.00 cincuenta metros y 129.50 ciento veintinueve punto cincuenta metros y colinda con la carretera Tlayacapan-Totolapan; al poniente con dos tramos 50 cincuenta metros, más 32.00 treinta y dos metros colinda con barranca; dicho predio tiene una superficie total de 11,883 ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS, y que dicho bien inmueble lo adquirieron mediante contrato de compraventa que celebraron el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos, ante la fe del Notario Público número Seis de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos; circunstancia que corroboró con la escritura pública 13,862, volumen CCXCII, de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Notario Público número Seis de la Primera Demarcación Notarial, donde se advierte que los señores Pedro Rodríguez Hernández, María Bernarda Martínez Torres de Rodríguez y Ema Ríos Esquivel, vendieron a los sujetos pasivos el bien inmueble de referencia, dato de prueba que fue incorporado por la Fiscalía y se valoraron libremente de conformidad con los principios de la lógica, sana crítica y máximas de experiencia, en términos de lo establecido por los artículos 23 y 335 del código adjetivo penal vigente; dándosele el carácter de indicio incriminatorio toda vez que con ello queda demostrado que los pasivos tienen el derecho de posesión sobre el bien inmueble de referencia al ser titulares del derecho y por ende la posesión del mismo; de igual manera, quedó demostrado que los pasivos tuvieron en posesión del bien inmueble materia de la imputación, desde el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos hasta antes del treinta de agosto del dos mil doce, lo cual se acreditó con las propias declaraciones de las víctimas, las cuales las valoró libremente de conformidad con los principios de la lógica y máximas de la experiencia, conforme a la sana crítica, en términos de lo dispuesto en por los artículos 23 y 335 del Código Procesal Penal en vigor; advirtió que los pasivos desde que adquirieron el bien inmueble de referencia lo han poseído en su carácter de dueños, dado que los mismos construyeron varias edificaciones, es decir, casas para fines de semana, así como plantaron árboles frutales; datos de prueba y convicción que se robusteció con el antecedente relativo a la declaración del ateste Pastor Chaparro García de fecha ocho de enero de dos mil trece, que valoró libremente de conformidad con los principios de la lógica, sana crítica y máximas de la experiencia en términos de lo establecido por los numerales 23 y 335 del Código adjetivo penal vigente, y se le da el carácter de indicio incriminatorio; así como del antecedente relativo a la entrevista de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, practicada por el Agente de la Policía Ministerial, así como la declaración de ocho de enero de dos mil trece, rendida ante el Agente del Ministerio Público, ambas declaraciones realizadas a Jorge Escamilla Avila; así como el antecedente que se concatenó con la declaración de Celestino Valdés Pedraza, rendida ante la Representación Social de fecha veintinueve de enero de dos mil trece; lo explicitado se reforzó con el antecedente probatorio relativo a la declaración del ateste Alejo Simón Reyes de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, rendida ante el Agente Ministerio Público; asimismo, se concatenó con el antecedente relativo a la declaración de Juventino Romero Carrillo de fecha treinta de abril de dos mil trece, al rendir ante el Agente Ministerio Público; de igual manera, se concatenó con el antecedente de la prueba consistente en la declaración de Jacobo Velásquez Mendoza rendida ante la Fiscalía el tres de junio de dos mil trece; antecedentes de prueba que se reforzó con el informe de materias de arquitectura, topografía, fotografía y valuación, de fecha once de febrero de dos mil trece, suscrito y firmado por el Perito Oficial Arquitecto José Luis Vargas Gómez. Antecedentes probatorios y convictivos que concatenados entre y si demuestra que en primer término los pasivos desde el día treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos, han estado en posesión del bien inmueble materia de la imputación, asimismo, que son las personas que tienen derecho sobre el inmueble, dado que tienen el título de propiedad que los acredita como legítimos propietarios; de igual forma, quedan acreditados los elementos constitutivos el antisocial