Paulino Balderas Hurtado

Expediente 163/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
163/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Paulino Balderas Hurtado

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley precitada, se declara que la sentencia de dos de octubre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se negó el amparo a ---------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 del ordenamiento legal antes invocado, se ordena el archivo definitivo del asunto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado, dése de baja este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, y capítulo séptimo, numeral 18, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; III. Realizar las gestiones conducentes para llevar a cabo las transferencias de expedientes a los depósitos documentales debidamente asegurados y con el acompañamiento de un dispositivo de seguridad; y IV. Participar en las sesiones del Grupo Interdisciplinario en las que se analice el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de los expedientes que produzcan. "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se hay negado o concedido la protección Constitucional; y, (.)" En consecuencia, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito de demanda y la sentencia definitiva, de las que se ordena el desglose y además copia digitalizada, ya que se trata de un asunto en el que se negó la protección de la Justicia de la Unión al quejoso. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias que remitió la autoridad responsable Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, consistente las copias certificadas del juicio administrativo 919/2017, devuélvase dicho expediente a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,334.00 (cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Notifíquese vía electrónica al quejoso y a las demás partes por medio de listas de estrados en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veinte. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 163/2020-VI, promovido por ---------, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y remitida al día siguiente, por razón de turno a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, ------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa estimó que el acto reclamado es violatorio de los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 123, apartado B, fracciones XI y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número de expediente 163/2020-VI, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada. En auto de seis de mayo de dos mil veinte, con motivo de la suspensión de plazos decretada a raíz de la contingencia sanitaria, se determinó que el presente juicio no calificaba como juicio en línea, porque no todas las partes tenían acceso al expediente electrónico ni habían solicitado la práctica de notificaciones electrónicas, y en consecuencia se ordenó que el trámite continuara suspendido, en términos de los acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Posteriormente, en auto de siete de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", se ordenó reanudar la tramitación del presente juicio y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de conformidad con la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; en atención a que el acto reclamado tiene ejecución material en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (domicilio de la parte demanda en el juicio natural), lugar en el que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda,12 se advierte que el quejoso reclama de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, lo siguiente: ? El acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio administrativo 919/2017, en el cual se realizó la cuantificación del finiquito por renuncia voluntaria, en ejecución de la sentencia dictada por la Segunda Sección de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del recurso de revisión 943/2018, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son CIERTOS los actos reclamados, ya que el Secretario del Tribunal en funciones de Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado, refirió lo siguiente: "el acto reclamado por el quejoso no es cierto pues la cuantificación realizada a través del auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se determinó que la cantidad a cubrir al quejoso por concepto de finiquito por renuncia voluntaria [.], fue emitido en todo momento de manera fundada y motivada [.]". De lo cual, se desprende que la autoridad responsable a pesar de haber negado las violaciones que se reclaman, aceptó haber emitido el acto reclamado. Además, ello se corrobora con las copias certificadas del juicio administrativo 919/2017, remitidas por la Sala responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo vigente.13 12 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 13 Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Quinta Época, con registro 394182, que dispone: CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el juzgador, antes de analizarse las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sin embargo, al no advertirse causal de improcedencia, y en atención a que ninguna de las partes las hizo valer, lo conducente es proceder al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, resulta conveniente reseñar los antecedentes del acto reclamado materia del presente estudio, los cuales se desprenden tanto de la demanda de amparo, como de las constancias del juicio administrativo 919/2017, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (tomo de pruebas). 11. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de la Tercera Sala Regional de Tlalnepantla del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Paulino Balderas Hurtado, interpuso demanda en contra de la negativa ficta del Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, de pagar el finiquito por renuncia voluntaria preceptuado en los artículos 56, 57, 58 y 60 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco. 12. La Tercera Sala Regional de Tlalnepantla del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, declinó su competencia y remitió la demanda a la Segunda Sala Regional, aquí responsable, quien mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, aceptó la competencia declinada, radicó la demanda bajo el número de juicio 919/2017 y la admitió a trámite. 