Paula Fernanda Dorantes Villagrán
Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Paula Fernanda Dorantes Villagrán
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica el proveído de diez de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 109/2022, en el que se advierte que del resultado de la consulta planteada a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dicho juzgado federal continuará conociendo del juicio aludido, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual comunica el resultado de la consulta realizada por el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, a dicha Comisión, quien determinó que dicho Juzgado de Distrito debe continuar conociendo del juicio de amparo 109/2022, de su índice; al respecto, téngase por hecha la comunicación referida, de la que se toma conocimiento para los efecto legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por Laura Elena Villagrán Pacheco, en representación de su menor hija Paula Fernanda Dorantes Villagrán, contra actos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 80/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda: De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud que de su análisis este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, conforme al numeral invocado, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar, con todo detenimiento el escrito de demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Por las razones expuestas a continuación, se considera que, con relación a los actos reclamados en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio de amparo sea procedente, es necesario que se enderece contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos otorgados por la Constitución, pues por su naturaleza jurídica, los derechos fundamentales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, y no a los particulares, motivo por el cual no se pueden violentar dichos derechos, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control. Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (normas generales) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, del análisis del escrito de demanda, se desprende que lo que la parte quejosa reclama, en esencia, es la posible baja temporal y/o definitiva de su menor hija como estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, plantel número dos, ello por no complementar la documentación requerida por dicha institución para su permanencia; de lo que se desprende que a la fecha dicho acto de molestia reviste el carácter de futuro, cuya realización no es inminente. Lo anterior se advierte de la forma en que la quejosa narra los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: (Imágenes escaneadas de la demanda de amparo) Como se advierte de lo anotado, resulta inconcuso que los actos que se reclaman no pueden estimarse inminentes, sino por el contrario, resultan ser inciertos, y no el simple temor que se trata de combatir y suspender en esta instancia, pues resulta evidente que el quejoso no tiene certeza de su existencia, refiriendo en esencia únicamente como la probable baja temporal de su menor hija en la institución educativa señalada como responsable. Máxime, que la quejosa argumenta que en la especie cumplió con lo solicitado por la autoridad educativa, esto es, solicitó la legalización del certificado parcial de estudios y pago los derechos respectivos del referido trámite, es decir, consintió lo requerido por la autoridad responsable, sin embargo, dadas las circunstancias actuales dicho trámite se encuentra pendiente, cuestión que hizo saber a la responsable y que incluso se encuentra en aptitud de entregar la documentación en tiempo y forma. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. De ahí que se consideren los actos que reclama la parte quejosa como futuros de realización eventual, pues no existe una certeza clara y fundada de que puedan llegar a existir, sino el simple temor con motivo de la falta de entrega de diversa documentación ya precisada. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." También se invoca, por las razones jurídicas que informa, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de 1988, página 56, que reza: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." Sin que obste a lo anterior la jurisprudencia 1ª/J. 25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Sin embargo, se estima que en el caso no es aplicable dicho criterio, pues en la especie sí se cuenta con elementos suficientes para dilucidar lo futuro e incierto de la realización del acto reclamado, dado que lo que se reclama consiste en la posible baja temporal o definitiva. En esas condiciones, es concluyente que los actos reclamados revisten el carácter de futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que dada su naturaleza, no es susceptible de afectar de manera inmediata los derechos subjetivos tutelados por la ley a favor del gobernado y en todo caso, emitido y notificado que sea el mismo, se encontrará en condiciones de combatirlo en la vía correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Laura Elena Villagrán Pacheco, en representación de su menor hija Paula Fernanda Dorantes Villagrán, contra actos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio procesal para los efectos de oír y recibir notificaciones el que indica, así como a las personas que menciona para dichos efectos; asimismo, se tienen por autorizados a los profesionistas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por cuanto al teléfono y correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Uso de medios electrónicos. De igual forma y como lo solicita, se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Oposición de publicación de datos personales. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se hará la publicación de su nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emitan en el presente juicio de amparo; por lo tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que se tomen las providencias necesarias para que se supriman dichos datos en la versión pública de los autos y sentencia que se dicten en esta vía constitucional. Adicionalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se le hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos de los artículos citados. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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