denominado DESPOJO, ello con los datos de prueba que han quedado valorados con antelación, de conformidad con los principios de la lógica y máximas de la experiencia, en términos de lo instruido por los numerales 23 y 335 de la Codificación Procesal Penal del Estado de Morelos, quedando justificado el hecho relativo a que los sujetos activos con fecha treinta de agosto de dos mil doce, ocuparon un inmueble ajeno lo que es el inmueble ubicado en el poblado de San Andrés, Cuauhtepan, conocido como Temicalco, localizado en la carretera Tlayacapan-Totolapan sin número, del municipio de Tlayacapan, Morelos. Acción que llevaron a cabo en los sujetos activos, sin consentimiento de quien tenía derecho otorgarlo; en razón de que no existió consentimiento expreso o tácito por parte de los sujetos pasivos, para que los ahora imputados ocuparan el inmueble de su propiedad, pues resultó evidente que al existir una denuncia y/o querella de Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco, en contra de los activos Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, por el delito de DESPOJO, la lógica y jurídicamente se infiere que no existió consentimiento alguno por parte de las víctimas para que estos ocupara el inmueble de su propiedad. Quedando demostrado el hecho referente a que los activos Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero ocuparon un bien inmueble ajeno propiedad de los sujetos pasivos, ello con los antecedentes investigación que quedaron incorporados por la Representación Social y el que resolvió los valoró en términos de los artículos 23 y 335 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Morelos, conforme a los principios de la lógica y máximas del experiencia, a los cuales le dio el carácter de indicios incriminatorios; de ello prevalece la denuncia presentada por la propia víctima Leticia Cidel López de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, quien respecto a la acción de Despojo del inmueble de su propiedad hizo referencia: "que el treinta de agosto de dos mil doce, siendo aproximadamente las diecisiete horas la víctima recibió una llamada telefónica por parte de su empleado Celestino Valdéz Pedraza, quien le dijo que Elpidio Díaz, yerno de Apolonia Romero Carrillo estaba acercando la entrada de su terreno y ya no lo dejaba pasar a la casa, por lo que al día siguiente, es decir el uno de septiembre del dos mil doce, la víctima llegó a su terreno. aproximadamente a las diez horas, corroborando que en efecto su casa y su terreno estaban cercados con postes de madera y alambres de púas, que le impedían el acceso a su casa, por lo que acudió ante el Síndico Municipal para poder llegar a una conciliación, citando a Elpidio Díaz y esa cita se llevó acabo el cinco de septiembre de dos mil doce, en donde Elpidio Díaz manifestó ante el propio Síndico Municipal, que a él lo habían mandado a cercar del inmueble de los señores Paulino Flores Romero y Apolonia Romero Carrillo y que ellos le dijeron que eran los dueños de ese inmueble; además, arguyo la víctima en su denuncia, que desde que los sujetos activos cercaron a su terreno, no han podido ingresar a él, y las ocasiones en que han intentado entrar, son agredidos verbalmente por Paulino Flores Romero y Apolonia Romero Carrillo, mismos que actualmente ostentan como propietarios de su predio". Precisó, que aunado a lo anterior, lo concerniente a la acción de despojo se reforzó con la ampliación de la declaración de Leticia Cidel López de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, ante el Agente del Ministerio Público, que valoró libremente en consideración a los principios de la lógica y máximas de las experiencia, conforme a la sana crítica, en términos de los artículos 23 y 335 del Código Procesal Penal en vigor, en dicha testimonial se infiere que el dos de marzo de dos mil trece, siendo aproximadamente las once horas, acudió a su casa ubicada en el poblado de San Andrés, Cuahtempan, conocido como Temilcalco, localizado en la carretera Tlayacapan-Totolapan sin número, del Municipio de Tlayacapan, Morelos, ya que quería entrar para sacar todos los alimentos perecederos que estaban en el interior, pues habían pasado algunos meses y creía que estaban echados a perder, pero al llegar se encontró con la sorpresa de que además de la cerca que existía, su casa ya tenía otra cerca más con palos y alambres de púas, y al intentar pasar llegó Paulino Flores