13. Seguido el juicio de origen, el treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dictó la sentencia en la que declaró la validez de la negativa ficta impugnada. 14. Inconforme con esa resolución, el actor interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien lo radicó con el número 943/2018, y seguido el procedimiento correspondiente, dictó sentencia el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en la cual revocó la resolución de primera instancia, declaró la invalidez de la negativa ficta, y condenó a la autoridad demandada a: "que en el término de tres días hábiles a partir de que cause ejecutoria la presente determinación, acredite de forma desglosada el pago del finiquito por renuncia voluntaria solicitada por --------, asimismo indique a cuál periodo corresponden [...]". 15. Una vez que dicha resolución causó estado, mediante acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, la Sala Regional responsable, requirió el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia. 16. Mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la parte actora presentó una "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." propuesta de cuantificación, que a su consideración correspondía a Paulino Balderas Hurtado, al tenor de las condiciones laborales que tenía cuando se encontraba en activo en la corporación demandada y refirió que dicha autoridad no cubrió de forma completa el pago del beneficio que le correspondía. 17. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Segunda Sala Regional requirió nuevamente al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, el cumplimiento de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. 18. Mediante oficio de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad demandada, refirió que desde el tres de septiembre de dos mil catorce, ya había pagado al actor la cantidad de $4,785.41 (cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 41/100 MN) por concepto de finiquito, mediante cheque número 0012032, y exhibió copia simple de la póliza en donde aparece la firma autógrafa del actor, así como el acuse de recibo respectivo. 19. En escrito de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el actor reiteró que la cantidad que le correspondía en atención al salario diario que percibía el actor antes de causar baja, es de $65,041.06 (sesenta y cinco mil cuarenta y un pesos 06/100 MN); y objetó los documentos exhibidos por la demandada en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin expresar mayor argumento al respecto. 20. Atento a lo anterior, el magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, emitió el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual determinó la cuantificación del finiquito por renuncia voluntaria, con base en las siguientes consideraciones: ? En la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la Segunda Sección de la Sala Superior, estableció que el actor tenía derecho al beneficio previsto en los artículos 56 a 61 de Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco; resolución en la que además precisó que el finiquito por renuncia voluntaria consistía en un año fiscal integrado por las percepciones correspondientes al aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad. ? Por lo tanto, la responsable estimó que para fijar la cuantificación se debe tomar en cuenta: a) el tiempo de servicios prestado -treinta y un años y veinticuatro días-; b) la parte proporcional sobre la cual debe cuantificarse aguinaldo y vacaciones, -del primero de enero al treinta y uno de julio de dos mil catorce-; y c) el último sueldo base del actor -$181.91 (ciento ochenta y un pesos 91/100 MN). ? Con fundamento en el artículo 78 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el cual refiere que el aguinaldo anual corresponde a cuarenta días del sueldo base, la Sala responsable calculó el monto que le correspondía al actor por concepto de la parte proporcional del aguinaldo; para lo cual la sala responsable realizó la operación aritmética correspondiente: multiplicó el sueldo base diario del actor por cuarenta, posteriormente dividió ese monto entre las veinticuatro quincenas que hay en el año, para determinar la parte proporcional a una quincena; cuyo resultado fue multiplicado por las catorce quincenas efectivamente trabajadas por el actor durante su último año en activo, lo cual arrojó un resultado de $4,244.52 (cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 52/100 MN). ? Posteriormente calculó el monto correspondiente al concepto de vacaciones, conforme al artículo 66 de la ley referida en el punto anterior, el cual establece que al cual al trabajador corresponden dos periodos vacacionales al año de diez días cada uno; por lo tanto, multiplicó el sueldo base del actor por veinte, cuyo resultado dividido entre las veinticuatro quincenas del año y posteriormente lo multiplicó por las catorce quincenas efectivamente trabajados por el actor, lo que arrojo un resultado de $2,122.26 (dos mil ciento veintidós pesos 26/100 MN). ? A continuación se calculó el monto de la prima vacacional, tomando en consideración el artículo 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, conforme al cual dicha prestación equivale al veinticinco por ciento (25%) del sueldo base durante los veinte días al año de vacaciones. Por ende, se calculó el veinticinco por ciento del monto proporcional que correspondía por vacaciones al actor $2,122.26 (dos mil ciento veintidós pesos 26/100 MN), lo cual arrojó un resultado de $530.56 (quinientos treinta pesos 56/100 MN). ? Con relación a la prima de antigüedad, la responsable tomó en consideración que el artículo 80 de la Ley en cuestión establece que tal prestación consiste en doce días del sueldo base de trabajador por cada año trabajado; salvo que el sueldo diario del actor exceda dos veces el Salario Mínimo General Vigente, caso en el cual la base para calcular la prima debía ser el doble de Salario Minio General Vigente, en el año en que la parte actora renunció a su puesto; por lo tanto, la responsable, estimó que el Salario Mínimo General Vigente en el área geográfica en el que el actor se desempeñaba era de $67.29 sesenta y siete pesos 29/100 MN), el cual debía ser la base para calcular la prima de antigüedad, con fundamento en la tesis