Paulina Sánchez López

Expediente 608/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
608/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Paulina Sánchez López

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintiuno.... se declara que el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual este Juzgado de Distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la parte quejosa no subsanó la prevención formulada mediante acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, y toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por la actuaria de la adscripción, en la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente el auto de cuatro de junio del año en curso, a la parte quejosa, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte procesal, el auto de referencia, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Paulina Sánchez López y Julio César Tapia Sánchez, por propio derecho, contra actos del Fiscal Regional Sur Poniente, y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 608/2021-PJ-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del escrito de demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. En la demanda de amparo, específicamente en el apartado de acto reclamado, la parte promovente manifiesta lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1.- De la autoridad ordenadora, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas e interlocutorias y determinaciones y consideraciones administrativas o penales, acto que consiste en todo el procedimiento, pues no fui legalmente citada como legalmente lo estipula la ley, ni estable la calidad con la que supuestamente se me cita, acto reclamado en el que radica la violación al derecho de audiencia, esto es porque no existió emplazamiento siendo ilegal el juicio por lo que me ostento como tercero extraño por equiparación, que tiene su protección normativa en la porción normativa contemplada en el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo que dispone "." lo cual constituye el Derecho Humano que asegura las condiciones para el ejercicio y la defensa de los derechos ante los tribunales a través del proceso, lo cual viene a constituir el principio relativo a que no puede haber privación de un derecho sin juicio, y en el que nos ocupa me causa un perjuicio en un derecho sustantivo al pretendérseme despojar de mis posesiones, o derechos, con las actuaciones dictadas dentro de la carpeta de investigación JO-UEDA/2036/2019, y que ahora se nos pretende despojar violando con esto nuestros DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal pues como ciudadanos tenemos todo el derecho a que se nos administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 2.- De la autoridad Ejecutora.- reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial mis DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues como ciudadanos tenemos todo el derecho a que se nos administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de la cual hasta la fecha se me ha negado la resolución de manera pronta, completa e imparcial. Pues la suscrita soy ajena a las actuaciones que haya promovido ante la fiscalía o del juicio oral y de las cuales el C. JUEZ ORAL con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Jojutla, Morelos haya sido OMISO en ordenar emplazar a la suscrita dentro de los términos que la ley le fija de acuerdo con los artículos 16, 17, 18, 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales". (Énfasis Añadido) Además, en el apartado denominado "V.- FECHA EN QUE ME FUE NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO", los promoventes aducen: "Bajo protesta de decir verdad manifiesto a este H. Juzgado que los suscritos tuvieron conocimiento de los actos reclamados el día 27 de mayo del dos mil veintiuno siendo aproximadamente las diecisiete horas aproximadamente, se presentó una persona del sexo masculino quien nunca se identificó y solo dejó un papel que dice citatorio en la puerta y se retiró. .demandé en el INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN del citado predio que se localiza en la dirección antes referida, en contra de BENITO PAREDES NOGUERÓN, SIXTA SÁNCHEZ LÓPEZ, el cual se identifica con el número de expediente 241/2020-1 RADICADO EN EL JUZGADO MENOR MIXTO DE LA SEGUNDA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE MORELOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; del que se me concedió la resolución de protección de nuestra posesión." Asimismo, en el capítulo correspondiente a los antecedentes, el peticionario de amparo indica: ".lo que constituye una privación al derecho, lo que se concluye que no fuimos parte material en un procedimiento con el que se pretende sufra un perjuicio con la resolución o ejecución que se emitió por no haber sido emplazados y no podernos defender. .que con los que he tenido conflicto es con las personas a las que demandé, por lo que desconozco que acción se pretenda ejercitar en mi contra, que me deja en estado de indefensión lo que afecta la impartición de justicia violando el Artículo 17 Constitucional. 4.- De ahí que al pretender afectarnos mediante la resolución de un juicio en el que no hemos participado nos genere un perjuicio, máxime que desconozco las actuaciones, por lo que tengo el carácter de TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, por no haber sido notificado en términos de Ley. [.] 5.