Paulina Salinas Torres

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Paulina Salinas Torres
  • Junta Especial Numero Treinta Y Uno de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 485/2021-II, promovido por Omar Jaimes Paredes y Marcos Mayo Balderas, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal, Omar Jaimes Paredes y Marcos Mayo Balderas solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto que reclaman del Juez integrante del Juicio Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Director del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La tercera interesada Alimentos Mamá Nieves, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue emplazada el dos de julio de dos mil veintiuno, y Carlos Manuel Román Solís, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se continuó con la substanciación del procedimiento iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintiuno, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso a los quejosos en la causa penal JC/429/2021, ya que así lo manifestó el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Xochitepec, Morelos (denominación correcta de la autoridad responsable). Al respecto la responsable exhibió entre otras: 1. Copia del registro de audio y video (en disco compacto) de la audiencia inicial de quince de abril dos mil veintiuno, en la cual se verificaron, entre otras, las fases de control de detención, formulación de imputación, medidas cautelares y la audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintiuno, en la que se resolvió sobre la vinculación a proceso. 2. Copias certificadas de la causa penal JC/429/2021; 3. Índice cronológico del desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso de dieciocho de abril de dos mil veintiuno. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." De igual manera son ciertos los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", toda vez que así lo aceptó al rendir el informe justificado. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se realiza el estudio del acto reclamado. TERCERO. Análisis de los conceptos de violación. En suplencia de la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte una violación formal acontecida en contra de los quejosos, consistente en la omisión, por parte de la autoridad responsable, de emitir la resolución escrita relativa al auto de vinculación, por lo que procede conceder el amparo para los efectos precisados en el siguiente punto considerativo. Para ello debe partirse de que la institución de la suplencia de la queja deficiente obliga a este juzgado federal a analizar de oficio las posibles violaciones a los derechos de la parte quejosa -procesales, formales o de fondo- en el entendido que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prelación de su estudio atenderá a aquellas que de resultar fundadas redunden en un mayor beneficio para la misma. En esas condiciones, en el presente asunto, la violación formal advertida se considera la de mayor beneficio, al no advertirse una violación procesal o formal diversa, y en tanto que la parte quejosa no reclamó alguna de tal naturaleza en su demanda, ello aunado a que la violación formal referida se trata de una que causó impacto a sus derechos, ya que mermó su capacidad de defensa, al no habérsele permitido conocer la resolución dictada en su contra de forma escrita para así poder controvertirla de la mejor forma posible, pues incluso de autos se tiene que a la parte quejosa se le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva, de donde se colige que le resultaron de difícil acceso los medios tecnológicos necesarios para poder preparar su defensa mediante el análisis de forma pormenorizada de los argumentos con base en los cuales se sustentó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la audiencia oral respectiva -al estar contenida únicamente en un archivo de audio y video-. Es en ese contexto, que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra entre otros, los principios de legalidad y seguridad jurídica, y para ello preceptúa como regla general que los actos de molestia deben de constar en mandamiento "escrito" emitido por una autoridad competente, en el que se satisfagan los requisitos de fundamentación y motivación; sin embargo contiene una precisión respecto a que en los procedimientos en que existe como regla la oralidad, basta que quede constancia del mandamiento por cualquier medio que dé certeza de su contenido. Ahora bien, para desentrañar el contenido de tal disposición, se deben tomar en cuenta como puntos fundamentales dos cuestiones: la primera, en cuanto a que los derechos reconocidos constitucionalmente constituyen un catálogo mínimo que puede ser ampliado; y la segunda, en el sentido de que cualquier interpretación que se le dé a una disposición constitucional debe atender a los diversos preceptos que la componen, en el sentido de que se debe ajustar a los métodos funcionales y sistemático. En efecto, el primero ha sido establecido jurisprudencialmente por el máximo Tribunal Constitucional definiendo que los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente son mínimos, pero pueden ser ampliados por el legislador ordinario -ya sea federal o local- en su reglamentación, siempre que ello se realice sin vulnerar el marco al que se encuentran sujetos, tal como resulta perceptible en las tesis 1a. LIV/2009 y 2a. CXXXIX/2002 en ese orden, del contenido siguiente: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE PUEDE SER AMPLIADO POR EL LEGISLADOR ORDINARIO. La mencionada norma constitucional establece un derecho sustantivo en favor de los particulares que se fundamenta en la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, articulada sobre la base de dos características fundamentales: la de ser directa y objetiva. Siendo estas dos características las que determinan la extensión del citado derecho constitucional, es claro que existen actos realizados por el Estado por los cuales no es responsable constitucionalmente. Así, el Tribunal Pleno de esta Corte ha considerado que los daños ocasionados por la actividad regular del Estado, que se traduce en una responsabilidad subjetiva e indirecta, así como la actuación dolosa o culposa de los funcionarios públicos eran aspectos no incluidos en el segundo párrafo del artículo 113 constitucional. Sin embargo, el hecho de que no estén explícitamente contemplados en la Norma Fundamental, debe llevar a concluir que dichas cuestiones pueden ser reguladas en los distintos órdenes jurídicos parciales con el propósito de ampliar el ámbito protector que establece el precepto constitucional. La anterior conclusión se fundamenta en el criterio de esta Suprema Corte, según el cual los derechos constitucionales son mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados por el legislador ordinario -ya sea federal o local- en su reglamentación. Una técnica válida constitucionalmente para ampliar un derecho constitucional de los particulares es la de ampliar los supuestos de responsabilidad de aquellas instituciones de cuya actuación -y la forma como se regule- dependa el ejercicio del citado derecho, por lo que si en un orden jurídico parcial se decide establecer supuestos que actualicen la responsabilidad patrimonial del Estado, distintos a los establecidos en la norma constitucional, es evidente que los particulares tienen derecho a exigir todas las consecuencias que se deriven de la actuación del Estado, en las vías que se contemplen sin que pueda alegarse su incompatibilidad." "DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos." De ahí que, partiendo de que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se trata de un mínimo constitucionalmente reconocido, tal disposición no impide establecer que adicionalmente al registro de carácter no escrito de los actos orales ellos, queden también asentados de manera escrita en ciertos supuestos que así lo ameriten por su trascendencia, pues la norma constitucional permite que el registro de los actos procedimentales orales puedan ser almacenados en un medio diferente del escrito, empero, no prohíbe su registro en ciertos casos, también en escrito. Además, tal interpretación es acorde con los métodos de interpretación funcional y sistemática, atendiendo a ellos todo juzgador o juzgadora tiene que considerar al régimen constitucional como un ordenamiento con estructura coherente, el cual cuenta con una unidad o contexto, constituido por una serie de derechos fundamentales, principios y valores coherentes entre sí, y además permitan en su conjunto cumplir con su finalidad. Lo anterior, conforme a la función exegética de las personas operadoras de justicia, deben considerar a cada precepto constitucional como un elemento de un sistema jurídico, el cual opera en conjunto, de tal suerte que la aplicación que se le dé a cada uno en particular, debe permitir que los diversos preceptos del sistema sean acordes y efectivos, es decir, cumplan con su funcionalidad, y a la vez, no resten efectividad a los demás. Desde dicha perspectiva, el contenido del artículo en estudio debe ser analizado en conjunto con otros dos principios de optimización, el primero se obtiene del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende el principio pro persona, conforme a su directriz de preferencia hermenéutica, implica que ante una diversidad de interpretaciones deba de preferirse aquella que maximice los diversos subprincipios favor libertatis -prepondera libertad- y favor debilis -a favor de la persona en situación de desigualdad de poder-; mientras que el segundo se obtiene del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionado con los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los que reconocen implícitamente el principio pro actione, que permite que en el mismo supuesto, deba decidirse por aquella que permita el acceso a la jurisdicción del estado, antes de las diversas que creen impedimentos técnicos, o erijan barreras para la sustanciación de los procesos. Es ilustrativo sobre dicho principio la jurisprudencia P./J. 4/2017 (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON FUNDAMENTO EN LA HIPÓTESIS LEGAL DE PROCEDENCIA "CONTRA LA DECISIÓN RECAÍDA A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL". EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DESECHARLO SIN QUE CON ELLO VULNERE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEYES DE AMPARO ABROGADA Y VIGENTE)." Luego, la interpretación aquí sostenida, permite que todos los preceptos en comento cumplan con su funcionalidad, y a la vez, no se resten efectividad en su conjunto, resultando con ello también, la interpretación más protectora de la norma en favor de la persona en situación de desigualdad frente al reproche que pesa en su contra por parte del Estado -imputado-, y su vez maximiza el acceso a la jurisdicción, al permitir ampliar su derecho de defensa. Así bajo dicho contexto constitucional, el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé expresamente que determinadas resoluciones del proceso penal acusatorio y oral, deben quedar plasmadas por escrito de forma adicional a su emisión oral en audiencia, tales como el auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, se tiene que tal disposición contiene las siguientes premisas: En el Código Nacional de Procedimientos Penales se realizó una precisión respecto de las resoluciones que emite la autoridad judicial, y se dividieron en sentencias y autos. 