Paulina Calderon Aguilar
Expediente 1809/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1809/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/01/2023
Partes del expediente
- Paulina Calderon Aguilar
Actuaciones
- Principal
Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta. De conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en autos. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, REQUIÉRASE para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, informe si subsanó las formalidades o requisitos marcados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, para que la misma a su vez cumpla con lo requerido en el oficio número JEB/2°/3ªS/1552/2022, de diez de octubre de dos mil veintidós, y der ser así, informe si ya fue enviado; o en su defecto, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Finalmente, se apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior y no rendir la información que acredite lo anterior dentro del término concedido, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les aplicará multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida *********, contra actos que reclama del Superintendente Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con residencia en esta ciudad y otra autoridad. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1809/2022-IX. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que Paulina Calderón Aguilar, reclama del 1) Superintendente Zona de Distribución Tuxtla, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 2) Administradora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambos con residencia en esta ciudad lo siguiente: "1. La indebida e inconstitucional orden verbal o escrita (y su ejecución) mediante la cual el Superintendente Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha ordenado a la Administradora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tuxtla, privarme del suministro de energía eléctrica a pesar de encontrarme al corriente del pago del servicio y no tener adeudo alguno, violando con su actuación el derecho humano que a mi favor consagran diversos instrumentos internacionales que tutelan y protegen los derechos humanos. 2. La Falta de Notificación o emplazamiento a procedimiento alguno en el que se haya determinado privarme del derecho a la energía eléctrica." (Sic). Expuesto lo anterior, este juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones, a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis de epígrafe siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 5, fracción II, el juicio de amparo procedente en tratándose de actos u omisiones de autoridad, la cual para los efectos del juicio constitucional es todo ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Por lo tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, por ende resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución establece derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de derechos humanos frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, conviene precisar que dada la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el Sistema Eléctrico Nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, de las cuales se desprende que la Comisión Federal de Electricidad se creó como nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, así también que los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio, y de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y por ende las controversias suscitadas entre las partes generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en un juicio mercantil. De ahí que, la consecuencia lógica de que se considere que la naturaleza jurídica del contrato de suministro de energía eléctrica es comercial, se debe a que la relación entre los contratantes también lo es, de modo tal que los actos u omisiones de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de dichos contratos, no deben considerarse como actos de autoridad. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hacen consistir en el corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Boulevard San Cristóbal número 120-A, Colonia Moctezuma, en esta ciudad. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica y por ello debe decidirse a través de un juicio mercantil, pues las partes actúan en una relación de coordinación, sin que el eventual corte de energía eléctrica genere que esa relación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en el ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste. En este contexto, la controversia suscitada entre la parte quejosa y aquellas que señala como responsables derivadas de los derechos y obligaciones por el contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en vía mercantil, de conformidad con los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Al efecto, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.; y, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. Ahora bien, no se soslaya que el primero de los criterios antes mencionados, prevé que cuando la Comisión Federal de Electricidad, realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable, cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó esos casos excepcionales a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, por ejemplo cuando la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Lo que en el caso particular no sucede, puesto que la promovente aduce que dicho corte de suministro de energía eléctrica afecta múltiples derechos humanos y no aporta ninguna documental que señale encontrarse en alguno de los supuestos reseñados supra líneas, de ahí que es inconcuso que no se ubica en los casos de excepción contemplados por la ejecutoria en comento. Finalmente, no pasa desapercibido para esta juzgadora la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; sin embargo, tal regla general encuentra un caso de excepción cuando existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -sea en Pleno o en Salas- en la que ya se haya definido el tema sobre el cual se pretende plantear una demanda de amparo, como ocurre en el caso concreto en el ya el Tribunal Supremo del País, ha definido a través de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 156/2017 (10a.), citados supra líneas, que cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, estos deben ventilarse a través de un juicio mercantil, ya en esos supuestos, la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J.2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. Así como la diversa PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO, por notoria y manifiesta improcedencia la demanda de amparo promovida. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. IV. DOMICILIO. Conforme al artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para recibir notificaciones el que señala en su escrito de la demanda. Asimismo, se tiene como autorizado a ********************con las facultades amplias que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. V. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre del usuario "********************". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que puedan tener acceso al expediente electrónico en comento. Atento a lo anterior, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción realicen la digitalización de las notificaciones, a partir del presente proveído, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1809/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida *********, contra actos que reclama del Superintendente Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con residencia en esta ciudad y otra autoridad. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1809/2022-IX. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que Paulina Calderón Aguilar, reclama del 1) Superintendente Zona de Distribución Tuxtla, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 2) Administradora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambos con residencia en esta ciudad lo siguiente: "1. La indebida e inconstitucional orden verbal o escrita (y su ejecución) mediante la cual el Superintendente Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha ordenado a la Administradora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tuxtla, privarme del suministro de energía eléctrica a pesar de encontrarme al corriente del pago del servicio y no tener adeudo alguno, violando con su actuación el derecho humano que a mi favor consagran diversos instrumentos internacionales que tutelan y protegen los derechos humanos. 2. La Falta de Notificación o emplazamiento a procedimiento alguno en el que se haya determinado privarme del derecho a la energía eléctrica." (Sic). Expuesto lo anterior, este juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones, a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis de epígrafe siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 5, fracción II, el juicio de amparo procedente en tratándose de actos u omisiones de autoridad, la cual para los efectos del juicio constitucional es todo ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Por lo tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, por ende resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución establece derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de derechos humanos frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, conviene precisar que dada la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el Sistema Eléctrico Nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, de las cuales se desprende que la Comisión Federal de Electricidad se creó como nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, así también que los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio, y de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y por ende las controversias suscitadas entre las partes generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en un juicio mercantil. De ahí que, la consecuencia lógica de que se considere que la naturaleza jurídica del contrato de suministro de energía eléctrica es comercial, se debe a que la relación entre los contratantes también lo es, de modo tal que los actos u omisiones de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de dichos contratos, no deben considerarse como actos de autoridad. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hacen consistir en el corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Boulevard San Cristóbal número 120-A, Colonia Moctezuma, en esta ciudad. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica y por ello debe decidirse a través de un juicio mercantil, pues las partes actúan en una relación de coordinación, sin que el eventual corte de energía eléctrica genere que esa relación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en el ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste. En este contexto, la controversia suscitada entre la parte quejosa y aquellas que señala como responsables derivadas de los derechos y obligaciones por el contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en vía mercantil, de conformidad con los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Al efecto, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.; y, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. Ahora bien, no se soslaya que el primero de los criterios antes mencionados, prevé que cuando la Comisión Federal de Electricidad, realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable, cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó esos casos excepcionales a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, por ejemplo cuando la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Lo que en el caso particular no sucede, puesto que la promovente aduce que dicho corte de suministro de energía eléctrica afecta múltiples derechos humanos y no aporta ninguna documental que señale encontrarse en alguno de los supuestos reseñados supra líneas, de ahí que es inconcuso que no se ubica en los casos de excepción contemplados por la ejecutoria en comento. Finalmente, no pasa desapercibido para esta juzgadora la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; sin embargo, tal regla general encuentra un caso de excepción cuando existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -sea en Pleno o en Salas- en la que ya se haya definido el tema sobre el cual se pretende plantear una demanda de amparo, como ocurre en el caso concreto en el ya el Tribunal Supremo del País, ha definido a través de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 156/2017 (10a.), citados supra líneas, que cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, estos deben ventilarse a través de un juicio mercantil, ya en esos supuestos, la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J.2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. Así como la diversa PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO, por notoria y manifiesta improcedencia la demanda de amparo promovida. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. IV. DOMICILIO. Conforme al artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para recibir notificaciones el que señala en su escrito de la demanda. Asimismo, se tiene como autorizado a ********************con las facultades amplias que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. V. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre del usuario "********************". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que puedan tener acceso al expediente electrónico en comento. Atento a lo anterior, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción realicen la digitalización de las notificaciones, a partir del presente proveído, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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