PAULINA JUDITH JUÁREZ GARIBO y Otros.

Expediente 379/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
379/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • PAULINA JUDITH JUÁREZ GARIBO y Otros.
  • VALERIA JAQUELINE JUÁREZ GARIB y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de diez de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el once siguiente, quedando comprendido dicho plazo del trece al diecinueve de los citados mes y años, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Rosa María Garibo Méndez, Valeria Jaqueline y Paulina Judith, ambas de apellidos, Juárez Garibo, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 379/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 1884/2017, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el ordinal 61, fracción XVII, del propio cuerpo normativo. En ese contexto, uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de "definitividad", que se traduce en que, antes de acudir a la vía constitucional, es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. Hechos los acotamientos anteriores, se estima que en la especie se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión, en virtud de que el acto reclamado por la aquí solicitante de la protección constitucional, se trata de aquéllos que pueden combatirse mediante la interposición de los recursos ordinarios o medios de defensa legal, según se explicará en párrafos subsecuentes. En efecto, como se anticipó, las quejosas Rosa María Garibo Méndez, Valeria Jaqueline Juárez Garibo y Paulina Judith Juárez Garibo, reclaman de las autoridades responsables, la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 1884/2017, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Y señalaron como antecedentes destacados los siguientes: "7.- En fecha 17 de diciembre del año 2021 la suscrita Rosa María Garibo Méndez recibí un cheque por la cantidad de $85,372.10 (Ochenta y Cinco Mil, Trescientos Setenta y Dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras, por lo que únicamente se cumple de manera parcial dicha sentencia. 8.- Es de observarse que queda pendiente que se otorguen y realicen el pago de las siguientes presentaciones: pensión por viudez, pensión por orfandad, casa de interés social, becas para la educación de los hijos. 9.- Desde esa fecha a la actualidad las autoridades responsables no han cumplido con la sentencia, a pesar de que ya transcurrieron más de dos años y de que se les ha requerido varias veces, casi 6. 10.- Las aquí responsables no han dado cumplimiento a la sentencia de nulidad a pesar de que les ha transcurrido el plazo para ello. 11.- El Magistrado responsable tampoco ha utilizado los medios a su alcance para hacer cumplir la sentencia, ya que a pesar de que ha requerido y apercibido a las demandadas, no le ha aplicado ni un solo medio de apremio, a pesar de que ha transcurrido más de dos años de que se les hizo el primer requerimiento y de que la Ley de Justicia Administrativa establece el plazo de 15 días para que se cumplan las sentencias. 12.- De igual forma, también se vinculó al cumplimiento de la sentencia al C. Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado." En mérito de lo expuesto con antelación y dada la naturaleza del acto impugnado, la quejosa debió previamente a instar la acción constitucional, impugnar dicha determinación a través del recurso de queja, previsto en el artículo 106, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. De los preceptos legales en cita, se infiere el derecho de las partes en impugnar a través del recurso de queja las omisiones por parte de las autoridades demandadas en dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Sala Regional Zona Sur del tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Asimismo, una vez resuelta la queja y en caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento a la sentencia, habiendo sido requerida por tres ocasiones, el Magistrado enviará a petición de parte o de oficio a la Sala Superior, las constancias conducentes para que resuelva acerca de la destitución del servidor público responsable del incumplimiento. En similares términos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 306/2021, determinó que el recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrlo. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal. El criterio en cita, se invoca por identidad de razón, y se encuentra contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." No es inadvertido para este juzgador, que en términos de lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 3, 6, 7 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por los Estados Unidos de América, en la Ciudad de Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y promulgada por decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación, es un deber tanto de los tribunales federales como de las autoridades responsables, velar por la exacta protección de los derechos humanos de los gobernados y especialmente de los niños, en tanto que estos últimos constituyen una parte sustancial de la población y enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo, los juzgadores también tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los involucrados en las controversias, de modo tal que la protección más amplia hacia aquellos que asisten a los infantes, no implica omitir el respeto a las reglas que rigen el procedimiento de origen, de manera tal que el interés superior de los menores no puede entenderse como extralimitado. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gavino Acevedo García, Maritza Valenzuela González, Juna Julio Gómez Demeza, Jasmin Alejandra Peraza y Rosa Ocela Zepeda Avilés, quienes tienen su cédulas profesionales 3205135, 5571370, 5600114, 11975193 y 10564139, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, mientras que a Jorge Luis Acevedo García, se le autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se proporciona los datos del documento que la faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Ejercito Mexicano, número 2004, local 207, colonia Insurgente, en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.

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