Paulina Iglesias Menéndez

Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
356/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Paulina Iglesias Menéndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veintidós. Se agrega en autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista otorgada el veinticuatro de junio del presente año, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veintiuno de junio del año en curso, la autoridad realizó el pago por las diferencias por concepto de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, del periodo comprendido del uno de junio de dos mil dos al treinta de abril de dos mil diecinueve, por la cantidad de, e indica que se encuentra pendiente por cubrir el periodo de mayo de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veinte, toda vez que aduce, fue en abril dos mil veinte, en que ya le fue aplicado el incremento respectivo en nómina; tomando conocimiento de su contenido. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley, requiérase a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de los recibos de pago expedidos a favor del quejoso, correspondientes al abril y mayo de dos mil veinte, así como los tres últimos recibos expedidos a su favor. Apercibida que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida, una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese y personalmente a la quejosa Lorena Valladares Negrete, en el domicilio ubicado en calle Playa Villa del Mar, número ochenta y uno B (81- B), colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco, en ésta ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta que contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la quejosa, por medio del cual desahoga las vistas concedidas en autos de trece y catorce del mes y año en curso, y al efecto manifiesta que al realizar la consulta en la página de internet del Registro Nacional de Profesiones, Consulta de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, advirtió que ya se encuentran sus datos ingresados correctamente en su cédula profesional, asimismo, solicita copias certificadas de las documentales que señala; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. En ese contexto, se tiene por desahogadas las vistas de meritó, por lo que se procede a determinar si con las constancias que obran en autos se acredita de manera manifiesta e indudable la actualización de una causa de improcedencia respecto de los actos reclamados, tal como se anunció en el acuerdo de catorce de junio del año en curso. Al respecto, se impone destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas características (manifiesta e indudable), que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Puntualizado lo anterior, se impone destacar que, del análisis integral de los escritos, inicial de demanda, ampliación y aclaratorios, se obtiene que la parte quejosa reclama, medularmente, lo siguiente: a) Del Rector, del Consejo Universitario, de la Coordinadora de Servicios Escolares y de la Directora General Académica, todos del Centro Universitario Incarnate Word, Campus Ciudad de México, así como del Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública: a.1) La omisión de realizar y concluir los trámites necesarios para la expedición tanto física como electrónica, del título profesional que le corresponde a la quejosa, para su posterior registró electrónico en la plataforma digital el Sistema de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. a.2) La omisión de expedirle su Certificado de Estudios Profesionales. a.3) La incorrecta elaboración del archivo con extensión XML, conforme al "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ESTÁNDAR PARA LA RECEPCIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADÉMICOS, PARA EFECTOS DE SU REGISTRO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES" publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil dieciocho; que ha generado la imposibilidad de la quejosa de generar su cédula profesional. b) Del Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública: b.1) La omisión de reconocer la validez oficial de la Cédula Profesional de la quejosa. Así, en relación con dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Sobre la cesación de efectos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, Página 81, que prevé lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, Febrero de 1998, Jurisprudencia SCJN, Página 219, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicará la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, conforme a la fracción II, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso concreto, se reitera, la quejosa reclama sustancialmente, la omisión de las autoridades responsables de expedirle el Título Profesional y Certificado de Estudios Profesionales que le corresponde, para que pueda obtener su cédula profesional de manera electrónica, así como la omisión de ingresar correctamente los archivos electrónicos en la Plataforma electrónica de la Secretaría de Educación Pública, para el reconocimiento de validez de dicha cédula profesional. Con la finalidad de evidenciar la actualización de la referida causal de improcedencia, resulta conveniente imponerse de las constancias que obran en autos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte lo siguiente: I). El veintidós de abril de dos mil veintidós, las autoridades del Centro Universitario Incarnate Word, Campus Ciudad de México, entregaron a la quejosa, el Título Profesional y Certificado de Estudios Profesionales solicitado, entre otros documentos correspondientes a la conclusión de los trámites de titulación en esa institución educativa, tal como se observa de la copia certificada del acta de entrega con firma de recibido de la parte quejosa, que es del tenor siguiente: II) El Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, remitió copia certificada del resultado de la Consulta de Cédulas Profesionales obtenido el nueve de junio de dos mil veintidós, de la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas, con la cual demuestra que la Cédula Profesional de la quejosa se encuentra debidamente registrada y con validez oficial. III) A través del escrito de cuenta, la parte quejosa reconoce que realizó una consulta en la página de internet: Registro Nacional de Profesionistas, Consulta de cédulas profesionales (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/ presidencia/indexAvanzada.action), y advirtió que ya se encuentran todos sus datos ingresados correctamente ante la Secretaría de Educación Pública; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que gozan de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, con las actuaciones detalladas en los párrafos que anteceden, se hace patente que las omisiones reclamadas cesaron, toda vez que, posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, a saber, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, las autoridades responsables del Centro Universitario Incarnate Word, Campus Ciudad de México, junto con las autoridades pertenecientes a la Secretaría de Educación Público, expidieron y entregaron a la quejosa el Título Profesional y Certificado de Estudios Profesionales que le corresponde, y, una vez que se ingresaron correctamente los archivos electrónicos en la plataforma electrónica de dicha secretaría, pudo obtener su cédula profesional electrónica con los datos correctos y con reconocimiento de validez. .Por lo tanto y, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las responsables a que expidieran y entregaran los referidos documentos y los ingresaran correctamente en el sistema respectivo, conforme a la normatividad vigente, para que la quejosa pudiera obtener su cédula profesional con reconocimiento de validez; de tal manera, que si en el presente caso se acreditó que