Romero, diciéndole que ni intentara meterse porque esa casa era de ellos, es decir del señor Paulino Flores Romero y de la diversa activo Apolonia Romero carrillo; que no la iban a dejar pasar porque ese inmueble ya era de ellos; que no se preocupara por sus perros porque también se los iban adueñar, por lo que ante tal agresión la víctima se retiró y les dijo que no iba pelear, que todo lo iba hacer conforme a la ley. Asimismo el Juez, precisó que respecto la ocupación de un inmueble ajeno sin consentimiento de quien tenía derecho otorgarlo conforme a la ley, quedó demostrada con el testimonio que rindió Jorge Escamilla Ávila de fecha ocho de enero de dos mil trece, ante el Representante social, que valoró en términos de los artículos 23 y 335 del Código Procesal Penal en la entidad, en qué destacó que conoce a la señora Leticia Cidel López desde hace veinticinco años, en virtud que desde ese tiempo llegó a vivir a su domicilio; que al llegar se percató que del lado sur se encontraba una construcción de una casa donde trabajaba como albañil o jardinero un conocido de él de nombre Juventino Romero; que sabe y le consta y que la señora Leticia Cidel López y su familia, poseen el predio ubicado en la carretera Totolapan-Tlayacapan, del poblado de San Andrés Cuauhtempan, Municipio de Tlayacapan, Morelos, desde hace veinticinco años; que en relación al despojo se percató que a finales del mes de agosto del dos mil doce, los sujetos activos colocaron una cerca con postes de madera y alambres de púas en la entrada de la casa de la señora Leticia Cidel López, y que incluso se dio cuenta que el día cinco de septiembre de dos mil doce, la señora Leticia Cidel López estaba fuera de su casa y que la señora Apolonia Romero Carrillo y Elpidio no la dejaban pasar, ni a ella ni a la pipa de agua que llevaba para regar las plantas de su casa y su terreno"; antecedente convictivo con el cual quedó demostrado la posesión predial del inmueble y el hecho relativo a que las víctimas son los propietarios y poseedores del inmueble materia de la formulación de imputación. En efecto el testigo corroboró argumentado por la propia víctima Leticia Cidel López en lo tocante al hecho ilícito de despojo, llevado cabo por los activos, sin consentimiento de quien podía otorgarlo conforme a derecho. Asimismo, se reforzó con el testimonio de Celestino Valdés Pedraza rendida ante el Agente del Ministerio Público el veintinueve de enero de dos mil trece, que valoró en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 335 del Código Procesal Penal en vigor; asimismo lo corroboró con el dato probatorio a la testimonial de Alejo Simón Reyes de veintinueve de enero de dos mil trece rendida ante el Agente Ministerio Público, que valoró en los términos de los artículos 23 y 335 del Código de Procedimientos Penales en vigor lo cual es oportuna para acreditar el hecho relativo a la acción de Despojo por parte de los sujetos activos. Precisó que los datos de prueba que se valoraron libremente atendiendo los principios de la lógica, máximas de la experiencia, conforme a la sana crítica y que demuestran el hecho delictivo del despojo, es decir la acción que llevaron a cabo los sujetos activos sin consentimiento de quien tenían derecho a otorgarlo, dado que no existe consentimiento por parte de los sujetos pasivos de que los ahora imputados ocuparan un inmueble de su propiedad; pues resultó evidente que al existir una denuncia o querella de Leticia Cidel Lopez y Alfredo Moscoso Orozco, en contra de los activos Apolonia Romero carrillo y Paulina Flores Romero, por el delito de Despojo, lógica y jurídicamente se infiere que no existió consentimiento alguno por parte de las víctimas para que estos ocuparan el inmueble de su propiedad; agrego, que como quedó precipitado, que no era necesario en este sistema de justicia penal, acreditar los elementos objetivos normativos y subjetivos en el caso que así los describa el tipo penal, como es decir el denominada cuerpo del delito, ya que sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, tomando en cuenta el grado de racionalidad para estimar si se justifican o no los elementos, así como el principio de legalidad, los datos expuestos por el fiscal y la ponderación de los mismos. Respecto a la agravante que invocó la Fiscalía en el sentido de que el hecho delictivo de Despojo se llevó en un lugar despoblado, precisó que no se encuentra debidamente colmada dado