Paulina Velázquez Gutiérrez

Expediente 771/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
771/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Paulina Velázquez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Incidental

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA PAULINA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. SINTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno se reservó proveer respecto a la notificación de la suspensión provisional y en su caso definitiva del presente incidente de suspensión a la parte tercera interesada Paulina Vázquez Gutiérrez, hasta en tanto se rindieran el [los] informe[s] justificado de la[s] autoridad[es] responsable[s], a efecto de verificar la existencia de algún domicilio en que pudiera ser localizada la citada parte procesal. Consecuentemente, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el [los] domicilio[s] de la[s] parte[s] tercera[s] interesada[s] de referencia y con copia de la suspensión provisional y definitiva del presente incidente de suspensión, le notifiquen dichas resoluciones. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, licenciada Juana Lugo Coronado, Secretaria en funciones de Jueza, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizada expresamente para ello en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2792/2021, de la misma fecha, ante el [la] Secretari@ Cecilia Gómez Castro, que autoriza y da fe. Doy fe. SINTESIS DEL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ciudad Madero, Tamaulipas, siete de julio de dos mil veintiuno. Como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias del escrito de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 771/2021-IV-A, promovido por ************************, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la[s] autoridad[es] responsable[s] su[s] respectivo[s] informe[s] previo, mismo[s] que deberá[n] rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea[n] notificada[s], enviándole[s] al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a la[s] autoridad[es] responsable[s] de que en caso de que no rinda[n] el [los] informe[s] requeridos, se le[s] sancionara con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($8,962.00); lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico informes13jdo19cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (833) 2-74-17-69; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Adolfo López Mateos 117 Sur, colonia Unidad Nacional, entre Álvaro Obregón y Oaxaca, Edificio Premier, Ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89410; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe[s] deberá[n] hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Por otra parte, respeto a las documentales que acompaña la parte quejosa a su escrito de demanda, con dicho anexo fórmese por cuerda separada el tomo II de constancias, para el mejor manejo del presente incidente de suspensión. Se señalan las diez horas con cincuenta y un minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia incidental. En ese sentido, del escrito de demanda de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en autos del expediente 0028/2021, de su índice, donde se otorga la tutoría interina del aquí quejoso a Paulina Velázquez Gutiérrez, sin previa garantía de Audiencia del quejoso a dicho controvertido. Y solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para que se tomen las medidas pertinentes a fin de salvaguardar su libertad de capacidad jurídica y no se causen daños y perjuicios de imposible reparación Al respecto, cabe señalar que para proveer sobre la medida cautelar, y de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Amparo, corresponde a este juzgador de amparo fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, al ser el objetivo principal de una suspensión preservar la materia del juicio o darle una mayor protección a la parte quejosa. Tiene de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), que dice: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fija rla situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Expuesto lo anterior, para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la Ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado jurisprudencialmente que la apariencia del buen derecho consiste en establecer una credibilidad objetiva y seria sobre el fondo del asunto que descarte una pretensión manifiestamente infundada o temeraria, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio; es decir, consiste en realizar un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional, tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de 2009, visible en la página 315, con número de registro 165659, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, acorde con el cual para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del quejoso; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, conceder la suspensión en términos de la fracción I, del citado artículo, implica que es necesario que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés jurídico o legítimo por el acto reclamado. Por su parte, la fracción II de la referida ley de la materia establece que debe considerarse que con la concesión de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; como en caso que se perjudique a la colectividad en un grado mayor con el otorgamiento de la medida que el que se pudiera causar a la parte quejosa -en lo particular- de