de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR ALTÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL". Por lo tanto la responsable calculó la prima de antigüedad multiplicando el Salario Mínimo General Vigente para el área geográfica A, durante el año dos mil catorce, por dos (doble del salario mínimo), posteriormente por doce (doce días por año) y ese resultado, a su vez lo multiplicó por treinta y uno (años trabajados); lo cual dio un total de $50,063.76 (cincuenta mil sesenta y tres pesos 76/100 MN). En este punto, la responsable tomó en consideración que de acuerdo a la norma 20301/295-06 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo Administrativo, solo procede el pago de años efectivamente cumplidos y no fracciones menores, por lo que el cálculo procedía únicamente por los treinta y un años efectivamente cumplidos, a pesar de que el actor haya trabajado por treinta y un años y veinticuatro días. ? Al sumar todas las cantidades, la responsable obtuvo la cifra total que corresponde al finiquito por renuncia voluntaria asciende a $56,961.10 (cincuenta y seis mil novecientos sesenta y un pesos 10/100 MN). ? Finalmente, determinó que la autoridad demandada acreditó haber realizado un pago al actor por concepto de finiquito por $4,785.41 (cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 41/100 MN), ya que a pesar de que sus pruebas fueron objetadas, la parte actora nunca negó haber recibido el pago correspondiente, por lo tanto, al monto total se descontó la cantidad ya pagada. ? En consecuencia se ordenó al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, entregara a Paulino Balderas Hurtado, la cantidad de $52,175.69 (cincuenta y dos mil ciento setenta y cinco pesos 69/100 MN), por concepto de finiquito por renuncia voluntaria. Acuerdo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de Fondo. Los conceptos de violación en contra del acto reclamado se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias;14 sin embargo es conveniente precisar que en su demanda de amparo la parte quejosa, en síntesis, adujo lo siguiente: e) Primer concepto de violación. El quejoso aduce que el acto reclamado está indebidamente fundado y motivado por lo siguiente: 6. La responsable fundamentó su resolución en los artículos 66 y 78 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, sin embargo esas normas no establecen que las percepciones de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad deban calcularse con base en el último sueldo del actor. 7. La responsable determinó el último sueldo base del actor al observar el último recibo de pago de treinta y uno de julio de dos mil catorce, sin embargo, no estableció el fundamento jurídico que le permitiera considerar ese recibo de pago como base. 8. En relación a la prima de antigüedad, el quejosos se duele de que no se estableció el precepto jurídico que le permitiera considerar como base para su cálculo el Salario Mínimo General Vigente en dos mil catorce, cuando el pago se estaría materializando hasta dos mil veinte. 9. Para realizar el cálculo respecto de la prima de antigüedad, la responsable utilizó la norma 14 Resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. [.]" 20301/295-06 contenida en el Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, conforme al cual sólo se computarán los años efectivamente cumplidos y no fracciones; sin embargo, ese manual no fue empleado para efectos del cálculo de las vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y gratificación especial. 10. La responsable tampoco motivó por qué consideró que la autoridad demandada sí había hecho un pago parcial del finiquito, pues las pruebas que aportó fueron objetadas y de sus manifestaciones no se desprende que haya recibido ese pago; además no se debió considerar el pago parcial, ya que la demandada no lo hizo valer dentro del juicio. f) Segundo concepto de violación. La responsable estaba obligada a respetar el principio de legalidad, sin embargo, ésta invocó los artículos 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios como base para realizar la cuantificación, sin embargo, el quejoso aduce que esas normas no establecen un procedimiento aritmético para tal efecto; por lo tanto se debió buscar un mayor beneficio y realizar el procedimiento aritmético de conformidad con las normas contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos que publica la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el cual contempla el catálogo de formatos que sirven de soporte documental para efectuar los procedimientos administrativos correspondientes. En otras palabras, ante la ausencia de los procedimientos aritméticos para realizar el finiquito, en los artículos de la ley invocados, la responsable debió buscar el mayor beneficio, en el caso el citado manual. g) Tercer concepto de violación. La cuantificación resulta injusta y desproporcional ya que ordena el pago, calculando los montos con percepciones derivadas del último recibo de pago de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, es decir con base en haberes percibidos hace más de seis años, sin actualizar o traer a valor presente las cantidades correspondientes. Ello vulnera el artículo 1° constitucional ya que le otorga un trato desproporcional y desigual con respecto al pago del subsidio de pensión, ya que el Manual de Seguridad Social de los Cuerpos de Seguridad antes mencionado, establece en su artículo 48 que "todas las pensiones serán incrementadas conforme a los incrementos que reciba el personal e activo de la corporación". De igual forma refiere que el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece un sistema de incrementos en las pensiones conforme a los incrementos salariales de los trabajadores activos. Por ende, el pago del finiquito por renuncia voluntaria que toma como base los haberes percibidos en dos mil catorce, da un trato desigual con respecto al pago del subsidio de pensión y es regresivo al no contemplar un incremento, actualización o traer a valor presente la cantidad correspondiente. Señala que el finiquito no es una concesión gratuita, sino un derecho gestado con las aportaciones efectuadas al fondo de pensiones, instrumento financiero que genera intereses y rendimientos. h) Cuarto concepto de violación. La Sala responsable cuantificó de manera restrictiva el monto del finiquito, ya que los artículos del manual