Paulina Elvira Rubio Huerta
Expediente 912/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Zacatecas
- Paulina Elvira Rubio Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diez al veinticuatro de octubre del año en curso, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre por ser inhábiles (sábados y domingos); sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el cinco de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 912/2016-4;Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal;De la revisión del presente sumario se aprecia que no existen documentos originales para devolver a la promovente del amparo. No hay constancias por devolver a las autoridades responsables.No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. CONSTE.En la misma fecha se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE.Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el cinco de octubre de la presente anualidad, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 912/2016-4, promovido por Paulina Elvira Rubio Huerta; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este juzgado, Paulina Elvira Rubio Huerta, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen (fojas 2). Autoridad responsable: Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado. Acto reclamado: "Reclamo la falta de respuesta a mi petición de fecha 08 de junio de 2016, recibida hasta el día 15 del mismo mes y año por la responsable" Acto que, a su parecer, es violatorio del derecho contenido en el artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de tres de agosto de dos mil dieciséis (fojas 8-11), se registró la demanda con el número 912/2016-4 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, al tenor del acta que antecede (foja 42); por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: Del Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas: La falta de respuesta a la petición formulada por la aquí quejosa el ocho de junio del año en curso, relativa a la expedición de constancia de tiempo de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se precisen los patrones con los que cotizó y las fechas en cada uno de ellos la dio de alta y baja de esa Institución; así como la información sobre la conservación de sus derechos. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos), aceptó la existencia de acto reclamado (fojas 15-17). Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo que se corrobora con las documentales que la propia autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el ocho de junio del año en curso, la quejosa Paulina Elvira Rubio Huerta presentó escrito ante el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual solicitó la expedición de la constancia de tiempo de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se precisaran los patrones con los que cotizó y las fechas en que cada uno de ellos la dio de alta y baja de esa institución; así como la información sobre la conservación de sus derechos. Mediante oficio 34900142100H.C.C/363/2016, de dieciocho de agosto de la presente anualidad, el Secretario del Consejo Consultivo de la Delegacional Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio respuesta a la petición formulada por Paulina Elvira Rubio Huerta y le expidió la hoja relativa a la certificación de derechos, emitida por el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, Delegación 34, Zacatecas, Subdelegación 01, Zacatecas, en la que se precisa los patrones con los que se cotizó la quejosa y fecha en que cada uno de ellos la dio de alta y baja; determinación que fue notificada a la referida quejosa, el diecinueve siguiente, por conducto de su autorizada (foja 18). Por auto de veintinueve de agosto de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto al diverso acto reclamado traducido en la respuesta emitida por la autoridad responsable a la petición que le formulo la quejosa el ocho de junio del año en curso, sin que haya hecho uso de tal derecho (foja 31-32). QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados en este juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, el quejoso reclama esencialmente que en la autoridad responsable no ha existido pronunciamiento alguno sobre la petición que realizó el ocho de junio de dos mil dieciséis, en relación con la expedición de la constancia de tiempo de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se precisaran los patrones con los que cotizó y las fechas en que cada uno de ellos la dio de alta y baja de esa institución; así como la información sobre la conservación de sus derechos. Es decir, el núcleo de la causa de pedir de la parte quejosa radica en que no han sido acordadas las peticiones que realizó en su escrito de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. En éste, el actor solicitó, en concreto, la expedición de constancia de tiempo de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se precisaran los patrones con los que cotizó y las fechas en que cada uno de ellos la dio de alta y baja de esa Institución; así como la información sobre la conservación de sus derechos. En ese contexto, la demanda de amparo fue presentada el dos de agosto de dos mil dieciséis, sin que con anterioridad a esta fecha se advierta que en el procedimiento administrativo natural se hubiera hecho del conocimiento el acuerdo recaído a las peticiones descritas. Sin embargo, del estudio de las constancias que remitió, en apoyo a su informe con justificación, el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos), el cual se registró con el número de folio 14774, presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el veintitrés de agosto del año en curso, se obtiene que mediante oficio 34900142100H.C.C/363/2016, de dieciocho de agosto de la presente anualidad, el Secretario del Consejo Consultivo de la Delegacional Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio respuesta a la petición formulada por Paulina Elvira Rubio Huerta y le expidió la hoja relativa a la certificación de derechos, emitida por el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, Delegación 34, Zacatecas, Subdelegación 01, Zacatecas, en la que se precisa los patrones con los que se cotizó la quejosa y fecha en que cada uno de ellos la dio de alta y baja; determinación que fue notificada a la referida quejosa, el diecinueve siguiente, por conducto de su autorizada (foja 18). Aunado a lo anterior, de las constancias adjuntadas al oficio de mérito, se acreditó que dicha determinación fue notificada de manera personal a la autorizada de la parte quejosa el diecinueve de agosto del año en curso (foja 18). De lo anterior, se deriva que la constancia solicita ya fue expedida a la quejosa. Por tanto, con el oficio 34900142100H.C.C/363/2016, de dieciocho de agosto de la presente anualidad, el Secretario del Consejo Consultivo de la Delegacional Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio respuesta a la solicitud realizadas, por la aquí quejosa, la que constituyen el objeto de la omisión reclamada. Lo precedente es equivalente a los efectos que hubiera tenido un fallo protector de la Justicia Federal, ya que en ese caso el efecto de la sentencia hubiera sido obligar a la autoridad responsable a emitir el acuerdo correspondiente a las promociones sobre las que no se hubiera proveído. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, dado que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable emitió y comunicó la respuesta a la petición realizada por Paulina Elvira Rubio Huerta, en su escrito de ocho de junio del presente año y, por ende, debe concluirse que en el caso a estudio, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sin que la parte quejosa ampliara su demanda respecto de la respuesta dada a su petición, a pesar de habérsele hecho de su conocimiento tal derecho como se advierte del proveído de veintinueve de agosto de la presente anualidad (foja 31-32). El sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Paulina Elvira Rubio Huerta contra el acto que reclamó del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, consistente en la omisión de respuesta a su petición; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación asentada por la secretaria adscrita de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que le fue concedido a la quejosa Paulina Elvira Rubio Huerta, mediante auto de veintinueve de agosto del año en curso (fojas 31 y 32), para ampliar la demanda de garantías respecto del diverso acto reclamado consistente en la certificación de derechos emitida el diecisiete de agosto del año en curso, por el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos Delegación 34, Zacatecas, Subdelegación 01 Zacatecas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que el presente juicio de garantías se resolverá únicamente respecto de la omisión reclamada en la demanda de garantías. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
En veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, la Secretaria da cuenta a la Juez con un pedimento registrado con el número 16317. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita el fiscal federal de la adscripción, una vez que se emita la resolución en el sumario en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
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