Paulina Vallejo Bores

Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
49/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Paulina Vallejo Bores
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original único del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, destrúyase el original único del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 49/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y hace constar que no existen más pruebas pendientes por admitir o desahogar. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los alegatos hechos valer por la parte quejosa y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos referidos y se declara precluido el derecho de las demás partes para formular hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 3), Paulina Vallejo Bores, en representación legítima de su menor hija de iniciales M.M.V., demandó en la vía indirecta, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de la Oficina de Pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Michoacán, en su denominación correcta, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 4 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, artículo 3, párrafos primero y segundos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió a este juzgado el conocimiento del presente asunto, quien en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés (foja 25) la tuvo por recibida y en la propia fecha, la admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veinticuatro de enero del año en curso (foja 41), se fijó nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el día de hoy, al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: *La negativa a expedir el pasaporte a la menor quejosa de iniciales M.M.V., bajo el argumento que se requiere la autorización expresa de su padre. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 34). Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio de los actos reclamados, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo anterior, porque en el caso la peticionaria del amparo M.M.V., es una menor de edad de catorce años. En atención a lo anterior, al revestir la peticionaria de amparo de la condición de menor de edad, constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que les pudiera corresponder, conforme al marco normativo y de interpretación jurisdiccional que han realizado nuestro máximo tribunal, como a continuación se explica: En efecto, sobre ese aspecto, existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados, de suplir en forma total la queja deficiente, cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. Por otra parte, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pag. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." De los marcos normativos precisados con anterioridad, se advierte la obligación impuesta al que resuelve, de otorgar pleno reconocimiento a los derechos de la menor quejosa y de adoptar las medidas pertinentes para que pueda ejercer plenamente su capacidad jurídica. Por tanto, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito está obligado a examinar, íntegra y conjuntamente, la demanda y sus anexos, a fin de identificar el derecho humano cuya protección se solicita, considerando en todo momento el derecho fundamental que incorpora la parte quejosa en sus pretensiones y la vulneración jurídica que produce el acto reclamado para determinar si la restitución del derecho violado permitirá dar efectos concretos y prácticos. En atención a todo lo anterior, aunque a esta instancia comparece Paulina Vallejo Bores, en representación legítima de su menor hija de iniciales M.M.V., por las razones asentadas anteriormente, el suscrito emprenderá el estudio de los conceptos de violación y de ser necesario, suplirá la deficiencia de la queja en ellos. Dicho lo anterior, como quedó asentado en líneas que anteceden, la peticionaria del amparo se duele de la negativa a expedirle su pasaporte a la menor quejosa de iniciales M.M.V., bajo el argumento que se requiere la autorización expresa de su padre. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que dicha negativa obedecía a las siguientes razones: 1. Que dentro de la normatividad aplicable en materia de pasaportes no se contempla como forma de otorgar el consentimiento, el convenio judicial celebrado por los que ejercen la patria potestad para la expedición/renovación del trámite de pasaporte mexicano; 2. Que el artículo 18 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, establece los requisitos que se deben reunir en el trámite respectivo para menores de edad, y que particularmente las fracciones I y VII, señalan que se requiere que los que ejercen la patria potestad o tutela, comparezcan personalmente en compañía de la persona menor de edad ante las oficinas competentes de la Secretaría u oficinas consulares y que otorguen su consentimiento conforme al diverso numeral 19 del propio reglamento; 3. Que el numeral 19 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, establece que para el otorgamiento del consentimiento, quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deben acudir personalmente en compañía del menor y requisitar el formato establecido en la propia Secretaría u Oficina Consular; 4. Que el mismo dispositivo 19 del aludido Reglamento, dispone que si quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela no pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que se está realizando el trámite, porque se encuentran en una ciudad distinta, pueden acudir, en territorio nacional, a otorgar el consentimiento ante cualquiera de las Oficinas de Pasaportes de la Secretaría o ante Notario Público y, en el extranjero, ante una Oficina Consular: 5. Que el otorgamiento del consentimiento ante Notario Público en la misma ciudad en donde se localiza la persona menor de edad, solo se acepta cuando alguno de los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad se encuentren recluidos en prisión o cuando se encuentren en un hospital y no puedan concurrir a una oficina de pasaportes a otorgar el consentimiento; 6. Que el numeral 23 del reglamento aplicable dispone que cuando una de las personas que ejercen la patria potestad o tutela sobre el menor de edad, no pueda manifestar su consentimiento para la expedición del pasaporte en los términos antes señalados, dicho consentimiento solo podrá suplirse con autorización judicial, mediante la cual el juez autorice la salida del país del menor de edad y por ende, la expedición del pasaporte, precisando claramente la vigencia del mismo; y, 7. Que por ello, no es posible expedir el pasaporte a la peticionaria del amparo, ya que el convenio que se exhibió para suplir el consentimiento del padre de la menor, no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 23 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, así como al punto décimo sexto de los Lineamientos para el trámite de pasaportes y del documento de identidad y viaje en territorio nacional. Como se ve, el argumento esencial para no expedir el pasaporte a la menor quejosa, descansa por un lado, en que se requiere el consentimiento de quien o quienes ejerzan su patria potestad y que para otorgarlo se debe comparecer personalmente en compañía de la persona menor de edad ante las oficinas competentes de la Secretaría u oficinas consulares, en términos del artículo 19 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje; y por otro, en que el convenio judicial celebrado por los padres de la menor no suple el otorgamiento del consentimiento del padre de la peticionaria del amparo. Ahora, en sus conceptos de violación la parte quejosa señala que la determinación reclamada vulnera los derechos fundamentales de la menor, porque le coarta su derecho de libre tránsito para viajar, a pesar que dice, en el convenio que se celebró dentro del juicio oral familiar 1272/2020, el índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, se estableció la anuencia del progenitor. Por ello, dice, si se cuenta con una resolución judicial que tiene la categoría de cosa juzgada, la cual es mucho más que un permiso otorgado ante notario público, no existe motivo para que se le niegue la expedición del pasaporte a la menor, sobre todo, dice, porque no hay algún tema vinculado con peligro de sustracción o retención de la menor. Conceptos de violación que estudiados en conjunto, se impone declarar infundados, por los motivos que a continuación se expondrán. Para hacerlo, primeramente debe señalarse que del convenio al que hace alusión la parte promovente del amparo (foja 11), obtenemos que el siete de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral familiar 1272/2020, el índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, Paulina Vallejo Bores y Salvador Mandujano Sandoval, ratificaron el convenio presentado ante ese órgano jurisdiccional, en el que, en esencia, convinieron: *Que en caso de fallecimiento o falta por alguna incapacidad de Paulina Vallejo Bores, la menor hija de ambos M.M.V., quedaría bajo la custodia permanente de los abuelos maternos Rogelio Vallejo Castro y Esther María Antonieta Bores Flores; *Que los bienes de la menor M.M.V. serán legalmente administrados por su madre Paulina Vallejo Bores, y a falta de ésta, por sus abuelos maternos; *Que Paulina Vallejo Bores, podría realizar cualquier tipo de actividades con su menor hija M.M.V., sin previo aviso a Salvador Mandujano Sandoval, entre ellos, viajes al interior del país, así como al extranjero, sin la necesidad de su autorización previa; y, *Que la convivencia de la menor con su padre se desarrollará tomando en consideración la opinión de ésta, así como sus actividades escolares y extracurriculares. Como se ve, en primera instancia es cierto como lo afirma la quejosa, que en el convenio suscrito en el aludido juicio familiar, se determinó expresamente que la menor M.M.V, podría realizar viajes tanto al interior del país como al extranjero, sin necesidad de autorización previa a su padre Salvador Mandujano Sandoval; esto de acuerdo a la cláusula segunda de ese convenio, que expresamente dice: Sin embargo, no es cierta su percepción en cuanto que, dicho convenio al tener la categoría de cosa juzgada debe aceptarse como forma para tener otorgado el consentimiento que se exige de conformidad con el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, que en la parte que nos interesa establece: "SECCIÓN SEGUNDA DEL PASAPORTE ORDINARIO PARA PERSONAS MENORES DE EDAD ARTÍCULO 18. Para la expedición de pasaportes ordinarios a personas menores de edad, en términos de lo dispuesto por el Código Civil Federal, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán: I. Comparecer personalmente en compañía de la persona menor de edad ante las oficinas competentes de la Secretaría u oficinas consulares; II. Entregar la solicitud de pasaporte debidamente requisitada; III. Acreditar la nacionalidad mexicana de la Persona Menor de Edad, mediante el original o copia certificada de alguno de los documentos siguientes: a) Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano; b) Acta de nacimiento expedida por las oficinas consulares; c) Carta de naturalización, o d) Certificado de Matrícula Consular a que se refiere el artículo 3, fracción VI de la Ley de Nacionalidad. A falta de los documentos probatorios mencionados en los incisos anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la Ley de Nacionalidad, lleve a la Secretaría a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana. Cuando el registro de nacimiento de la persona menor de edad haya sido realizado con posterioridad a un año a aquél en que tuvo lugar, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 15 del presente Reglamento. IV. Acreditar su identidad con cualquiera de los documentos señalados en el artículo 14, fracción VI, así como la de la persona menor de edad, con alguno de los siguientes documentos oficiales en original y con fotografía, cuyos datos deberán concordar fielmente con los del documento con el que se esté acreditando la nacionalidad y filiación: a) Certificado escolar de educación primaria, secundaria, de bachillerato o su equivalente; b) Constancia del grado de estudios que cursa o credencial escolar vigente, a partir de la educación de tipo básico, otorgados por institución pública o privada incorporada a la Secretaría de Educación Pública; c) Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social, misma que deberá contener las características que para tal efecto establezca la propia institución; d) Cédula de Identidad Personal; e) Los documentos probatorios de nacionalidad mencionados en la fracción III, incisos c) y d) del presente artículo; f) En territorio nacional y, exclusivamente para las personas menores de 7 años, a falta de cualquiera de las identificaciones mencionadas en los incisos a) al e) de la presente fracción, podrán presentar constancia médica con fotografía, con las especificaciones y en los formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. Dicha constancia deberá contener el número de cédula profesional del médico, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; g) En el extranjero, y exclusivamente para las personas menores de 7 años, a falta de cualquiera de las identificaciones mencionadas en los incisos a) al e) de la presente fracción, podrán presentar constancia médica con fotografía y sello de una institución médica reconocida por la ley del lugar donde se encuentra el interesado, o h) Cualquier otro medio de prueba que a juicio de la Secretaría u oficina consular acredite la identidad de los solicitantes, mismos que serán reguladas en disposiciones administrativas con fundamento en el artículo 1 del presente Reglamento. Los documentos señalados en esta fracción, con excepción de la constancia del grado de estudios y la constancia médica con fotografía, serán devueltos al interesado cuando el trámite se realice en territorio nacional, a reserva de que la Secretaría determine ejercer la atribución prevista en el último párrafo del presente artículo. [V. Permitir que la Persona Menor de Edad sea fotografiada con los dispositivos de la Secretaría. La fotografía deberá tomarse de frente, a color, con el fondo blanco, la cabeza descubierta y sin prendas u objetos que cubran parcial o totalmente el rostro, incluidos lentes; VI. Cubrir el pago correspondiente en los términos previstos en la Ley Federal de Derechos, y VII. Otorgar su consentimiento conforme lo disponen los artículos siguientes. En aquellos casos en que del análisis de la documentación o información presentada conforme al presente artículo, o del resultado de la entrevista realizada a los solicitantes, se observen inconsistencias o irregularidades, la Secretaría verificará la autenticidad de las documentales recibidas ante la autoridad emisora de éstas. Además, podrá requerir al solicitante pruebas adicionales que demuestren fehacientemente su nacionalidad, identidad y filiación. ARTÍCULO 19. Para efectos de otorgar el consentimiento al que se refiere la fracción VII del artículo anterior, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, deberán: I. Acudir personalmente con la persona menor de edad ante cualquier oficina competente de la Secretaría u oficina consular, a requisitar el formato que la Secretaría establezca para tal efecto, y II. En caso de que las personas facultadas para otorgar el consentimiento correspondiente no puedan concurrir personalmente a la oficina donde se llevará a cabo el trámite porque se encuentren en una ciudad distinta de donde se localiza la persona menor de edad, podrán hacerlo: a) En territorio nacional ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría o ante Notario Público, y b) En el extranjero, ante una oficina consular. ARTÍCULO 20. Los documentos mediante los cuales se exprese el consentimiento a que se refiere el artículo anterior, deberán contener: I. La declaración expresa del trámite que se autoriza realizar; II. La vigencia del pasaporte, en términos