no contienen prohibición alguna para actualizar o traer a valor presente las cantidades pagadas; por ende se debió considerar lo anterior para no erosionar el poder adquisitivo por inflación. Reitera que se debe actualizar el salario mínimo al momento de cuantificación de la condena, toda vez que es proporcional que se puedan adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que se podrían adquirir en el año dos mil catorce. Conforme al criterio de la contradicción de tesis 41/2020, que concluyó en la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA INTEGRA LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE LA CONSIDERÓ PARA CURIR EL MONTO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES EFECTUADAS A ISSSTE", las pensiones y demás prestaciones se cubren con los recursos provenientes de las aportaciones que hacen los trabajadores; los cuales se asignan a un fondo de pensiones que produce beneficios y rendimientos; de ahí que se debió actualizar el pago o bien calcular conforme al salario de un miembro en activo de la corporación. Finalmente, alega que el finiquito por renuncia voluntaria es una prestación de seguridad social otorgada en favor de los integrantes de la corporación policial de que se trata; por ende, el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social antes referida supera el vacío normativo del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, que prevé que el monto de las pensiones se incrementaran, pero no establece lo mismo para el finiquito. Referidos los conceptos de violación, a continuación se procede al estudio de los conceptos de violación, lo cual se hará en un orden distinto al en que fueron planteados por la parte quejosa en su demanda de amparo. Son INFUNDADOS los argumentos contenidos en el primer concepto de violación, puntos 1, 2 y 3, en los que el quejoso, esencialmente, aduce que la sentencia se encuentra indebidamente fundada y motivada, porque: (1) los artículos 66 y 78 de la Ley del Trabajo no establecen que las prestaciones que integran el finiquito deban calcularse con base en el último sueldo del actor; (2) no se estableció el fundamento para estimar que el último recibo de pago debía tomarse como el sueldo base del actor; y (3) no se estableció el fundamento jurídico para estimar que la prima de antigüedad debe calcularse con base en el Salario Mínimo General Vigente en el año dos mil catorce y no en el dos mil veinte. En primer término es importante referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el cumplimiento de la garantía de legalidad, en sus vertientes de fundamentación y motivación, se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos o de resoluciones jurisdiccionales, pues las segundas, respetan esos derechos fundamentales, sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundamentan, siempre y cuando de ellas se advierta con claridad la norma jurídica en que la autoridad jurisdiccional basa su decisión. En esos términos, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales ahí planteados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen, del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Ello se desprende de la tesis P. CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000, Página: 143, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Es decir, tratándose de determinaciones emitidas dentro de un procedimiento jurisdiccional, las garantías constitucionales de fundamentación y motivación se encuentran satisfechas, si del conjunto de sus consideraciones se puede advertir las normas de las cuales derivan, aun cuando no invoquen de manera expresa el o los preceptos que se fundamentan. Sobre esas bases, es que resultan infundados los argumentos del quejoso, referentes a que la responsable no señaló los artículos que permitan estimar que el finiquito deba calcularse con base en el último sueldo del actor, ni que éste deba tomarse en consideración al momento en que dicha persona dejó de prestar sus servicios ante la corporación demandada; ya que de los razonamientos vertidos en el auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte que éste tuvo como fundamentó los artículos 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 66. Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer oportunamente por cada institución pública. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer período vacacional siempre y cuando hayan cumplido seis meses en el servicio. [.]" "ARTÍCULO 78. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, equivalente a 40 días de sueldo base, cuando menos, sin deducción alguna, y estará comprendido en el presupuesto de egresos correspondiente. [.]" "ARTÍCULO 80. Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio habiendo cumplido 15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una prima de antigüedad consistente en el importe de 12 días de su sueldo base, por cada año de servicios prestados. Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de la prima de antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales." "ARTÍCULO 81. En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se refieren los artículos 66 y 68 de esta ley, los servidores públicos recibirán sueldo íntegro. Cuando el sueldo se pague por unidad de obra, se promediará el sueldo base presupuestal del último mes. Los servidores públicos que presten sus servicios durante el día domingo tendrán derecho al pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base presupuestal de los días ordinarios de trabajo. Los servidores públicos que, conforme al artículo 66 de esta ley, tengan derecho a disfrutar de los períodos vacacionales, percibirán una prima de un 25% como mínimo, sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los mismos." Además, en el la responsable aplicó de manera expresa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 48/2011, de rubro y texto: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL. En atención a que la prima de antigüedad es una prestación laboral que tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo y el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, en términos de los artículos 162, fracción II, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, su monto debe determinarse con base en el salario que percibía el trabajador al terminar la relación laboral por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, cuyo