Paula Merida Gonzalez

Expediente 191/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
191/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Paula Merida Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. se declara que el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes... archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido... Finalmente, vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que en sesión ordinaria de treinta de septiembre de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción del suscrito como titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil veinte, hágase del conocimiento de las partes la citada determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la la constancia de ratificación, signada por el Actuario de la adscripción, en la que el quejoso, ratifica los escritos presentados el uno del presente mes y año, registrados con los folios 9179 y 9180, por medio del cual, amplía su demanda de amparo y ofrece una prueba. En consecuencia, este Juzgado se encuentra en condiciones de proveer al respecto. Desechamiento de la ampliación de demanda. Ahora bien, vista la ampliación de demanda de amparo promovida por Paula Mérida González, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional la desecha, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en razón a que en contra del acto reclamado procede recurso de queja, por lo que la quejosa debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución, sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta a la parte quejosa de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por tanto, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el caso, el acto combatido en la presente vía constitucional, consiste en el cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1963/16-24-01-5. Dicho acto, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en contra de este procede el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, e inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a continuación se transcribe: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia." b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. Dicho numeral establece que dicho recurso de queja, deberá hacerse valer por escrito, dentro del término de quince días, siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el caso, el acuerdo reclamado se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 58 fracción II, inciso a, subinciso 1 e inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De igual manera, tiene aplicación al caso, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Asimismo, sirven de apoyo al presente caso, en lo conducente, los criterios que a continuación se exponen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.- De interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por tanto, es evidente que en contra del acto reclamado procede el recurso de queja, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa (queja), mediante el cual pudo ser repuesto o nulificado el acto de autoridad en comento. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado es una resolución proveniente de un Tribunal. 2. El citado recurso de queja, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 3. Ese medio de defensa, opera dentro del procedimiento del juicio en donde se dictó el acto reclamado; y, 4. Por virtud del referido recurso de queja, la determinación dictada por la responsable, pudo ser modificada, revocada o nulificada. Por tanto, al existir un medio de defensa idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama, es inconcuso para este Juzgado que al no haberse agotado previamente a la promoción del juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe hacer mención que en el caso no se está en los casos de excepción señalados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ello, en razón de que el acto que por esta vía se reclama se trata del cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1963/16-24-01-5, por lo que no se trata de ninguno de los actos señalados en los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y la parte quejosa no es tercero extraña en el procedimiento de origen. Aunado a que la procedencia del recurso de queja no está sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA LA AMPLIACIÓN DEMANDA DE AMPARO respecto del cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1963/16-24-01-5, en términos del arábigo 113 de la ley de la materia. Por otra parte, respecto del diverso escrito signado por la quejosa, mediante el cual ofrece la prueba pericial en materia de contabilidad, cargo de la Contadora Pública Ana Laura Fragoso Barragán, misma que se desecha, toda vez que de acuerdo al artículo 119 de la Ley de la materia, toda prueba que requiera desahogo posterior, deberá ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Núm. de Registro: 2017572. "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia". Énfasis añadido. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias remitidas por la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recibidas el veinte del presente mes y año, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de las autoridades y actos siguientes: I. Del Titular y Subdelegada de Prestaciones, ambos de la Delegación Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo siguiente: a). La omisión de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1963/16-24-01-5. II. De la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo siguiente: b). La omisión de realizar los trámites tendentes a hacer cumplir la sentencia de nulidad antes citada. De las constancias remitidas por la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recibidas el veinte del presente mes y año, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que por auto de quince de octubre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1963/16-24-01-5. Luego, si el peticionario de amparo reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1963/16-24-01-5, así como la omisión de realizar los trámites tendentes a hacer cumplir la sentencia de nulidad antes citada, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, dados los alcances del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Asimismo, no ha lugar a dictar mayor acuerdo, respecto de las personas que autoriza, toda vez que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se pronunció al respecto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mediante el cual, informa lo requerido mediante proveído de dos de octubre del año en curso. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante informando lo indicado; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento ordenado en el citado proveído. Ahora bien, con fundamento en los arábigos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad que le asiste a la quejosa ***, para comparecer a ratificar la firma del escrito presentado el uno de octubre actual, ya que refiere que la quejosa se encuentra en los supuestos de vulnerabilidad frente al virus Covid-19, en virtud de que tiene ochenta y ocho años de edad, anexando copia de la credencial para votar para acreditarlo; en tal virtud, solicita que se comisione al Actuario adscrito, para que se constituya en el domicilio de la quejosa ubicado en ***. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la promovente, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que se constituya a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en calle *** a efecto de que Paula Mérida González, ratifique el escrito presentado el uno de octubre actual, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. Apercibida la quejosa, de que en caso de no encontrarse en la hora y fecha señalada, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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