Paula Ofelia Alvarez Cauich
Expediente 890/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Paula Ofelia Alvarez Cauich
Actuaciones
- Principal
IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinte de agosto del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
IV. Agréguese a los presentes autos el escrito de quejosa PAULA OFELIA ÁLVAREZ CAUICH, mediante el cual pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de nueve de agosto del año en curso, y señala como acto reclamado el siguiente, la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 501/2018, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones por ilegal emplazamiento. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda y del escrito aclaratorio en comento, los cuales deben ser examinados de oficio, en observancia a lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que conduce a su DESECHAMIENTO DE PLANO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En efecto, la parte quejosa reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar (Vespertino) del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la resolución de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de notificaciones, dentro del expediente 501/2018 relativo al Juicio Ordinario de Reducción de Pensión, promovido por Osiris Nieto Aguilar, en contra de la hoy quejosa. Con lo anterior se pone de manifiesto que al ser PAULA OFELIA ÁLVAREZ CAUICH parte en el juicio natural y al tomarse en cuenta que la resolución fue dictada con motivo de un incidente de nulidad de notificaciones pudo recurrirla ante el tribunal de alzada de la propia autoridad responsable, mediante el recurso de apelación, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 428. La apelación procede en contra de: [.] III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." En efecto, los medios de impugnación tienen como finalidad primordial brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto; certidumbre jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa sino la certeza dada al individuo que acude ante los órganos jurisdiccionales, por cuanto a que sus derechos procesales no serán objeto de ataques ilegales de parte de la autoridad o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación, a través de los medios que al efecto el legislador prevea, los cuales se tramitarán ante el mismo Juez que los emita, o bien, ante distinto órgano de mayor jerarquía. Ahora bien, el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, en el título décimo, capítulos I, II y III, prevé como tales, de forma irrenunciable, el de revocación y apelación. En lo que interesa, el artículo 428 de la propia legislación dispone que sean apelables "las resoluciones interlocutorias y definitiva". A partir de lo anterior, si bien en dicho numeral el legislador comprendió como apelables no sólo a las sentencias interlocutorias, sino además a las definitivas, ello no significa que, en tratándose de las primeras, la procedencia del recurso de apelación esté supeditada a lo que a lo largo del código se establezca respecto de cada incidente. En tal contexto, se concluye que en términos del mencionado artículo 428, procede el recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias; conclusión que se asume no sólo con lo antes considerado sino, además, con el análisis del capítulo I, del título décimo primero, del libro primero; capítulo denominado: "Incidentes", en el que a lo largo de él (artículos 439 al 446), no se advierte que el legislador hubiere referido en específico la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva; lo cual denota de forma clara que el legislador en el multicitado numeral 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, incluyó la procedencia del recurso de apelación en contra de todas las resoluciones interlocutorias. Refuerza lo antes argumentado, por analogía en las legislaciones, la tesis aislada II.4o.C.21 C sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito que dice: "APELACIÓN, PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA DE TODAS LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos generales, los medios de impugnación tienen como finalidad primordial brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto; certidumbre jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa sino la certeza dada al individuo que acude ante los órganos jurisdiccionales, por cuanto a que sus derechos procesales no serán objeto de ataques ilegales de parte de la autoridad o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación, a través de los medios que al efecto el legislador prevea, los cuales se tramitarán ante el mismo Juez que los emita, o bien, ante distinto órgano de mayor jerarquía; medios de impugnación que, en caso de prosperar, evitarían la intervención de la Justicia Federal, dado que la propia ley contempla esa posibilidad de modificar o revocar los actos de las autoridades comunes, a través de los recursos. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el título noveno, capítulos I, II, III y IV, prevé como tales, de forma irrenunciable, el de revocación, apelación y queja; en lo que interesa, el artículo 1.378 de la propia legislación dispone que serán apelables "las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este código". A partir de lo anterior, si bien en dicho numeral el legislador comprendió como apelables no sólo a las sentencias interlocutorias, sino además a los autos, ello no significa que, en tratándose de las primeras, la procedencia del recurso de apelación esté supeditada a lo que a lo largo del código se establezca respecto de cada incidente, pues la exigencia contenida en la parte final transcrita, sólo es aplicable para los autos, lo cual resulta congruente con el diverso 1.362, que prevé que "los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables.", con lo que se entiende que el propio código, necesariamente establecerá los autos que en específico resulten apelables, pues la regla general es que la revocación procederá en contra de la generalidad de autos, salvo que la ley expresamente establezca que determinado auto en específico resulte apelable, o incluso irrecurrible. En tal contexto, se concluye que en términos del mencionado artículo 1.378, procede el recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias; conclusión que se asume no sólo con lo antes considerado sino, además, con el análisis del capítulo XII, del título séptimo, del libro primero; capítulo denominado: "De los incidentes", en el que a lo largo de él (artículos 1.216 al 1.222), no se advierte que el legislador hubiere referido en específico la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva, cuestión que de forma similar se advierte del análisis de los diversos 1.187 al 1.191 de la legislación en cita, artículos que prevén el denominado en la práctica "incidente de nulidad de notificaciones", en donde tampoco se establece la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva; lo cual denota, ejemplificativamente, de forma clara que el legislador en el multicitado numeral 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, incluyó la procedencia del recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias." En esa línea argumentativa, cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye una resolución interlocutoria dictada en un incidente de nulidad de notificaciones, como en el caso, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser nulificado por el tribunal de alzada de la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el recurso de apelación de conformidad con el numeral antes señalado, el cual debe agotarse previamente al intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En consecuencia, al no haber agotado la parte quejosa el recurso de apelación, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de que se trata, por ser la misma notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado, pues al consistir éste en una determinación emanada de un tribunal judicial, constriñe a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA.- Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por PAULA OFELIA ÁLVAREZ CAUICH, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria con quien actúa y da fe. ASÍ CONSTA Y APARECE EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA ENTREGAR A LA PARTE INTERESADA EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTANTE DE TRES FOJAS ÚTILES, EN MÉRIDA, YUCATÁN A VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo promovida por Paula Ofelia Álvarez Cauich, contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, a fin de estar en aptitud legal de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se previene al promovente, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que se le notifique el presente proveído: a) Precise con claridad el estado procesal que guarda el Juicio Ordinario de Reducción de Pensión, marcado con el número 501/2018. Hágase saber a la parte quejosa que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido anteriormente, dentro del plazo indicado para tal efecto, no se tendrá por admitida la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su escrito de cuenta; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel René Cruz García y Ángel René Cruz Celis. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Paula Ofelia Álvarez Cauich, contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, a fin de estar en aptitud legal de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se previene al promovente, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que se le notifique el presente proveído: a) Precise con claridad el estado procesal que guarda el Juicio Ordinario de Reducción de Pensión, marcado con el número 501/2018. Hágase saber a la parte quejosa que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido anteriormente, dentro del plazo indicado para tal efecto, no se tendrá por admitida la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su escrito de cuenta; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel René Cruz García y Ángel René Cruz Celis. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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