Paula Nicolle Hernández Terrazas
Expediente 95/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- Paula Nicolle Hernández Terrazas
- Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro
- Pamela Carolina Cordero Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se dictó resolución dentro de la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, la cual se declaró fundada, y se requirió su cumplimiento a la autoridad denunciada dentro de un plazo de tres días contados a partir de la notificación de la citada resolución, sin que hasta el momento obre en autos información del acatamiento del fallo protector. Por tanto, previo a hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad denunciada, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia con la que acredite el cumplimiento de la resolución dictada en la presente declaratoria. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se actuará conforme lo disponen los artículos 192 al 198 de la Ley de Amparo. Esto es, en caso de no cumplir cabalmente con lo ordenado, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el nueve de enero de dos mil veintitrés. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
40. ÚNICO. Se declara fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, promovida por *********************, por su propio derecho, contra la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por las consideraciones y para los efectos precisados en los considerandos TERCERO y CUARTO, de la presente resolución. Notifíquese; personalmente a la denunciante, y, por oficio a la autoridad denunciada
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por ********************, contra actos atribuidos al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 95/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley de Amparo; SE ADMITE a trámite la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. V. Autoridad y acto denunciados. En el caso concreto, del análisis integral del ocurso de cuenta y anexos, se desprende que la promovente denuncia los siguientes actos y autoridades: Autoridad responsable Acto reclamado Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios La negativa de otorgar a la parte quejosa la autorización sanitaria para el consumo lúdico de cannabis, contenida en el oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, en incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. VI. Pruebas De conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la denunciante las documentales que anexó a su denuncia, las que se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de nuevamente hacer relación de ellas al dictar la resolución del presente procedimiento. VII. Se da vista a las partes. Con fundamento en el artículo 210, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, SE DA VISTA A LAS PARTES para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de la denuncia planteada y, en su caso, remitan las constancias que estimen pertinentes para el trámite del presente asunto. En el entendido de que, una vez transcurrida la vista indicada, este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente, dentro del plazo previsto en el citado artículo 210. VIII. Se informa a la autoridad denunciada. Hágase del conocimiento a la autoridad denunciada que el artículo 268 de la Ley de Amparo, prevé la imposición de una pena de uno a tres años de prisión o una multa de treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar cualquier cargo público, a las autoridades que dolosamente apliquen una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. IX. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. X. Autorizados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente se tiene como autorizada en terminos amplios de la parte denunciante, a ********************; por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en cambio, se tiene como autorizado en términos restringidos a ********************, por no acreditar tener reconocido el carácter de Licenciado en Derecho. XI. Acceso a expediente electrónico (consulta y notificaciones). Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte denunciante la consulta del expediente, así como la práctica de notificaciones, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "********************". En ese sentido, derivado de la autorización anterior, dígase a la promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, sobre las autorizaciones indicadas para los efectos legales conducentes. Finalmente, tomando en consideración que la parte promovente señala correo electrónico y número telefónico, se toma nota como medio de contacto, para los efectos legales a que haya lugar. XII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad denunciada. Así lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Román Tapia, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3787/2023, suscrito por la secretaria técnica de dicha Comisión, quien actúa en unión de Juana Olvera Bautista secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO B, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES QUE EN LO CONDUCENTE DICE Querétaro, Querétaro, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. I. Se reciben autos y acepta competencia. Téngase por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, del que se desprende que causó estado el auto de diez de enero del año en curso, por el que se declaró incompetente para conocer la demanda promovida por ********************y al efecto acompaña la demanda original, un anexo con firmas autógrafas y copia certificada del proveído de diez de enero del año en curso; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda. Acusese recibo al Tribunal de Alzada. II. Recepción de demanda. Por lo expuesto, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, y el actuario de su adscripción. III. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 95/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. IV. Desechamiento. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la parte quejosa, se procede al estudio de dicha demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 196196), que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". V. Precisión del acto reclamado. Apreciada de manera íntegra la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la solicitante del amparo señala como actos reclamados esencialmente los siguientes: La diligencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, llevada a cabo en el juicio laboral 04378/2018/1/1, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativa a la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en la que la autoridad responsable señaló el diez de febrero de dos mil veintitrés, para la continuación de dicha audiencia, lo anterior, a fin de dar oportunidad a la parte demandada de dar contestación a la demanda instaurada en su contra por la parte quejosa, con motivo de que ésta última se desistió de la ampliación por cuanto a diversas demandadas. Las dilaciones procesales cometidas en el juicio laboral de origen, traducida en la fecha lejana fijada -diez de febrero de dos mil veintitrés- para la continuación de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones. La precisión anterior se efectúa en concordancia con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, registro 195745, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Desechamiento por cuanto ve al acto reclamado 1. Por tanto, en el caso, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la diligencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en la que la autoridad responsable señaló el diez de febrero de dos mil veintitrés, para la continuación de dicha audiencia, lo anterior, a fin de dar oportunidad a la parte demandada de dar contestación a la demanda instaurada en su contra por la parte quejosa, con motivo de que ésta última se desistió de la ampliación por cuanto a diversas demandadas. Así, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en cita, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Es decir, el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El primer párrafo del numeral transcrito en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, excepto cuando se reclame: a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (treinta días); b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (hasta ocho años); c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años); y, d) Impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (cualquier tiempo). Por otra parte, el segundo de los numerales, establece la forma de computar los plazos anteriores, a saber, al día siguiente de: Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; Que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se intenta no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En la especie, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues como se adelantó, se trata de la diligencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en la que la autoridad responsable señaló el diez de febrero de dos mil veintitrés, para la continuación de dicha audiencia, lo anterior, a fin de dar oportunidad a la parte demandada de dar contestación a la demanda instaurada en su contra por la parte quejosa, con motivo de que ésta última se desistió de la ampliación por cuanto a diversas demandadas. Así, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia. En la demanda de amparo, manifestó que tuvo conocimiento del auto reclamado, justamente en la audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en esa tesitura, la citada notificación personal, surtió efectos ese mismo día, conforme a lo dispuesto en el Artículo 747, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, el término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir al día siguiente en que se le notificó, es decir, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Ahora bien, tal como se advierte de la certificación de cuenta, la demanda de amparo que nos ocupa se depositó directamente por la parte quejosa en el buzón judicial el cinco de enero de dos mil veintitrés, así se advierte de las observaciones asentadas en la boleta de turno de la Oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, como se advierte del sello estampado en la misma, es evidente, que en esa fecha, había transcurrido en exceso el término de quince días, establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por ende, tácitamente consintió el acto reclamado, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Para una mejor comprensión del plazo se ilustra la siguiente tabla: Fecha del acto reclamado Fecha de conocimiento del acto reclamado Surte efectos la notificación 15 Días transcurridos Días inhábiles 23.Noviembre.2022 23. Noviembre.2022 23. Noviembre.2022 24 de Noviembre al 14 de diciembre de 2022 26 y 27 de Noviembre, 3, 4, 10 y 11 de Diciembre de 2022. Por tanto, si la demanda se depositó hasta el día cinco de enero del año en curso, es evidente que se presentó con posterioridad al plazo precitado ya que, como ya se dijo, la parte quejosa refiere bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento desde veintitrés noviembre de dos mil veintidós, por ende, operó el consentimiento tácito, de manera que se actualiza la improcedencia estipulada por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que la autoridad responsable haya gozado de su segundo periodo vacacional del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintidós, pues lo cierto es que a la fecha en que feneció el plazo para presentación de la demanda, la junta aún se encontraba en labores ordinarias. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/96, con número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así también, por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), con número de registro 2009174, sustentada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Mayo de dos mil quince, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Al haberse actualizado de forma patente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO el acto reclamado consistente en la diligencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en términos del artículo 113 de la citada ley. Al margen de lo anterior, lo cierto es que el acto consistente en el diferimiento de la audiencia de conciliación demanda y excepciones no importa actos de imposible para la parte quejosa, en tanto que su consecuencia, será continuar con dicha audiencia en la fecha programada, por lo que no pueden ser considerados como actos que afecten derechos sustantivos aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una resolución favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. En esa tesitura, aun cuando se superara la causal previamente invocada, el acto reclamado, no importa una imposible reparación, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que no afecta de manera material algún derecho sustantivo de la parte quejosa. En apoyo, por identidad de razones jurídicas, se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ya