PAULINO ALCARAZ SAMUDIO y Otros.

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • PAULINO ALCARAZ SAMUDIO y Otros.
  • Paulino Alcaraz Samudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Dese vista a las partes con el informe rendido por la responsable

  2. Principal

    Se declara ejecutoriada la sentencia se requiere a responsable su cumplimiento bajo apercibimiento de multa y del procedimiento de inejecución

  3. Principal

    Se autoriza a la quejosa el acceso al expediente electrónico

  4. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA , a la quejosa María Magdalena González Coronado por sí y en representación de la persona Moral Morris Family Trust, Asociación Civil, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no sea despojada de los bienes inmuebles de los cuales es copropietaria y que las autoridades responsables, dispongan lo necesario para que no se hagan movimiento registrales de los citados inmueble a favor de diversas personas, hasta en tanto se resuelve el juicio principal; en la inteligencia de que si ya se realizaron la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno, en virtud de que no puede darse efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del presente asunto." (resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno) "Por tanto, considerando que la medida cautelar solicitada cumple con los requisitos establecidos en el numeral 128 de la vigente Ley de Amparo, esto es, la solicita la parte quejosa y su concesión no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; asimismo, tomando en cuenta que la ejecución del acto reclamado ocasionaría perjuicios de difícil reparación; consecuentemente, con fundamento en los artículos 139, 147 y 150 del ordenamiento legal invocado, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, a la quejosa María Magdalena González Coronado por sí y en representación de la persona Moral Morris Family Trust, Asociación Civil, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no sea despojada de los bienes inmuebles de los cuales es copropietaria y que las autoridades responsables, dispongan lo necesario para que no se hagan movimiento registrales de los citados inmueble a favor de diversas personas, hasta en tanto se resuelve el juicio principal; en la inteligencia de que si ya se realizaron la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno, en virtud de que no puede darse efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del presente asunto." (resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno). Por escrito de veintiocho de enero de dos mil veintiuno (sic) -veintidós-, el licenciado Carlos Mijael Urrutia Flores, promovió incidente por desacato en el cumplimiento de la suspensión definitiva, en el que manifestó: ". pues a pesar de estar debidamente notificadas y enteradas dichas potestades de las medidas paralizadoras definitivas de los actos que fueron reclamados: (.) "EN ESTOS MOMENTOS CON EL EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, BULDÓZERS, TRABAJADORES E INSPECTORES APOYADOS POR DIVERSOS ELEMENTOS DE POLICÍA ESTÁN INVADIENDO LOS (2) DOS INMUEBLES QUE FORMAN UN SOLO CUERPO Y PRETENDIENDO REALIZAR ACTOS DE DEMOLICIÓN Y DE DESALOJO, por lo que independientemente de los DELITOS DE LA LEY DE AMPARO en que hubieren incurrido, es necesario someter a consideración de Usía la presente incidencia por el desacato presentado, permitiéndome hacerlo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD de la siguiente manera: 3.- Así las cosas, es importante informar además a su Señoría que siendo aproximadamente las 10:00 diez horas del presente día 26 veintiséis de enero del año 2022 dos mil veintidós en curso llegaron al poblado de "La Pesca" sito en el municipio de Soto la Marina, Estado de Tamaulipas, la comitiva del C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS y que es el licenciado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA el que con una actitud prepotente y arbitraria ordenó la ''inauguración" respecto al inicio de los trabajos relacionados con el dizque mejoramiento de la superficie de 428,117.95 M2 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE METROS CON NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS) que se sitúa trente a la playa, pues al efecto giró instrucciones al licenciado ALEXIS IVÁN BUDART MUÑIZ que se identificó con credencial oficial de empleado número 