Paulina Rodríguez Figueroa Y Concepción Rodríguez Figueroa

Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 34 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Paulina Rodríguez Figueroa Y Concepción Rodríguez Figueroa
  • PAULINA RODRÍGUEZ FIGUEROA Y CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ FIGUEROA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en la carátula del expediente y archívese el presente asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar los registros correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable, los tomos de pruebas que obran en la Secretaría de este juzgado, toda vez que resulta innecesaria su conservación. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. ARCHIVO En razón de lo anterior, el incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al ser un expediente en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente; aunado a que no obran documentos originales agregados en autos. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no dio cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de agosto del año en curso, pues aun cuando su abogada autorizada compareció el veinticinco de ese mes a recoger los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado ***************, no acreditó haberlos entregado para su publicación en el plazo establecido en la Ley de Amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés; por lo que se realiza el pronunciamiento siguiente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Se considera que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Los artículos mencionados prevén lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; (.)" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. (.)" De acuerdo con los artículos transcritos, opera la causa de sobreseimiento del juicio de amparo prevista en el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia cuando se ordene el emplazamiento del tercero interesado por edictos a costa de la parte quejosa y ésta última omita realizar el trámite correspondiente una vez que los edictos hayan quedado a su disposición, específicamente cuando no acredite haberlos entregado para su publicación. En el caso, la parte quejosa en el juicio ***************, reclama lo siguiente: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, en calidad de autoridad ordenadora: Todo lo actuado en el juicio agrario número ***************, especialmente la sentencia dictada en ese litigio, con todas sus consecuencias jurídicas; esto debido a que no fue emplazada al juicio. Del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, en calidad de autoridad ejecutora: La inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario número ***************, así como la modificación en sus registros relativa a la cancelación de los certificados parcelarios, números ***************, con las que acreditó la calidad de titular de las cinco parcelas, en su carácter de posesionaria, dentro del ejido de "***************", municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. La parte quejosa en el juicio ***************, reclama lo siguiente: Del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, en calidad de autoridad ejecutora: La cancelación de los certificados parcelarios números ***************, que amparan las parcelas ***************, respectivamente, localizadas en el ejido de "***************" municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, en calidad de autoridad ordenadora reclama el siguiente acto: Todo lo actuado en el juicio agrario número ***************, especialmente la sentencia dictada en ese litigio, con todas sus consecuencias jurídicas, como lo es la cancelación de los certificados parcelarios números ***************, que amparan las parcelas ***************, respectivamente, localizadas dentro del ejido de "***************" municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Al respecto, de las constancias de autos se advierte que este /Juzgado ha realizado los siguientes actos procesales en relación con el emplazamiento de uno de los terceros interesados: 1. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado a *************** y se ordenó a los Actuarios Judiciales adscritos realizar su emplazamiento en el domicilio que se advertía de las constancias remitidas por las autoridades responsables, sin que ello hubiera sido posible, como se advierte de la razón actuarial de quince de mayo de dos mil veintitrés. Por virtud de lo anterior, dado que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advertía la existencia de otro domicilio en el que podía ser emplazado el tercero interesado ***************, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en diverso acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés se giró despacho al Juez de aquell a municipalidad, a efecto que realizara dicho emplazamiento, sin que hubiera sido posible, debido a que en la certificación de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, hecha por el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Municipal de Emiliano Zapapata, Veracruz, hizo constar que la persona buscada no vivía en el domicilio indicado en el despacho correspondiente, pues así se lo hizo saber el habitante del inmueble visitado. 2. En diverso acuerdo electrónico de dos de junio de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se requirió a las quejosas en los juicios acumulados 299/2023 y 336/2023 para que en el plazo legal correspondiente informaran a este Juzgado de Distrito el domicilio actual y correcto del tercero interesado ***************. Ese acuerdo se notificó electrónicamente a las solicitantes de amparo el ocho de junio de dos mil veintitrés, como se desprende de la constancia respectiva. Al respecto, mediante escrito presentado ante este órgano del trece de junio de dos mil veintitrés, la abogada autorizada de las quejosas ***************, informó a este órgano que estas últimas desconocían el domicilio del tercero interesado ***************. 3. En virtud de lo anterior, en auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito requirió a las autoridades responsables para que informaran si en sus archivos estaba registrado algún domicilio en el que pudiera ser emplazado el tercero interesado ***************. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, mediante promoción presentada el dieciséis de junio del año en curso señaló que no constaba con información alguna. Por su parte, la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, mediante oficio presentado el veintiuno de ese mismo mes y año, se pronunció en los mismos términos. Más aún, en acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, este órgano requirió a los terceros interesados que sí fueron emplazados a los juicios acumulados información sobre el domicilio del tercero interesado ***************. Sin embargo, en promoción presentada ante este Juzgado el veintisiete de junio del año en curso, el represente común de dichos terceros interesados manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la persona buscada se había ausentado del poblado de ***************, Veracruz, hace más de treinta años y desconocían su paradero. 4. Por todas esas razones, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, este órgano, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, inició la búsqueda oficiosa del tercero interesado ***************, habiéndose agotado dicho procedimiento con resultados negativos. 