del artículo 28 del presente Reglamento, y III. Firma autógrafa o en caso de no saber escribir, imprimir la huella digital de quien o quienes otorgan su consentimiento para la expedición del pasaporte. Adicionalmente, deberá anexarse copia de alguna identificación oficial vigente con fotografía y firma, de las mencionadas en el artículo 14, fracción VI del presente Reglamento, de la o las personas que otorgan su consentimiento para realizar el trámite de pasaporte. Tanto en territorio nacional como en el extranjero, si uno o ambos padres son extranjeros, deberán identificarse al momento de otorgar su consentimiento con documento oficial vigente. El documento en el que se manifieste el consentimiento deberá hacerse válido dentro de los noventa días naturales posteriores a la manifestación de la voluntad, si éste fue otorgado ante cualquier delegación o subdelegación, u oficina consular. (REFORMADO, D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2013) En el caso de que el consentimiento haya sido otorgado ante Notario Público, el testimonio o copia certificada del mismo, emitido conforme a la normativa aplicable, deberá hacerse válido dentro de los treinta días naturales posteriores a la autorización de la escritura pública. En los casos en que una de las personas que ejercen la patria potestad o tutela sobre una persona menor de edad no pueda manifestar su consentimiento para la expedición del pasaporte en los términos señalados, la ausencia de éste sólo podrá suplirse con autorización judicial. Tratándose de personas menores de edad que se encuentren en el extranjero, podrá expedirse pasaporte sin el consentimiento de las personas que ejercen la patria potestad o tutela, para efectos de su repatriación a territorio nacional y cuando sea necesario para su regularización migratoria. ARTÍCULO 21. Cuando solamente viva uno de los padres o tutores, se deberá entregar copia certificada del acta de defunción del fallecido. Si alguno de los padres o tutores ha perdido la patria potestad o tutela o la tiene suspendida, el que la ejerza en exclusiva entregará copia certificada de la resolución judicial correspondiente y del auto por el que cause ejecutoria. Si la sentencia fue expedida por un tribunal extranjero, ésta deberá ser homologada para que surta efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable. ARTÍCULO 22. Quien o quienes ejerzan la tutela deberán además acreditar dicho carácter entregando una copia certificada por la autoridad competente de la resolución judicial que le confiere el cargo, del auto por el que causó ejecutoria o en el que se hizo constar la protesta y discernimiento del mismo. De igual forma, dicho requisito deberá cumplirse si la patria potestad es ejercida por los abuelos. ARTÍCULO 23. En caso de suplencia del consentimiento de quien ejerce la patria potestad o tutela por parte de la autoridad judicial competente, se deberá entregar a la Secretaría copia certificada de la resolución judicial mediante la cual el juez autoriza la salida del país de la persona menor de edad y, por consiguiente, la expedición del pasaporte. El tiempo autorizado por la autoridad judicial determinará la vigencia del pasaporte." De la anterior transcripción, obtenemos las conclusiones siguientes: 1. Tratándose de menores de edad es requisito indispensable para el otorgamiento del pasaporte, el otorgamiento del consentimiento de quienes ejercen su patria potestad; 2. Para hacerlo, los que ejerzan la patria potestad deben acudir personalmente ante cualquier oficina competente de la Secretaría u oficina consular, a requisitar el formato que la Secretaría establezca para tal efecto; 3. En caso de que no puedan concurrir personalmente a la oficina donde se llevará a cabo el trámite porque se encuentren en una ciudad distinta de donde se localiza la persona menor de edad, podrán hacerlo, en territorio nacional, ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores o ante Notario Público; o, en el extranjero, ante una oficina consular. 4. Los documentos mediante los cuales se exprese el consentimiento deben contener la declaración expresa del trámite que se autoriza realizar; la vigencia del pasaporte, y la firma autógrafa o en caso de no saber escribir, la huella digital de quien o quienes otorgan su consentimiento para la expedición del pasaporte, así como copia de alguna identificación oficial vigente con fotografía y firma; 5. En el caso de que el consentimiento haya sido otorgado ante Notario Público, el testimonio o copia certificada del mismo, emitido conforme a la normativa aplicable, deberá hacerse válido dentro de los treinta días naturales posteriores a la autorización de la escritura pública; y, 6. En los casos en que una de las personas que ejercen la patria potestad o tutela sobre una persona menor de edad no pueda manifestar su consentimiento para la expedición del pasaporte ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría o ante Notario Público, la ausencia de éste sólo podrá suplirse con autorización judicial. Bajo esas consideraciones, no es cierto que como lo pretende la promovente del amparo, a través del convenio que exhibió ante la responsable pueda tenerse al padre de la menor otorgando el consentimiento que exige el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, primero, porque en el convenio no se estableció