que de los antecedentes de prueba incorporados por la Fiscalía como lo fueron las declaraciones de las víctimas y de los testigos, se advierte que en el inmueble materia de la imputación, los sujetos activos construyeron diversas edificaciones, como casitas y la casa principal, las cuales eran utilizadas para descanso de fines de semana; por lo tanto, de dichos datos probatorios se infiere que evidentemente contaban con servicio de energía eléctrica, pues la Representación Social incorporó diversas documentales tocantes a recibos de pago de consumo de energía eléctrica del inmueble controvertido; datos de prueba que valoró libremente atendiendo los principios de la lógica, sana crítica y máximas de la experiencia en términos de los artículos 23 y 335 del Código Procesal Penal vigente en la entidad; Sin embargo precisó que en efecto el inmueble controvertido no se encuentra en un lugar despoblado, puesto que en la misma se encuentran diversas edificaciones y construcciones que cuentan con diferentes servicios, como lo es el de energía eléctrica, incluso tienen una alberca para ocuparla los fines de semana; lo anterior es así, tomando en consideración el concepto de "lugar despoblado", este presupone un sitio deshabitado, sin población, carente de servicios básicos como el de energía eléctrica; circunstancia que desde luego no acontece con el inmueble materia de la formulación de imputación. A pesar de que el concepto "despoblado" tiene muchas acepciones, no se puede establecer que el inmueble referido se encuentre precisamente en un lugar despoblado, pues inclusive de las declaraciones de los testigos, las cuales fueron incorporadas por el Ministerio Público en la audiencia, desprendió que dos de ellos son vecinos de la parte sur del bien inmueble propiedad de los objetos pasivos. Asimismo, precisó que del informe pericial en materia de criminalista a suscrito por el experto Joeder Ponce Mendoza, de fecha cinco de julio de dos mil trece, analizado por el resolutor, advirtió que no se estableció una metodología, ni en las técnicas que utilizó para arribar a las conclusiones que llego, contraviniendo lo que establece el artículo 295 de la Ley Procesal Penal en vigor, requisitos que no fueron cumplidos por el perito al momento de emitir su dictamen, aunado a ello, del informe de referencia se destacó la existencia de construcciones destinadas a casa habitación, a la aducir textualmente "la escena corresponde a un lugar de tipo cerrado, destinada como casa habitación"; luego entonces, estimó que lo observado por el perito es contrario a la determinación que arribó en el sentido de que el inmueble precisado se localiza en una zona aislada y despoblada; máxime que dicha pericial se contrapone con los diversos testimonios que rindieron los atestes citados, pues al menos dos de ellos refirieron ser colindantes con el predio denominado Temicalco que se ubica en la población de San Andrés Cuauhtempan, Municipio de Tlayacapan, Morelos; además, dicho dictamen también resulta contrario a las documentales incorporadas por la Fiscal en la audiencia de vinculación a proceso, referentes a diversos recibos en concepto del servicio de energía eléctrica de la Comisión Federal de electricidad, se precisa, el concepto de "lugar despoblado", presupone un sitio deshabitado, sin población, carente de servicios básicos como el de energía eléctrica, lo cual no acontece en el asunto sujeto a escrutinio, derivado precisamente de los propios recibos de luz introducidos por la representación social; razón por la cual se advierte que la agravante de referencia no se encuentra acreditada. Por otra parte, respecto a la agravante consistente en que el hecho delictivo de despojo haya sido cometido por tres o más personas; precisó que esta agravante no se encuentra acreditada en su plenitud, tomando en cuenta para ello, tomando en cuenta que no fue recabado el testimonio de Elpidio Díaz Tlaltipa; si bien es incuestionable se encuentra relacionado en la imputación, como la persona que el día treinta de agosto de dos mil doce, aproximadamente a las diecisiete horas, se encontraba colocando postes de madera y alambre de púas en el acceso principal del inmueble propiedad del ahora víctimas, pero también es indudable que el mismo no fue citado como testigo, pues se reitera fue formulada en la imputación respectiva, pero debe entenderse que el mismo se encuentra sustraído; aunado a ello, de los antecedentes