1. Dichas resoluciones deben cumplir con los requisitos formales que el propio legislador precisó en la norma en estudio. Se estableció una obligación respecto de algunas resoluciones orales, consistente en que deben constar por escrito. 2. Una de las resoluciones que obligatoriamente debe constar por escrito, es el auto de vinculación a proceso. Además, se precisó que la resolución escrita, jamás debe exceder el alcance de lo establecido en la resolución oral. Así, acorde con lo dispuesto en el invocado numeral 67 del código adjetivo aplicable, el cual resulta constitucionalmente válido conforme al contexto normativo de la ley fundamental previamente referido, se desprende la obligación expresa de las autoridades judiciales en materia penal de emitir una versión escrita del auto de vinculación a proceso, después de su emisión oral, con la restricción de que la versión escrita no debe exceder el alcance de lo emitido en forma oral. Ello, pues el precepto en comento persigue como finalidad proteger la seguridad jurídica de las partes (aumentando el mínimo constitucionalmente reconocido al respecto), así como maximizar la protección al imputado (pro persona) y a su derecho de defensa (pro actione) e incluso permite el establecimiento de un mecanismo idóneo para lograr la legitimidad social, en tanto que la resolución oral y su posterior escritura, permiten la apertura de la transparencia en la impartición de justicia. Por ello, la decisión judicial que resuelve una vinculación a proceso debe constar en una resolución escrita, además de la emitida de forma oral. Lo que además resulta concordante con el contenido del criterio jurisprudencial PC.II.P. J/11 P (10a.), dispone: "LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, sostuvieron un criterio distinto con relación a si la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es aplicable para determinar si la versión escrita del auto de vinculación a proceso debe constar en papel o bien, se subsana con el registro de video grabación. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Penal del Segundo considera que la jurisprudencia de que se trata, no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso que se emite conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Se afirma lo anterior, porque el criterio jurisprudencial interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; lo que es diferente a lo que establece el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito." Así como, con la diversa tesis aislada I.5o.P.79 P (10a.), que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA EXIGENCIA DE QUE DEBE CONSTAR POR ESCRITO DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE PREVALECER SOBRE LA REGLA GENERAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, MÁXIME SI EL IMPUTADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD. Si bien mediante decreto publicado el quince de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación se adicionó al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte conducente que establece "...En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio...", lo cierto es que dicha porción normativa no debe aplicarse en su literalidad, ya que la Constitución General prevé garantías mínimas que pueden ampliarse por la legislación secundaria. En ese orden de ideas, si el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales contiene la exigencia en el sentido de que el auto de vinculación a proceso debe ser emitido oralmente y constar por escrito, dicha condición que dispone una regla especial debe prevalecer sobre la citada regla general constitucional, para dar certeza jurídica y avalar de manera amplia el derecho de defensa que le asiste al imputado; máxime si éste se encuentra privado de su libertad, pues lo coloca en desventaja, al no contar con los medios tecnológicos para consultar el contenido de la resolución jurisdiccional en comento, a diferencia de que constara por escrito, pues así estaría en aptitud de conocer sus fundamentos y motivos, sin que para ello requiera forzosamente de algún dispositivo electrónico." En el caso, el Juez responsable al rendir su informe justificado, además del formato en disco compacto del audio y video de la audiencia respectiva, allegó a este juicio copia certificada de las constancias relativas a la causa penal JC/429/2021, de las cuales destaca la constancia de la audiencia de vinculación a proceso de la cual se advierte, solo cuenta con precisiones mínimas del desarrollo de dicha audiencia. Ello es así, dado que de dicha constancia se desprende que no fueron señalados los motivos y fundamentos por los que se vinculó a proceso a los quejosos, tampoco se indican los datos de prueba usados para llegar a tal determinación, y cómo fueron valorados para tal efecto, de ahí que resulte insuficiente tener por cumplida la exigencia que establece el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su interpretación