que él perdiera la patria potestad de la menor; segundo, porque dicho reglamento no contempla la posibilidad que el convenio judicial supla dicho consentimiento y tercero, porque dicho convenio no cumple con los requisitos establecidos en el propio reglamento para los documentos que contengan el consentimiento. Sobre el primer aspecto, debe decirse que aunque es cierto que en el convenio del que se habla, se estableció en su cláusula segunda que la madre de la menor podría realizar cualquier tipo de actividades con su menor hija M.M.V., sin previo aviso a su padre Salvador Mandujano Sandoval, tales como viajes al interior del país, así como al extranjero, dicha circunstancia no implica considerar como lo aprecia la parte promovente, que lo convenido en ese consenso de voluntades está por encima de las disposiciones legales que rigen el trámite de expedición de pasaportes y que por ello, a través del mismo se pueden desconocer los requisitos legales previamente establecidos para el otorgamiento respectivo. Se dice lo anterior, pues con independencia que efectivamente los padres de la menor convinieron entre ellos que para que ésta realizara viajes al interior o exterior del país, no se requería permiso y/o anuencia de su padre, lo cierto es que en dicho convenio no se estableció que él perdía la patria potestad o bien, que se le suspendían los derechos de su ejercicio; por ello, si en términos del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad deben comparecer personalmente en compañía de la persona menor de edad ante las oficinas competentes de la Secretaría u oficinas consulares para el otorgamiento del consentimiento, no hay duda que el padre de la menor debe comparecer a expresar su consentimiento, porque en la actualidad no hay resolución judicial que haya declarado la pérdida o suspensión de su derecho de patria potestad. Aunado a ello, debe distinguirse claramente la forma o modalidad en la que ellos como padres de la menor, determinaron a través de acuerdo personal o convencional, la forma en la que manejarán los permisos para que la menor viaje al interior o exterior del país, con lo que legalmente corresponde al padre de la menor en ejercicio de la patria potestad que tiene sobre su hija M.M.V.; esta distinción es esencial, pues convencionalmente ellos pueden modificar y adaptar las formas que más convenientes consideren para el bienestar de la menor, sin embargo, dichos acuerdos no tienen el alcance de mutar o contravenir los derechos que legalmente corresponden al padre, entre los que encontramos precisamente el otorgamiento del consentimiento que exige el artículo 19 del citado reglamento. Sobre todo, porque constituye principio en materia convencional, que los pactos realizados por los particulares que pretendan alterar, modificar o se opongan a las leyes de orden público, carecen de validez. Por otra parte, con relación al segundo aspecto relativo a que el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, no contempla la posibilidad que el convenio judicial supla dicho consentimiento, debe decirse que si en los párrafos que anteceden, el suscrito ya estableció que como el padre de la menor está en ejercicio de la patria potestad de la menor, entonces debe acudir a otorgar su consentimiento, es evidente que el convenio con el que la madre de la menor pretende acreditar el consentimiento de éste, es ineficaz para ese efecto. Ello, porque como correctamente lo señaló la autoridad responsable, el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, no establece la posibilidad de que el consentimiento de quien ejerce la patria potestad se supla a través de ese convenio, pues como ya se dijo, dicho consentimiento solo se puede suplir ante Notario Público o mediante autorización judicial. Incluso, suponiendo que el convenio con el que la promovente del amparo pretende tener por acreditado el consentimiento del padre de su hija, pudiera ser aceptado, dicho documento tampoco satisface los requisitos establecidos en el artículo 20 del mencionado reglamento, ya que el mismo no contiene la declaración expresa del trámite que se autoriza realizar ni la vigencia del pasaporte que se pretende tramitar. Sin que este juzgador esté en condiciones de desconocer las disposiciones reglamentarias o bien, de calificar la constitucionalidad del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje que se aplicó, ya que la parte quejosa no reclamó la inconstitucionalidad de los artículos que contienen los requisitos para la expedición del pasaporte a menores de edad, ni tampoco en su demanda realizó un señalamiento expreso en el que adujera que las porciones normativas conforme a las que la responsable le negó el trámite, son contrarias al texto constitucional, lo cual hubiera generado al suscrito la obligación de darle vista para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad de los mismos. De la misma forma, quien resuelve no advierte que los artículos 18, 19 y 20 del aludido reglamento puedan ser inconstitucionales o inconvencionales, y por lo mismo no está obligado a plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad o convencionalidad en esta resolución. Se cita como argumento de ello, la jurisprudencia 1a./J. 103/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024990, que dice: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación y, al resolverlos, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión ex officio significa que todas las personas juzgadoras del orden jurídico mexicano (aun cuando no sean Jueces de control constitucional y no haya una petición expresa para realizar este tipo de control) en todos los casos, siempre tienen la obligación de ponderar la conformidad de las normas que deben aplicar con los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, antes de individualizarla (aplicarla) en el caso concreto o validar su aplicación. Ello, en atención al mandato previsto en el artículo 1o. de nuestra Constitución Federal. Sin que lo anterior derive en que, en todos los asuntos, las personas juzgadoras, en sus sentencias, deban plasmar expresamente en sus resoluciones un estudio de las normas que aplican o cuya aplicación validan, sino únicamente en aquellos casos en los que alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se realice este control ex officio, o cuando la persona juzgadora considere que la norma que debe aplicar pudiera ser inconstitucional o inconvencional; supuestos en los cuales sí deben examinar su regularidad constitucional de forma expresa en su resolución, a fin de que determinen si es constitucional y/o convencional, si requiere de una interpretación conforme para que sea constitucional y/o convencional, o si es inconstitucional y/o inconvencional. Así, la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad respecto de cierta norma general o de que inapliquen ésta, es suficiente para que todas las Juezas y Jueces estén obligados a realizar de forma expresa este tipo de control de forma expresa en sus resoluciones o sentencias. Justificación: En términos de lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 351/2014, esta Primera Sala consideró que los Tribunales Colegiados están obligados a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio tanto de las normas procesales y sustantivas que rigen el acto reclamado como de aquellas que regulan el juicio de amparo; más aún cuando, en el caso concreto, subsista una omisión de estudio respecto a los argumentos en los que el quejoso solicitó, desde su recurso de apelación (una instancia previa), se realizara un control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de algún determinado precepto legal, supuesto en el cual, como se explicó en párrafos anteriores, los Jueces y las Juezas sí están obligados a realizar un estudio expreso de constitucionalidad y/o convencionalidad en sus resoluciones. Así, se precisa que los Jueces y las Juezas no están obligados a plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad o convencionalidad en su resolución, cuando la presunción de constitucionalidad de la norma no se vea derrotada en esa ponderación que hagan de ella al examinar el asunto; pero siempre tienen la obligación de ponderar y confrontar las normas que deben aplicar al caso concreto con todos los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y, en su caso, de dar respuestas frontales a las peticiones que expresamente les formulen las partes en controversia." Por otra parte, no es impedimento para resolver de esta forma, la jurisprudencia 1a./J. 50/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023872, invocada por la quejosa y que dice: "LIBERTAD DE SALIR DEL PAÍS. FORMA PARTE DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE TRÁNSITO Y DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA, COMO DERECHO HUMANO PROTEGIDO POR LOS ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, 22, NUMERAL 2, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 12, NUMERAL 2, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Y PUEDE ESTAR SUJETO A RESTRICCIONES PERMISIBLES Y PROPORCIONALES. Hechos: En un juicio de alimentos se impuso como medida cautelar al deudor alimentario de un menor de edad la restricción de salir del territorio nacional. En contra de esta determinación, el deudor promovió demanda de amparo indirecto, el cual le fue concedido para que el juzgador de origen fundara y motivara debidamente su resolución y sobreseyó en el juicio por el artículo reclamado; en la revisión interpuesta contra la sentencia de amparo se revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento. En cumplimiento a la revisión, el Juez de Distrito instructor repuso el procedimiento y dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo por algunos actos, negó el amparo respecto del artículo 48, fracción VI, de la Ley de Migración y otorgó el amparo por el auto en el cual le fue impuesta la medida cautelar. Inconformes con la anterior resolución, las partes interpusieron recursos de revisión, de los cuales el Tribunal Colegiado de Circuito se declaró incompetente para conocer sobre el tema de constitucionalidad y remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse al respecto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la libertad de tránsito, la libertad de salir del país forma parte del derecho de circulación y de residencia y se trata de un derecho humano protegido en los artículos 11 de la Constitución General, 22, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 12, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Observación General No. 27 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, como todo derecho, puede estar