Paula Marín Hernández
Expediente 187/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2022
Partes del expediente
- Paula Marín Hernández
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Se deja a disposición billete de depósito. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte tercera interesada en auto del tres de febrero de dos mil veintidós, a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a la solicitud de la quejosa, consistente en la devolución del billete de depósito que exhibió a efecto de garantizar la suspensión definitiva, sin que hayan realizado manifestación alguna. En ese orden, en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que mediante ejecutoria emitida el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión R.A. 118/2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la quejosa. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa el billete de depósito ..., expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, que ampara la cantidad de ..., que exhibió a efecto de garantizar la suspensión definitiva decretada a su favor, en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y dos copias simples de la misma para glosarlas a los autos como constancia. Entendiéndose únicamente como identificaciones oficiales: el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, cédula profesional con fotografía emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; así como la cartilla del servicio militar expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal. Se le apercibe que de no recogerlo dentro del plazo de dos años contado a partir de la notificación de este proveído, en términos del artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que el documento sólo puede ser entregado al beneficiario de dicho billete y no podrá ser entregado a diversa persona. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Radicación de la demanda de amparo. Vista la demanda y atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número de expediente 187/2022-I; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ... Tercero(s) interesado(s). ... Autoridades responsables. Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Actos reclamados. La omisión de declarar cerrado el periodo de instrucción. Omisión de otorgar término para alegatos. La omisión de dictar el laudo. En el juicio laboral ... Se desecha demanda de amparo Del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que es procedente desecharla atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En ese sentido del análisis integral de la demanda de amparo y de las documentales que obran en autos, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la lectura del precepto legal trascrito revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan las hipótesis siguientes: Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, del tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice 2000, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así, con el propósito de establecer si en el caso concreto se cumplen tales requisitos, es menester tener a la vista las constancias que obran en el juicio de amparo 185/2022-I que se tramita ante este órgano jurisdiccional las cuales se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte que en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós se radicó el juicio de amparo de referencia y se admitió a trámite. Ahora, del análisis comparativo de la demanda de amparo del presente asunto y el diverso juicio de amparo 185/2022-I, existe identidad de parte quejosa, autoridad responsable y actos reclamados, tal como a continuación se precisa: Expediente Juzgado 7º Expediente 185/2022-I Juzgado 7º Expediente 187/2022-I Parte quejosa Paula Marín Hernández. Paula Marín Hernández. Autoridad responsable 1 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. 1 Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Actos reclamados a) Omisión de declarar cerrado el periodo de instrucción. b) Omisión de otorgar término para alegatos. c) Omisión de dictar laudo. En el juicio laboral .... a) Omisión de declarar cerrado el periodo de instrucción. b) Omisión de otorgar término para alegatos. c) Omisión de dictar laudo. En el juicio laboral .... La información contenida en el citado cuadro comparativo pone de manifiesto que entre el presente juicio de amparo, así como en el diverso 185/2022-I de este juzgado, efectivamente existe identidad de parte quejosa, autoridad responsable y actos reclamados. Por lo tanto, en el caso concreto, se reúnen todas las condiciones exigidas para actualizar la presente causa de improcedencia, dado que existe identidad de parte quejosa y autoridad responsable, aunado a que ambos juicios de amparo se controvirtió las omisiones de declarar cerrado el periodo de instrucción, de otorgar término para alegatos y dictar laudo. En este orden, resulta evidente la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa pretende controvertir actos que a la fecha en que se provee sobre la demanda ya es materia de otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, autoridad y los propios actos reclamados, el cual se encuentra en trámite. Fundamentan lo anterior, los siguientes criterios del tribunal constitucional del País: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado." Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 24/2014 visible en la página 265, tomo I, libro 5, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2014, que dispone lo siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Tal como se advierte, al interpretar la causa de improcedencia objeto de estudio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que una de sus finalidades es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, por lo que tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera tal que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. En el caso concreto, se considera que dichas exigencias se encuentran satisfechas, toda vez que el juicio de amparo 185/2022-I se radicó y admitió en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, por lo que resultaría ocioso duplicar la resolución del mismo tema jurídico, pues se correría el riesgo de emitir sentencias contradictorias, que es uno de los efectos que la causa de improcedencia objeto de análisis pretende evitar. Lo anterior, pone de manifiesto que el quejoso tiene la posibilidad de defenderse del acto autoritario a través de la demanda de contenido coincidente, en el caso la que dio origen al citado juicio de amparo 185/2022-I. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo y en términos del diverso numeral 113 de la ley de la materia, DEBE DESECHARSE LA DEMANDA PROPUESTA. Háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita que a la brevedad proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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