constitucional. Por consiguiente, al no obrar versión escrita del auto de vinculación a proceso dictado en contra de los aquí quejosos el dieciocho de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal JC/429/2021, y solo se advierte en dicho expediente una constancia de registro mínimo de lo acontecido en dicha audiencia en la que fue dictado, se concluye la inexistencia de una resolución escrita como la exigida en el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que en dicha constancia solo se hace referencia a un breve extracto de lo acontecido durante el desarrollo de aquella audiencia, que no contiene las consideraciones por las cuales la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los imputados, para posibilitar el derecho de defensa de la parte quejosa. En tales circunstancias, se concluye que el Juez responsable transgredió los derechos de los quejosos, al omitir el dictado de manera escrita del acto reclamado, lo que impide pronunciarse sobre el fondo del asunto, en la medida que tanto la emisión oral del auto de vinculación a proceso decretado en audiencia, como su versión escrita, conforman una unidad, como lo prevé el multicitado numeral 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el caso, como no existe la correspondiente resolución escrita, el acto reclamado no está debidamente integrado, por lo que resulta necesario que sea subsanada tal violación. Por lo expuesto, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos contemplados en el artículo 16 Constitucional, en concordancia con lo previsto en el diverso 67, segundo párrafo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no existir la constancia escrita del auto de vinculación a proceso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Atento al sentido del presente fallo, resulta innecesario el examen de los diversos conceptos de violación formulados por la peticionaria de derechos en su demanda de amparo, porque el vicio formal contenido en la determinación reclamada impide el estudio de las diversas cuestiones de fondo planteadas. A mayor abundamiento, cabe precisar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tal información puede ser consultada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en el Estado de Morelos, dos Tribunales Colegiados en este circuito han sido coincidentes con lo aquí determinado: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver los amparos en revisión penal 90/2021 y 220/2021, dispuso esencialmente que previo al estudio de fondo de los asuntos, deben ser purgados los vicios del acto reclamado, como lo es la ausencia de la pieza escrita del auto de vinculación a proceso reclamado, pronunciado en contra de la persona imputada. Además, dicho órgano colegiado estimó inaplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 34/2017 (10a.), de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)."; razón de que el Tribunal Colegiado fijó que dicho criterio derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, no del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al caso concreto, que exige pronunciamiento de la versión escrita, entre otras resoluciones, del auto de vinculación a proceso, en los términos y restricciones ya destacadas. Con lo cual tuvo por evidenciado que las legislaciones interpretadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contenían una disposición similar a la prevista en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que producía que el auto de vinculación a proceso tuviera necesariamente que constar por escrito. Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 308/2020, esencialmente, con relación a la interpretación del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz del principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisó, entre otras cuestiones, lo siguiente: "De ningún modo se justifica prescindir de la elaboración de la versión escrita del auto de vinculación a proceso, cuando la norma adjetiva asume que debe hacerse el cotejo correspondiente, para corroborar que el audiovisual del auto de vinculación a proceso es correspondiente con su versión escrita. Cuando un juzgado de amparo resuelve el juicio promovido contra el auto de vinculación a proceso, debe verificar que las videograbaciones que se remitan, son íntegras, fidedignas, y no rebasan el alcance de lo acontecido en su versión escrita. Ello, con la finalidad de procurar un debido proceso, y otorgar seguridad jurídica -indispensable en las resoluciones en materia penal en las que está en juego la libertad de las personas y otros derechos de elevado rango-." En efecto, las mismas consideraciones aquí sostenidas, fueron expresadas por diversos Tribunales Colegiados de este circuito judicial, haciéndose patente que el auto de vinculación a proceso debe ser emitido de forma escrita, con la única limitante de no rebasar el alcance de la versión oral, conforme lo dispone el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual solo puede verificarse si en la versión escrita se contienen los fundamentos y razones que llevaran al juzgador a su emisión en la audiencia respectiva; lo anterior es así, pues de la interpretación literal de ese precepto en su porción normativa correspondiente, se evidencia la intención del legislador, al contemplar que esta resolución se emitiera de manera escrita, solo limitándola a no exceder lo externado oralmente, y no sólo contuviera un mínimo de datos. Ahora, en el presente asunto se reitera