no otorgarla, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En esa tesitura, se tiene que el quejoso es una persona adulta mayor, en estado de vulnerabilidad, pues a la fecha de presentación de demanda, manifiesta bajo protesta de decir verdad, contar con noventa años de edad; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya situación de especial ubicación estructural en el entorno social, ha sido reconocida por instrumentos internacionales, como los artículos 17, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe salvaguardarse su condición especial como adulto mayor. En efecto, acorde a este marco normativo la edad de la impetrante es un factor detonante para su especial atención, y en el aspecto del acceso a la justicia, se reconoce la obligación al Estado de asegurar a los adultos mayores su acceso en condiciones de igualdad con los demás sujetos, así como brindarles un trato digno en los procedimientos de los que son parte, como incluso lo dispone la invocada Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su numeral 5°, fracción II. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,, cuyo título se lee: ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja. Entonces, atendiendo al sentido del acto reclamado consistente en el reclamo del quejoso de que en autos del expediente 0028/2021, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, se otorgó su tutoría interina a favor de Paulina Velázquez Gutiérrez, sin que se le otorgara previa garantía de audiencia en dicho juicio; lo que denota inconformidad con dicha designación por todos los motivos que expone a lo largo de su demanda de amparo; es evidente que los actos reclamados pueden incidir en la esfera jurídica del quejoso, por lo que tales actos sí pueden ser materia de suspensión en el juicio de amparo. Ahora, atendiendo a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, también se encuentra acreditado porque el quejoso debe ser considerada como una persona en desigualdad de condiciones, por lo que goza de un marco jurídico particular de protección en razón de su especial vulnerabilidad frente a la sociedad, ya que podrían afectarse derechos sustantivos de la parte quejosa, como en el caso su derecho de propiedad, su libre discernimiento, entre otros. En tales condiciones, al encontrarse satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión provisional solicitada respecto a las consecuencias inherentes al acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, bajo el estado de tutela interina, sin embargo, se impida al tutor interino designado en autos, traslade el dominio y uso de los bienes muebles e inmuebles del aquí quejoso, sin previa autorización judicial; lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Ahora, lo anterior, implica que la concesión de esta medida cautelar solamente tiene el alcance de que Paulina Velázquez Gutiérrez, quien funge como tutora interina de **********************, en autos del expediente de origen, límite sus funciones a la protección de la persona incapaz y a la administración de sus bienes, en el entendido de que no podrá disponer libremente de los mismos, pues para su venta o cualquier traslación de dominio, requiere necesariamente de autorización judicial, lo que encuentra apoyo en lo dispuesto en el artículo 495, del Código Civil para el estado de Tamaulipas. Lo que así se estima, en virtud de que al menos hasta este estado procesal no se tiene conocimiento que respecto al nombrado ************************, formal y legalmente exista una declaratoria de interdicción. De igual forma, resulta oportuno acotar que con la determinación aquí adoptada, en modo alguno se deja en estado indefensión al presunto incapaz, como tampoco son contrarias a la salvaguarda de sus derechos, pues, únicamente se dispone que la persona que el juez natural, en un principio considero apta para que velera por sus intereses, continúe ostentando su representación. Sin que en el caso, proceda fijar garantía para que surta efectos la suspensión decretada, pues se estima que no se causa un perjuicio en contra de la parte tercera interesada, quien como se señaló continuará ejerciendo el cargo de tutor interino designado en autos, caso contrario, eventualmente y de la representación que ostenta Paulina Velázquez Gutiérrez, si pudiera repercutir en los intereses del presunto incapaz. Atento a lo anterior, notifíquese personalmente el presente acuerdo a la tercera interesada Paulina Velázquez Gutiérrez, en el domicilio señalado en autos. Por último, respecto a las copias certificadas que solicita el promovente, se ordena expedirlas de forma digital, atendiendo al contexto de contingencia en la salud pública que actualmente se vive, para lo cual se ordena remitirlas a la cuenta de correo electrónico proporcionada en el acuse de la presentación del escrito de demanda; por tanto, se ordena a la secretaría correspondiente [1] enviarlas al citado medio electrónico y [2] hacer la constancia en donde certifique el envío respectivo para agregarse a las presentes actuaciones. Lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SINTESIS DE LA DETERMINACION DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede al incidentista Gabriel Carlos Magaña Coria, la suspensión definitiva del [de los] acto[s] que reclama a la[s] autoridad[es] responsable[s], por lo precisado en la parte considerativa de la presente interlocutoria

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