Paulina Alejandro Navarro
Expediente 3319/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 3319/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/03/2021
Partes del expediente
- Paulina Alejandro Navarro
Actuaciones
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- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 3319/2019, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Nación; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Presentación. Por escrito presentado por ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Impedimento. La demanda fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, donde por auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, fue radicada con el 1534/2018; sin embargo, el titular del juzgado se declaró impedido para conocer del asunto, en términos de lo señalado en dicho proveído y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito. TERCERO. Determinación judicial por parte del órgano de control constitucional. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, admitió a trámite el impedimento planteado por la titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, registrándolo como 34/2018; el cual, en sesión de once de octubre de dos mil diecinueve lo declaró sin materia y ordenó la remisión de los autos al juez de origen. CUARTO. Remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México para el turno correspondiente. En razón de lo señalado en el resultando que antecede, por auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el juez de origen remitió los autos a este órgano jurisdiccional, así como el testimonio de la resolución antes mencionada. En esos términos, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito, se avocó al conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, requirió a la parte quejosa para que indicara si era su deseo señalar al Presidente de la República como autoridad responsable; notificó a las partes, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular) y se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa como omisa del requerimiento precitado, de ahí que únicamente se tenga como autoridades responsables en este asunto a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con los artículos señalados en la demanda. Asimismo, es necesario mencionar que no se tendrán como actos destacados la 'circulación, observación y debido cumplimiento' de los Decretos en cita; así como las omisiones legislativas relativas indicadas en el apartado correspondiente; el artículo Primero Transitorio de tales decretos; ni el artículo segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Decimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos". Lo anterior es así, habida cuenta que de la lectura integral de la demanda, se observó que tanto los actos que se hicieron consistir en la 'circulación, observación y debido cumplimiento', como las omisiones legislativas relativas, forman parte de los argumentos planteados para acreditar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, es decir, no son en sí mismos actos destacados sino motivos de agravio planteados para controvertir las disposiciones reclamadas del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como el diverso Decreto de reformas publicado en dicho medio de difusión oficial el doce de abril de dos mil diecinueve. Por esa razón, tales señalamientos no se tienen como actos reclamados, sin perjuicio de que sean estudiados, en su caso, en vía de conceptos de violación en el considerando correspondiente de esta sentencia. De igual modo, los artículos Primero y Segundo Transitorios del citado decreto, por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Decimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", los reclamó como parte del sistema de remuneraciones de los servidores públicos federales previsto en el decreto impugnado, no de forma destacada; de ahí que, tampoco se tendrán como actos reclamados. Cabe señalar que las normas generales se reclamaron, según se apreció en la demanda como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, las impugnó en su carácter de autoaplicativas porque estimó encontrarse sujeta a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de servidores públicos de la Federación. Es aplicable a la precisión de actos antes realizada, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Además, es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por otra parte, se tiene que la norma general se reclamó, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, la impugnó en su carácter de autoaplicativa porque estimó encontrarse sujeto a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de servidora pública de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos legislativos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Senadores [1] y Cámara de Diputados [2], ambas del Congreso de la Unión; que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en los siguientes: La discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con los artículos señalados en la demanda. Por otro lado, se debe señalar que si bien de la publicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción II y 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo (la parte quejosa no señaló como acto reclamado la promulgación del decreto impugnado ni como autoridad responsable a quien lo promulgó, a saber, el Presidente de la República) El juicio de amparo es improcedente contra la totalidad del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, porque la parte quejosa no señaló como acto reclamado la promulgación de dicho decreto ni señaló como autoridad responsable al Presidente de la República. Conforme a las facultades que tiene este juzgado en tanto rector en el procedimiento constitucional, se requirió expresamente a la parte quejosa en auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 283 reverso), para que manifestara si a su interés convenía señalar como autoridad responsable al Presidente de la República, sin que hiciera manifestación alguna al respecto pese a encontrarse oportunamente notificada para tal efecto, como se observa a foja 308, por tanto, se siguió la secuela procesal únicamente con las que fueron señaladas en el escrito inicial. Ahora, si bien no se desprende que tanto la aprobación como la promulgación del decreto impugnado fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó, no obstante no haber sido llamada a juicio. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación, por lo que era necesario que la parte quejosa lo señalara como acto reclamado y como autoridad responsable al Presidente de la República. Son aplicables los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTÍAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II y 108, fracciones III y IV, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento sobre el particular. A pesar de que el juicio de amparo es improcedente en su totalidad por la razón señalada en el punto inmediato anterior, por razones de exhaustividad, este juzgado realizará el estudio de la diversa causa de improcedencia que, se estima, también se actualiza. 