límite superior será el doble del salario mínimo general o profesional vigente en esa fecha."15 Por lo tanto, contrario a lo que estima la parte quejosa, el auto reclamado, sí cumple con una adecuada fundamentación y motivación, ya que del mismo se advierten los razonamientos jurídicos que la llevaron a adoptar las decisiones que ahora se impugnan, las cuales sin duda conducen a las normas jurídicas de carácter general que la sustentan la decisión de calcular las prestaciones comprendidas dentro del finiquito con base en el último salario percibido por el trabajador antes de renunciar. En esos términos, el hecho de no expresar un artículo que exactamente refiriera que las prestaciones laborales debían ser calculadas con base en el último salario del actor o con el salario mínimo vigente en ese momento, no implica una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la conclusión de la autoridad responsable, sí encuentra sustento en las normas jurídicas y en los razonamientos vertidos en la propia sentencia impugnada, y de manera destacada la conclusión de la autoridad responsable se fundamentó en la jurisprudencia 2a./J. 48/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de carácter vinculante para la autoridad responsable. Criterio en la cual, el Máximo Tribunal, al interpretar artículos similares a los invocados en el acto reclamado, determinó que las prestaciones que tienen su origen en la terminación de la relación de trabajo, deben calcularse "con base en el salario que percibía el trabajador al terminar la relación laboral por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, cuyo límite superior será el doble del salario mínimo general o profesional vigente en esa fecha". Aunado a ello, es lógico que si las prestaciones que comprendían el finiquito se debían calcular con base en el último salario, se debía emplear el último recibo de nómina del actor, pues éste es el documento idóneo para acreditar el monto para obtener la base de las operaciones correspondientes; sin que hubiera necesidad de citar un artículo que expresamente lo estableciera así. En consecuencia, son INFUNDADOS los argumentos expresados en los puntos 1., 2., y 3., del primer concepto de violación, ya que la autoridad responsable sí cumplió con la garantía de fundamentación, porque del auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se desprenden claramente las normas generales que sustentan su determinación. Por otro lado, en sus conceptos de violación tercero y cuarto, el quejoso esencialmente alega que la cuantificación de su finiquito por renuncia voluntaria, resulta injusta y desproporcionada, ya que se calculó con base en el último sueldo base (vacaciones, prima vacacional y aguinaldo) y en el Salario Mínimo General vigente en el año dos mil catorce, al momento de la renuncia (prima de antigüedad), a pesar de que éste debe ser pagado en el año dos mil veinte; por lo tanto considera lo que esas cantidades base de los cálculos se debieron traer a valor presente; además estima que ello vulnera el derecho a la igualdad, ya que le da un trato desigual en relación a las pensiones por jubilación que perciben los servidores públicos, las cuales si se van actualizando de acuerdo a los incrementos que se otorgan a los trabajadores en activo. Conceptos de violación que también resultan INFUNDADOS, por las razones que a continuación se exponen: Siguiendo con la misma línea, es importante retomar las consideraciones que sustentaron la contradicción de tesis 35/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,16 en la cual precisamente se analizó el tema relativo a si el salario que debe tomarse como base para determinar el monto de la prima de antigüedad, es el vigente al momento en que terminó la relación de trabajo, por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, o bien, el que rija en la fecha en que materialmente se hace el pago de esa prestación laboral. 159a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 518. 2a./J. 48/2011. 16 Resuelta en sesión de dieciséis de febrero de dos mil once, por unanimidad de votos. Al respecto, el Alto Tribunal explicó que la prima de antigüedad, tiene entre otras, las siguientes características: es una prestación que tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo; no constituye un incremento al salario, sino que se paga una sola vez; el objetivo de esta prestación consiste en reconocer el esfuerzo y colaboración permanente del trabajador por los servicios prestados al concluir su relación laboral. Por lo tanto, atendiendo a la naturaleza jurídica de esa prestación, la cual tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo y que el derecho a su otorgamiento nace, precisamente, una vez que ha concluido el vínculo laboral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que: "el monto de la prima de antigüedad, debe determinarse con base en el salario que percibía el trabajador al momento en que terminó la relación laboral, por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, y en caso de que aquél exceda del doble del salario mínimo general o profesional, vigente en esa fecha, esta cantidad se considerará como salario máximo, con independencia de que el pago de esa prestación se haga con posterioridad." Así, además de ser criterio obligatorio para este órgano jurisdiccional, el razonamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva a concluir que las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador cuando finaliza su relación laboral, es decir el "finiquito por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación" surgen al momento en que termina su relación; por lo tanto, el reconocimiento de ese derecho en una sentencia firme y posteriormente su cuantificación, deben tomar como base aquellos elementos que establece la Ley, existentes al momento de terminación de la relación laboral, en atención a que el derecho surgió en ese momento y no en uno posterior. Además, dicha conclusión no vulnera el derecho a la igualdad que refiere el quejoso en su demanda, por darle un trato desigual al finiquito frente a la pensión, al no ser actualizable conforme a los incrementos del salario; ya que ambas son instituciones de naturaleza distinta: "[L]a pensión jubilatoria constituye una prestación de seguridad social que tiene su origen en los riesgos a que el hombre está expuesto