Paulina de la Luz Barrón Martínez

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Paulina de la Luz Barrón Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 20 a 22). En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución.Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. No se ordenó la apertura del incidente de suspensión. y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.. Se previene a la parte quejosa para que acuda ante este juzgado Federal a recoger los documentos originales que exhibió en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Informe justificado. Agréguese el informe justificado de cuenta que rinde el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos por ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los que menciona en su informe de cuenta. Se tienen por ofrecidas las pruebas presuncional en su doble aspecto, legal y humana, así como la instrumental de actuaciones; asimismo, téngasele por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza la documental que anexa la responsable de mérito. Por otra parte, como lo solicita la autoridad responsable de cuenta, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de medios electrónicos como son cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos para consulta del expediente. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra regulada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Luego, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el aludido derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Analizado lo anterior, el presente juicio constitucional debe declararse improcedente, pues el acto impugnado consistente en la omisión de atender la solicitud presentada el veinticinco de noviembre del año pasado, a través del cual se solicita se expida el documento correspondiente al dictamen de invalidez, cesó en sus efectos. Pues bien, el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos por ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, a través de su informe de ley, anexó acuse con firma autógrafa de recibido del oficio 119001340100/1143, dirigido a la quejosa Paulina de la Luz Barrón Martínez, mediante el cual se informa que mediante dictamen ST-4 con folio 411221404, autorizado el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, se determinó no invalidez, el cual fue recibido el veinticinco de enero de dos mil veintitrés (foja 19). Documental a la cual, se le otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en relación con su artículo 2, toda vez que en el acuse obra firma autógrafa de recibido; aunado a que se concatena el diverso acuse con firma autógrafa y sello de recibido del escrito presentado por la quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. En tales circunstancias, el acto omisivo reclamado consistente en la falta de dar contestación a la solicitud de emisión de determinación de dictamen de invalidez, cesó en sus efectos. Se afirma lo anterior, puesto que si la solicitud del amparo era para que la autoridad responsable diera respuesta a dicha solicitud (esto es, que se emitiera determinación de invalidez), y si esto lo realizó la responsable, toda vez que informó a la quejosa que el dictamen inherente a ello, se autorizó el treinta y uno de julio del año pasado; lo cual se le hizo de su conocimiento el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, como se aprecia en el acuse correspondiente. Por tanto, es incuestionable que en el caso a estudio han cesado los efectos del acto omisivo reclamado, pues se restituyó a la parte agraviada en el uso y disfrute de su derecho violado, al volver las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión constitucional, como si se hubiese concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin dejar huella en su esfera jurídica. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro: 193758; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Materia(s), página 38 de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con treinta y tres minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés-; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Ahora bien, no se desatiende, que la constancia que se acompaña al informe justificado de cuenta, se desprende que la autoridad responsable ha dado contestación al escrito de petición de la quejosa, cuya falta de respuesta representa en esta instancia constitucional el acto reclamado; no obstante a ello, no es el caso dar vista con dicha contestación a la solicitante del amparo, a efecto de una posible ampliación de demanda, pues el acto reclamado deriva de un procedimiento de invalidez (cuestión laboral), en contra del cual resulta improcedente dicha ampliación de demanda. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y al que deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial, apercibida que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y se le impondrá en la sentencia, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, del referido ordenamiento legal. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con treinta y tres minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a aperturar el incidente de suspensión, al no haber sido solicitada la medida cautelar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional. Se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (AlexaDELAR) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Se tiene como como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alexandra Delgado Arias, Gregorio Miguel Acevedo Flores, Reyes Carlos León Cordero, Daniel Alberto Mireles Medel y Oralia González Domínguez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24 al resto de las personas que mencionan en su ocurso, por así haberlo solicitado. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a las autoridades responsables, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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