Paula Elia García Sosa
Expediente 455/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Paula Elia García Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 455/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de la autoridad responsable; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo y 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a las personas propuestas para ello. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 455/2018-II, promovido por Paula Elia García Sosa; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veinte de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese día a este Juzgado Federal Paula Elia García Sosa, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del actos de los Integrantes del Sistema Local de Agua Potable "Plan de Ayala de Cuautla, Morelos, de quien reclamado el oficio número 2711 de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Trámite de la demanda. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, seguida la secuela procesal, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho (foja 72) se fijaron las diez horas con dos minutos del catorce de mayo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional que inicio en términos del acta de esa fecha. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el oficio número 2711 de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, atribuido a la autoridad Administrador Único de la Asociación Civil denominada Sistema Local de Agua Potable Plan de Ayala Cuautla, Morelos. TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado consistente en la emisión del oficio número 2711 de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, de la Administradora Único del Sistema Local de Agua Potable "Plan de Ayala", de Cuautla, Morelos, en el que hizo del conocimiento a los vecinos de la carretera México Oaxaca, que el tramo entre 4 sur y 6 sur, se realizarían trabajos de revisión y reparación del tubo principal de conducción de agua, por las diversas quejas de usuarios de la parte oriente, por escaso abastecimiento de agua, por lo que necesitaba revisar el tubo a fin de localizar fugas inherentes al tubo; anexando el original del referido oficio (plástico transparente identificado como 70) Al cual se le concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, ya que la Asociación Civil mencionada ejerce funciones de autoridad. En relación a las impresiones a color de los trabajos de reparación que anexo la aludida autoridad responsable, quedan al prudente arbitrio del Juzgador como indicio. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, procede el estudio de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a esa causal, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La causa de improcedencia se surte en razón de que la quejoso no acredita que la emisión del oficio número 2711 de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por la Administradora Único del Sistema Local de Agua Potable "Plan de Ayala", de Cuautla, Morelos, en el que hizo del conocimiento a los vecinos de la carretera México Oaxaca, que el tramo entre 4 sur y 6 sur, se realizarían trabajos de revisión y reparación del tubo principal de conducción de agua, por las diversas quejas de usuarios de la parte oriente, por escaso abastecimiento de agua, por lo que necesitaba revisar el tubo a fin de localizar fugas inherentes al tubo, lesione sus derechos al uso y disfrute de su toma de agua potable que aducen tener, por lo que, no acredita la afectación a su interés jurídico o legítimo. Como se advierte la autoridad responsable emitió el oficio número 2711 de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por la Administradora Único del Sistema Local de Agua Potable "Plan de Ayala", de Cuautla, Morelos, en el que hizo del conocimiento a los vecinos de la carretera México Oaxaca, que el tramo entre 4 sur y 6 sur, se realizarían trabajos de revisión y reparación del tubo principal de conducción de agua, por las diversas quejas de usuarios de la parte oriente, por escaso abastecimiento de agua, por lo que necesitaba revisar el tubo a fin de localizar fugas inherentes al mismo. Precisado lo anterior, se analiza si el acto reclamado afecta el interés jurídico o legítimo de la quejosa. Como quedó apuntado, el interés jurídico es la titularidad que a la quejosa corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados por la autoridad. Al respecto, cobra aplicación por analogía la jurisprudencia sustentada por la antes Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72 Séptima Parte, página cincuenta y cinco, registro 245886: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.". Luego, como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. En consecuencia, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente, pues de no ser así, bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de amparo, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, para que esto se tuviera por acreditado. Resulta aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Tercera Parte, página ciento setenta y tres, Séptima Época, registro 237262, cuyos rubro y texto son: "INTERESES JURÍDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería difícil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado." También resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico o legitimo, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico o legítimo de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Por lo expuesto, en el caso que aquí se estudia, es inconcuso que la quejosa Paula Elia García Sosa, no acredita que el oficio número 2711, de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, afecte de manera real y actual su esfera jurídica en relación al uso de la toma de agua potable que aduce tener, pues no exhibe medio probatorio que permita establecer de manera indefectible, que cuenta con el servicio de agua potable, a fin de considerarla apta para ser tutelada por las garantías previstas en la Constitución; observando que para acreditar el interés jurídico o legitimo exhibió las siguientes documentales: Copia simple de la impresión de quince fotografías de trabajos de reparación. Copia simple de la demanda presentada por Paula Elia García Sosa, ante el Juzgado Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, en la que solicitó pago seguido de consignación. Copia simple de la denuncia presentada ante el Agente del Ministerio Publico de Atención Temprana de la Fiscalía de la Región Oriente, en Cuautla, Morelos, en la que aparece sello de recibo de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho por el licenciado Daniel Solís Hernández. Sin embargo, son insuficientes para acreditar de manera fehaciente su interés y por ende, hacer procedente la acción constitucional, en virtud de que se trata de documentales que