Paulino Domínguez Dolores
Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Paulino Domínguez Dolores
Actuaciones
- Principal
Estado desechamiento. Vista la certificación asentada en primer término, de la que se advierte que el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Archivo del expediente. Por otro lado, tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido, por lo cual, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Vista la razón realizada por el Actuario Judicial adscrito, por medio del cual se advierte que mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó notificar de manera electrónica dicho acuerdo a la parte quejosa, la que fue generada en el sistema de manera electrónica el seis de octubre pasado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, sin embargo al crearse el acuse de notificación, se observa que se creó de forma automática el nueve de los cursantes, sin otorgar a la parte quejosa el término de dos días previsto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, puesto que dicho lapso trascurrió en día sábado y domingo, que conforme al diverso numeral 19 de la propia Ley, son inhábiles. En consecuencia, a efecto de evitar dejar en estado de indefensión al quejoso y cualquier nulidad de notificación, se ordena notificar el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, de forma electrónica a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. "Nezahualcóyotl, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ****************************, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Enjuiciamiento del Chalco, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1197/2023-II. Decisión sobre la instancia constitucional (desechamiento). La parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado: Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda y de los anexos, se advierte que la citación a la parte quejosa para la audiencia señalada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 398/2022, es para lo siguiente: "En consecuencia, para dar cumplimiento a lo ordenado y continuidad al juicio, acorde a lo señalado en el artículo 400 y 401 de la ley adjetiva, se señalan las CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE JUICIO, en la que las partes desahoguen los medios de prueba admitidos al tenor del auto de apertura a juicio oral". Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.5o.A.16 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2328, Décimo Época, Materia Común, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEBE ADVERTIRSE EXCLUSIVAMENTE DE SU LECTURA, ANEXOS O, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, pues el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. Dichos preceptos establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El diverso artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, dice: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso en análisis, se considera, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, dado que: 1. La posible afectación que pudiera ocasionársele a la parte quejosa, puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el proceso penal de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante los recursos ordinarios o en su caso en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de la resolución que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la ley de Amparo, lo que corrobora la causal de improcedencia invocada. 2. No se justifica la procedencia del juicio de amparo contra la citación a la AUDIENCIA DE JUICIO, en la que las partes desahoguen los medios de prueba admitidos al tenor del auto de apertura a juicio oral, en la causa penal 398/2022, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino que tiene efectos de carácter intraprocesal. 3. No solo por el hecho de que el único medio de impugnación que se pueda hacer valer en contra de un acto de autoridad, sea el amparo indirecto, significa que este sea procedente, pues para ello es menester que dichos actos constituyan el carácter de irreparables, hipótesis que no se surte en el caso, en el que como se señaló, la resolución impugnada únicamente produce efectos intraprocesales, sin que de manera alguna se transgreda en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de la Carta Magna. 4. Al no surtirse la hipótesis que establece el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante los recursos ordinarios y en el caso, el juicio de amparo directo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis 5o.C.8 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 1947, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." Luego, si como ya se precisó, la parte quejosa reclama en el presente asunto la citación a la AUDIENCIA DE JUICIO, en la que las partes desahogaran los medios de prueba admitidos al tenor del auto de apertura a juicio oral, en la causa penal 398/2022, dicha citacion reclamada no constituye para los accionantes constitucionales, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Se reitera, tal decisión del juez responsable no constituye para el accionante constitucional, acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, porque el acto reclamado, no quebranta en su perjuicio, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente transcribir el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Luego, se insiste, el acto reclamado en el amparo indirecto no puede considerarse como de aquellos de imposible reparación, dado que no pueden estimarse así aquellos que, como en el caso, tienen como consecuencia alguna afectación a derechos de índole adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, dado que su fin último es la obtención de un fallo favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejándose intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse dejándose algún derecho sustantivo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la tesis número XI.P.12 P (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 2012689, visible en la página 2632, Tomo IV, Septiembre de 2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, de contenido siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.". Además, los efectos jurídicos producidos por la determinación del Tribunal responsable, son meramente intraprocesales y, por ende, no afectan ningún derecho sustantivo, pues la infracción relativa se causaría sólo en el caso de que se obtuviera una sentencia de condena en su contra, lo cual incluso se podría solucionar mediante la promoción, en su momento, del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer la violación procesal relativa, tal y como lo establecen los artículos 171 y 173, apartado B, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, previo agotamiento del recurso procedente. Sustenta lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, registro digital: 2013269, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1844, que dice: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional; en consecuencia, de conformidad con el arábigo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se observa que el quejoso también se duele de la indebida de notificación del auto que ordena su citación; sin embargo, al ser parte activa dentro de la causa penal de origen, está en posibilidad de defenderse dentro del juicio a través de los recursos ordinarios que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es inadvertido para esta juzgadora, que la demanda de amparo se aprecie incompleta al no existir coincidencia de la parte final de la página tres con la cuatro; sin embargo, esta juzgadora se encuentra en aptitud de resolver lo conducente, en relación a la demanda de amparo, promovida por *******************, en virtud de que sí se aprecia el acto reclamado, así como de las constancias que anexa. LO ES EL ACTO DE MOLESTIA DE SOLICITAR QUE ME PRESENTE A UNA AUDIENCIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, DE UN PROCESO QUE YA CONTABA CON UNA ABSOLUCION, QUE ME DEJA EN ESTADO DE INDEFENSION YA QUE, AL NO SER NOTIFICADO EN FORMA PERSONAL CONSTITUYE UNA FLAGRANTE VIOLATORIA DE GARANTIAS Y DEL CUAL TENGO EL TEMOR FUNDADO DE QUE ME DETENGAN AL TERMINO DE DICHA AUDIENCIA, PONIENDO ASI EN RIESGO EL BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO QUE ES MI LIBERTAD Y QUE, DE LLEVARSE ACABO, SERIA UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION POR PARTE DEL JUZGADOR QUE ME CITA A COMPARECER"
- Principal
(...) Los efectos jurídicos producidos por la determinación del Tribunal responsable, son meramente intraprocesales y, por ende, no afectan ningún derecho sustantivo, pues la infracción relativa se causaría sólo en el caso de que se obtuviera una sentencia de condena en su contra, lo cual incluso se podría solucionar mediante la promoción, en su momento, del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer la violación procesal relativa, tal y como lo establecen los artículos 171 y 173, apartado B, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, previo agotamiento del recurso procedente. Sustenta lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, registro digital: 2013269, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1844, que dice: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional; en consecuencia, de conformidad con el arábigo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo.
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