Paula Cuestas Gutierrez

Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
644/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Paula Cuestas Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Como está ordenado en el cuaderno principal con dos copias del escrito de ampliación de demanda suscrito por la parte quejosa, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Civil de esta ciudad y otras autoridades, provéase sobre la medida cautelar solicitada contra los actos por los que se amplía la demanda constitucional. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, mismos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contados a partir del en que reciban el oficio por el que se les solicita; enviándoles para tal efecto copia simple del escrito de ampliación de demanda de amparo; apercibidas que de no hacerlo así en el término indicado, se les impondrá una multa, a cada una de las omisas. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y el quejoso no sea desposeído del vehículo marca Nissan, línea March Advance TM, color rojo, modelo 2017,con número de motor HR16843016M y número de serie 3N1CK3CD2HL-223763, ni que el mismo se entregue a algún tercero, si a la fecha ello no ha ocurrido y, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior dado que el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio de origen 889/2020, y acredita su interés jurídico en forma presuntiva con la documental que exhibe consistente en la factura cuyo endoso está a nombre del mismo. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga ante este Juzgado de Distrito una garantía por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de preferencia en billete de depósito expedido por Banco del Bienestar de la serie "N", dentro del término de cinco días a partir de la legal notificación de este proveído, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con esta medida se pudieran causar a la parte tercero interesada, cantidad que se señala con la facultad discrecional que le concede a la suscrita el artículo 132 de la ley de la materia. Por último, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído, autorizando a recibirla en su nombre a las personas que refiere. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a recoger la copia señalada, el compareciente deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; personalmente a la tercero interesada.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Paula Cuestas Gutiérrez, contra actos de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 644/2022-VIII. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Atento a lo anterior, este juzgado federal de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I y con el diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues se considera que el acto reclamado a la Procuraduría Agraria con sede en esta ciudad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, se concluye que una autoridad para efectos del juicio de amparo, como ya se dijo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Así, la cuestión a determinar es si la relación jurídica entre el solicitante de amparo, es de supra a subordinación, donde esté de por medio una potestad pública de ejercicio irrenunciable por la institución aludida, o bien, en caso contrario, establecer los motivos por los que no se reúnen las citadas notas distintivas de autoridad para efectos del amparo. Para ello conviene distinguir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado actúan con imperio o potestad de derecho público. En ese tenor, es evidente que los actos que según refiere el quejoso habrán de materializarse en la convocatoria de veintidós de mayo de dos mil veintidós, no constituyen, de acuerdo con su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, porque no actúa con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad. Consecuentemente, como se anticipó, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se DESECHA de plano la demanda de amparo en estudio. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque la causa de improcedencia establecida en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponde a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertida en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; y, sin que al respecto haya lugar a proveer respecto a la suspensión del acto reclamado que se solicita, pues no se trata de los actos mencionados en el numeral 17, de la legislación en consulta. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados para ese fin a las personas que indica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.

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