Paula Duran García
Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Paula Duran García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden de ideas, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, así como por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, a efecto de que: (I) recogiera los edictos ahí ordenados; (II) pagara y los entregara para su publicación; y, (III) acreditara ante este Juzgado su entrega, es decir, que hubiere efectuado las gestiones para publicarlos, a fin de emplazar al tercero interesado Oscar Zavala León; sin que lo hubiere hecho. Ahora, si bien la parte quejosa manifestó que se encontraba imposibilitada para cubrir el gasto de los edictos ordenados, sin embargo, no dio cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, en el sentido de que remitiera medios de prueba pertinentes que acreditaran el estado de escasos recursos, esto es, un estudio socioeconómico realizado por parte de autoridad oficial, con la finalidad de contar con elementos suficientes para valorar si se encuentra en estado de insolvencia. En ese orden de ideas, ante la omisión de la parte quejosa de llevar a cabo lo requerido respecto a los edictos, quedó paralizada la vía constitucional que instó; de lo que se sigue que es palmaria la falta de interés porque este juicio constitucional siga su curso. Se itera, en virtud de que como se señaló en el acuerdo multicitado, y previo agotamiento sin resultados positivos del procedimiento previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con su dispositivo 2°, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Oscar Zavala León, por edictos a costa de la parte quejosa; así también, en ese mismo proveído de dieciocho de julio del año en curso, se requirió a la peticionaria de amparo para que dentro del término de veinte días, contados a partir de aquel en que quedara legalmente notificada del mismo, realizara las cuestiones precisadas; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se sobreseería en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el diverso 63, fracción II de la ley de la materia. En esa lógica, al apreciarse de autos que la quejosa Paula Duran García, no dio cumplimiento a lo anterior, ni acreditó fehacientemente tener alguna imposibilidad económica para cubrir el pago de los edictos; en consecuencia, con apoyo en el referido artículo 63, fracción II, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III de la Ley de Amparo, así como los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone hacer efectivo el apercibimiento decretado por auto de dieciocho de julio de la presente anualidad y, por ende, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa (en cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós), así como por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Paula Durán García, mediante el cual solicita que se le exima del pago de los edictos ordenados mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, con la finalidad de lograr el emplazamiento del tercero interesado Óscar Zavala León, toda vez que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se encuentra imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza. Al respecto, es necesario precisar que la fracción III, inciso c), del artículo 27 de la Ley de Amparo, prevé que cuando se ordene el emplazamiento del tercero interesado por edictos, si la parte quejosa se tratare de una persona de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, sin costo para la parte quejosa. Sin embargo, es necesario precisar que no basta con la manifestación de la parte quejosa de tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente, para que se le exima de la carga de la publicación de los edictos y estos se ordenen a costa del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que, el Juzgador debe contar con indicios suficientes que le permitan apreciar su insolvencia económica y su calidad de persona de escasos de recursos, entendiendo a esta última como aquella que se encuentra en situación de pobreza extrema, moderada o multidimensional, esto es, en su acepción más amplia tal concepto no sólo está asociado a los ingresos de la quejosa, sino también a sus condiciones de vida que vulneren su dignidad, limiten sus derechos y libertades, así como que impidan la satisfacción de sus necesidades básicas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.3/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 727, Tomo 1, Libro 5, de Abril de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS.La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." De igual forma, es aplicable a lo anterior, la tesis XXVII.3o.56 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2420, Tomo III, Libro 10, Septiembre de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO Y AL PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS". El artículo 27, fracción III, incisos b) y c), de la Ley de Amparo dispone que la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando no conste en autos el domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, se hayan dictado las medidas pertinentes con el propósito de investigar el domicilio y requerido a la autoridad responsable para que lo proporcione; asimismo, que cuando se trata de "personas de escasos recursos" a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente sin costo para el quejoso. Ahora bien, como dicha disposición busca garantizar los derechos de libertad, igualdad, pluralidad y acceso a la justicia reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha expresión no debe interpretarse en un sentido restringido a los ingresos del promovente, sino en un contexto más amplio de índole social identificado con la pobreza en México, por ello, para delimitar el alcance de dicha expresión se debe acudir a la Ley General de