de carácter natural, como vejez, muerte e invalidez, y que se otorga mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales, en tanto que la prima de antigüedad es una prestación derivada del solo hecho del trabajo y acorde con el tiempo de permanencia en él, que se paga en una sola exhibición y tiene como finalidad compensar el tiempo laborado."17 En otras palabras, la pensión jubilatoria es una prestación de seguridad social, cuyo fin es propiciar la subsistencia de la persona una vez que concluye su vida laboral, la cual se va cubriendo de momento a momento, por lo que es natural que ésta se tenga que ir actualizando conforme van cambiando las condiciones y los costos de la vida. Por el otro lado, la prima de antigüedad no constituye una prestación de seguridad social, sino una compensación o reconocimiento por el tiempo laborado en el mismo centro de trabajo, por lo que de manera similar a las demás prestaciones que se incluyen en el finiquito, son derechos laborales que se obtienen igualmente por el trabajo durante el último año, devengadas y no pagadas durante el último año de la relación laboral, éstas sólo se tiene que pagar una vez, el cual surge precisamente al momento de terminar la relación. Por ende, no pueden aplicarse las mismas reglas respecto de la actualización de las cantidades 179a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 973. 2a. LVIII/2011, de rubro: "TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." que se pagan mes a mes por concepto de pensión por jubilación, a las cantidades que deben ser exhibidas en un único pago con motivo de la finalización de la relación laboral. Debe recordarse que el derecho a la no discriminación reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe la distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, o bien, la igualdad real de oportunidades; para lo cual prohíbe que se dé trato desigual a dos personas que se encuentran en igualdad de condiciones. Consecuentemente, el hecho de que existan distinciones legales entre las dos instituciones previstas en la legislación burocrática del Estado de México, no implica una transgresión de los derechos a la igualdad y no discriminación reconocidos en el precepto mencionado, pues el trato diferenciado encuentra su fundamento en que: ? Son prestaciones de distinta naturaleza: la pensión constituye una prestación de seguridad social, mientras que la prima de antigüedad resulta una gratificación por los servicios prestados; ? Cumplen finalidades distintas: la pensión busca garantizar la subsistencia de una persona una vez que concluye su vida laboral, mientas que la prima de antigüedad resulta ser únicamente una compensación por el tiempo en que la persona laboró en un mismo centro de trabajo, y ? Operan de una forma distinta: la pensión se cubre de forma periódica, atendiendo a las circunstancias como la inflación, que pueden condicionar la subsistencia del trabajador, mientras que la prima se cubre por una única ocasión, al momento de finalizar la relación laboral. Por ende, no se puede decir que exista una transgresión a los derechos referidos por el quejoso, ya que ésta solo se actualiza cuando, estando en condiciones semejantes, existe un trato desigual; máxime que el propio quejoso refiere también ser pensionado, por ende, es claro que la distinción que existe entre la pensión y el finiquito, no vulnera su derecho a la igualdad, ya que éste es beneficiario de ambas. Por otra parte, contrario a lo que aduce el quejoso, el finiquito no se cubre con los recursos provenientes de las aportaciones que hacen los trabajadores, por lo que éstos no se asignan a un fondo de pensiones ni producen beneficios y rendimientos; de acuerdo al propio artículo 58 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, el finiquito por renuncia voluntaria "será cubierto por la corporación y por conducto de la Coordinación de Seguridad Social y Atención al Guardia". En consecuencia, tampoco es acertado que el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social antes referida supla el vacío normativo del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, que prevé que el monto de las pensiones se incrementara, pero no establece lo mismo para el finiquito; pues éste no presenta ningún vacío normativo porque, no existe justificación alguna para estimar que se debe incrementar el monto del finiquito tal como se incrementa el de las pensiones. En consecuencia, se declaran INFUNDADOS, los conceptos de violación tercero y cuarto de la demanda de amparo. Por otro lado, en su segundo concepto de violación, así como en el argumento número 4, del primer concepto de violación, el quejoso refirió, en síntesis, que la autoridad responsable no debió hacer los cálculos correspondientes a los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, con base en los artículos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ya que éstos no contemplan las operaciones aritméticas a seguir; sino que debió emplear las normas contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos que publica la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, lo cual además deparaba un mayor beneficio al quejoso. Conceptos de violación que resultan INFUNDADOS e INOPERANTES por dos razones esenciales. En primer lugar, dichos artículos, si bien no de manera expresa, sí establecen la forma en la que se debe calcular cada una de las prestaciones a las que se refieren; en relación a las percepciones por aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, se debe aplicar el monto anual, a la parte proporcional trabajada durante el último año, mientras que la prima de antigüedad implica una simple operación aritmética, que implica multiplicar doce días del salario base por el número de años trabajado, tal como se advierte de la transcripción que más adelante se incluye; por lo tanto, resultaba innecesario que la autoridad responsable acudiera a los formatos o formularios previstos en el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos que publica la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. En segundo lugar, debe referirse al quejoso que la autoridad responsable no determinó con libertad de jurisdicción fundamentar su decisión en los artículos 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sino que lo hizo en cumplimiento a la resolución de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, dictada