Paulina Abella García

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Paulina Abella García

Actuaciones

  1. Principal

    téngase a la autoridad signante acusando recibo de la misiva que alude.

  2. Principal

    causa estado el auto en que se desechó su demanda archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, vista la demanda de amparo signada por Carlos Guraieb Argudin, apoderado legal de Paulina Abella García, se advierte que se señaló como acto reclamado lo siguiente: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, en el toca de apelación 834/2020 de su índice administrativo, mediante la cual revocó la sentencia emitida por el Juez Octavo de Primera Instancia, con sede en Córdoba Veracruz, en el juicio ordinario civil 199/2019 y ordenó reponer el procedimiento, a fin de integrar la relación jurídico-procesal (litisconsorcio pasivo necesario). Acto reclamado respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu de la ley de la materia, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, sea parte. De acuerdo con lo anterior, se estima que el acto reclamado no tiene como consecuencia una imposible reparación, en virtud de que estos se traducen en todos aquellos actos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (libertad, propiedad, estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Lo anterior es así, ya que de conformidad con los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que perturban materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que las consecuencias jurídicas del acto que por esta vía pretende combatirse, esto es, la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, en el toca de apelación 834/2020 de su índice administrativo, mediante la cual revocó la sentencia emitida por el Juez Octavo de Primera Instancia, con sede en Córdoba Veracruz, en el juicio ordinario civil 199/2019 y ordenó reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio las personas morales Colegio de Licenciados en Derecho de Córdoba, Asociación Civil, Fundación Esbao, Asociación Civil y Café Tostado de Exportación, Sociedad Anónima de Capital Variable, no puede ser considerado como de imposible reparación debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De ahí que, el único efecto que conlleva es de naturaleza procesal, sin afectar de manera directa y material un derecho sustantivo. En efecto, como se advierte de las constancias que integran el toca de origen, las cuales se tienen a la vista por haberse remitido por la Superioridad, dicho acto reclamado no puede ser considerado de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, ya que solo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integren a la relación jurídica procesal los involucrados y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente. Por consiguiente, es claro que lo reclamado en el presente juicio de amparo no constituye un acto de imposible reparación, ya que implica la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos procesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una sentencia favorable, de modo que contra tal actuación no procede el juicio de amparo indirecto, en términos del precitado 107, fracción V de la ley de la materia, en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio de datos de identificación y rubro: Registro digital: 205810 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/91 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 25 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Así, también se destaca que si bien la reposición del procedimiento en un juicio implica en mayor o menor medida un retardo en la administración de justicia, empero ese hecho no conduce a la procedencia del juicio de amparo indirecto. Registro digital: 170244 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 23/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593 Tipo: Jurisprudencia NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, que establece: Registro digital: 2012245 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 1180 Tipo: Jurisprudencia RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Pues de acuerdo con dicho criterio, el juez federal no puede emitir un auto de desechamiento cuando no existen en autos las constancias correspondientes que permitan determinar el alcance de la reposición del procedimiento ordenada en el auto que en el caso se reclame; lo que no ocurrió en el particular, en tanto que se tienen a la vista los autos del juicio natural y del toca de apelación, al proveer sobre la demanda de amparo y, por tanto, se puede establecer con claridad, al contar con los elementos necesarios, el alcance de la resolución reclamada, que ordenó la reposición del procedimiento. Cabe precisar que el criterio sostenido en la presente determinación se encuentra sustentado en lo resuelto por el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 100/2020 (correspondiente a la sesión de veintidós de febrero de dos mil veintiuno) y 174/2020 (correspondiente a la sesión de cuatro de marzo de dos mil veintiuno), respectivamente, en los cuales se realizó un estudio de asuntos en los cuales el acto reclamado era análogo al que ahora se combate en la demanda que dio origen a este juicio. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia analizada. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes (SISE). DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente realícense las subsecuentes notificaciones derivadas de este asunto, vía electrónica, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, a través del usuario que proporciona para tal efecto. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Isidro Santorum Vásquez, Hugo Edel Cornejo Domínguez e Isidro Santorum Melo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el diverso numeral 24, párrafo segundo de la legislación en cita, se tienen como autorizados con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, a Alejandra Gómez González y Máyela Salazar Muñoz, por no encontrarse en igualdad de circunstancias. CONSULTA ELECTRÓNICA. Del mismo modo, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta electrónica a través del usuario que indica. PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo se le tiene proporcionando la cuenta de correo electrónico para llevar a cabo comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29, del acuerdo general 21/2020, resulta necesario invitar a las partes a (I) transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo que trae aparejado la obtención de una firma electrónica, ya sea FIREL, e.firma o cualquier otra validada por el Consejo de la Judicatura Federal, (II) solicitar de conformidad a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, tanto la consulta electrónica como las notificaciones en esta misma vía, (III) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como podría ser, un correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, con la meta de poder entablar comunicaciones no procesales. Se reiteran estas exhortaciones ya que trae beneficios a los justiciables, debido a la situación epidemiológica que acontece en la actualidad, por decir algunas, (1) la prontitud en la que será resuelto el juicio de amparo, (2) evitar el contagio al no acudir de manera reiterada al órgano jurisdiccional ya sea para presentar promociones, demandas o, consultar los autos, (3) la actuación simultánea en varios expedientes (artículo 30 del acuerdo general 21/2020); y (4), vinculada con el número 2, evitar las filas para la presentación de su escrito, ya que podría hacerlo desde el Portal. RELACIÓN DE ANEXOS. Con las constancias remitidas por la superioridad, consistentes en los autos originales del juicio ordinario civil 199/2019 del índice administrativo del Juzgado Octavo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y toca de apelación 834/2020 del índice administrativo de la Sala responsable, fórmense dos tomos de pruebas por separado, a fin de facilitar el manejo del presente expediente; asimismo, por cuanto hace a la memoria USB que allegó, consérvese en la secretaria de este juzgado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo.

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