Paula Perales Navarro
Expediente 1964/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1964/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2018
Partes del expediente
- Paula Perales Navarro
Actuaciones
- Principal
I. Toluca, México; cuatro de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Directora de Amparos "B" en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en representación del Secretario de Comunicaciones y Transportes rinde informe justificado, señala domicilio, designa delegados y solicita la autorización para uso de medios electrónicos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos a que haya lugar y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en autos. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta con el mismo en la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable. Asimismo, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados de la autoridad responsable a las personas mencionadas. Finalmente, se autoriza el uso de equipo y medios electrónicos para tomar placas fotográficas, únicamente, por lo que hace a las constancias que integran el presente juicio de amparo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1873/2017-VII de su índice estadístico, promovido por Paula Perales Navarro, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la Nación y otra autoridad, del que se advierte que por auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, dicho órgano de control constitucional determinó carecer de competencia legal para conocer del citado asunto. En tales condiciones, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo 1964/2017, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) e intégrese el expediente electrónico correspondiente. En ese orden de ideas, visto el contenido de la resolución de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no comparte las consideraciones vertidas por el homólogo y, por ende, no se acepta la competencia declinada. A fin de sustentar la presente determinación, resulta necesario destacar que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 1873/2017-VII, de su índice estadístico, bajo los argumentos siguientes: "En efecto, la peticionaria del amparo se duele de que las autoridades responsables Fiscal General de Justicia de la Nación y Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como el Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de San Mateo Otzacatipan en el Municipio de Toluca, Estado de México, se han negado hacer pronunciamiento respecto de los escritos que les presentó con motivo de la demolición de un inmueble que construyó dentro de la parcela que aduce es de su propiedad ubicada en el Ejido de San Mateo Otzacatipan en el Municipio de Toluca, Estado de México. En ese contexto, si bien el acto que combate la parte quejosa y que atribuye a dos autoridades competentes en el Municipio de Toluca, Estado de México, se traduce en una negativa de su parte a realizar cierta actuación, lo cierto es, que éste se traduce en un acto positivo de ejecución material para los fines del juicio de amparo; lo anterior, con motivo de que el mismo se originó con la demolición de un inmueble que construyó dentro de la parcela que aduce es de su propiedad ubicada en el Ejido de San Mateo Otzacatipan en el Municipio de Toluca, Estado de México; de ahí que deba estarse a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la Ley de la Materia, que establece que la competencia para el conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ." Sin embargo, este órgano de control constitucional no comparte el criterio sustentado por la autoridad Judicial Federal declinante y estima que no es competente para conocer del presente juicio de amparo, en razón de las consideraciones siguientes: En cuestión de competencia, los Juzgados de Distrito se rigen en el artículo 37 de la Ley de Amparo para conocer de las demandas, dicho precepto legal establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho artículo se aprecian tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio: 1. La primera hipótesis consiste en que para determinar la competencia del Juez de Distrito, lo que se debe tomar en consideración es que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que significa que este tipo de actos es de aquéllos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, o sea, una autoridad ejecutora. En la segunda regla se establece el caso de cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. La tercera regla consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, como ya se adelantó, el suscrito no comparte las consideraciones sustentadas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues contrario a lo que se afirma, el acto reclamado en esta instancia constituye un acto omisivo que no conlleva ejecución material, y no admite interpretación alguna en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues representa una conducta negativa que no trae consigo algún efecto distinto a una abstención, ni tampoco requiere de ejecución material alguna. Ahora, para determinar la competencia por territorio, resulta necesario acudir a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, resulta necesario precisar que Paula Perales Navarro, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la Fiscalía General de Justicia de la Nación y otra autoridad; asimismo, del análisis de los antecedentes y de los conceptos de violación se advierte que, esencialmente, se duele de la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a sus escritos de denuncia que envió a través del Servicio Postal Mexicano el diecinueve de septiembre de dos mil quince, en contravención a lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se estima que en el caso, quien debe conocer del presente asunto, es el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en virtud de que la abstención de las autoridades responsables de dar contestación a los escritos enviados por la quejosa, es un acto negativo que no trae consigo algún efecto distinto a una omisión, ni tampoco requiere ejecución material alguna, pues al no dar respuesta en breve término a los ocursos presentados ante las responsables adopta una conducta omisiva, por lo que en términos del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; dicho texto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad Federal Judicial oficiante para sostener su competencia, haya referido que el acto reclamado se traduce en una conducta positiva de ejecución material para los fines del juicio de amparo, pues el mismo se originó con la demolición de un inmueble que la parte quejosa construyó dentro de una parcela que aduce es de su propiedad; sin embargo, si bien el origen del acto que tilda de inconstitucional la promovente fue con motivo de dicha demolición, lo cierto es que la esencia misma del reclamo tiene el carácter de omisión, de ahí que el suscrito estime actuar en estos términos. Máxime que, las autoridades responsables Fiscalía General de Justicia de la Nación y Fiscal General de Justicia del Estado de México, en estricto cumplimiento de sus atribuciones legalmente conferidas, no estarían en aptitud de ordenar o ejecutar la demolición del inmueble materia de las denuncias formuladas por la quejosa. Sirven de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Común, página 500, Décima Época, con registro 2006529, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Así como la tesis I.3o.P.23 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1694, Décima Época, con registro 2008962, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DETERMINAR Y CALIFICAR EN DEFINITIVA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Si el quejoso acude ante el Juez de Distrito con jurisdicción en determinado lugar y reclama que el Ministerio Público ante el cual denunció un delito se ha abstenido de determinar y calificar en definitiva la averiguación previa, la competencia para conocer del amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción haya presentado la demanda. Es así, toda vez que la abstención del Ministerio Público de determinar una averiguación previa y emitir pronunciamiento respecto de la acción penal, es un acto negativo que, per se, no trae consigo algún efecto distinto a la citada inhibición ni tampoco requiere ejecución material alguna, pues al rehusarse a resolver la indagatoria, dicha representación social adopta una conducta omisiva. De ahí que el conflicto competencial se resuelve con la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que cuando el acto reclamado no requiera ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De igual forma, es aplicable la tesis VII.2o.T.5 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1663, Décima Época, con registro 2009622, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda laboral, desechen pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente, por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." Por ende, el suscrito considera que el Juez declinante es quien deberá realizar el trámite correspondiente, lo cual es acorde con el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita, además de otorgar a la promovente mayor seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia. En tal virtud, acorde a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 37 de la ley de la materia, se ordena devolver la demanda de amparo promovida por Paula Perales Navarro, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la Nación y otra autoridad, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que proceda conforme a derecho corresponda, solicitándole de la manera más atenta tenga a bien acusar el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, con copia certificada de las constancias respectivas, y autógrafa de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
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