el veintidós de abril de dos mil veintidós, se entregaron esos documentos a la parte quejosa y que, a la fecha, la quejosa pudo obtener la aludida cédula profesional; se determina que los actos omisivos reclamados han desaparecido; y, por lo tanto, ya no agravian a la parte quejosa pues, las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la tesis número P.CL/97, que se localiza a fojas 71 del Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En virtud de las consideraciones expuestas, se determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en consecuencia, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V; y, por lo tanto, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las diez horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Finalmente, en atención a la solicitud de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las documentales que precisa, en el entendido de que la persona que se presente a recogerla, deberá exhibir original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual, previo cotejo que se realice será glosada en autos. Se hace de su conocimiento que el horario para la expedición de dichas copias, será de las trece a las quince horas de lunes a viernes; lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en este Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este Órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. En el entendido que deberá agendar una cita en términos de lo previsto en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para acudir a las instalaciones de éste juzgado a fin recoger las copias solicitadas, en los días y horas indicados. Se hace de su conocimiento que en el caso de que no sea posible concluir la entrega de las copias solicitadas dentro del horario correspondiente a su cita, cuya duración máxima será de veinticinco minutos, conforme al artículo 6 del citado Acuerdo General 21/2020, derivado de la carga de trabajo del centro de fotocopiado o del volumen de las constancias respectivas, aunado al horario restringido de labores presenciales de este órgano jurisdiccional, deberá de programar una cita posterior para su entrega. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa ... Así lo resolvió y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por Alberto Torres Rivera, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta que contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica del Director de Procesos Jurisdiccionales, en suplencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, quien a su vez actúa en representación del Titular de la Dirección General de Profesiones, todos de la Secretaría de Educación Pública, por medio del cual rinden su informe justificado respecto a la ampliación de demanda. Se agrega el oficio de mérito y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, por cuanto hacen a la petición de que se les autorice la utilización de medios electrónicos, es decir, cámara fotográfica y/o scanner para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se proveyó lo conducente a dicha solicitud. Por lo que, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del oficio de cuenta y a su vez evitar cualquier violación procesal, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J.21/2008, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. (No. Registro: 170081, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Marzo de 2008, Página: 151) Así como la jurisprudencia P./J. 54/2000, que es del Tribunal Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que señala: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. (No. Registro: 191995, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Página: 5). Ahora bien, toda vez que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que se encuentra registrada la cédula profesional de la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se da vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgador analizará las constancias de autos y determinará si, en su caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y, de ser así, se decretará el sobreseimiento en el juicio, fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a ... Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a trece de junio de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Rector, por sí mismo y como Integrante del Consejo Universitario, por el apoderado legal del Centro Universitario, por la Coordinadora de Servicios Escolares y por la Directora General Académica, todos del Centro Universitario Incarnate Word, Campus Ciudad de México, por medio de los cuales rinden su informe justificado respecto a la ampliación de demanda y solicitan se de vista al Ministerio Público de la Federación, por considerar que se actualiza el supuesto previsto en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo. Se agregan los oficios de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades citadas en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éstos se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales que anexan las autoridades responsables, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional y se tiene por desahogado el requerimiento de mérito. En términos del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia de ley. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a letra establece: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594). En cuanto a su solicitud de dar vista al Fiscal Ejecutivo, pues consideran que la quejosa ha expuesto manifestaciones bajo protesta de decir verdad que no corresponden a la verdad; se impone destacar que, las autoridades sustentan esa solicitud, en el hecho de que la peticionaria de amparo les reclama la negativa u omisión de realizar el trámite de obtención de la cédula profesional de dicha quejosa, por lo que consideran que no están autorizadas para realizar ese trámite, circunstancia que es del conocimiento de la quejosa. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas en sus informes justificados, se obtiene que las responsables parten de una premisa equivocada, pues lo que les reclama la parte quejosa es que realicen, por sí, el trámite para la expedición de dicha cédula profesional; sino que, del análisis integral del escrito de ampliación y su aclaratorio, se obtiene que lo que les atribuye es la incorrecta elaboración del archivo con extensión XML conforme al "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ESTÁNDAR PARA LA RECEPCIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADÉMICOS, PARA EFECTOS DE SU REGISTRO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES" publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil dieciocho; que ha generado la imposibilidad de la quejosa de generar la aludida cédula profesional; máxime que su pretensión la funda, precisamente en ese Aviso, el cual, aduce, le impone la obligación a las instituciones educativas de elaborar ese archivo de manera correcta; para lo cual, ofreció como prueba la impresión de pantalla de la información obtenida de la página de internet oficial de la Secretaría de Educación Pública, que a continuación se reproduce: Por lo tanto, al sustentar su petición en una premisa incorrecta, se determina que ésta es improcedente; pero además, para que el suscrito cuente con mayores elementos para conocer la verdad y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de Amparo, 79, 80 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables oficiantes, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se pronuncien respecto del acto reclamado correcto, señalado en el escrito de ampliación de demanda y su escrito aclaratorio; apercibidos que de no hacerlo, se resolverá el presente juicio con las constancias que obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

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