47005 cuatro siete cero cero cinco de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, mismo que le fue mostrada la resolución en donde se ordenaba por parte de este H. Juzgado de Distrito la medida paralizadora de los actos reclamados, sin embargo, dicho servidor público al efecto expresó -palabras más, palabras menos- lo que se cita a continuación: "...siento mucho lo que está pasando, pero ustedes no pueden oponerse al progreso del Estado, tengo instrucciones precisas del señor Gobernador Cabeza de Vaca, así como de los Secretarios de Obras Públicas, Turismo y de la misma Secretaría General para proceder de inmediato a derribar todas las construcciones y cercas y empezar a limpiar el área expropiada para realizar el proyecto turístico que está contemplado aquí en la playa de la pesca, pero si tienen algo que reclamar vayan la otra semana con sus papeles con el Secretario de Gobierno o pidan audiencia al señor Gobernador, lo siento pero yo voy a proceder a ejecutar de inmediato lo ordenado..,". por lo que posteriormente a ello ordenó que diversos bulldózers y maquinaria pesada empezaran a tumbar las cercas y derribar las bardas que delimitan la propiedad de la parte quejosa, no sin antes amenazar que si para el fin de semana no nos salíamos de los predios IBA A PROCEDER A DERRUMBAR LAS CASAS Y DEMÁS CONSTRUCCIONES A FIN DE DEJAR EL TERRENO LIMPIO Y LIBRE DE TODA INVASIÓN U OCUPACIÓN DE PARTICULARES (¡!!???), procediendo los diversos bulldózers y máquinas pesadas a derribar la cercas y a hacer brechas en las propiedades de mis representadas por su lado poniente para realizar la limpia de la hierba de los terrenos propiedad de la quejosa, recalcando el funcionario ALEXIS IVÁN BUDART MUÑIZ que para el fin de semana derribaran toda construcción y procederán a limpiar totalmente todos los terrenos expropiados para cumplir con el proyecto de turismo, por lo que no entendió las razones que se le expresaron de que la parte quejosa contaba con una SUSPENSION DEFINITIVA que impedía el ser afectados y/o perturbados en nuestra pacífica posesión, pudiendo al efecto tomar diversas fotografías con inmediatez a los hechos, sin embargo, AL POCO TIEMPO EL MISMO LICENCIADO BUDART MUÑIZ NOS AMENAZÓ DICIENDO QUE POR RAZONES DE "SEGURIDAD" Y POR ESTAR LA COMITIVA DEL SEÑOR GOBERNADOR EN EL LUGAR, NO PODÍAMOS TOMAR FOTOS A NADA, PUES DE SEGUIR TOMANDO FOTOGRAFÍAS NOS IBA A DETENER E INTERNARNOS EN LA CÁRCEL POR OPONERSE A ORDENES DE AUTORIDAD, por lo que apenas pudimos sacar varias impresiones fotográficas que nos permitimos acompañar a esta incidencia. En ese orden de ideas, la institución de la SUSPENSIÓN dentro de nuestro juicio constitucional, tiene por objeto -al participar en el género de las llamadas MEDIDAS CAUTELARES-, el preservar y mantener las cosas en el estado en que se encuentran e impidiendo que las autoridades que sean señaladas como responsables ejecuten los actos reclamados, cumpliéndose con ello una doble función: I.- El preservar al quejoso en la medida de lo posible, la situación material en que se encuentran las cosas, objetos, personas, propiedades o el objeto que se persigue al pedir la tutela constitucional; y 2.- En caso de ser beneficiado el quejoso con la concesión del amparo, el que pueda ser restituido con mayor facilidad en el goce de las garantías constitucionales o los derechos humanos fundamentales que le fueron violentados. En el caso particular que ahora nos ocupa, podemos advertir que la conducta de las citadas autoridades responsables no solamente es ABUSIVA, sino además ARBITRARIA y -sobre todo- francamente DELICTIVA , pues a pesar de estar debidamente enterados de la MEDIDA SUSPENSIONAL DEFINITIVA que fuera concedida por parte de su Señoría, se han colocado en un plano de ilegalidad AL NEGARSE A RESPETAR LAS MEDIDAS DECRETADAS POR PARTE DE UN JUEZ FEDERAL EN FUNCIONES como lo es este H. Juzgado, pues por conducto del citado licenciado ALEXIS IVÁN BUDART MUÑIZ que podemos advertir de las fotografías tomadas que se identificó con credencial oficial de empleado número 47005 cuatro siete cero cero cinco de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUIPAS, el mismo expresó que TRAÍA ORDENES EXPRESAS DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y DEMÁS SECRETARIOS, A FIN DE DERRUMBAR LAS CONSTRUCCION ES, CERCAS Y DESPOSEER EN DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA DE LAS PROPIEDADES A QUE SE HAN