Paulino de los Santos Calixto.
Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Paulino de los Santos Calixto.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado electrónicamente por Mardonio Ramírez García, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda intentada; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee, y remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito, que por turno y materia corresponda, el original y copia del escrito de agravios. Sin que haya lugar a otorgar el plazo de tres días que establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes señalen las constancias que deberán ser remitidas para la sustanciación del citado medio de impugnación; lo anterior, en virtud que se remitirá la totalidad de la constancias que obran en el sumario, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó el auto que reclama. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por Paulino de los Santos Calixto, por el cual desahoga el requerimiento de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, formulado por este órgano de control constitucional y al efecto manifiesta lo requerido en dicha data. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie el quejoso reclama: Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado DOF 17-06-2016 Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107, de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Así las cosas, es necesario tener presente el contenido del artículo 132 del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero, que disponen: "Artículo 132.- Son apelables: (.) VI. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia e impedimentos; los que conceden o nieguen la acumulación, la separación del proceso; los que manden suspender o continuar el procedimiento, y los que resuelvan incidentes no especificados; y" De la lectura del precepto legal transcrito se evidencia, en lo que interesa, que la codificación de referencia prevé tres recursos, el de reconsideración, apelación y queja, asimismo, que los autos sólo pueden ser objeto de apelación cuando expresamente lo establezca el aludido cuerpo normativo (lo que en el caso ocurre, pues existe disposición expresa al respecto). Ahora bien, en el presente caso, como ya se apuntó, la parte quejosa reclama en la presente vía, el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 60/2013-I-3, en el que desechó de plano el incidente no especificado de libertad absoluta. De ahí que el promovente al ser parte formal en el juicio de origen, tiene la posibilidad interponer el recurso de apelación en contra del auto que reclama; por lo que ello implica, que tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual puede combatir el acto que reclama, que debe agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Con lo anterior, se pone de manifiesto que el impetrante de amparo tenía la obligación de agotar el recurso de apelación contra el proveído reclamado para controvertir su legalidad, ya que, como se apuntó, a través de ese medio de impugnación existe la posibilidad de modificar, revocar o nulificar el auto de mérito y sólo en caso de no haberse reparado la violación cometida, acudir al juicio de amparo; de manera que al no haberlo hecho así la parte quejosa, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Además, es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Por todo lo anterior, es evidente que no procede examinar si el acto aquí reclamado es o no violatorio de los derechos fundamentales de la ahora quejosa, en tanto que, no agotó el principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado con huella digital por Paulino de los Santos Calixto, en atención a su contenido, dígasele que se deberá estar a lo acordado mediante proveído de veintiuno del mes y año en curso. Notifíquese.
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