en el recurso de revisión 943/2018, en la que se sostuvo lo siguiente: "[P]ara el caso concreto, el Manual de Seguridad Social de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, normativa que si bien contempla el beneficio del pago de 'finiquito', no indica con precisión los rubros que lo integran, por lo que partiendo de que el actor además de ser un miembro de dicha corporación demandada, también posee el carácter de servidor público, en consecuencia y por analogía, se debe aplicar al caso concreto la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, [.] por lo que el finiquito debe cubrirse a partir de los días laborados durante el mes por la cantidad que venía ganando, en el caso, el actor. En tal tesitura y contemplando lo antes expuesto, tenemos que los finiquitos de los trabajadores al servicio del Estado, como es el caso de los policías, y de forma específica para calcular el monto del finiquito por renuncia voluntaria, que solicita Paulino Balderas Hurtado, deben considerarse aquellas percepciones contempladas por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en sus artículos 66, 78, 80 y 81 que literalmente establecen: [.] Numerales, de los que se deduce que para el cálculo de vacaciones, únicamente cuando devengaron dicha prestación, se considerarán veinte (20) días por año, según lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; el aguinaldo se calculará también únicamente por el periodo devengado, en razón de cuarenta (40) días al año, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley; respecto a la prima vacacional, ésta se calculará sobre un veinticinco por ciento como mínimo sobre el sueldo base que le corresponda al servidor público en su periodo vacacional según lo contemplado por el numeral 81 de la multicitada Ley; y en cuanto al pago de una prima de antigüedad consistente en el importe de doce días del sueldo base, por cada año de servicios prestados, será procedente cuando el servidor público haya optado por separarse del servicio habiendo cumplido quince años en el mismo."18 En esos términos, se concluye que los conceptos de violación en estudio, relativos a que el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos que publica la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México le deparaba mayor beneficio, resultan inoperantes, en tanto que se encaminan a controvertir una cuestión que fue resuelta en la sentencia definitiva del juicio natural, la cual no fue 18 Fojas 26 vuelta a 28 del tomo de pruebas. impugnada en amparo por la parte quejosa en su oportunidad; pues el acto reclamado únicamente la ejecutó en sus términos y por lo tanto, esas consideraciones deben tenerse por tácitamente consentidas. Al respecto, son aplicables por analogía las tesis 2a./J. 135/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE ANALIZAR LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, SI DICHA VIOLACIÓN SE COMETIÓ EN UNA SENTENCIA ANTERIOR, Y NO ES ALEGADA EN EL PRIMER JUICIO DE AMPARO. El estudio en el juicio de amparo de los conceptos de violación en los que se combate la omisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada, resulta de la obligación que le impone el artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, pues debe atenderse a las reglas que rigen en dicho medio de control constitucional, cuya materia es de estricto derecho. En esa tesitura, son inoperantes los conceptos de violación en los que se combate la omisión por parte del referido Tribunal de estudiar la competencia de la autoridad demandada, cuando de autos se aprecia que se produjo en una sentencia contra la cual se promovió juicio de garantías sin haberse impugnado oportunamente, pues debe entenderse que dicha violación fue consentida y, por ende, el derecho a reclamarla en amparos posteriores precluyó, ya que la omisión alegada que no formó parte de la litis constitucional, habrá quedado firme sin posibilidad de impugnarse posteriormente, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que la misma, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberá ser reiterada por el Tribunal responsable como cuestión firme en el juicio contencioso administrativo de origen."19 Así como la diversa I.11o.C. J/3, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE VERSAN SOBRE DETERMINACIONES ADOPTADAS EN EL FALLO DE PRIMER GRADO QUE FUERON CONSENTIDAS POR EL QUEJOSO AL NO SER IMPUGNADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN RESPECTIVO. Si el quejoso consintió tácitamente alguna decisión del Juez de origen en el fallo de primer grado, al no haber formulado en el recurso de apelación respectivo agravio alguno encaminado a combatir dicha decisión o por no haber interpuesto el referido medio de impugnación, resulta incuestionable que ya no le es posible jurídicamente combatir tal determinación a través del juicio de garantías y, por ende, deben declararse inoperantes los conceptos de violación correspondientes."20 En esos términos, los conceptos de violación segundo, así como el contenido en el punto 4, del primero, se consideran INFUNDADOS e INOPERANTES, en tanto que los artículos en cuestión si establecen de manera clara cuáles es la fórmula para calcular las prestaciones que refieren, y porque su aplicación fue tácitamente consentida por el quejoso por el quejoso; ya que el acto reclamado, en ese aspecto, no fue emitido con libertad de jurisdicción sino que derivó de lo ordenado en la resolución definitiva de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 943/2018, por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Finalmente, resulta INFUNDADO el argumento referido en el punto 5, del primer concepto de violación, en relación a que la autoridad responsable no motivó porqué consideró que la autoridad demandada sí había hecho un pago parcial del finiquito; además de que no debía tomarlo en consideración porque ello no fue expuesto dentro de la secuela del juicio natural. 19 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Agosto de 2007; Pág. 487. 