Paula Leticia Nava Lozano
Expediente 1033/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Paula Leticia Nava Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Se tiene por recibida la pieza devuelta por el Administrador Postal de esta ciudad, relativa al oficio 13183/2016, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en El Rosario, Sinaloa, de la que se advierte una leyenda que indica: "Rehusado." Ahora bien, toda vez que es un hecho conocido para este Juzgado de Distrito que debido a la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, a partir del quince de enero del presente año, la Agencia Tercera del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, asumió la competencia y atribuciones que correspondían a la agencia investigadora con sede en El Rosario, Sinaloa; en obvio de mayores dilaciones, reexpídase dicho oficio a la citada autoridad, para que este en aptitud de notificarse de la interlocutoria de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el presente incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que advierte que la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en El Rosario, Sinaloa, es autoridad responsable en el presente juicio de amparo, y siendo un hecho conocido para este Juzgado de Distrito que debido a la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, a partir del quince de enero del presente año, la Agencia Tercera del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, asumió la competencia y atribuciones que correspondían a la primera mencionada; en consecuencia, hágase este acuerdo del conocimiento de la citada Agencia Tercera, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, uno de marzo de dos mil dieciséis. Téngase recibido el oficio 432/2016, signado por el Juez Mixto de Primera instancia, con residencia en El Rosario, Sinaloa, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 10/2016-III-A, derivado del juicio de amparo 1033/2015, promovido por Paula Leticia Nava Lozano, por el cual se encomendó emplazar a juicio al tercero interesado José Guadalupe Rodríguez Durán. En atención a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes; y, acúsese recibo. Notifíquese.
- Principal
A lo que el Juez, acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló pedimento. A lo que el Juez, acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, y en vista de que las partes no formularon alegatos ni la Representación Social formuló pedimento, se cierra dicho período. En vista de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1033/2015, promovido por Paula Leticia Nava Lozano, contra actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en El Rosario, Sinaloa, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional (fojas 1 a 5), Paula Leticia Nava Lozano acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables 1) Juez Mixto de Primera Instancia, 2) Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 3) Comandante de la Partida de Policía Ministerial del Estado y 4) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos con sede en El Rosario, Sinaloa, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se le reclama a la Autoridad Responsable ordenadora la orden de Aprehensión o Reaprehensión que tengo conocimiento a dictado en mi contra fuera de procedimiento judicial y sin previo juicio, además de que jamás he sido llamada a declarar a juicio lo cual presenta una violación a mis garantías individuales, al no ser escuchada y tener derecho a una justicia digna; a las Autoridades Responsables Ejecutoras se les reclama la inminente Ejecución de dicha orden de captura, y la latente detención de la que puedo ser objeto, pues bajo protesta de decir verdad señalo que los Policías Ministeriales me han buscado ya que andan preguntando por la suscrita, primeramente fueron a mi casa y ahora al domicilio de mi hermana; y al estarme buscando me imagino que es porque tengo una orden de aprehensión ya que me quieren detener y no entiendo, ni sé de qué se trata, puesto que han estado vigilándome y me dejaron dicho que era urgente y que fuera a la partida de la ministerial porque si no me iban a levantar donde me encontraran ya que supuestamente el juez ya había cerrado el caso y que tenía que presentarme pero los que me han preocupado con tanta terquedad que sospecho que quieren aprehenderme puesto que me han estado buscando en mi domicilio todo esto lo sé porque me lo han dicho a mi hermana, y amigos de distintas voces que me están buscando Ministeriales por que andan armados y con camisa negra y pantalones tipo militarizados y a parte en carros polarizados y en otras en unas patrulla azules ya que han acudido a mi domicilio Particular pero yo no he ido para allá pero ahí me informan de lo que pasa ya que ahí es donde está mi morada, por lo que considero que dicha orden de aprehensión es violatoria de mis garantías individuales enmarcadas en el numeral 16 de la Constitución Federal de la República y aún más en consecuencia considero que dicha orden de aprehensión o reaprehensión no está debidamente motivada y justificada, por lo que se viola en mi prejuicio las garantías constitucionales en comento, y es por ello que solicito A Usted C. Juez De Distrito que me conceda el amparo y protección de la justicia Federal en contra de los actos que se reclaman de las Autoridades ya mencionadas." SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince, se registró la demanda bajo el número 1033/2015, y se admitió a trámite (fojas 21 a 24); asimismo, se pidió a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se dio la intervención que legalmente le compete; luego, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial, cuya jurisdicción corresponde a este Juzgado de Distrito. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada y que no se contraponga a lo previsto en la ley vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia número 55/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En principio, debe decirse que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración las apreciaciones, calificativos y conceptos de violación que la parte quejosa expuso en dicho apartado, con apoyo en la jurisprudencia número 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la solicitante de la tutela constitucional reclama: La orden de reaprehensión dictada el ocho de octubre de dos mil quince, en la causa penal 13/2015, por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa; y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos controvertidos, ya que en toda sentencia de amparo debe primarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril 1994, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Juez Mixto de Primera Instancia y 3) Comandante de Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en El Rosario, Sinaloa, consistentes en la orden de reaprehensión librada en contra de la aquí quejosa el ocho de octubre de dos mil quince, y su ejecución, pues así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados (fojas 14 y 198). Apoya lo considerado, la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, Procesal Constitucional, submateria 1, Común, primera parte, sexta sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales exhibidas por el juez responsable, consistentes en copia certificada de la causa penal 13/2015 de su índice, las cuales tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, de las que se advierte la orden de reaprehensión reclamada. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, las diversas responsables 2) Agente del Ministerio Público del Fuero Común, y 4) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en El Rosario, Sinaloa, en sus informes con justificación manifestaron que no es cierto el acto reclamado (fojas 197 y 12); sin embargo, su negativa se desvirtúa al ser cierto el acto reclamado a la autoridad ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia de ese Distrito Judicial, por lo que, al tener éstas el carácter de ejecutoras, es incuestionable que pueden llevar a cabo el acto reclamado en cualquier momento; de ahí que se tenga por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Al respecto, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Se afirma lo anterior, toda vez que de las documentales existentes en autos, valoradas en los términos precisados con antelación, se advierte que la aquí quejosa promovió el diverso juicio de amparo 777/2015, del índice de este propio juzgado, contra actos de las autoridades responsables 1) Juez Mixto de Primera Instancia, 2) Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 3) Comandante de la Partida de Policía Ministerial del Estado y 4) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todas con sede en El Rosario, Sinaloa, donde se reclamó lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Se le reclama a la Autoridad Responsable ordenadora la orden de Aprehensión que tengo conocimiento a dictado en mi contra fuera de todo procedimiento judicial y sin previo juicio, además de que jamás he sido llamada a declarar a juicio lo cual presenta una violación a mis garantías individuales, al no ser escuchada y tener derecho a una justicia digna; a las Autoridades Responsables Ejecutoras se les reclama la inminente Ejecución de dicha orden de captura, y la latente detención de la que puedo ser objeto..." (fojas 162 a 167). Dicho juicio de amparo se resolvió el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, donde se precisó como actos reclamados la orden de aprehensión dictada el ocho de octubre de dos mil quince, en la causa penal 13/2015, por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa, y su ejecución; actos respecto de los cuales se concedió a la aquí quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, Al respecto, cabe decir que aun cuando no existe constancia en el juicio de amparo de lo resuelto en el citado expediente 777/2015; sin embargo, constituye hecho notorio para este juzgador las publicaciones que aparecen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que la información que de ahí se obtenga, le asiste valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los ordinales, 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Adjetivo Civil Federal referido, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1946, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Luego, como se dijo, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtiene que mediante resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se otorgó la protección constitucional a la impetrante de amparo, la cual aún no ha causado ejecutoria. Ahora bien, de la confrontación entre los actos reclamados en el juicio de amparo 777/2015 y el diverso 1033/2015 en que se actúa, ambos del índice de este Juzgado de Distrito, se advierte que en dichos juicios se reclamaron los mismos actos (orden de reaprehensión librada en contra de la quejosa el ocho de octubre de dos mil quince, en la causa penal 13/2015). En este orden de ideas, es inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en tanto que los citados actos reclamados en este juicio constitucional 1033/2015, son materia del diverso 777/2015, promovido por Paula Leticia Nava Lozano, el cual se encuentra en trámite puesto que aún no causa ejecutoria la sentencia dictada en el mismo; es así, en virtud de que fue promovido por la propia quejosa, contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia número 287, consultable en la página 193, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1995; cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". En esa tesitura, al materializarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio que nos ocupa, respecto de dichos actos, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados; en la medida que no generan agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. A lo anterior, aplica la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." El anterior sobreseimiento se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables 2) Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 3) Comandante de la Partida de Policía Ministerial del Estado y 4) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos residentes en El Rosario, Sinaloa, toda vez que no fueron reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, página 339, del texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Toda vez que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época del inicio de la demanda, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión sólo de los datos sensibles que en su caso pueda contener. Así lo resolvió y firma, Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Andrea García Arellano, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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