sujeto a restricciones permisibles, de conformidad con los requisitos constitucionales y convencionales. Justificación: La libertad de circulación o de tránsito es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, la cual cuenta con al menos cuatro dimensiones: i) la libertad de circulación en el territorio nacional; ii) la libertad de escoger residencia; iii) la libertad de salir de cualquier país, incluso el propio; y, iv) el derecho a entrar en su propio país. También está relacionada con otros derechos diversos consagrados en la Constitución General. Así, el artículo 11 de la Constitución General reconoce que todo individuo cuenta con el derecho de tránsito para poder entrar o salir del país, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Tal derecho está subordinado a las facultades de las autoridades judiciales, en los casos de responsabilidad criminal o civil, así como de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Por su parte, el artículo 22, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce el derecho de circulación y residencia, y dispone que: "Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio", y su numeral 3, dispone que: "El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás". En similar sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Comité de la ONU) en su Observación General No. 27 sobre la libertad de circulación, en relación con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que cuenta con términos muy parecidos al de la CADH, ha sostenido que: "La libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse depender de ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida permanecer fuera del país". Así, este derecho incluye la garantía de emigrar permanentemente a otro país, así como de viajar al exterior temporalmente. Asimismo, dicho Comité señaló que el párrafo 3 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé circunstancias excepcionales en que los derechos que confieren los párrafos 1 y 2 pueden restringirse. La disposición autoriza al Estado a restringir esos derechos sólo para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de terceros. Para ser permisibles, las restricciones deben ser previstas por la ley, deben ser necesarias en una sociedad democrática para proteger los fines mencionados y deben ser compatibles con todos los demás derechos reconocidos en el Pacto. La aplicación de las restricciones permisibles en virtud del párrafo 3 del artículo 12 debe ser compatible con otros derechos consagrados en el Pacto y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación." Lo anterior, porque en el propio criterio se establece que la libertad de tránsito, circulación y de residencia, está subordinado a las facultades de las autoridades judiciales, en los casos de responsabilidad criminal o civil, así como de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país; bajo ese contexto, en el caso es evidente que por principio, la libertad de tránsito de la menor quejosa está sujeta a restricciones permisibles y proporcionales, cuando se encuentren involucrados o confrontados derechos de terceros, como en el caso específico, que encontramos el derecho de su padre de otorgar el consentimiento para que la menor obtenga su pasaporte. Resta señalar que el principio de interés superior del menor no implica soslayar los presupuestos de procedencia ante las autoridades administrativas y tampoco supone dejar de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de legalidad y seguridad jurídica, que rigen la función administrativa. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Pag. 772, Décima Época, registro 2006485, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de la menor de iniciales M.M.V., en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que la quejosa no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 4 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, artículo 3, párrafos primero y segundos de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la menor de iniciales M.M.V., en contra del acto reclamado al Director de la Oficina de Pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, de la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quince del mes y año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Subdirector de la Oficina de Pasaportes de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Por tanto, resulta evidente que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Sebastián Alfonso Alcaraz Chávez autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se celebre en su fecha la audiencia constitucional dentro del presente juicio; sin embargo dígasele que no procede acordar de conformidad a su petición, toda vez que el artículo 117 de la Ley de Amparo, no hace distinción con relación a los ocho días que deben mediar entre la notificación del informe y la fecha de la audiencia, por lo que la vista que se otorga es para todas las partes, a efecto de no incurrir en una violación procesal. Finalmente, la quejosa realiza manifestaciones en vía de alegatos. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la ocursante referida. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Subdirector de la Oficina de Pasaportes de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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