Paula Rizo Ibarra

Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
115/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Paula Rizo Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a las partes mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre las constancias remitidas por la autoridad responsable, relacionadas con el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto, sin que alguna de las partes realizara las de su intención; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el diecisiete de mayo del presente año, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Paula Rizo Ibarra, contra el acto que reclamó, para los siguientes efectos: "1. No apliquen a la parte quejosa Paula Rizo Ibarra de forma presente y futura los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia. 2. Le sea devuelta a la parte quejosa Paula Rizo Ibarra, la cantidad que ampara el comprobante de pago que exhibió con la demanda de amparo, únicamente en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación de los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, y en su caso, los diversos pagos que hubiese efectuado con posterioridad por el referido concepto y en atención a la aludida norma." Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veintinueve de junio del año en curso, causó ejecutoria; asimismo, en dicho auto se precisó que si bien la protección federal se había concedido respecto de la autoridad responsable Congreso del estado de Baja California, con sede en Mexicali, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo recaía en la también responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, como se desprendía de la propia sentencia, toda vez que fue quien recibió el pago de los impuestos relativos a los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; por lo cual, se requirió el cumplimiento del fallo protector a Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en proveído de veintiocho de julio de la presente anualidad, al estar directamente vinculado a llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, se vinculó al Superintendente Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad en esta ciudad. En acatamiento al fallo protector, por oficio recibido en este juzgado el seis de octubre de la presente anualidad, el encargado de la Superintendencia Comercial Zona Ensenada, de la Comisión Federal de Electricidad, remitió las constancias con sello de recibido de cinco de octubre del año que transcurre, dirigido a la Directora de Asuntos Jurídicos del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a efecto de no aplicar de manera presente y futura a la parte quejosa Paula Rizo Ibarra, el artículo 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, eliminó los cargos por concepto de alumbrado público respecto al número de servicio 010100802801 y precisó los montos erogados por la quejosa por concepto de alumbrado público, durante el año dos mil veintiuno. Por su parte la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por conducto de su delegado, mediante oficio recibido en este juzgado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del cheque 54353787 valioso por la cantidad de $8,559.68 (ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos), expedido a favor de la parte quejosa Paula Rizo Ibarra, que ampara la cantidad que le fue retenida durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por concepto de contribución de alumbrado público, asimismo, se adjuntó copia certificada de la constancia de entrega de cinco de septiembre del año en curso, en la cual se hizo constar que la quejosa recibió de conformidad el referido cheque por concepto de devolución de pago del impuesto de alumbrado público. Probanzas a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con las constancias de referencia, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En las relatadas condiciones, quien resuelve determina que la autoridad responsable y la vinculada a su cumplimiento, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que se demostraron que durante su vigencia, no se aplicó a la parte quejosa Paula Rizo Ibarra, los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, declarado inconstitucional; y que se le devolvió la cantidad que ampara el comprobante de pago que exhibió con la demanda de amparo, en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del aludido impuesto de alumbrado público, así como los diversos pagos que efectuó con posterioridad por el referido concepto y en atención a la aludida norma, como se desprende de las constancias que allegaron y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que mediante proveído de seis del mes y año en curso, se recibió el oficio que remitió la autoridad responsable Superintendente Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, en esta ciudad, por conducto de su encargado mediante el cual hizo del conocimiento que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa Paula Rizo Ibarra los artículos 11 y 12 de la "Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2021". Por acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, se tuvo al delegado del Tesorero del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada del cheque 0007922, por la cantidad de $8,559.68 (ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos 68/100), a favor de la parte quejosa Paula Rizo Ibarra, así como de su constancia de recepción; sin embargo, del desglose de las operaciones aritméticas que remitió la autoridad citada en párrafo precedente, se obtiene que el monto total es por la cantidad de $8,581.8 (ocho mil quinientos ochenta y un pesos pesos 6/100). En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de las constancias que acrediten la devolución a la parte quejosa, de la cantidad restante al pago de la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los artículos 11 y 12 de la Ley de ingresos del municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; o bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello, de conformidad con los lineamientos específicos de la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós. En el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir - en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la vista otorgada en auto de seis de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa;

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