que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, pues está plenamente probado que el acto reclamado destacado no depara en una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo, pues no se impide el ejercicio de algún derecho actual, en tanto que únicamente acarreará que el juicio de origen continúe con sus fases procesales, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido por el inconforme, pues solo constituye una violación procesal que debe reclamarse, hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 173, Apartado B, todos de la Ley de Amparo. Desechamiento por cuanto ve al acto reclamado consistente en las dilaciones procesales, traducidas en la fecha lejana fijada -diez de febrero de dos mil veintitrés- para la continuación de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones. En otro aspecto, no escapa de esta resolutora, que dentro de los conceptos de violación la parte quejosa aduce que el Presidente de la Junta, le afecta el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de dilación y negligencia administrativa, lo que se traduce en la dilación procesal en que puediera incurrir la junta responsable. Al respecto, la actuación de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, de la que se duele la quejosa en la que se tuvo por ratificado el desistimiento de las ampliaciones del escrito incial de demanda a la parte actora del procedimiento de origen, y al efecto señaló las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la continuación de la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones. Así, quien esto resuelve, advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, 73 y 77, ambos a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el numeral 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en una eventual concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, no se podrían concretar los efectos de la concesión, pues incluso dado que lo que se reclama es la violación al artículo 17 constitucional, una posible concesión de amparo, se traduciría es un mayor perjuicio por los plazos legales que implican una ejecución de sentencia. Para dar claridad a lo anterior, es conveniente traer a glosa los preceptos aludidos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.)" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". De la interpretación a contrario sensu de los dos últimos preceptos reproducidos, en relación con el primero de ellos, se desprende que el juicio de control constitucional es improcedente cuando se conceda la protección constitucional, y el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie no pueda materializarse. Al respecto, destaca que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Se cita al caso, la Jurisprudencia 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197245, de título y contenido que prevén: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De igual manera, la Jurisprudencia I.3o.C. J/6 (10a.), consultable en la página 2895, del Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005327, de rubro y contenido que dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique." Por otro lado, es importante tener en cuenta lo que establece el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.)". De acuerdo con dicha disposición Constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que en su caso se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, lo que se conoce en la doctrina como principio de relatividad de las sentencias. En efecto, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, en la especie el acto que aquí se reclama es la violación al artículo 17 Constitucional, por un señalamiento de fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, pruebas y resolución, en el juicio laboral, esto es, la señalada para el día diez de febrero del año en curso; lo que deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad señale una nueva fecha para el desahogo de la citada diligencia, cumpliendo con lo preceptuado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, para que los derechos de la peticionaria de amparo sean restituidos, el que establece quince días hábiles, para el señalamiento de audiencia; sin embargo es importante considerar los plazos que el propio procedimiento de amparo, prevé para que una sentencia adquiera firmeza, a fin de iniciar el procedimiento de ejecución de la propia sentencia concesoria de amparo, al respecto los artículos 86, y del 192 al 198 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ello, por lo que atendiendo a dichos plazos, éstos serían superiores a la fecha tardía que ya señaló la responsable para la audiencia de conciliación, demanda, pruebas y resolución. Es decir, la sentencia que en su momento se llegara a dictar, con una eventual concesión, se notificaría al día siguiente, y dejar transcurrir el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause ejecutoria la sentencia, y proceder a la ejecución de la sentencia, sería un plazo mucho más alejado al diez de febrero del año en curso, fecha que se fijó para la continuación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones. Lo anterior así se advierte del criterio sostenido en la jurisprudencia 33/2019 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1643, del Libro 64, correspondiente al mes de marzo de dos mil diecinueve, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro número 2019400, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Consecuentemente, toda vez que no podrían concretarse los efectos de la posible concesión de amparo, se actualiza la causa de improcedencia a que prevé el numeral 61, fracción XXIII, 73 y 77 de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, en relación con lo establecido en el numeral 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en lo que establece el ordinal 63 fracción V, se desecha en el presente juicio, por los actos de dilación procesal, que se traducen en la fecha lejana para la continuación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones. Asimismo, la causa de improcedencia por la que se desecha la demanda, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." VI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se le tiene como domicilio procesal, el ubicado en ********************; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. X. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. notifíquese; personalmente a la quejosa y por oficio al Tribunal de Alzada
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