- De ahí que resulte que la autoridad señalada como responsable debe habernos emplazado o notificado como se debe legalmente tendría la oportunidad de defendernos;. .Y no únicamente amedrentarnos con citatorios que carecen de fundamento legal pues no dice en qué calidad se me cita ni la causa que la genera". (Énfasis Añadido) De las transcripciones que anteceden, se obtiene que los promoventes son ambiguos en cuanto a la precisión de los actos que pretende combatir en esta instancia constitucional, toda vez que señalan actos de distinta naturaleza, a saber, omisiones, autos, decretos, resoluciones o sentencias interlocutorias o definitivas, determinaciones y consideraciones administrativas o penales, así como todo el procedimiento, sin especificar de manera concreta cual de estos es el que les causa perjuicio en su esfera jurídica. Por tanto, a fin de que esta autoridad federal se encuentre en aptitud de fijar la litis en el presente asunto, la parte quejosa deberá precisar de manera concreta, clara y específica cual es el acto u omisión del que se duelen los promoventes de amparo, así como los derechos fundamentales que se ven afectados con éstos, en el entendido de que en caso de considerarlo necesario podrán ampliar los antecedentes del acto u omisión que pretendan señalar. Lo anterior, toda vez que es obligación de la parte quejosa señalar en la demanda de manera clara y precisa, el acto u omisión que reclama de la autoridad que señale como responsable, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de los mismos. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del Tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871, del tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Así también, en lo conducente la tesis I.4o.C. 26 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 63 del Semanario Judicial de la Federación, IX, Febrero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente a la Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." SEGUNDO. Hecho lo anterior, y de resultar éste un acto positivo, deberán precisar, a manera de antecedentes, la fecha y forma en que tuvieron conocimiento del mismo. Se hace del conocimiento de Paulina Sánchez López y de Julio César Tapia Sánchez, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." (Énfasis añadido). TERCERO. Toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los peticionarios de amparo promovieron interdicto para retener la posesión el cual quedó radicado bajo el expediente 241/2020-1, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Puente de Ixtla; por ende, tomando en consideración que señalan actos y omisiones que, probablemente, estén relacionados con dicho juicio civil, deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, el estado procesal que guardan los autos del expediente en mención. Lo anterior, a efecto de tener elementos para mejor proveer lo que en derecho corresponda en cuanto a la demanda de amparo de que se trata. CUARTO. Ahora bien, tomando en consideración que en el apartado de la demanda de amparo que denominan "V.- FECHA EN QUE ME FUE NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO", los peticionarios de amparo aducen: ".demandé en el INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN del citado predio que se localiza en la dirección antes referida, en contra de BENITO PAREDES NOGUERÓN, SIXTA SÁNCHEZ LÓPEZ, el cual se identifica con el número de expediente 241/2020-1 RADICADO EN EL JUZGADO MENOR MIXTO DE LA SEGUNDA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE MORELOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; del que se me concedió la resolución de protección de nuestra posesión.". En ese sentido, cabe destacar lo expuesto por los solicitantes de amparo, específicamente en el acto reclamado señalado como el numeral "2", en el que se señala lo siguiente: "2.- De la autoridad Ejecutora.- [.] el C. JUEZ ORAL con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Jojutla, Morelos haya sido OMISO en ordenar emplazar a la suscrita dentro de los términos que la ley le fija de acuerdo con los artículos 16, 17, 18, 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales". (Énfasis Añadido). En mérito de las transcripciones que anteceden en el presente punto preventivo, en virtud de que se advierte la participación de las autoridades Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Puente de Ixtla y del Juez Oral de Jojutla, Morelos, mismas que no fueron señaladas en el capítulo de autoridades responsables. En consecuencia, la parte quejosa deberá manifestar si es su deseo señalar como autoridades responsables al Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Puente de Ixtla y al Juez Oral (por cuanto a éste último deberá especificar la competencia, materia y grado de dicha autoridad judicial). Lo anterior, a efecto de determinar la materia en el presente juicio constitucional. Cabe destacar que para el caso de señalar como autoridades responsables a los jueces antes mencionados, los promoventes deberán señalar de manera concreta y específica cual es el acto u omisión que le atribuye a cada uno. QUINTO. Deberán dar cumplimiento a la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo, cuyo contenido dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad". Lo anterior, en virtud de que en capítulo respectivo, expone lo siguiente: "II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO.- no existe". Se apercibe a los promoventes que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por otra parte, y vista la certificación en el proemio del presente auto, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Miranda Salgado, María de Jesús Hernández Torres y a Nadina Quintana López, y por autorizado con facultades amplias únicamente a Jesús Díaz Dircio, Guillermo Alberto Moreno Aparicio y de Agustín Molina Villegas, en razón de que acreditan tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo y la naturaleza del acto (materia penal) de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Notifíquese personalmente.

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