2. En efecto, de autos se advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el contenido del artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: ".Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Conforme a los preceptos reproducidos, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, debe entenderse por agraviado todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que el peticionario del amparo está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto y que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Al respecto, el artículo 107 constitucional que establece los principios rectores del juicio de amparo, pondera la existencia del agravio personal y directo, definido como: "todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El concepto de interés jurídico está estrechamente ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no lo causa, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional en su contra. De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo el solicitante del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de la expedición de normas que tilda de inconstitucional, la regla es que el quejoso debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Es aplicable al caso, la tesis II.2o.C.92 K, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE." Además, como lo prevé el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés "simple" en ningún caso podrá invocarse como interés jurídico, de modo que es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley, que faculte a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y como consecuencia lógica, el correlativo deber de cumplirla. En ese sentido, hay "interés jurídico", cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que legitime a exigir de la autoridad determinada conducta. Asimismo, el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente. Es aplicable la jurisprudencia 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Resulta ilustrativa en la parte que aquí interesa la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De lo anterior, se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 16/94, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Respecto al tema, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo se sigue a instancia de parte agraviada, y se entiende como tal quien "aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", mientras que la Ley de Amparo, abunda sobre esta definición. Su artículo 5, fracción I, en la parte que interesa, define como quejoso a quien "aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo", cuando alegue que el acto reclamado viola derechos humanos y ello produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es válido afirmar que la noción de perjuicio, para efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, cuya transgresión por una autoridad o por alguna ley es factor determinante para que su titular ocurra ante el órgano de control de la constitucionalidad a demandar el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es el interés jurídico que la ley de la materia exige para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXVII.1o. (VII Región) J/4 (10a), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ahí que el interés jurídico de quien promueve la acción de amparo, sólo se surte en la medida en que se demuestre que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones legalmente salvaguardados. Por tanto, la demostración del perjuicio que el quejoso dice le causa el Decreto reclamado constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, pues para la procedencia de la acción constitucional, se requiere que el acto combatido incida en la esfera jurídica del solicitante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso concreto, el solicitante de la protección constitucional refiere que con motivo de la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona del Código Penal Federal, publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora para que la afectación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario acredite encontrarse en el supuesto de la norma combatida, por lo que se debe exhibir documentales que produzcan la convicción de que tiene derecho a percibir un salario por el desempeño de un cargo público y que la norma reclamada afecte su esfera jurídica; sin embargo, no ofreció prueba idónea para acreditar que se ubica en los supuestos del Decreto combatido. Ello es así, pues para acreditar su interés jurídico, la quejosa exhibió como prueba la siguiente documental en copia simple: Copia simple de la credencial ********************, expedida a su favor por el Consejo de la Judicatura Federal (foja 43). Documental que, por sí sola, no demuestra el interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, pues solo genera la presunción de la existencia de su original, por lo que el citado documento carece de valor probatorio aun cuando no se hubiere objetado su autenticidad. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." Asimismo, robustece lo anterior la jurisprudencia J/37, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS." Por lo anterior, debe decirse que no basta que la solicitante de amparo manifieste encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de derecho preexistente que pueda defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar las normas señaladas como actos reclamados. Así para considerar que la ley impugnada impacta en la esfera de derechos de la parte quejosa, ésta debió probar, como mínimo, ser funcionaria pública y que por su desempeño perciba alguna contraprestación. De ahí que, con el medio de prueba ofertado en copia simple, no demostró la afectación a su interés jurídico. Con base en lo anterior, es claro que la parte quejosa no tiene interés, siquiera legítimo, para reclamar las normas combatidas, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que la quejosa no demostró tener interés para combatirla, al no ser parte del grupo de individuos a quienes puedan afectar las normas impugnadas. En este orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no se acreditó la afectación a un interés jurídico ni legítimo, por lo que procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o. J/23, con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 35, 73 a 75, 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio por las razones expuestas en la presente sentencia. Notifíquese.