Desarrollo Social, que como ordenamiento jurídico regulador de la política social creó el "Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social", como órgano público que persigue la promoción de condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales (individuales y colectivos), así como el impulso de un desarrollo económico con sentido social que eleve el ingreso de la población y contribuya a reducir la desigualdad. Como resultado de sus actividades, dicho consejo ha identificado los siguientes niveles de pobreza: i) pobreza extrema; ii) pobreza moderada; y, iii) pobreza multidimensional. En consecuencia, por personas de escasos recursos se debe entender aquellas que se encuentran en situación de pobreza extrema, moderada o multidimensional, esto es, en su acepción más amplia tal concepto no sólo está asociado a los ingresos del quejoso, sino también a sus condiciones de vida que vulneren su dignidad, limiten sus derechos y libertades fundamentales, impidan la satisfacción de sus necesidades básicas o imposibiliten su plena integración social." Ahora, en el caso concreto, el suscrito estima que se carecen de elementos suficientes para ponderar si la quejosa es una persona de escasos recursos y con insolvencia económica para pagar los edictos precisados, pues únicamente se limita a manifestar en el ocurso de cuenta, que los gastos del proceso natural y del presente juicio de amparo le imposibilitan cubrir el gasto de los edictos. En tales circunstancias, requiérase a la parte quejosa a efecto de que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita los medios de prueba pertinentes que acrediten su estado de persona de escasos recursos, esto es, un estudio socioeconómico realizado por parte de autoridad oficial, con la finalidad de contar con elementos suficientes para valorar si se encuentra en estado de insolvencia. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento dentro del término otorgado, se seguirá el procedimiento de emplazamiento por edictos, tal como se estableció en el proveído de dieciocho de julio del año en curso. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa (en cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós), así como a las restantes partes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para el efecto de que proporcionara la fecha de nacimiento, el Registro Federal de Contribuyentes o la Clave Única de Registro de Población, del aquí tercero interesado Oscar Zavala León, sin que desahogara el requerimiento efectuado. Asimismo, se advierte que no se ha logrado el emplazamiento del tercero interesado Oscar Zavala León, no obstante que se agotaron las medidas adoptadas para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, por lo que, con fundamento en artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, procédase a emplazar al citado tercero interesado, mediante edictos a entera costa de la parte quejosa, que deberán publicarse tres veces, de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. Haciéndole saber que el presente juicio de amparo 66/2022-VI, fue promovido por Paula Duran García, en el que demandó la protección de la justicia federal contra actos del Procurador Federal del Consumidor, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el siguiente acto: ".la omisión específica de la responsable, respecto de no proveer lo conducente para la celebración de la audiencia de conciliación prevista por el procedimiento de reclamación dentro del procedimiento de reclamación PFC.VER.B.3/002188-2020." En mérito de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos legalmente la notificación que se le haga del presente proveído, realice lo siguiente: Recoja los edictos expedidos, en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Pagar y entregar los referidos edictos para su publicación, en el Diario Oficial de la Federación, así como en un periódico diario de mayor circulación en la República. Acredite ante este Juzgado de Distrito, haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa, que de no realizar lo detallado en los puntos mencionados, en el plazo concedido para ello, y en los términos precisados en párrafos que anteceden, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la tesis XXVII.30.35K (10ª.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, visible en la página 2846, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Reiterándose a la parte quejosa, que la publicación de los referidos edictos, deberá realizarse tres veces, de siete en siete días, según lo establece el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; dicha expresión debe interpretarse en el sentido de que, entre cada una de las publicaciones deben mediar seis días hábiles, para que la subsecuente publicación se realice al séptimo día hábil siguiente. Ello es así, porque únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas; sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de siete en siete días", ya que si se afirmara que deben mediar siete días hábiles, la publicación se realizaría al octavo día. Es importante hacer del conocimiento del tercero interesado Oscar Zavala León, que deberá comparecer ante este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con domicilio ubicado en Juan Pablo II, número 646, esquina Tiburón, Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, código postal 94299, a deducir sus derechos en el juicio de amparo 66/2022, dentro del plazo de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación de los edictos. Por otro lado, fíjese en la tabla de avisos de este órgano, una copia íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo que dure el emplazamiento. Por lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa por así estar ordenado, así como a las restantes partes.
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