que el Juez responsable al rendir su informe justificado, solo allegó la "constancia escrita de audiencia inicial en su fase de control de detención, vinculación a proceso y medidas cautelares", en la que únicamente hizo mención de las fases desahogas con precisiones mínimas, es decir, un breve extracto a manera de listado de lo acontecido durante el desarrollo de aquella audiencia, pero no la versión escrita de la cual se puedan advertir las consideraciones por las que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los imputados, esto es, los motivos y fundamentos por los que se le vinculó a proceso, indicando los datos de prueba usados para llegar a tal determinación, y cómo fueron valorados para tal efecto, cuidando además sus exactos alcances, y a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes; pues solo de esa forma se tendría por cumplida la exigencia a que lo constriñe el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su interpretación constitucional. Máxime, que en concordancia con el artículo 318 del Código Nacional de Procedimiento Penales, se tiene que en el auto de vinculación a proceso es donde se fija el hecho o hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso, se determinará la forma anticipada de terminación del mismo, la apertura a juicio o su sobreseimiento; lo cual corrobora la importancia de que sea emitido en versión escrita. Por lo tanto, en el caso, resulta esencial la versión escrita para garantizar a la quejosa, la posibilidad de imponerse de su contenido de manera fácil, como lo es en un documento por escrito, y con ello preservar su derecho a una defensa adecuada al poder analizar y eventualmente diseñar la estrategia defensiva en la consecución del proceso penal, a fin de procurar un debido proceso y otorgar seguridad jurídica, indispensable en las resoluciones en materia penal en las que se controvierte la libertad de las personas, en el caso de la aquí quejosa. Por consiguiente, se concede el amparo para los efectos precisados en el siguiente considerando, en el entendido de que atendiendo a lo aquí resuelto, se insiste, resulta de estudio innecesario los restantes conceptos de violación expuestos por la quejosa al estar encaminados a controvertir el fondo del asunto. CUARTO. Efectos de la concesión de amparo. A efecto de restituir a los quejosos en el uso y goce del derecho vulnerado, atento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión del amparo consiste en que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Xochitepec, Morelos: 1) Retome la decisión pronunciada en la audiencia inicial de dieciocho de abril de dos mil veintiuno, en que emitió el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal JC/429/2021, y en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá dictar por escrito el auto de vinculación a proceso que solo emitió oralmente, en la inteligencia de que, conforme al tercer párrafo del numeral citado, la determinación escrita no deberá exceder el alcance de la pronunciada oralmente, sino sólo deberá contener las consideraciones por las que determinó vincular a proceso a la imputada. 2) Al subsanar la mencionada violación formal, tomando en cuenta que tanto la emisión oral de la resolución de vinculación a proceso decretada en audiencia, como la versión por escrito de dicho auto, conforman una unidad; notifique nuevamente a la parte quejosa, a fin de que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente. QUINTO. Se habilitan horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Omar Jaimes Paredes y Marcos Mayo Balderas, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que Javier Iván Martínez Calderón, en cumplimiento al auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, ratificó los escritos registrados en este Juzgado con folios 6723 y 6737; agréguese a los autos y téngase por realizada la ratificación de mérito. Por lo que se provee lo siguiente: Vistos los escritos presentados por el autorizado de los quejosos mediante el cual el primero de ellos renuencia al patrocinio jurídico del quejoso Isaac Ocampo Alemán dentro del presente juicio de amparo y solicita copia del acuerdo que recaiga al ocurso de cuenta, por otra parte respecto al diverso escrito solicita se requería a la autoridad responsable para que realice una búsqueda del registro de la alumna Rojas Aragón Yeimy, por los motivos que expone. En atención a lo solicitado, se tiene al promovente renunciado al cargo de autorizado en términos amplios únicamente respecto del quejoso Isaac Ocampo Alemán, asimismo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas del presente acuerdo, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Finalmente, respecto a la solicitud que se gire oficial a la autoridad responsable Instituto Hispano Jaime Sabines, para que realice una búsqueda del registro de la alumna Rojas Aragón Yeimy, toda vez que es la única quejosa que tiene antecedentes académicos en dicha institución; dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad ya que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Amparo, es necesario que acredite haber hecho la solicitud correspondiente de tal información a la autoridad correspondiente, lo que en el caso no acontece y que ésta se haya negado a proveer favorablemente su petición, de conformidad con lo expresado en el párrafo primero del artículo antes citado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

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