5. Debido a lo anterior, en acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito ordenó emplazar al tercero interesado *************** por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndola para que los recogiera en el local del órgano, con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión. El acuerdo ya citado se notificó a las quejosas en los juicios acumulados por vía electrónica, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Se destaca que la abogada autorizada de las quejosas compareció a recoger el edicto respectivo, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia respectiva. También se destaca que las quejosas en los juicios de amparo acumulados no demostraron con medios de prueba idóneos que entregó para su publicación el edicto de referencia, dentro del plazo legal correspondiente de veinte días hábiles. En relación con el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó lo siguiente en la jurisprudencia que se invoca enseguida: Época: Décima Época Registro: 2009915 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 11 de septiembre de 2015 11:00 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 27/2015 (10a.) "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. De la que se desprende que el plazo de veinte días a que se refiere el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; así como que en el plazo referido éste debe: (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). En ese contexto, el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado *************** mediante edictos a costa de las quejosas y se puso a disposición de las impetrantes el edicto correspondiente, se les notificó por vía electrónica el veinticuatro de ese mismo mes. Tal notificación surtió sus efectos en la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, el plazo de veinte días hábiles previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de ese ordenamiento, transcurrió del veinticinco de agosto al veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, sin considerar los días veintiséis y veintisiete de agosto; dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de septiembre, al tratarse de sábados y domingos; el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, día inhábil de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia; así como el quince de septiembre del año curso, declarado no laborable en la Circular 12/2023 de ocho de marzo del año en curso, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que dentro del citado plazo las quejosas acreditaran fehacientemente ante este órgano que hubieran entregado para su publicación los edictos que su abogada autorizada recogió el veinticinco de agosto del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2007600 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o.35 K (10a.) Página: 2846 "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." Cabe señalar que este Juzgado de Distrito no desconoce la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca enseguida: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 174730 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 349 Tipo: Jurisprudencia "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." Sin embargo, no se contraviene su contenido, porque en la ejecutoria correspondiente, dicha Sala estableció lo siguiente: "Como puede advertirse, tratándose de juicios de amparo en materia agraria, la finalidad de una regulación específica es tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina; lo que obliga a tener presente que debido a la característica de tales promoventes, deben considerarse ciertos aspectos para la toma de decisiones por parte del juzgador. Como en juicios de amparo en cualquier materia, en los juicios agrarios el juzgador está obligado a emplazar al tercero perjudicado si lo hay, previo a resolver el fondo del asunto; y, también en este tipo de asuntos, si se presenta la problemática de desconocer su domicilio y la imposibilidad de notificarle el acuerdo inicial que recae a la demanda de amparo, debe procederse en los términos antes indicados. Lo anterior significa, como se dijo, requerir al amparista que proporcione tal domicilio; a las autoridades responsables; agotar el procedimiento de investigación con autoridades de cualquier índole; ordenar la notificación por medio de edictos a costa del quejoso, y poner los edictos a disposición de éste para que acuda a recogerlos y proceda a publicarlos, con apercibimiento de aplicar medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión; sin embargo, si se presenta el caso de que una vez que se han realizado todos estos actos, el promovente del juicio de amparo en materia agraria comparece a manifestar que está imposibilitado para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante; sólo entonces el juzgador deberá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado sea a su costa, pues de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo antes referidos. En esa tesitura, a pesar de que no exista disposición legal ni acuerdo que prevea que la publicación de edictos en juicios de amparo deba correr a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, debe determinarse que en materia agraria, una vez agotado el procedimiento de investigación y ordenada la publicación de edictos a costa del quejoso con los apercibimientos correspondientes en caso de no recogerlos; ante la manifestación de los promoventes en el sentido de que no tienen la posibilidad económica para su publicación, y como se mencionó que existan indicios suficientes que demuestren que no podrían sufragar tal gasto, el juzgador deberá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que a su costa sean publicados los edictos para emplazar al tercero perjudicado." De donde se desprende con claridad que cuando se ha agotado el procedimiento consistente en: 1. Requerir al amparista que proporcione el domicilio del tercero interesado; 2. Requerir a las autoridades responsables; 3. Agotar el procedimiento de investigación con autoridades de cualquier índole; y, 4. Ordenar la notificación por medio de edictos a costa del quejoso y poner los edictos a disposición de éste para que acuda a recogerlos y proceda a publicarlos, con apercibimiento de aplicar medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión; y si sucede que una vez que se han realizado todos estos actos, el promovente del juicio de amparo en materia agraria comparece a manifestar que está imposibilitado para cubrir un gasto de esa naturaleza y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante; sólo entonces el juzgador deberá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado sea a su costa. En el caso, como quedó establecido en líneas precedentes, este Juzgado de Distrito ya agotó el procedimiento señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues realizó todos los actos procesales necesarios para conocer el domicilio del tercero interesado y lograr su emplazamiento, sin lograrlo, aunado a que agotó la búsqueda oficiosa de ese tercero y también ordenó su emplazamiento por edictos a costa de las quejosas; a lo cual, estas últimas, a pesar que su abogada autorizada compareció ante este órgano a recoger dichos edictos, no acudieron a manifestar dentro del plazo de veinte días hábiles previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de ese ordenamiento, que estaban impedidas para cubrir un gasto de esa naturaleza; por tanto, no se actualiza el supuesto previsto en el criterio citado, para que este Juzgado de Distrito ordenara que los edictos fueran pagados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra señalado el día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su desahogo, en virtud que no se ha logrado el emplazamiento al juicio en que se actúa del tercero interesado **********; además, que se encuentra transcurriendo el término de veinte días que establece el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa acredite haber efectuado la publicación, así como el pago correspondiente respecto de los edictos ordenados a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de dicho tercero interesado. En mérito de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la señalada para el día de hoy y como nueva fecha se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

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