carecen de valor probatorio, en virtud de que es necesario destacar que las copias simples cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio; sin embargo, como se advierte de autos no existe elementos probatorios que se puedan adminicular con las aludidas documentales (con excepción de la que coincide con la que remitió la autoridad responsable); además, no son aptas para demostrar plenamente que Paula Elia García Sosa, tiene algún derecho al uso de toma de agua potable respecto de los cuales la que la autoridad responsable ordenó trabajos de revisión y reparación del tubo principal comprendido en la carretera México Oaxaca en el tramo entre 4 sur y 6 sur; por tanto, no puede considerarse suficiente para demostrar, de manera fehaciente, el interés jurídico o legítimo de la quejosa. Máxime que la existencia del acto reclamado -emisión del oficio 2711, de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, es insuficiente para liberar a la quejosa de la obligación de demostrar su interés jurídico, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra la afectación real y actual que ese cause en la esfera jurídica de la quejosa, pero en el caso, las pruebas aportadas por aquélla no acredita ese interés. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a/J.1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV Febrero de dos mil dos, página quince, registro 187777, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En consecuencia, toda vez que las pruebas aportadas por la quejosa son insuficientes para acreditar su interés y, como quedó apuntado, para que sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto cuando la quejosa aduce afectación, es necesario que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene algún derecho; cuya existencia no acredito y, como consecuencia, no permite considerarla apta para ser tutelado por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, condición indispensable para acreditar el interés en el amparo. Apoya por analogía la jurisprudencia P./J. 1/2002, consultable en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, registro 187733, que precisa lo siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Tampoco quedó acreditado su interés legítimo, en virtud de que la circunstancia de que el oficio reclamado haya informado la realización de trabajos de revisión y reparación del tubo principal de conducción de agua, y la parte quejosa reclame la cancelación de su servicio de agua potable, no conlleva a determinar la existencia de afectación real y actual en su esfera jurídica, en virtud de la falta de una especial situación frente al orden jurídico, que la legitime para combatir tales actos a través del juicio biinstancial, pues su sustento para acudir al amparo, en el caso, lo constituye únicamente un interés genérico como lo es el simple, el que resulta insuficiente para que cualquier persona, por cualquier motivo, pueda promover la acción constitucional. Lo anterior, en la medida que el interés legítimo exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supondría afectación a su esfera jurídica en algún sentido, ya que si bien existe ese tipo de reclamos, no son aptos para ser dirimidos en sede de control constitucional. Así, la posible afectación jurídica alegada, provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, de acuerdo al contenido del oficio reclamado, pudiera ser resentida por una población en general, sin involucrar un derecho colectivo, no da lugar al nacimiento de un interés legítimo, ante la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación de la quejosa frente al orden jurídico. En ese contexto, conforme a las directrices trazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pese a que en este caso, la parte quejosa acudió al juicio de amparo en defensa de derechos difusos, pudiera ser el derecho al uso y disfrute del agua, con el material probatorio existencial en autos, no se probó plenamente que se encontrara en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, entendido este como un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues resulta inobjetable que toda la sociedad está interesada en gozar del mencionado derecho difuso. Por ende, de otorgarse una eventual protección constitucional, no se traduciría en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa, sino a un sector general de la población, dado que en el oficio reclamado no se estableció de manera concreta un perjuicio en contra del servicio de agua potable que hubiera sido contratado y disfrutado por la parte quejosa. Además, en los términos en que instó la acción de amparo, la eventual afectación a su esfera de derechos constituye, en su caso, sólo una simple posibilidad, pues la ejecución del proyecto de revisión y reparación del tubo principal de conducción de agua, no conlleva necesariamente a la afectación a sus derechos difusos; de ahí que, al no tener incidencia los actos reclamados en la esfera de derechos tutelables de la quejosa, éstos no tienen un interés propio distinto de cualquier otro gobernado. Dicho de otra forma, frente a las directrices establecidas en los citados criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte quejosa no se encuentra ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permita accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelados, en la medida en que con motivo del acto reclamado no están resintiendo un agravio diferenciado al resto de la sociedad; es decir, no existe una afectación contemporánea y definitiva. Sin que lo anterior implique soslayar el derecho humano de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 constitucional, en tanto que, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), antes invocada, la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Apoya lo anterior, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, visible en la página 448, identificable con número de registro IUS 2009201, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés de la quejosa para acudir al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de amparo; de ahí que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de dicha ley. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: UNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por Apaula Elia García Sosa, contra el acto reclamado de la autoridad responsable Integrantes del Sistema de Agua Potable "Plan de Ayala" de Cuautla, Morelos, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Aletia González Huerta, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintidós de mayo de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de Este juzgado Federal. Agh* Con esta fecha se giraron los oficios con los números 21051
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.ISA*
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