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Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la segunda certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: De las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto fue señalada dentro del período en el que se decretó la suspensión de labores en todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación; en ese sentido, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes y evitar violaciones procesales, este Juzgado Federal fija las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: luis.zepeta.terrazas@correo.cjf.gob.mx y antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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Ciudad de México; trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio y toda vez que se encuentra pendiente el dictado de la sentencia correspondiente y a fin de acordar lo conducente respecto al cambio de titular en el presente órgano jurisdiccional, se ordena habilitar el presente cuaderno de antecedentes. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso y se ordena sea agregado al expediente, a través del cual designa autorizados y solicita copias certificadas de todo lo actuado en el juicio, de manera gratuita en términos del párrafo tercero, del artículo 3º de la Ley de Amparo. En atención a su contenido, se tiene como autorizados para los efectos que indica a los mencionados, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores. Fundamento: Artículo 24 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, respecto a las documentales que solicita, no pasa inadvertido que el quejoso solicita se expida copia certificada de todo lo actuado, sin necesidad de efectuar pago alguno por concepto de derechos por copias certificadas. De igual modo, no se pierde de vista que el principio de gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional, consiste en que las personas no tengan que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado y que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva y que en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de la copias de manera gratuita, siempre y cuando el solicitante se ubique en una situación particular, como lo es que se encuentre privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuenta con ingreso alguno. En concordancia con ese principio, este órgano jurisdiccional no requiere a los quejosos el pago de derechos por realizar la certificación de copias de las constancias que integran los asuntos que aquí se ventilan, no obstante el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, impone la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias, es decir el pago de la reproducción de los originales, lo cual se realiza en el centro de fotocopiado que para tal efecto presta sus servicios en el edificio en que se encuentra este Juzgado, mismo que es un servicio totalmente independiente de este órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, se reitera al quejoso que de las constancias que integran los autos no se advierte que se ubique en alguna de las hipótesis enunciadas, por lo que no es posible atender de manera favorable su petición. También, dígase al quejoso que en proveído de dos de julio del año en curso, se hizo de su conocimiento que quedaban a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas mediante cualquier medio electrónico dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante. Salvo documentos reservados o confidenciales, de igual forma, que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico formado, se encuentran disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Fundamento: Artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Notifíquese.
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Ciudad de México; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Secretario Técnico Adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, en representación de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección de Nómina y de la Secretaría Ejecutiva de Administración, autoridad que mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asumió las funciones y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del mismo Consejo, misma que dejó de existir; así como el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los cuales, rinden su informe con justificación. Dese vista a las partes. Relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, respecto al informe emitido en representación de la Dirección General de Tesorería, no ha lugar a tenerlo por rendido en virtud que dicha autoridad no está señalada como responsable en el presente juicio de amparo Fundamento: artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y se tienen por acreditados como delegados de su parte, a las personas que mencionan. Artículo 9, párrafo primero de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de tres de diciembre del año en curso, en el que este juzgado federal admitió la ampliación de la demanda de amparo, en acatamiento a lo resuelto en el recurso de queja 2138/2019; por tanto, se provee lo siguiente: Con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98 fracción I, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tramítese el recurso de mérito, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación y en vía de informe, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, EN TURNO, POR CONDUCTO DE SU OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES Y DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el original del citado recurso de queja, copia certificada del proveído recurrido y de sus constancias de notificación, así como de las necesarias para la substanciación del citado medio de impugnación y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de su adscripción, previa copia simple que de dicho recurso se agregue a este expediente. Lo anterior debe efectuarse dentro del plazo de tres días contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, esto es, una vez que obren en su totalidad las constancias de notificación del presente proveído. Lo anterior, sin necesidad de otorgar la vista a la que se refiere el artículo 101, párrafo primero de la Ley de Amparo, toda vez que, lejos de desacatar la norma de mérito, en aras de darle celeridad al asunto, en comunión con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, no se estima prudente otorgar la vista a la que se refiere el citado precepto legal, sino proceder en forma inmediata a la remisión del original del recurso. Asimismo, se rinde informe materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este juzgado federal admitió la ampliación de la demanda de amparo. Fundamento: Artículos 97, fracción I, inciso a) la Ley de Amparo y Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su numeral 2º. En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO en el presente juicio, hasta en tanto se resuelva el recurso de queja citado en el párrafo anterior. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 4/2012 (10a.), con número de registro 2001026 y rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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