20 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1263. Sin embargo, contrario a lo considerado por el quejoso la responsable si motivó su decisión, en tanto que refirió que a pesar de que los documentos fueron objetados por el quejoso éste nunca desvirtuó lo manifestado por la autoridad demandada, es decir, en ningún momento negó haber recibido el pago correspondiente a $4,785.41 (cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 41/100 MN), por concepto de finiquito. Lo cual se estima acertado, ya que la Sala responsable tenía indicios para considerar que ese pago efectivamente se realizó, en virtud de que las manifestaciones realizadas en el escrito de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, no fueron contradichas por la parte actora, quien simplemente se limitó a objetar las copias simples exhibidas en cuanto a su alcance y valor probatorio, pero no se ocupó por desvirtuar lo referido por la representante del Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. Máxime que la referida autoridad demandada, exhibió copias simples tanto del cheque que entregó al quejoso, como la póliza de su emisión y el acuse de recibo respectivo firmado el aquí quejoso, Paulino Balderas Hurtado, y si bien éstas fueron objetadas por el actor, lo cierto es que éste no refirió argumento alguno para sustentar su objeción; por lo que atendiendo al principio de buena fe procesal, se considera acertado que en un ejercicio de libre valoración de la prueba decidiera concederles valor probatorio. Así, es importante aclarar que no basta que un documento sea ofrecido en copia fotostática para que por ese motivo inicialmente se le cuestione su valor, sino que debe atenderse a lo que se trata de demostrar con el mismo, es decir, a su idoneidad, y al reconocimiento de su contenido y alcance por el contrario, porque si sucede lo primero el hecho estará probado sin controversia y si acontece lo segundo, le corresponderá al Juez valorar conforme a las reglas de la lógica y la experiencia; de ahí que sea necesario que en la objeción correspondiente se indique cuál es el aspecto que no se reconoce del documento o porque no puede ser valorado positivamente por el Juez porque este último establezca si es idóneo o no para resolver un punto de hecho. A lo cual resultan aplicables por analogía las tesis I.3o.C.55 C (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, Página: 1851, de rubro y texto: "COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SU EFICACIA PROBATORIA NO DEPENDE DE SU OBJECIÓN FORMAL. Dada la naturaleza contenciosa del proceso civil, el legislador tomó como fuente de prueba la copia fotostática y reconoció el hecho de que si el documento se aleja de la verdad por la facilidad de su alteración o unilateral confección, la parte a quien pueda perjudicar puede objetarlo o bien de probar en contrario, salvo que se trate de una cuestión de interés público en cuyo caso, atendiendo al bien jurídico tutelado, el Juez podrá enjuiciar críticamente su naturaleza y alcance probatorio y la idoneidad de la prueba para acreditar un hecho determinado. Sin embargo, no basta que el documento sea ofrecido en copia fotostática para que por ese motivo inicialmente se le cuestione su valor, sino que debe atenderse a lo que se trata de demostrar con el mismo, es decir, a su idoneidad, y al reconocimiento de su contenido y alcance por el contrario, porque si sucede lo primero el hecho estará probado sin controversia y si acontece lo segundo, le corresponderá al Juez valorar conforme a las reglas de la lógica y la experiencia; de ahí que sea necesario que en la objeción correspondiente se indique cuál es el aspecto que no se reconoce del documento o porque no puede ser valorado positivamente por el Juez porque este último establezca si es idóneo o no para resolver un punto de hecho. Estos aspectos constituyen los estándares sobre los que se asienta la naturaleza probatoria de la copia simple fotostática y suponen el respeto irrestricto del principio de buena fe procesal por parte del Juez y del reconocimiento de que en caso de que una de las partes ofrezca un documento alterado o confeccionado, pueda reprimirse con rigor dicha conducta por los canales que el propio ordenamiento jurídico establece. Por lo tanto para desvirtuar la existencia de tales actuaciones así como su verosimilitud, no basta la simple objeción formal de dicha prueba, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción, mismas que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la copia fotostática. Así como la diversa I.3o.C.54 C (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 06/02/21 17:57:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.88.f7 RODRIGO ALEJANDRO RAMOS GOMEZ Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, Página: 1924, de rubro: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA." 21 Además, el hecho de que la autoridad demandada no alegara haber realizado un pago por concepto de finiquito dentro de la secuela procesal, no implica que éste no deba tomarse en consideración al momento de cuantificar la condena impuesta, ya que en la sentencia definitiva el tribunal de alzada únicamente se ocupó de resolver sobre la procedencia de la prestación reclamada, no sobre el monto ni sobre si ya había sido o no cubierta. Por lo tanto, si la autoridad durante la etapa de ejecución refirió que ya había hecho un pago, que resultó ser un pago parcial porque no cubría toda la cantidad que le correspondía al actor por concepto de finiquito, resulta legal que la Sala responsable la haya descontado del monto total cuyo pago ordenó en el auto impugnado. De ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. En las relatadas condiciones, al resultar en parte infundados y en parte inoperantes los conceptos de violación expuestos por el quejoso, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente ES NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SOLICITA. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: 21Cuyo texto es el siguiente: "El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico." UNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ------, contra del auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, precisado en el considerando SEGUNDO, por los motivos expuestos en el en términos del ÚLTIMO considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente al quejoso, y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 2122 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo resolvió y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, dos de octubre de dos mil veinte, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe."

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