Paula Raymundo López
Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Paula Raymundo López
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, y anexo consistente en el testimonio de la ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 283/2022, del índice del referido tribunal. Acúsese recibo. Por otra parte, dado que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por *** contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales consiguientes. ... archívese el asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal ..."
- Principal
"... Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca; mediante el cual acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa *****, contra el auto de diecinueve de mayo del año en curso, por el cual se desechó la demanda, mismo que quedó registrado con el número 283/2022, de su índice..."
- Principal
"... Visto el escrito y anexos de la quejosa *******; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente, como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, lo siguiente: 1) copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; y, 2) original y copia del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios. Asimismo, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico, a efecto de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de vincularlo con el recurso de queja que corresponda; lo que se le hace de su conocimiento para los efectos atinentes..."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 581/2022. Desechamiento. En principio con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo, que dicen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, con registro digital 2017117. El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio nulidad 56/2020, del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el que: i) se declaró la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia administrativa de origen; ii) se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso quince de diciembre de dos mil veintiuno, y iii) se ordenó dar de baja el asunto del libro de control de expedientes, para posteriormente ser archivado. Sin embargo, contra dicho acto a través del cual de manera destacada se declara la imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia natural y se ordena el archivo del asunto, al tratarse de aquéllas que ponen fin al procedimiento de ejecución de la sentencia, procede el recurso de revisión regulado en el artículo 206, fracción VIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, legislación que rige el acto reclamado, mismo que a la letra contempla: Artículo 206.- Contra los acuerdos y resoluciones dictados por las salas unitarias de primera instancia, procede el recurso de revisión, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Sala Superior. Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de revisión: I.- Los acuerdos que admitan o desechen la demanda, su contestación o ampliación; II.- El acuerdo que deseche pruebas; III.- El acuerdo que rechace la intervención del tercero; IV.- Los acuerdos que decreten, nieguen o revoquen la suspensión; V.- Las resoluciones que decidan incidentes; VI.- Las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento; VII.- Las sentencias que decidan la cuestión planteada. Por violaciones cometidas durante el procedimiento del juicio, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia; y VIII.- Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia. De dicho precepto legal se infiere la posibilidad que tiene la parte actora de ocurrir al recurso de revisión en contra del acto que reprocha en esta instancia constitucional. En ese contexto, resulta evidente que la parte promovente, previo acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a observar el principio de definitividad. De ahí que, para promover el juicio de amparo el acto destacado debe ser definitivo; es decir, que en su contra no exista ningún medio de defensa legal por el cual se puedan modificar o reformar; por tanto, al existir éste, es claro que la justiciable no cumple con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por tanto, si la parte quejosa tiene a su alcance el mencionado medio ordinario, entonces debe agotar la segunda instancia administrativa referida, a saber, el recurso de revisión; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Por tanto, mientras exista la posibilidad de que la autoridad, a través de un medio ordinario de defensa, pueda decidir sobre el acto que afecta al particular, el juicio de amparo será improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, las tesis jurisprudenciales siguientes: RECURSO DE QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. SI SE INTERPONE POR SEGUNDA OCASIÓN, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBEN PREVENIR AL RECURRENTE PARA QUE INICIE UN NUEVO JUICIO, ÚNICAMENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE FORMULE ARGUMENTOS QUE NO SE ANALIZARON EN AQUÉLLA Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PROCESALES PARA SU PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016). (.) SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. (.) QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DELTRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]. (.) En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los que indica, por así haberlo solicitado. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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