probatorios que han sido valorados, advirtió que la persona que ocupó el inmueble de los sujetos pasivos cerrándoles el acceso principal, ningún interés legítimo tenía para hacerlo, pues no se ostentó ni se ha ostentado como titular de los derechos posesorios respecto al necesitado bien, sino por el contrario, llevó a cabo el hecho señalado en la imputación por instrucciones de los activos Apolonia Romero carrillo y Paulino Flores Romero; consecuentemente, estimó que la conducta atribuida a los activos no fue llevada a cabo por tres o más personas, esto es, fue materializada únicamente por dos sujetos, los cuales fueron citados a escuchar la formulación de imputación por parte de la Fiscalía; razón por la cual la agravante que se ocupa no se encontró colmado en su integridad. Por lo tanto, adecuó la imputación que formuló la Fiscalía, esto es, se trata del hecho ilícito de DESPOJO previsto en el artículo 184, fracción II, Del código penal vigente, en los términos de lo establecido por el artículo 278 antepenúltimo párrafo del Código Procesal Penal en vigor, lo que en la especie aconteció, puesto que no quedaron colmadas las agravantes por las cuales el Agente del Ministerio Público formuló imputación. Respecto a la probabilidad de que los imputados cometieron el hecho delictivo concreto, o participaron en su comisión, tomó en consideración lo dispuesto por los artículos 272 y 274 del Código Procesal Penal vigente del Estado, estimando que se encuentra debidamente acreditada la probable responsabilidad de que los imputados Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, participaron en la comisión del ilícito de Despojo por el cual se les formuló imputación; ello en virtud de que los antecedentes de prueba aportados por la Fiscalía eran suficientes para justificar, la probabilidad de que los imputados cometieron el delito en cuestión, o participaron en su comisión, siendo de suma preponderancia los datos convictivos tocantes a la declaración de Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco, así como los diversos testimonios rendidos por los diversos atestes de nombre Pastor Chaparro García, Jorge Escamilla Ávila, Celestino Valdez Pedraza, Alejo Simón Reyes, Juventino Romero Carrilo y Jacobo Velázquez Mendoza; de ellos se destacó una importación directa y categórica por parte de las víctimas y de los testigos que tuvieron conocimiento del hecho delictivo y, en contra de los imputados, pues en dichos antecedentes de convicción se encuentran valoradas libremente atendiendo a las normas de la lógica y máximas de la experiencia, conforme a la sana crítica, en términos de los artículos 23 y 335 de la Ley adjetiva en la materia. Asimismo, precisó que la conducta desplegada por los imputados esta establecida por el artículo 184, fracción II, del Código Penal vigente, desprendiéndose que se les atribuye una conducta dolosa, en carácter de coautores materiales, pues se advierte que por sí mismos cometieron el hecho delictivo de qué se trata, de manera dolosa, consciente y voluntariamente, queriendo y aceptando su conducta antisocial de conformidad con los dispositivos 15 primer párrafo, 18, fracción I, ambos del Código punitivo para esta entidad. Precisó que afecto de establecer si el hecho delictivo materia de la imputación, es una acción de carácter penal y no así agraria o civil; estimó pertinente advertir que los imputados incorporaron como datos probatorios, la resolución de seis de septiembre del año dos mil, del Tribunal Unitario Agrario del 49º Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, denotando la existencia del expediente 120/1994 en la que ordenó la publicación de la sentencia, en dicha resolución se establece que los bienes inmuebles materia de esa controversia agraria se encuentran dentro del régimen de bienes comunales y que aparece como propietario o titular Juan Romero Arenas, correspondiendo al ejido de San Andrés Cuauhtempan, Temicalco, localizado en la carretera Tlayacapan-Totolapan, sin número, del municipio de Tlayacapan, Morelos; así también incorporó en su momento un testamento público abierto celebrado por Juan Romero Arenas, a favor de Apolonia Romero Carrillo, el cual es referente a un predio llamado Temicalco, aunado a ello también se tuvo por incorporada una constancia de posesión expedida por el entonces Comisariado ejidal de San Andrés Cuauhtempan, perteneciente al Municipio de Tlayacapan, Jacobo Velázquez