HECHO EXPRESA MENCIÓN, lo cual trae como resultado no solo la afectación de los derechos particulares de mis representados sino se afecta el interés público y a la misma sociedad en general que tiene por preocupación de que las determinaciones que toman los Juzgados de Distrito en materia de amparo, sean debidamente acatadas por todas las autoridades de este país, SO PENA DE INCURRIR NO SOLO EN GRAVES Y TRASCENDENTALES VIOLACIONES AL ESTADO DE DERECHO, SINO EL COMETER INCLUSIVE DELITOS DEL ORDEN FEDERAL CONTEMPLADOS POR LA MISMA LEY DE AMPARO, lo cual obliga necesariamente a la parte quejosa que represento de acudir ante su Señoría a fin de que por su amable conducto, el proceder a que se tomen las medidas pertinentes a fin de respetar debidamente la medida suspensional dictada y en su momento, dar parte de los presentes hechos al Ministerio Público de la Federación para que proceda penalmente en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos cometidos." Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, atendiendo a las consideraciones expuestas por el licenciado Carlos Mijael Urrutia Flores, se admitió a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada dentro del presente asunto. Para tal efecto, ofreció, entre otras, las pruebas siguientes: La prueba testimonial, con el objeto de acreditar: ". lo anterior debido a que las autoridades señaladas como responsables pretenden seguir en su afán de impedir la entrada al bien inmueble propiedad de mi representada, además de tratar de impedirle a mi mandante el uso y goce de la posesión de los mismos y no solo es, SINO EN REALIZAR YA FLAGRANTES Y ARBITRARIOS ATAQUES A LA POSESIÓN Y PROPIEDAD DE LA PARTE QUEJOSA, siendo que tanto la de la voz como la persona moral que represento somos personas TERCEROS EXTRAÑAS al procedimiento administrativo número 1/2021 de origen, por lo que las autoridades señaladas como responsables pretenden afectarnos en cuanto hace al ejercicio de la legítima posesión en carácter de propietarios que tienen mis representados, violentándose primordialmente el contenido de los artículos 1, 14 y 16 de nuestra Constitución Política en vigor." Entre las preguntas que contienen el interrogatorio, el promovente, señala la siguiente: "9.- Si sabe que en fechas recientes se hubieren realizado actos tendientes a perturbar o desposeer en la posesión de dichos inmuebles a su presentante." Por escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno (sic)-veintidós-, ofreció la prueba pericial en ingeniería civil, para el objeto demostrar lo siguiente: 1.- La preexistencia de construcciones y de su demolición en el predio ubicado en la propiedad de la quejosa exactamente de LADO PONIENTE DEL LOTE NÚMERO 60, DE LA UBICACIÓN DENOMINADA MOGOTE PALOMAS EN EL LUGAR UBICADA EN LA PESCA MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA CON NÚMERO CATASTRAL 35-40-642. 2.- La ubicación y dimensiones y demás características de los daños que fueron ocasionados por la demolición de las construcciones que se encontraban ubicada en el área descrita anteriormente. 3.- La temporalidad con la que cuenta la construcción y la demolición realizada en las construcciones que se encontraban ubicadas en el área descrita en el número uno. Cabe mencionar que esta prueba es de primordial importancia por ser que como lo he mencionado en repetidas ocasiones en este escrito la autoridad responsable ha realizado acciones para retirar todo vestigio de la existencia de la construcción que se encontraba en mi propiedad y que de forma violatoria a la suspensión y a su vez delictiva realizaron el día 28 de enero del año 2022 al demoler la construcción que se encontraba adentro de mi propiedad por lo que de conformidad con el artículo 92 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo solicito se admita desde luego esta prueba para evitar que se altere la evidencia de los daños ocasionados por los responsables que son señalados en mi incidencia y que constituyen en sí la forma de la violación perpetrada y ese juez este en aptitud de conocer la verdad y señalar responsables de la violación de la suspensión definitiva decretada. 9.