Paulina Guadalupe Vega Martínez

Expediente 344/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
344/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Paulina Guadalupe Vega Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con treinta minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 344/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el estado de autos y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera o en su caso proporcionara la denominación correcta de las siguientes autoridades responsables: a) Juez en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio Número 11. Calle Doctor Lavista, número 114, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; b) Juez en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio número 14. Calle Reforma número 50, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía de Iztapalapa; c) Juez en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio número 15. Avenida Jaime Nunó, número 205, colonia Chapultepec de madero, alcaldía Gustavo A. Madero; d) Juez en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio número 16. Avenida Jaime Nunó, número 205, colonia Chapultepec de Madero, alcaldía Gustavo a. Madero; e) Juez en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio número 17. Avenida Juárez, interior 8 décimo tercer piso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; f) Juez en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio número 18. Calle doctor navarro, número 100, colonia doctores, alcaldía Cuauhtémoc; y, g) Juez en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio número 19. Calle doctor Lavista número 114, colonia doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna, tal y como se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de veintinueve de diciembre del año dos mil dieciséis y con fundamento en los artículos 5, fracción II y 108 fracción III, ambos de la ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tienen por no señaladas como responsables las referidas autoridades; por tanto, se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Asimismo, se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A lo que el juez provee: Se declara precluído el derecho de las partes para ofrecer medios de convicción dentro de la presente incidencia. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tienen por reproducidos los alegatos de referencia y se declara precluído el derecho de las partes para formularlos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México del 1 al 10 de dicho sistema; 2. Juez Décimo Tercero por sí y en representación de los Jueces en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección de Gestión Judicial número 12; 3. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal; 4. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal; 5. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal; 6. Fiscal Regional; 7. Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia. Autoridades con sede en Zamora, Michoacán. Acto reclamado: La orden privativa de la libertad girada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. Segunda. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes previos señalaron que no es cierto el acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas, por lo que con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual decretarla. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la emisión del acto reclamado es positiva en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. Tiene aplicación a lo anterior la tesis Jurisprudencial publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, que a la letra expresa: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO". Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve: Único. Se niega a Paulina Guadalupe Vega Martínez la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos de la consideración segunda de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 344/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que no se ofreció medio de convicción alguno. Al respecto, el juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de referencia y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Paulina Guadalupe Vega Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México del 1 al 10 de dicho sistema; 2. Juez Décimo Tercero por sí y en representación de los Jueces en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección de Gestión Judicial número 12; 3. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal; 4. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal; 5. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal; 6. Fiscal Regional; 7. Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia. Autoridades con sede en Zamora, Michoacán. Acto reclamado: La orden privativa de la libertad girada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. Segundo. Por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados constituyen la orden privativa de libertad la cual se pretende ejecutar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie el acto reclamado consiste en: La orden privativa de la libertad girada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. Tercero. Certeza del acto. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que se le reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la emisión de la orden privativa de libertad del quejoso, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Paulina Guadalupe Vega Martínez, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguense sin hacer mayor pronunciamiento los oficios que remite el Jefe de la Oficina de Telecom-Telégrafos, con residencia en esta ciudad, toda vez que por acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, se acordó lo conducente en relación a la inexistencia de las autoridades responsables que no les fue posible notificar las comunicaciones telegráficas ******************** Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que el día de hoy se encuentra transcurriendo el termino de tres días otorgado en acuerdos de veintiuno y veintidós de los actuales, para que la parte quejosa se sirva señalar la denominación correcta de diversas autoridades responsables. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan las trece horas con treinta minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa

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