Mendoza de fecha veinte de octubre de dos mil trece, misma que si bien es cierto no fue incorporada en la diligencia anterior, pero indudablemente también lo es, que el Fiscal se impuso de dicho documento en la audiencia de vinculación a proceso, en dicho documento se hizo constar que Apolonia Romero Carrillo, es poseedora de un predio ubicado en San Andrés Cuauhtempan, Municipio de Tlayacapan, Estado de Morelos, con las medidas, colindancias y superficie referidas por la defensa de los imputados, advirtiendo que las medidas y colindancias que obra en la constancia de posesión son las mismas que vertió la víctima Leticia Cidel López en su declaración, por lo que dedujo de qué se trata del mismo bien inmueble, existe identidad respecto del terreno que se arguye en la constancia de posesión de derechos, la cual fue incorporada por la defensa de los imputados, y del inmueble a que hizo referencia la víctima Leticia Cidel López qué es de su propiedad, ellos tomando en consideración precisamente en las medidas y colindancias que han quedado detalladas; no resultando obstáculo el hecho de que se detalle en la constancia de posesión de derechos como superficie total del predio controvertido 11,873 once mil ochocientos setenta y tres metros cuadrados, mientras que las victimas hayan referido una superficie total de 11,883 once mil ochocientos ochenta y tres metros cuadrados, dado que se establece una diferencia mínima de diez metros cuadrados, lo cual de ninguna manera es suficiente para desvirtuar la identidad de los predios en el caso concreto; máxime que también se incorporó una constancia de productor, expedida por el Comisariado de Bienes Comunales Jacobo Velázquez Mendoza en la cual únicamente se hace constar que Paulino Flores Romero, es una persona que se dedica al cultivo de nopal, verduras, con una superficie de dos hectáreas, expedida el dos de abril de dos mil trece, lo que desde luego tampoco es suficiente para desvirtuar la identidad de predios; además la defensa argumentó bajo el principio de objetividad y lealtad, que existe un antecedente que la representación social no introdujo, tocante a un oficio de nueve de mayo de dos mil trece, dirigido al Delegado de asuntos jurídicos, mismo que fue recepcionado el quince de mayo de dos mil trece, signado por Alfredo Ortiz Gutiérrez, donde hace del conocimiento que el inmueble materia del litigio que las víctimas aducen es de su propiedad, es perteneciente al régimen de bienes comunales; si bien es incuestionable, las víctimas Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco sostienen que el inmueble en conflicto es de su propiedad y pertenece al régimen de propiedad privada, y por otra parte los imputados Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, alegan que el terreno materia de la imputación corresponden al régimen comunal y que los mismos sean titulares de los derechos comunales derivados del testamento público abierto otorgado a por Juan Romero Arenas, donde se hizo constar su calidad delegatarios de los predios materia de la imputación; también precisó que es indudable que no tenga competencia para resolver y fallar a qué régimen pertenece el inmueble en contienda, contrario a ello, únicamente se tiene competencia para determinar si la conducta desplegada en por los imputados el pasado treinta de agosto del dos mil doce, revisten carácter del hecho delictivo o, lo que en la especie ha quedado colmado en su integridad, pues con los datos probatorios aportados por la Fiscalía quedó demostrado el antisocial denominado Despojo, dado que se insiste que Apolonia Romero carrillo y Paulino Flores Romero, sin derecho y sin consentimiento de los pasivos ocuparon un inmueble ajeno que no les pertenecía, con independencia que el mismo pertenezca al régimen agraria o al de propiedad privada, circunstancia que debe ser dilucidada ante los tribunales agrarios o civiles competentes; no así la conducta de acción desplegada por los imputados qué desde luego corresponde al ámbito de la justicia penal; en consecuencia de ello, la acción que ejercitó el Ministerio Público es de naturaleza penal y no agraria, como pretendió demostrarlo la defensa en el sentido de que se actualizaba un excluyente de incriminación. Asimismo reiteró que las víctimas fundan su petición de despojo a través de una escritura pública, y el que resolvió precisó que no estaba en condiciones para determinar si ese título de propiedad