- Si sabe que en fechas recientes se hubieren realizado actos tendientes a perturbar o desposeer en la posesión de dichos inmuebles a su presentante." Ahora bien, el promovente del incidente, en su escrito de veintiocho de enero, refirió que con empleo de maquinaria pesada, bulldozers trabajadores e inspectores, apoyados por diversos elementos de la policía procedieron a la destrucción completa de una vivienda de cien metros cuadrados y que en esos días procederían a la demolición de dos inmuebles más y una terraza. En el caso concreto, la suspensión definitiva se concedió para los siguientes efectos: 1.- Que no sea despojada de los bienes inmuebles de los cuales es copropietaria y, 2.- que las autoridades responsables, dispongan lo necesario para que no se hagan movimiento registrales de los citados inmueble a favor de diversas personas, hasta en tanto se resuelve el juicio principal. Como puede advertirse, la medida suspensional consiste en un "no hacer" de las autoridades responsables, esto es, no despojar de los bienes inmuebles a la parte quejosa. En efecto, en la práctica no se acostumbra requerir en el incidente de suspensión a las autoridades responsables para que informen sobre el cumplimiento que den al auto que conceda la suspensión, ya sea provisional o definitiva y ello se explica, por regla general, porque dichos acuerdos no contienen un principio de ejecución, es decir, una obligación de hacer, sino por el contrario, contienen una obligación de no hacer, de abstenerse, es decir, de mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretar la medida suspensiva. Por ende, es sólo en los casos en que la autoridad realiza un acto de cuya ejecución, al concederse la suspensión, se le dijo se abstuviera, la parte afectada puede plantear tal incumplimiento a la suspensión. Ahora bien, como excepción existen casos en que la autoridad tiene que hacer algo, un acto positivo para cumplir con el auto de suspensión, y es cuando debe requerírsele el cumplimiento. En esa virtud, en tratándose de actos de "no hacer", la parte quejosa, debe aportar pruebas idóneas para justificar que la responsable realizó un acto, respecto del cual se le dijo se abstuviera, en el caso concreto, de no despojar de los inmuebles a la parte quejosa. Como puede advertirse del interrogatorio y cuestionario de las pruebas testimonial y pericial ofrecidas por la parte quejosa, tienden a demostrar la demolición de las construcciones, que refiere, se encontraban en los inmuebles materia de la expropiación reclamada. Sin embargo, la concesión de la suspensión fue para el efecto que la parte quejosa no fuera despojada de los inmuebles, como tales, respecto de los cuales es copropietaria, así como para que no se realizaran movimientos registrales en favor de terceras personas. De ahí que el objeto del incidente de suspensión, son los inmuebles de referencia, esto es, que la parte quejosa no fuera despojada de los mismos. De tal suerte que, si las probanzas que ofrece, no tienden a demostrar que fue despojada de los citados inmuebles, sino que fueron demolidas las construcciones, que refiere, se encontraban en los mismos, no resultan ser idóneas para acreditar tal despojo, ya que la construcción y en su caso demolición, no fue materia de concesión y por ende, para justificar que las responsables incurrieron en defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Luego, si la posesión de la parte quejosa de los inmuebles expropiados, y por ende, su afectación, no fue materia de la suspensión definitiva, es indudable que las pruebas testimonial y pericial ofrecidas por la parte quejosa, no son las idóneas para acreditar el exceso o defecto en su cumplimiento, ya que no se encuentren relacionadas con la litis del citado incidente, por lo que, al no cumplirse tales exigencias, con fundamento en los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desechan dichas probanzas. Además, a mayor abundamiento, cabe agregar, que en la hipótesis de que en el juicio principal fuera procedente conceder la protección constitucional solicitada, a través de los efectos restitutorios de la sentencia de amparo previstos por el artículo 80 de la ley de la materia, se ordenaría la devolución de los inmuebles expropiados y, en el supuesto de que se haya verificado la destrucción de las construcciones, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales prevé el cumplimiento sustituto del fallo respectivo, según se aprecia de lo dispuesto por el arábigo 204 del ordenamiento legal en comento. Finalmente, se fijan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE; y, personalmente a la parte quejosa.

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