Paulina Cirila Xicotencatl zarate
Expediente 65/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2021
Partes del expediente
- Paulina Cirila Xicotencatl zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los presentes autos la razón recibida vía electrónica asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se hace constar que le fue imposible notificar a la parte quejosa ********************, el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el motivo que de la misma se desprende. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto la aludida parte quejosa señale domicilio cierto y exacto. ...
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de los Magistrados que lo integran, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Asimismo, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de Juan Garza Seco-Maurer Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en su denominación correcta, a través del cual se apersona al presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se tiene al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de los Magistrados que lo integran rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que mencionan en el oficio de cuenta. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante ofreciendo como prueba la documental que anexa al oficio de cuenta. Ahora bien, de las constancias que se acompañan al informe justificado de cuenta se advierte que mediante resolución interlocutoria de once de febrero de dos mil veintiuno el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, emitió la liquidación de laudo en el juicio laboral D-68/2009 y señaló fecha para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada; lo que se se corrobora con las constancias remitidas por la referida autoridad, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Por lo que, del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Paula Cirila Xicotencalt Zarate, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de requerir de pago a la parte demandada en el juicio laboral D-68/2009; y, la autoridad responsable mediante resolución interlocutoria de once de febrero de dos mil veintiuno, proveyó al respecto, lo que se acredita con las constancias que adjuntó al informe justificado que ahora se provee. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse emitido la liquidación de laudo en el juicio laboral D-68/2009 y fijado fecha para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y seis minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes. En otro orden, con fundamento en el inciso b, fracción III, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, se tiene a Juan Garza Seco-Maurer Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla por apersonado en su carácter de parte tercera interesada; por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que se indica; y, por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el oficio de cuenta. ....
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que en sesiones de treinta de enero, así como de seis y trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó las Propuestas de medidas que deben adaptarse del 1 al 9, del 10 al 15 y del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, en las cuales determinó adoptar medidas especiales durante el periodo del uno al nueve, del diez al quince; y, del dieciséis al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; y, que dicho plazo ha transcurrido, motivo por el cual se reanudan los términos y los plazos procesales conforme a las disposiciones 2 y 32 del diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por consiguiente, se provee: De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación de cuenta, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se reservó el acuerdo relativo al escrito recibido vía electrónica de ** autorizada del quejoso, en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita se tenga por integrada la queja interpuesta por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en contra del diverso proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, y se remita al tribunal colegiado correspondiente para su resolución, asimismo, dada la devolución de los oficios por los que se ordena la notificación a las autoridades responsables Encargado de Servicios de la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) y Jefe o Encargado del Departamento de Personal de la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD), ambos con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (Campo Petrolero Carrizo), solicita se les notifique por medio de su superior jerárquico Director General de Petróleos Mexicanos. En tales condiciones, por cuanto hace a su petición de que se tenga por integrada la queja interpuesta por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en contra del diverso proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, y se remita al tribunal colegiado correspondiente para su resolución, dígase que a la fecha en que se actúa no obran la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables del auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte por el que se interpuso dicha queja, por lo que una vez que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las partes del aludido auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, y que haya transcurrido el término de tres días concedido en dicho auto, este juzgado remitirá de manera oficiosa el mencionado recurso de queja al tribunal colegiado correspondiente para su resolución. Por otro lado, respecto a la solicitud de que se notifique a las autoridades responsables Encargado de Servicios de la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) y Jefe o Encargado del Departamento de Personal de la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD), ambos con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (Campo Petrolero Carrizo), por medio de su superior jerárquico Director General de Petróleos Mexicanos, dada la devolución de los oficios por los que se ordena su notificación, dígase que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a, y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables se realizará por oficio, y si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos, por tanto, la solicitud de que se notifique a las citadas autoridades responsables a través de su superior jerárquico no se encuentra prevista en la ley de la materia, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Asimismo, de conformidad a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado referida, para el acceso al expediente electrónico y que se notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales del presente juicio de amparo, dado que el usuario "MromanoMP" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de que la mencionada fiscal esté en posibilidad de acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. ...
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