es nulo o ineficaz, empero, ello es competencia de un tribunal agrario o civil, y lo que se ventila en el caso, es la conducta desplegada por parte de los imputados Apolonia Romero Carrillo y Paulina Flores Romero que constituye un hecho delictivo, es decir se trata de una acción de carácter penal. Concluyendo existen datos suficientes para sostener como probable la intervención dolosa de Apolonia Romero carrillo y Paulina Flores Romero, en la comisión del hecho de Despojo en agravio de Leticia Cidel López Y Alfredo Moscoso Orozco, sin que se desprenda la existencia de alguna causa excluyente de responsabilidad penal, es decir que no supieran lo que estaban haciendo, o que legalmente tenía justificación de apropiarse del inmueble en contienda, o cualquier otra causa que justificada la conducta que se les imputa y que consideraba acreditada; consecuentemente, al no haber quedado acreditado con todo éxito y por encima de toda duda razonable y alguna causa que extingan la pretensión punitiva o una causa excluyente de incriminación a favor de Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, en la comisión del hecho de Despojo, cometido en agravio de Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco. Finalmente decretó la vinculación a proceso de los imputados Apolonia Romero Carrillo y Paulino Flores Romero, por su probable participación en la comisión del hecho delictivo denominado DESPOJO, previsto y sancionado en el artículo 184, fracción II del Código Penal vigente del Estado de Morelos, pues es, se advierte que por sí mismos cometieron el hecho delictivo de qué se trata, de manera dolosa, consciente y voluntariamente, queriendo y aceptado su conducta antisocial, tal y como lo previene los artículos 15, segundo párrafo y 18, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Leticia Cidel López y Alfredo Moscoso Orozco, dado que es claro en la especie, en atención a lo dispuesto por los artículos 23 y 335 del Código de Procedimientos Penales vigente, resultó claro que se colman los extremos Constitucionales, asimismo, las exigencias legales contenidas en los artículos 19 de la Carta Magna Federal y 278 del Código de Procedimientos Penales vigente. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintiocho de abril del año en curso, remite copia certificada de la resolución de veintisiete de marzo del año en curso, dictada en la causa penal JCC/109/2013; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de los terceros interesados, por el cual realizan diversas manifestaciones, solicitando se resuelva lo conducente a fin de determinar que la sentencia fue debidamente cumplida por el Juzgado de origen, y se notifique a la responsable; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a su contenido, se tienen por vertidas sus manifestaciones las que serán tomadas en consideración, una vez que queden debidamente notificadas del presente acuerdo, trascurra el término concedido a las partes, se resolverá si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante oficio recibido el diez de abril del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintisiete de marzo del año en curso, dictada en la causa penal JCC/109/2012, asimismo, informó que procedió a la cancelación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el nueve de octubre de dos mil catorce, sin embargo no remitió la constancias para acreditar lo anterior. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos licenciado Job López Maldonado, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, remita copia certificada de las constancias donde acredite que procedió a realizar la cancelación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el nueve de octubre de dos mil catorce, toda vez que en la sentencia de amparo se precisó que dicha determinación en la que decretó la imposición de la prisión preventiva solicitada por la fiscal es ilegal, pues su imposición tuvo como fundamento una de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1 de la Constitución Federal, a saber la condición social, ya que pareciera que por el sólo hecho de haber referido en sus antecedentes que son campesinos, pues se dedican a las labores del campo e incluso de ello subsisten, deben ser sujetos de la imposición de la medida cautelar más extrema, como lo es la prisión preventiva. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia

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